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MÁLAGAHOY* : Los alcaldes de los municipios pequeños buscan el foco para hacer valer la presión social y, como sucedió en la localidad costera, tratar de buscar acuerdos ventajosos para las causas judiciales por delitos contra el territorio. El próximo 16 de julio el alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por conceder entre 2001 y 2003 dos licencias de obras para construir en terreno no urbanizable.

Ochenta y un días después lo hará el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, antiguo GIL y luego independiente, acusado de cobrar dinero para elevar la densidad residencial en una finca conocida como La Parrada. El primero se enfrenta a 18 meses de cárcel y 17 de inhabilitación. El segundo a dos años de cárcel, 3 millones de multa y siete de inhabilitación.

Ambos son sólo los dos casos más próximos de la cara oculta segunda fase del boom inmobiliario. Primero fue la Costa con epicentro en Marbella la que sucumbió al cóctel de ladrillo, poder y política. Después, con todas las lupas ya sobre Gil y sus secuelas, desde Julián Muñoz hasta Marisol Yagüe, la presión inmobiliaria y las sospechas de delitos contra el territorio se fueron extendiendo hacia pueblos pequeños alejados del litoral y de los focos, pero enclavados en parajes naturales de gran valor paisajístico.

La Consejería de Obras Públicas ya reconocía en 2005 que habían comenzado a crecer las denuncias por construcciones irregulares en el interior. Aquel mismo año, la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente hacía constar que las ilegalidades urbanísticas se estaban desplazando hacia el interior de la provincia y la organización Ecologistas en Acción corroboraba que el fenómeno estaba socavando la Axarquía.

Cuatro años después prácticamente el 25% de los alcaldes de los cien municipios de la provincia tiene abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública y de ellos al menos 15 están imputados en causas contra la ordenación del territorio o delitos como prevaricación, cohecho o alteración del precio de las cosas vinculados al negocio inmobiliario.

Los rasgos comunes de esta segunda etapa del lado oscuro del ladrillo residen en que afecta a autoridades de municipios pequeños. Entre ellos figuran el alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), que se enfrenta a 18 meses de prisión y 10 de inhabilitación por permitir en 2002 una segregación de suelo en terreno presumiblemente no urbanizable, el de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza); a quien el fiscal atribuye 23 delitos urbanísticos por autorizar entre 2002 y 2006 un total de 2.000 viviendas supuestamente ilegales. Además, la Fiscalía reclama 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para el alcalde de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez (PP), por 12 presuntos delitos de prevaricación urbanística.

El ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) también está pendiente de sentarse en el banquillo acusado por el Ministerio Público de un delito continuado contra la ordenación del territorio por autorizar en 2003 diez licencias para construir en suelo que se considera no urbanizable. Corbacho, ya condenado por malversación, se enfrenta a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación.

En fases previas de tramitación hay abiertos procedimientos judiciales por actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio contra el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE); el concejal de Hacienda y ex concejal de Casares Juan Sánchez (IU), Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE) o Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), así como contra el ex alcalde de Coín Juan José Rodríguez Osorio (PA) por autorizar una edificación, luego paralizada por el actual regidor, Gabriel Clavijo (PSOE), lo que le valió una querella de los propietarios del terreno. Además, se ha admitido otra denuncia contra el ex alcalde y actual concejal de Urbanismo de Manilva, el independiente Emilio López Berenger, por autorizar una promoción de viviendas libres en suelo de uso educativo.

Además, se instruye otra causa contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), imputado en el caso Troya, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto cohecho y prevaricación en actuaciones vinculadas a la contratación de obras.

También está en el ojo del huracán el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención hace ahora un año, en el caso Astapa contra la corrupción política, al tiempo que acaba de salir de la cárcel el regidor de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, expulsado de las filas socialistas tras su arresto por presunto cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística.

La caída de Manilva y Estepona en la sospecha de la corrupción política fueron consecuencia inmediata de la presión ejercida sobre Marbella. Los demás municipios, en cambio, aparecieron como un refugio discreto para los intereses que buscaban negocio fácil y enriquecimiento rápido. Fuera de la primera línea, no se ha tenido una idea cabal de las magnitudes que podría haber alcanzado el fenómeno hasta muchos años después.

Pero los alcaldes de los pueblos pequeños no quieren discreción y han reaccionado para situarse en el centro del foco. Animados por una supuesta absolución en las urnas, que ha revalidado prácticamente los mandatos de todos los imputados, quieren seguir el ejemplo de Marbella, hacer valer el impacto social de las causas judiciales abiertas y sacar ventaja. No en vano, en Marbella están en vías de legalización la abrumadora mayoría de las viviendas ilegales y los imputados por delitos contra la ordenación del territorio han sellado un favorecedor pacto con la Fiscalía.

En este sentido 17 de los 31 alcaldes de la Axarquía pidieron a comienzos de junio al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se les aplique la legislación contencioso administrativa en lugar del Código Penal.

Es decir pretenden que se obvie el impacto penal de su gestión y únicamente se analice la legalidad de sus actos administrativos. En la práctica esto significa que sería la jurisdicción más colapsada, con una demora media de cuatro años, la que se encargaría de analizar la validez de sus licencias urbanísticas. Y en el supuesto de que se tratara de actos ilegales las consecuencias las pagarían las arcas municipales que, además, también deberían hacerse cargo de la defensa de los actos administrativos de los alcaldes y demás cargos públicos.






* Málaga Hoy - 15.06.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es