INFORMACIÓN/Alicante* : La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (Aecu), cuyos responsables mantuvieron ayer una reunión en Catral con 400 propietarios de casas ilegales en la huerta, han decidido crear un frente común con el objeto de presentar, al margen del proceso judicial abierto, una demanda contra el Ayuntamiento de Catral "como institución" y contra el Gobierno Valenciano "por ser los responsables subsidiarios" de haber permitido la construcción de 1300 viviendas sin licencia en suelo no urbanizable; también contra el Colegio de Arquitectos de Alicante, al considerarlo responsable subsidiario por la actuación de algunos de sus profesionales y contra los promotores que edificaron los inmuebles de forma irregular, según explicó ayer el presidente de Aecu, Honorio Fernández.
Además se decidió en la reunión celebrada en la Casa de Cultura de Catral "pedir el auxilio" del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, frente a unas administraciones, local y autonómica "incompetentes" en la gestión del urbanismo, según Fernández.
Frente único
El portavoz de Aecu destacó que en la reunión, la octava de similares características, se hizo un llamamiento a todos los afectados para "crear un frente único" y para que "en realidad" se persiga a los verdaderos culpables de esta situación y "no a sus víctimas que compraron los casas". En este sentido recriminó a los responsables municipales de Catral el hecho de que pretendan, junto con el Consell, regularizar las más de un millar de casas ilegales "a costa de los bolsillos de los propietarios y que los promotores y constructores se vayan de rositas". Reseñar que el Ayuntamiento pone como requisito indispensable para regular las casas que cada propietario asuma el coste de todo tipo de infraestructuras.
* Información - 23.03.10
Aecu se querella contra todos por las 1.300 casas ilegales de Catral
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1 comentarios :
Me parece magnífico y éso es lo que hay que hacer. En todos estos casos no hay un único responsable, sino que que son varios los presuntos culpables. Desde los ayuntamientos, las Comunidades, los técnicos responsables, los encargados de dar fe de lo hecho, los promotores sin escrúpulos, las entidades financieras que concedieron hipotecas irrisorias, hasta el propio sistema judicial (juez y parte) que no actuó a su debido tiempo paralizando cautelarmente esas obras.
Demasiada gente para que en un caso así todo salga correctamente y los culpables sean castigados más severamente en beneficio, sobre todo, del bien común (además del particular).
Esperemos que en esta nueva etapa la Justicia actúe de forma diferente y se dé cuenta de su responsabilidad en el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, porque casos así los hay como setas en todas las Comunidades y hay que intentar que los aprovechados, políticos o no, paguen su culpa por haber destrozado el Territorio (y llenarse algunos los bolsillos).
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