Santa Cruz.- La Justicia contradice al Gobierno y ratifica la ilegalidad del mamotreto

LAOPINIÓN/Tenerife* : La jueza J.M.Hernández que instruye el conocido como caso mamotreto acaba de emitir un auto concluyente: el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la santacrucera playa de Las Teresitas no es autorizable. La magistrada echa así por tierra el argumento que hasta ahora había esgrimido el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien en numerosas ocasiones había dicho exactamente lo contrario. Desde hace dos años, Berriel asegura que este edificio se puede autorizar e incluso que el Ejecutivo autónomo ya ha concedido la correspondiente licencia.

Sin embargo, la jueza indica que la posible legalidad del mamotreto estaba vinculada a un cambio de deslinde que, una vez efectuado, "tampoco propicia las obras". La magistrada, por lo tanto, concluye que dos años después de iniciarse la causa penal, "existen datos suficientes que llevan a considerar el proyecto de ejecución denunciado, entre cuyas obras se encontraba el edificio como no autorizable".
La jueza emitió este auto después de que la defensa de la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, imputada por el caso, pidiera a la magistrada que solicitara a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias que plasmara por escrito su posición de que este inmueble es autorizable. La jueza rechaza esta petición al considerar que el ejecutivo autónomo "no puede abarcar aspectos que no son de su competencia, como es la afección al dominio público marítimo terrestre, competencia de Costas".

Argumentos
La magistrada hace suyas gran parte de los argumentos manifestados por la fiscal de Delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, que en un escrito plasma su negativa a que el Ejecutivo canario realice un dictamen pericial sobre si la construcción es o no legalizable. La fiscal recuerda que esta edificación se encuentra inacabada y forma parte de un proyecto, como es el de la remodelación de la playa de Las Teresitas, que nunca llegó a estar culminado por no contar con los permisos de Costas e invadir el dominio público, motivo que precisamente originó el inicio de la causa penal.

La fiscal hace referencia a una sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado mes de abril, por medio de la cual se rechazaba la pretensión de la Gerencia de Urbanismo de que Costas indemnizara al Ayuntamiento por no haber firmado el convenio para la ejecución de estas obras.

Urbanismo llegó a acusar al Gobierno central de deslealtad institucional por no ratificar el acuerdo ya apalabrado. Costas rechazó este convenio después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara la operación de compraventa del frente de la playa. "A partir de este último fallo judicial, se hizo ya inviable la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento a Costas para que trabajara en su correspondiente fase", apuntó la Audiencia Nacional. En cuanto a la acusación de desviación de poder que esgrimió Urbanismo contra Costas, la Audiencia estimó que no se incluyó en ninguno de los supuestos contemplados en la legislación, como es la toma de una decisión que pudiera ser considerada discrecional. Por ello, el alto tribunal rechazaba en aquel entonces la petición de establecer indemnizaciones a favor del Ayuntamiento y recordaba que también el organismo estatal debió resarcir a la empresa Acciona por no poder hacer efectiva la adjudicación de las obras.

En este convenio se establecía como condición la modificación del deslinde para hacer viable su firma, "circunstancia que no ha acaecido pues el nuevo tampoco propicia las obras en cuestión". Por tanto, la fiscal coincide con la jueza en que estas obras y, sobre todo, el mamotreto no pueden ser autorizables. Violán manifestó su oposición al pronunciamiento del Ejecutivo autónomo sobre la posible legalidad de estas obras al entender que el mismo "no podría abarcar aspectos que no son de su competencia, como la afección a dominio público marítimo terrestre, competencia del organismo público de Costas".

La fiscal también consideró que si lo que se pretendía era un pronunciamiento del Gobierno canario sobre el carácter autorizable del edificio inacabado, "hay que recordar que esta concreta edificación se encuentra en un proyecto más amplio –la remodelación de toda la playa– y, en todo caso, tal pericial debería abarcar el estudio de todas las obras que contempla el mismo, pues la investigación criminal abarca la totalidad de las actuaciones". En estos momentos la causa mantiene como imputados a los técnicos Epifanio Gómez, Candelaria Benítez y Loreto Ariz. Como responsables políticos están el ex-concejal de Obras, José Domínguez Pastor, el actual edil de este mismo área, Norberto Plasencia, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, así como la actual, Luz Reverón.

El caso mamotreto saltó a la opinión pública hace dos años cuando la fiscal de delitos medioambientales acusó directamente a Parejo y Reverón de cometer un posible delito contra el medio ambiente y de prevaricación por haber amparado la ejecución de las obras de Las Teresitas sin contar con el preceptivo permiso de Costas.





* La Opinión Tenerife - 7.08.10
Foto: Imagen del mamotreto desde la carretera hacia Igueste.- laopinion.es