Valencia: Anticorrupción investigará a «más de medio centenar» de altos cargos de Camps

LAVERDAD* : «Ahora comienza la investigación con mayúsculas». La frase es de uno de los máximos responsables de la investigación del 'caso Gürtel' el pasado jueves, horas después de que se conociera que el juez Antonio Pedreira enviaba a Valencia parte del sumario al constatar que hay indicios delictivos que apuntan a varios aforados de esa comunidad. Anticorrupción pidió esa inhibición, a su pesar, porque de no acelerar la instrucción en Valencia el delito electoral -financiación irregular- podría prescribir. La Fiscalía quería esperar hasta recibir de la Generalitat la relación de los responsables de 17 departamentos del Gobierno de Francisco Camps que contrataron con las empresas de Francisco Correa, según constató la Intervención General del Estado.

Esos contratos van a ser el origen de una parte de la investigación que Anticorrupción ultima para Valencia si, como se espera, el nuevo instructor del caso, José Flors, decide unificar el 'caso de los trajes' con la pieza del sumario remitida desde Madrid la pasada semana. A la espera de recibir los nombres de los consejeros, presidentes y directores de los departamentos de la Generalitat, la Fiscalía cifra en «más de medio centenar» los altos cargos que van a ser investigados y, quizás en breve, imputados.
A falta de esa lista, desde enero la Fiscalía Anticorrupción tiene encima de su mesa un listado de 17 nombres, entre ellos Camps y varios de los miembros de su Gobierno, para pedir su imputación por «cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal». Con esa panoplia de acusaciones, avisan los responsables del caso, la investigación se va a prolongar «meses, si no años».
Anticorrupción, siempre que Flors acepte, va a emplear el sistema que ha utilizado en Madrid para expurgar las cuentas, movimientos financieros, patrimonio y declaraciones de Hacienda de los sospechosos, entre los que hay aforados, pues la Fiscalía cree que entre los firmantes de los contratos bajo sospecha van a aparecer consejeros de Camps «sin ningún género de dudas».
Cinco departamentos
Para esta investigación, como se hace en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se repartirá el trabajo entre cinco departamentos: la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el servicio antiblanqueo del Banco de España (Sepblac), la Intervención General del Estado y el Consejo General del Notariado.
Esta investigación de los contratos persigue afianzar dos de los delitos que Pedreira estima que pudieron cometerse: cohecho y prevaricación. Y quizás un tercero: asociación ilícita.
El segundo eje que va a alargar la investigación en Valencia durante meses, aunque es algo más sencillo de que el de las adjudicaciones, según admite la UDEF, es la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y los ilícitos conexos a ese «delito electoral»: falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra el fisco. Éste último preocupa a los expertos de Hacienda, ya que en algunos casos estas irregularidades están cerca de prescribir. La Agencia Tributaria y los especialistas de la Policía Judicial, hasta el momento, sólo han estudiado el ejercicio de 2007, en el que ya han detectado un posible allegamiento de fondos 'opacos' al PP de 345.200 euros de empresarios afines al partido.
Quedan por esclarecer otros 2,5 millones de euros que aparecen a nombre de la formación en los libros de Orange Market y cuyo pago no figura en los asientos.
Prescripción
El objetivo de la ONIF, una vez que la Policía remita sus nuevos atestados, es estudiar 2008 y los primeros meses de 2009. El resto de los ejercicios, por ahora, no son prioritarios, ya que cualquier irregularidad anterior estaría prescrita en el plano fiscal, que no en el penal. Aun así, la UDEF cree imprescindible expurgar también los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 para comprobar si hubo condonaciones de deuda del PP por parte de la trama y si éstas se tradujeron en favores por parte de la administración, un nexo -financiación irregular-contratos irregulares- que no se ha probado aún.
En el punto de mira de esta parte de la investigación hay una decena de personas -seis empresarios, cuyas cuentas ya han comenzado a estudiarse en Madrid al no ser aforados y cuyos datos serán entregados al tribunal de Valencia una vez acepte la inhibición- y Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización de la formación en Valencia; Yolanda García, diputada autonómica y tesorera del PP valenciano, y Cristina Ibáñez, gerente del partido.
Entre las primeras diligencias que Anticorrupción reclamará a Flors estará la de rastrear todos los movimientos económicos de estos aforados. La única sin protección parlamentaria es Ibáñez y sus cuentas ya han comenzado a auditarse.
Así las cosas, los responsables de la investigación y la Fiscalía Anticorrupción creen que Flors podría enfrentarse a una investigación «aún más compleja que la abierta en Madrid», pues la rama de la supuesta financiación irregular nunca ha aparecido en las filas de Esperanza Aguirre. Flors, anticipan las fuentes, como ya hiciera Pedreira, va a necesitar crear «con toda probabilidad» una unidad de auxilio judicial, con la adscripción a su juzgado de inspectores de Hacienda y miembros de la Intervención del Estado para gestionar la avalancha de decenas de miles de folios que se avecina.

NUEVOS DELITOS CON AÑOS DE CÁRCEL

Cohecho agravado
Prisión de dos a seis años. Inhabilitación para empleo o cargo público de siete a doce años. Incurre en este delito del 419 del Código Penal «la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere dádiva o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito».

Delito contra Hacienda
Está castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Conlleva además el pago de una multa equivalente a una sexta parte de la cantidad defraudada. Incurre en este ilícito «el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, exceda de 120.000 euros».

Prevaricación
Esta actitud delictiva está castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre siete y diez años, pero no lleva aparejada la pena de privación de libertad. Incurre en este delito, según el artículo 404 del Código Penal, aquella «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Falsedad documental
Esta castigado en la normativa vigente con entre tres y seis años de cárcel, y también acarrea la inhabilitación especial para su autor entre dos y seis años siempre que el que cometa la falsedad sea una autoridad o un funcionario público. Pero si el autor del delito es un ciudadano particular, la pena es, según el artículo 392 del Códio Penal, de de seis meses a tres años de prisión.

Blanqueo de capitales
Pena de prisión de seis meses a seis años e inhabilitación de uno a tres años. Incurre en el delito el que «el que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos».

Asociación ilícita
De uno a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público entre seis y doce años. Incurren en el ilícito los que pertenezcan a organizaciones que «tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada».

Delito electoral
Está castigado con prisión menor y multa de entre 180 y 18.000 euros. Incurren en este delito aquellos «administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».





* La Verdad - 31.05.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org