Baleares: Pandemia de imputados

DIARIODEMALLORCA* : Una pandemia de imputaciones judiciales asola las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma. La enfermedad muestra su cara más visible en presuntas corrupciones de nombre variopinto: Peaje, Ibiza Centro, Can Domenge... Los afectados suelen contagiarse a causa de una intensa exposición a los proyectos urbanísticos o a los planes de carreteras, como ha sucedido esta semana en el Consell de Mallorca.

Otra variante menos común de la infección se manifiesta en supuestas malversaciones de fondos públicos sin que intervengan patógenos urbanísticos; los casos Ayudas y Scala son los ejemplos más elocuentes.
La epidemia estalló hace un par de años con virulencia en torno al municipio de Andratx y su ex alcalde Eugenio Hidalgo. La situación ha derivado en pandemia cuando la contaminación ha saltado de los ayuntamientos al resto de instituciones políticas. El último colectivo que quedaba a salvo de la propagación, el Govern autonómico, ha sucumbido esta misma semana a través del conseller de Turismo y presidente de UM, Miquel Nadal, encausado por la venta del solar de Can Domenge.
Las tres principales instituciones -Parlament, Govern y Consell- acogen imputados en su seno. La investigación a todos ellos deriva de las decisiones que adoptaron en la pasada legislatura. Se podría decir que Francesc Antich y Francina Armengol sufren los síntomas incubados durante el pacto de gobernabilidad sellado por Matas (PP) y Munar (UM), salvo en el asunto de Eivissa, donde el proceso vírico se ha desatado en el seno socialista. A día de hoy, el único cuerpo exento de encausados se circunscribe al Bloc, una formación política con baja exposición a los departamentos con presupuestos millonarios o ligados al movimiento de tierras.
Los ocho políticos salpicados por la pandemia son: Miquel Nadal, Antoni Pascual, Miquel Àngel Flaquer, Dolça Mulet y Bartomeu Vicens, todos ellos de Unió Mallorquina; Josep Juan Cardona y Jaume Font, del Partido Popular; y el presidente del Consell de Eivissa, Xico Tarrés (PSOE). La consellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, está pendiente de la vistilla que celebrará en mayo la Audiencia de Palma. Este tribunal decidirá sobre su implicación en el caso Ayudas, un presunto entramado de corrupción en torno a las subvenciones concedidas por el Consell a las asociaciones culturales y deportivas próximas a Unió Mallorquina. El magistrado Pedro Barceló ordenó el archivo parcial de este asunto y ahora será la Audiencia quien determine su reactivación.
La institución más aquejada es el Consell de Mallorca. Cada vez que se produzca un pleno, su presidenta, Francina Armengol, se sentará junto a su vicepresidente, Antoni Pascual, sobre quien pende una querella de la fiscalía anticorrupción por el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor. Si gira su cabeza hacia la derecha se topará con la bancada del PP y su portavoz, Jaume Font, quien tuvo que declarar en mayo del año pasado sobre la inclusión de la finca de es Crevers, propiedad del promotor Mateu Sastre, en el Plan Territorial de Mallorca. Un vistazo hacia la izquierda y cruzará la mirada con Dolça Mulet y Miquel Ángel Flaquer, portavoz de UM en la institución insular que expuso a la magistrada de instrucción 12 su versión sobre el proceso de adjudicación de los terrenos de Can Domente. Hasta ahora, nadie ha encontrado un remedio para la pandemia de imputados. Por tanto, su expansión no es improbable.






* Diario de Mallorca - M. M. B. PALMA - 21.03.09
Foto: Imagen de un pleno del Consell, con hasta cuatro imputados por presunta corrupción. - B. Ramón, diariodemallorca.es