Los extranjeros con casas ilegales en la Axarquía dan el salto a la política

SUR/Málaga* : Los extranjeros se han cansado de ver los toros desde la barrera, y de permanecer impasibles ante la amenaza de que sus casas, que compraron de buena fe en la Axarquía, puedan ser derribadas algún día a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en 2003. Cuatro años después de que a principios de 2007 constituyeran la Asociación 'Save Our Homes' (SOHA) -que traducido al castellano significa Salvemos Nuestras Casas-, varios miembros de este colectivo, que el pasado 17 de marzo de 2010 ya alzó la voz en una manifestación por las calles de Málaga capital pidiendo soluciones a la Junta de Andalucía, han decidido dar el paso y saltar al ruedo político. «Estamos hartos y cansados de que soo nos den buenas palabras, de que nos estén mareando y de que todo se decida en los despachos de Málaga o de Sevilla. Los dueños de casas en el campo también tenemos mucho que decir sobre esta situación tan insoportable, y como pensamos que tanto el PSOE como el PP son los arquitectos y los responsables de todo esto, vamos a concurrir a las elecciones del próximo 22 de mayo en las listas del Partido Andalucista (PA) en La Viñuela», adelantó ayer a SUR el portavoz de SOHA, Philip Smalley.

Así, tanto él como su compañero -también británico de nacimiento, Gary Miles- ocuparán los puestos tercero y cuarto de una candidatura que encabezará José Luis Peláez. El Ayuntamiento de La Viñuela está gobernado por mayoría absoluta del PSOE desde hace cuatro legislaturas aunque su alcalde, Juan Millán, pidió la baja temporal del partido en 2010 tras ser inhabilitado precisamente por conceder licencias para viviendas en el campo.
«Es surrealista y absurdo que una persona que ha sido condenada por la Justicia siga sentándose en el sillón de la Alcaldía», opinó Smalley. «Estas cosas no pasan en mi país», añadió. Según explicó, la situación vivida por él y por otros miles de extranjeros que compraron casas en la Axarquía es «muy complicada», tanto a nivel legal como emocional. «No puede ser que aquí todo el mundo mirara para otro lado, que todos te dijeran que tu casa era legal, que fueras al notario, al abogado, al Ayuntamiento... todos cobrando, y ahora resulta que viene la Junta y nos dice, varios años después de que yo comprara mi vivienda, que la licencia está impugnada y que es ilegal, pero nadie hace nada», argumentó el portavoz de 'Save Our Homes' en la Axarquía.
Reuniones con la Junta
El salto al ruedo político municipal por parte de este colectivo se completa con el ciudadano de origen belga Mario Blancke. Su municipio de residencia, Alcaucín, es otro de los que están en el ojo del huracán por su urbanismo desaforado y descontrolado, sobre todo a raíz de la operación Arcos, que en febrero de 2009 destapó una supuesta trama de corrupción urbanística con licencias ilegales y comisiones de por medio por construir viviendas y recalificar suelos rústicos. En ella fue detenido y obligado a dimitir su alcalde, el también socialista José Manuel Martín Alba. Blancke tiene previsto encabezar la lista de Los Verdes en las elecciones del próximo 22 de mayo.
«Creo que desde dentro de los ayuntamientos podremos conseguir mucho más que hasta ahora, que solo hemos tenido buenas palabras y reuniones con la Junta, nada de hechos ni ejemplos de regularización de nuestras viviendas», se quejó Smalley, quien dijo que la última reunión con los responsables de la Administración andaluza fue en octubre y que tienen previsto volver a tener otra antes de finales de este mes.



* Sur - 6.01.11
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es

4 comentarios :

Chimeneas dijo...

Quiero entender que quizas en alguna ocasion, o en varias ocasiones, los extranjeros no comprendieron lo que se les decia acerca de la propiedad que querian comprar y que muchos compraron. Pero desde aqui quiero decir que el noventa y nueve por ciento de ellos sabian lo que hacian y compraron porque era barato y es lo que deseaban y al mismo tiempo la economia en la zona crecio y todos empezamos a vivir mejor, pero que dejen de hacerse las victimas, sabian lo que hacian y saben lo que hacen, si quieren ir en listas para las proximas eleciones municipales me parece muy bien pero repito sin victicismos.


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Deconstruido dijo...

Es el paso más lógico que los propietarios de viviendas ilegales podrían dar. Se han dado cuenta de lo que ha ocurrido en ciudades como Marbella, donde de un plumazo (o de un PGOUazo) se han legalizado sobre papel 30.000 viviendas ilegales y quieren conseguir lo mismo. Pero eso sí, el daño queda para siempre, tano en Marbella como en la Axarquía. Es como si, de buenas a primeras, nuestros dirigentes y legisladores decidieran que robar no es delito........MENUDO PAÍS


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Anónimo dijo...

Soy una posible afectada. Compradora de buena fe. A mi me parece muy bien que se tire mi casa, para dejar el monte como estaba. Y para dejar los pueblos cercanos sin mis adquisiciones. Yo compré la casa en 2005, a un precio normal y no "muy barato" (€ 300.000). Pero que castiguen a los que han ganado dinero: el señor del pueblo que ha podido vender su suelo rústico a precio urbano, el ayuntaminento por dar la licencia, el arquitecto que ha hecho el proyecto, el constructor que ha construido la casa, la inmobiliaria que me lo ha vendido, el notario, el catastro, el registro, otra vez el ayuntamiento por el contador de agua, el ibi, etc. etc. Nosotros no hemos hecho más que pagar. ¿Y ahora nos tenemos que quedar sin casa y sin los ahorros de toda una vida trabajando y ahorrando? Somos el último eslabón en la cadena. Esmeralda

Anónimo dijo...

en cuanto a las personas que compran viviendas en parcelas no urbanizables..creo que el gastoq eu supone una vivienda es lo suficientemente alto, como para interesarse por saber qué tipo de suelo estas comprando..creo que algunas personas pueden ser victimas, pero victimas de qué?, de no haber prestado la atencion que deberian a sus asuntos..creo que toda casa que se haya construido de forma ilegal, debe ser derribada y tambien deberian pagar aquellas personas que han dado permisos y demás, siendo este suelo no urbanizable.