¿Qué ha faltado para ordenar la Axarquía?

INFOAXARQUÍA/Málaga* : A raíz de la actual problemática del urbanismo en la Axarquía, surge una cuestión que no debemos obviar. Se nos plantea la tesitura de si es más importante el respeto y la conservación de nuestro entorno natural o el desarrollo económico de los pueblos del interior, así como si se da un equilibrio deseable o no. ¿Es compatible una cosa y otra? El Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTAX), publicado en 2006, reconoce las características que hacen singular a la comarca.

Por un lado, plantea la rotunda diferencia entre el litoral y el interior del territorio: “La Axarquía (…) tiene una clara dicotomía entre los situados en el interior, de pequeño tamaño, y los litorales o influencia próxima que se han desarrollado rápidamente como consecuencia de las actividades turísticas y de segunda residencia”.

Según el POTAX, la elevada fragilidad del medio físico de la comarca, su orografía complicada y de fuertes pendientes, un medio natural limitado y marginal en términos productivos y proclives a la erosión, a los que se le une la difícil mecanización del campo, el envejecimiento de la población rural y el predominio del minifundismo, son factores explicativos del declive del modelo agrario tradicional. Sin embargo, la complementariedad de los aprovechamientos agrarios y el sostén de su rentabilidad gracias a las ayudas de la política agrícola común (PAC) contribuyen al mantenimiento de esta agricultura de secano.
Además, este planeamiento manifiesta la necesidad de potenciar un turismo pero de una forma sostenible. A lo que afirma que este deterioro del medio se está realizando bajo la forma de residencia rural, la aparición de una nueva identidad paisajística y territorial confeccionada por un “modelo de desarrollo rural regulado por la insensibilidad cultural y ambiental y por la especulación como factor de competitividad y uso del territorio”.
Recientemente, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA- Ecologistas en Acción) comparaba la situación de la comarca con la rebelión de los moriscos. “Hoy, cinco siglos más tarde, se está gestando una nueva rebelión, esta vez de cristianos, pero por los mismos motivos políticos y el mismo marco geográfico”, afirman.
Según el censo de viviendas elaborado por GENA, basado los datos del Registro de la Propiedad, en cinco años se han construido 26.544 viviendas en la Axarquía. De ellas, afirma su coordinador, Rafael Yus, “3.858 viviendas están en suelo no urbanizable, un promedio de unas 771 viviendas por año”.
Mediante la creación de la Mesa de Urbanismo de la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía, los 31 alcaldes de la comarca se han rebelado por un objetivo común, pese a las discrepancias partidistas: la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2002.
El presidente de la Mancomunidad, José Domínguez Palma, ha afirmado “hay algo que está fallando y las leyes deben estar hechas no para ponerse en contra de los ciudadanos, sino para resolver sus problemas”.
La respuesta de la Junta de Andalucía ante esta situación ha sido dar un ultimátum a los municipios de la comarca que a día de hoy siguen sin tener herramientas con las que regular la actividad urbanística y sobre los que se asientan miles de construcciones levantadas de forma irregular sobre suelo no urbanizable.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas informó de que su departamento asumirá las tareas de redacción de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) de los 16 pueblos de esta zona que carecen de los mismos, ya sea por la vía del acuerdo o de la actuación unilateral.
La acción puesta sobre la mesa por Espadas, y comunicada a los responsables de la Mancomunidad, tiene por objeto dotar de “seguridad jurídica” al urbanismo de este territorio antes de que acabe 2010 e “inyectar velocidad de crucero” a unos trabajos postergados desde hace años en Alfarnate, Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Arenas, Canillas del Aceituno, Comares, Iznate y Moclinejo, en muchos de los cuales fue la Diputación provincial la que se comprometió a impulsar los instrumentos.
Sobre la reclamación de los alcaldes, consideró “un error plantear revisiones jurídicas, imposibles respecto al pasado y no aceptables respecto al futuro” de la LOUA. Y recordó que su contenido “está meridianamente claro”.
El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha acusado a Juan Espadas, de “ningunear” a los alcaldes de la Axarquía “con su ultimátum para que ordenen sus PGOU”, cuando, tal y como ha subrayado, “la Junta es la única responsable de la paralización del urbanismo en la provincia”.
Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, Salvador Pendón (PSOE), conociendo la situación de los pueblos, ha apoyado desde un primer momento a los alcaldes de la Axarquía, pidiendo una reforma de ley o el desarrollo de la misma, mediante reglamentos. Fue el primero que puso sobre la mesa acciones coherentes para salir del atolladero, apostando por la aprobación de los planes generales como fórmula de regularización más importante, la adopción de acuerdos como los que se han dado en otros territorios y la aplicación de la disciplina donde no hubiera otras alternativas.
Los ciudadanos también han sido parte activa en esta situación, ya que como se ha visto patente en el caso de José Luis Navas, ex alcalde de Sayalonga, su pueblo se ha movilizado en pro de su defensa y destacando que este siempre ha querido lo mejor para el desarrollo del municipio.
Otro grupo de presión fundamental en este entramado está siendo la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA), formada por 70 dueños de inmuebles situados en suelo rústico. Estos piden “una amnistía general” para las edificaciones ilegales ya construidas. “Sería el curso de acción con más sentido”, ha declarado Phillip Smalley, quien recuerda que el presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, ha declarado públicamente: “Cómo es posible que el nuevo PGOU de Marbella legalice 30.000 viviendas y en la Axarquía los fiscales estén imputando a los alcaldes”.








* InfoAxarquía - Carmen del Pino - 7.12.09
Foto: infoaxarquía.es