La campaña de la Fiscalía contra la corrupción urbanística destapa 775 denuncias en un solo mes

ABC/Valencia* : La decisión de la Fiscalía de Valencia de intensificar la presión sobre los ayuntamientos para poner coto al urbanismo ilegal en la provincia está haciendo aflorar una realidad sospechada pero desconocida en su verdadera dimensión.

A finales del pasado mes de noviembre, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público se dirigió a todos los consistorios de la provincia de Valencia para recabar información sobre los expedientes sancionadores que tenían abiertos por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable.
En sólo un mes, la campaña de la Fiscalía ha permitido conocer la existencia de 775 expedientes por irregularidades urbanísticas, si bien no todos concluirán en denuncia por la vía penal. Habrá infracciones que se sustanciarán en la vía administrativa. En todo 2008 el Ministerio Público sólo recibió 51 denuncias procedentes de once ayuntamientos.
Tras la cifra de los 775 expedientes sancionadores se oculta una fotografía poco precisa de la realidad urbanística, en la medida que de los 268 ayuntamientos a los que el Ministerio Público pidió información sólo han respondido 44. Y de ellos, sólo 20 han reconocido haber actuado contra las construcciones ilegales. Se trata de Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L´Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.

Casos bajo sospecha

Lo sospechoso es que algunos de los ayuntamientos que han respondido acumulan centenares de expedientes entre 2005 y 2008. Se trata de Godelleta (220), Bétera (194), Llíria (117), Canals (103) y Benicull del Xúquer (73). En muchos casos la Fiscalía no tenía conocimiento de ninguno de estos expedientes, pese a que los ayuntamientos están obligados a trasladar al Ministerio Público aquellos en los que haya indicios de que la infracción es constitutiva de un ilícito penal. «Causa extrañeza que entre tanto expediente sancionador no hayan hallado algún caso que indiciariamente fuera constitutivo de delito, teniendo en cuenta que se comete delito cuando se construye sobre suelo no urbanizable», indica el coordinador de Medio Ambiente, Joaquín Baños, que ahora tendrá que expurgar los expedientes remitidos por los ayuntamientos. «Muchos no serán constitutivos de delito, pero lo que no es creíble es que un ayuntamiento con 300 expedientes no tenga ninguno que sea delito. Es lógico pensar -prosigue Baños- que alguno de los expedientes sancionadores que han incoado se refiera al objeto del delito».

Afán recaudatorio

De hecho, el objetivo de la Sección de Medio Ambiente es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
El balance de la campaña, provisional en tanto en cuanto aún se espera la respuesta de 224 ayuntamientos, ha permitido confirmar lo que la Fiscalía sospechaba: que «debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento» del Ministerio Público, que los «casos de Zarra y Ontinyent son la punta del iceberg» y que el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema mucho más grave de prevaricación urbanística, al que no son ajenos algunos alcaldes.
La pasividad de muchos regidores ante el urbanismo descontrolado responde, en muchos casos, a un afán recaudatorio. El urbanismo es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos con una financiación raquítica, extremo éste que hace que, en no pocas ocasiones, sean los propios alcaldes los que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; los hay que no hacen nada ante edificaciones ilegales; otros incoan expediente administrativo y los dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal...Y todo ello es así porque, en un última instancia, terminan cobrando impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales.





* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 9.01.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es