Las Palmas: Catálogo de pufos urbanísticos

LAPROVINCIA* : Las numerosas irregularidades urbanísticas de la época del PP han propiciado cuantiosos perjuicios económicos para los intereses de la ciudad, que ahora se enfrenta además al pago de indemnizaciones multimillonarias, tras los varapalos judiciales que comenzaron a sucederse a cuentagotas a partir de 2004 y amenazan desde 2008 con convertirse en una verdadera avalancha.

Sólo por la reversión de la parcela de Pavía y el caso del Canódromo, el Ayuntamiento se enfrenta al pago de indemnizaciones por más de 50 millones de euros.

La última sentencia, en la que el Supremo ratifica la anulación de la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, expone al Ayuntamiento al pago de indemnizaciones millonarias si la empresa Fadesa decide reclamarlas. Esta es la última condena hecha pública, pero las denuncias sobre irregularidades urbanísticas comenzaron a multiplicarse desde 2002 y el movimiento vecinal jugó un papel importantísimo para que algunas de ellas llegaran a los tribunales.

Una de las primeras denuncias urbanísticas de la 'era Soria' estuvo protagonizada por la recalificación en el año 2000 de 3.000 metros cuadrados de terreno rústico que la hermana del ex alcalde había comprado tres años antes en Las Mesas. Soria llevó al nacionalista Marino Alduán -que fue el que denunció la recalificación- a los tribunales por injurias, pero perdió el caso.

También en 2002 salió a la luz el caso Valdemar, cuando dos propietarios de las parcelas que no fueron compensados por el promotor del edificio, junto al paseo de Las Canteras, amenazaron con ir a los tribunales.

La compra de la antigua fábrica La Favorita para oficinas municipales, bajo el mandato de Soria, provocó también un gran escándalo. El Ayuntamiento adquirió el edificio en 2002 por 12,3 millones de euros, pese a que un informe municipal lo valoró un año antes en 9,3 millones de euros. Los socialistas acusaron entonces al PP de "fabricar un traje a medida" para comprar La Favorita que le salió a la ciudad 3,3 millones más caro.

Pero, el primer gran varapalo judicial que reciben los populares se produce en 2004, cuando el TSJC anula la unidad de actuación para prolongar la avenida de Mesa y López.

Después fueron tumbadas las unidades de actuación previstas en la calle Presidente Alvear y la que contemplaba la construcción de una rambla peatonal entre la plaza de América y Las Canteras. La de Lazareto ha sido suspendida cautelarmente.

En todos los casos, el argumento es el mismo: en suelo urbano consolidado sólo se puede recurrir a la expropiación forzosa. A principios de este año se produce el segundo gran varapalo: el TSJC ordena al Ayuntamiento revertir a la familia Reyes el solar de Pavía, dado que el solar se expropió como zona deportiva y luego fue recalificado como espacio residencial con una altura que llegó varios años después a tener 16 plantas.

Luego, en febrero de 2008, el TSJC anula el plan especial que ampara la operación de las torres del Canódromo y la modificación del plan general, que recalificó una esquina de la zona de ocio para construir sendos edificios, porque no fue sometida a información pública. En realidad era la segunda anulación del plan. Unos meses antes el tribunal había dado la razón a uno de los dueños de un pequeño solar de la parcela que ocupan las torres que no fue indemnizado.

Los vecinos que denunciaron esta operación llevarán ahora a la Fiscalía Anticorrupción la operación de venta de más de 9 millones que protagonizó la empresa Urbacan con los solares que le permutó el Ayuntamiento. Este mes fue anulada también la licencia de construcción de las torres, pero la obra sigue adelante.

La lista de sentencias contra actuaciones urbanísticas continúa, y entre ellas figuran numerosas expropiaciones mal hechas, por las que el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 28 millones.





* La Provincia - T. G. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 19.10.2008
Foto: Solar de la calle Pavía. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es