Santa Cruz.- Indicios de delito en los imputados del ´caso mamotreto´

LAOPINIÓN/Tenerife* : La fiscal de delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, considera que del conjunto de investigaciones llevadas en el conocido como caso mamotreto se desprenden ya "suficientes indicios de criminalidad" contra la totalidad de los imputados por la presunta comisión de un delito de ordenación del territorio. Las personas investigadas por una supuesta prevaricación urbanística son la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón, el anterior responsable de este área y teniente de alcalde, Manuel Parejo, el concejal de Obras, Norberto Plasencia y el anterior responsable de este área, José Domingo Pastor, hoy retirado.

Aparte están también formalmente imputados los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. La juez, Sonia Martínez Uceda, por su parte, ha asumido la petición de la fiscal y ha solicitado los antecedentes penales de todos los imputados lo que se ha interpretado como el paso previo a su acusación formal.

La magistrada también recoge la petición de que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias remita una copia literal y testimoniada de los informes técnicos y jurídicos que se hubiesen evacuado hasta la fecha por los técnicos de este Departamento. La fiscal indica que ni en el dictamen pericial ni de los informes elaborados por los peritos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apnum), "se desprenden con claridad los cálculos de los excesos cometidos en cuanto a edificabilidad y ocupación del edificio proyectado".
Por lo tanto, la fiscal pide, y así lo asume también la juez, que el Gobierno de Canarias remita copia literal y testimoniada de los informes técnicos y jurídicos que se hubiera evacuado hasta la fecha por los técnicos sobre este proyecto. Los documentos deben abarcar aspectos relativos a la normativa urbanística de aplicación, tales como los parámetros de alineaciones, coeficiente de edificabilidad y ocupación de la parcela en la que se asienta el mamotreto y demás edificaciones y construcciones contempladas en el proyecto de urbanización de la playa de Las Teresitas.

Las acusaciones sobre la parcialidad de los informes emitidos por el Apnum no son nuevas. En el propio Parlamento de Canarias, la portavoz socialista, Gloria Gutiérrez, fue clara al manifestarse en este sentido. Han sido varias las ocasiones en las que técnicos de este Departamento tuvieron que ir a declarar ante la magistrada y la fiscal, ya que éstas no consideraban suficientes las explicaciones ofrecidas. La Fiscalía, en las diligencias previas, dos años y medio después de haberse iniciado las investigaciones, señala que todos los imputados, tanto los concejales como los técnicos, "tramitaron, informaron o aprobaron las obras contenidas en el proyecto".

Añade que estas actuaciones "no fueron oportunamente informadas por el servicio correspondiente, sobre aspectos relativos a su adecuación al planeamiento en vigor, y que se tramitó sin que fueran solicitadas ni obtenidas las correspondientes autorizaciones por parte de la Consejería de Política Territorial ni de la Dirección General de Costas".

Dominio público

La gravedad de los hechos vendría dada porque el citado proyecto contemplaba obras de edificación y otra serie de construcciones en zona de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, y entre ellas el edificio conocido como mamotreto. La fiscal cree probado que si hubiese continuado la construcción de este edificio habría llegado a ocupar 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, además de la totalidad de la servidumbre de protección, incluida la de tránsito, según el informe elaborado en su momento por Costas.

La fiscal apunta que si bien el proyecto se empezó a ejecutar comenzando por las obras de la cabecera de la playa y más concretamente por el mamotreto, éste se vería luego interrumpido por los requerimientos que hizo Costas.

En esta paralización tuvo también mucho que ver la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2007 que anuló la compra de los terrenos y afectó a su disponibilidad. En estas fechas, sin embargo, el edificio se había levantado parcialmente, ocupando la servidumbre de protección en al menos 6,5 metros cuadrados de ancho a lo largo de todo el frente o fachada.

"Al día de la fecha, se ha producido ocupación efectiva de servidumbre de protección-marítimo terrestre", concluye la fiscal. A principios de julio, la juez emitió un auto a través del cual consideraba que este edificio no era autorizable y por lo tanto descartaba la petición del abogado defensor de Reverón para que el Ejecutivo autónomo emitiera un informe sobre su posible legalización.





* La Opinión Tenerife - 9.09.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es