Granada: La crisis sorprende a 73 pueblos bloqueados por no adaptarse a tiempo a la ley de suelo

IDEAL* : A principio de 2003 entró en vigor la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA), que obligaba a todos los municipios a adaptar sus planeamientos -los conocidos 'pegous'- a estas nuevas directrices. Daba cuatro años de plazo. Llegó el 20 de enero de 2007 y pilló a la inmensa mayoría de los ayuntamientos fuera de juego. Fue algo general en toda Andalucía. En el caso de Granada 154 pueblos no se habían adaptado a tiempo.

¿Cuáles son las consecuencias? Mientras no cumplan este trámite no pueden impulsar ningún proyecto que no esté recogido ya en su plan, no pueden modificar nada ni alterar el uso previsto en un solar. Se acaban las populares recalificaciones.
A muchos ayuntamientos el corsé no les agobiaba pero para otros, aquellos que habían agotado prácticamente su PGOU -como era el caso de la capital-, el nuevo escenario era demoledor.
No es que los municipios se quedaran de brazos cruzados, muchos intentaron adaptarse a la LOUA. Entre 2004 y 2005 llegaron propuestas ambiciosas que planteaban hasta quintuplicar el número de viviendas de algún pueblo en cuestión de una década. Por ejemplo, los primeros documentos enviados a la Consejería de Obras Públicas por Atarfe contemplaban 21.165 casas nuevas y pasar a 94.500 habitantes; Gójar pretendía crecer de 4.913 vecinos a 12.316; Pulianas de 1.381 a 6.074 o Ugíjar de 2.524 a 13.479.
En la Costa se dibujaba una explosión mayúscula. Motril era el más comedido, con 17.785 viviendas nuevas, un crecimiento del 63,7%. Según los informes iniciales de Obras Públicas, Gualchos preveía pasar de 2.973 habitantes a 17.741; Salobreña de 11.750 a 65.170; y Almuñécar de 24.713 a 143.956. Además, muchos ayuntamientos incluían en esos 'pegous' iniciales algún que otro campo de golf.
Era el 'boom' del ladrillo y el mapa que proponían esos ayuntamientos era lícito. Pero en ésas estaban cuando llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y frenó en seco las expectativas con dos premisas básicas: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Una horquilla que se ha flexibilizado para los pequeños.
Sirva un sólo ejemplo para resumir en qué se ha traducido todo esto: el anterior concejal de Urbanismo de la capital, Luis Gerardo García Royo, presentó en el verano de 2005 un nuevo PGOU para Granada con 15.223 viviendas nuevas y todavía no ha salido adelante.
Después del POTA llegó la crisis y el 'ladrillazo'. Para contrarrestarlo, el Gobierno y la Junta han puesto a disposición de los ayuntamientos un presupuesto extraordinario para que hagan obras y se han aprobado distintos planes para fomentar la construcción de viviendas protegidas. El último que firmaron el consejero de Vivienda, Juan Espadas, y la ministra del ramo, Beatriz Corredor, recoge una inversión de 1.440 millones de euros en toda Andalucía para rehabilitar viviendas y edificar 45.029 VPO.
Pero aquí se origina la contradicción: más dinero que nunca pero los ayuntamientos que ya habían agotado su suelo están bloqueados.
Adaptación parcial
Sacar adelante un PGOU nuevo lleva tiempo y es farragoso. Pero existe un atajo. Un decreto del 22 de enero de 2008 permite lo que se denomina una adaptación parcial a la LOUA, que se puede conseguir en tres meses. No es un plan nuevo, pero sí posibilita romper el bloqueo. La filosofía es «garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas».
Es lo que ha hecho la capital, que con este retoque al antiguo plan podrá construir 6.000 VPO y, en un momento dado, tramitar por ejemplo el hipotético traslado de la fábrica de Cervezas Alhambra.
Granada es la provincia andaluza con más municipios que buscan esta adaptación parcial, hasta 73. De ellos, 44 localidades están interesadas, 23 están redactando el documento y seis han terminado o están en fase de exposición pública: además de la capital, Monachil, Alhama, Peligros, Loja y Vegas del Genil. Muy avanzados están Fuente Vaqueros, Churriana, Morelábor, Albuñuelas, Las Gabias, Galera, Calicasas, Salar y Maracena.
Se han montado seis oficinas de asesoramiento (OTAU) y el 86,8% de los municipios que podían optar por esta variante han puesto en marcha el proceso. 48 pueblos han solicitado además la subvención para costear los trámites.
En cuestión de meses se romperá el bloqueo.







* Ideal - QUICO CHIRINO - 15.06.09
Foto: El parón de la construcción coincide con que tampoco queda mucho suelo por urbanizar. /IDEAL