ELCORREO* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en los últimos años en contra de algunos de los pilares básicos aprobados por la Junta para la ordenación urbanística y del territorio andaluz. Alegando defectos de forma o entrando en el fondo de leyes y planes básicos, el alto tribunal han derribado puntales del control del urbanismo.
Las reformas legales emprendidas por la Junta la pasada legislatura para endurecer el control urbanístico y poner coto a los desmanes del ladrillo se han dado ya en varias ocasiones de bruces con un juez. El Gobierno acumula varias sentencias en su contra falladas por varias salas del alto tribunal andaluz. Algunas cuestionan aspectos básicos como que la Junta pueda, a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), imponer restricciones al crecimiento de suelo urbano o la población de un municipio. Atacan el fondo de una norma duramente cuestionada, y recurrida, por los empresarios.
Otros fallos ponen el acento en los plazos de tiempo excesivamente largos empleados por el Ejecutivo al aprobar planes subregionales de ordenación territorial. Retrasos que, según el alto tribunal, puede crear inseguridad y contradicciones que perjudiquen a ciudadanos y empresarios.
Pero no siempre se cuestionan por exceso de intervencionismo las normas de la Junta, también hay fallos –como los emitidos por el hotel Algarrobico– que precisamente subrayan controles laxos y manga ancha al suelo urbanizable. Toda una marabunta de sentencias judiciales que responden a denuncias de alcaldes, empresarios y organizaciones ecologistas.
Burguillos. En una sentencia con fecha del pasado 26 de enero, la sala del TSJA de lo contencioso administrativo de Sevilla dio un sonado varapalo a la Junta al fallar a favor del Ayuntamiento de Burguillos. Este pueblo de la Sierra Norte sevillana, gobernado por el PSOE, denunció que el Gobierno andaluz amputara 2.300 viviendas de su PGOU. La Junta se amparó en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) –aprobado en el Parlamento en noviembre de 2006–, que impone un límite del crecimiento del suelo urbano del 40% y del 30% de la población en un periodo de ocho años. El alto tribunal cuestiona estas restricciones, asegura que sólo podrían aplicarse con razones muy fundadas y duda de que la Junta pueda controlar el crecimiento. En este punto señala una invasión de las competencias municipales. Además cuando la Junta bloqueó el PGOU aún no se había aprobado formalmente el POTA.
La patronal impugnó el POTA tras ser aprobado en la Cámara. Precisamente los empresarios arremetían contra esos límites impuestos a través del POTA, que endurecía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Ensanche Sur. Es uno de los contenciosos urbanísticos más largos que ha tenido la Junta con un Ayuntamiento, en esta ocasión el de Huelva, gobernado por el PP. Finalmente, y cuando ya ambas administraciones estaban negociando una salida con la construcción de 900 VPO y varios equipamientos públicos, el TSJA –en diciembre de 2008– falló como “factible” el desarrollo urbanístico previsto por el consistorio en esta zona de la capital onubense. Era la quinta sentencia en cinco años y la que puso el punto y final. La Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento y determinó que el desarrollo de esa zona correspondía al consistorio sin necesidad del visto bueno de la Junta.
Chiclana. El TSJA anuló el pasado enero el plan urbanístico de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por su tramitación errónea. El PGOU, diseñado por el ayuntamiento, tenía el visto bueno de la Junta. El futuro urbanístico de una ciudad donde proliferan las irregularidades volvió a quedar en el aire. Dos años después de que la Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz diera su visto bueno, en marzo de 2007, el TSJA se pronunció a favor de los recursos presentados por particulares alegando que el texto en ningún momento se sometió en su totalidad a información pública. El Ayuntamiento recurrió al Supremo.
Costa de Huelva. El TSJA dictó sentencia en julio de 2008 declarando nulo el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Litoral Occidental de Huelva. La previsión inicial, de 1999, es que el plan se formulará en un año y finalmente vio la luz en 2006, siete años más tarde. El alto tribunal alegó defectos de forma y no entró en el fondo. Consideró que los criterios que se tuvieron en cuenta al elaborarlo podrían haber cambiado por el propio dinamismo territorial. Fue el entonces alcalde de Punta Umbría, el popular Carlos Hernández Cansino, quien denunció el POT. La Junta recurrió al Supremo.
Bahía de Cádiz. El TSJA también suspendió por defectos de forma en 2006 el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz. También tardó años en elaborarse.
Las Aletas. El alto tribunal dio en marzo de 2008 un mazazo al Parque Industrial de Las Aletas, en Cádiz. Anuló el Plan Especial de la Consejería de Obras Públicas por el que se delimitó una zona de reserva de 527 hectáreas que se declaró de interés público, lo que permitía la expropiación de 120 hectáreas a medio centenar de propietarios. El TSJA aseguró que no había suficiente fundamento para esa expropiación forzosa.
El Algarrobico. La Justicia volvió a dar la semana pasada un varapalo a la Junta por el hotel de El Algarrobico. El alto tribunal suspendió la consideración urbanística fijada por la Junta en 2008 para las zonas de Níjar y Carboneras dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en 2008. El fallo, que responde a una denuncia de Salvemos Mojacar, asegura que el plan “legaliza obras ilegales” y amplía suelo urbanizable. Ya el TSJA tumbó en noviembre de 2008, y respondiendo a una demanda de Greenpeace, la protección del PORN en el sector de El Algarrobico al no impedir el hotel.
* El Correo de Andalucía - Isabel Morillo - 22.03.09
Foto: tribunaljusticia andalucía - junta
Andalucía: El TSJA derriba pilares urbanísticos
en
23.3.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
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