LEVANTE* : El Ejecutivo comunitario y el Parlamento Europeo tienen poder para congelar, suspender y retirar la concesión de las ayudas regionales y de Cohesión si los planes urbanísticos no respetan las normas comunitarias y no se corrigen los abusos. Así lo advierte el primer borrador del informe sobre el Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación de la legislación de la Unión Europea (UE), basado en las peticiones recibidas cuya ponente es la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margrete Auken.
El programa operativo de la Comunitat Valenciana de 2007 a 2013, el actual periodo de programación de fondos estructurales y de Cohesión, asciende a 2.200 millones de euros. La mitad (1.300 millones de euros) proceden de las arcas comunitarias.
El proyecto de informe se debatió ayer en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, la tercera resolución del Parlamento Europeo sobre el urbanismo masivo, sufrirá cambios, ya que debe enmendarse, y será debatido nuevamente en el Comité en enero. Podría votarse en marzo en la sesión plenaria.
El borrador de resolución «recuerda que la Comisión Europea tiene competencias para interrumpir» y «suspender» las ayudas a un Estado miembro o a una región, así como para pedir la devolución de los fondos estructurales concedidos a proyectos que no respetan las directivas.
La Eurocámara, como autoridad presupuestaria, puede congelar las ayudas -en el capítulo de reserva de fondos de la Política de Cohesión- si lo cree necesario para persuadir a un «Estado miembro para que ponga fin a graves infracciones de las reglas» europeas «que está obligado a respetar». Una suspensión que puede hacer efectiva hasta que el «problema esté resuelto».
De otra parte, el proyecto de informe Auken pide que se establezca una «moratoria de los nuevos planes de urbanización que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social» y que se cancelen los «proyectos urbanísticos» que no cumplan los «criterios europeos medioambientales» y de «abastecimiento de agua».
El borrador de documento pide a las autoridades competentes que revisen la «legislación que afecta a los derechos de la propiedad individual» para acabar con los «abusos» y les urge a «establecer mecanismos judiciales y administrativos», incluyendo al Defensor del Pueblo, «para compensar a las víctimas» de los abusos urbanísticos por la mala aplicación la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la Ley Urbanística Valenciana (LUV). El texto redactado por la eurodiputada danesa, que no es definitivo, expresa su «preocupación» puesto que considera que las autoridades legales y judiciales españolas no estaban suficientemente preparadas «para abordar el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas».
La «falta de claridad» y «precisión» en la legislación sobre la propiedad privada y la ausencia de la «aplicación de la legislación medioambiental está», según el proyecto de resolución, en la «raíz de muchos de los problemas urbanísticos». Esta situación unida a una «laxitud en el procedimiento judicial, no solo no ha resuelto» la problemática sino que «ha generado una forma endémica de corrupción» de la cual los «ciudadanos son las primeras víctimas», considera el borrador del informe sobre el urbanismo masivo en España.
El documento provisional también recuerda que la «Directiva de Evaluación del Impacto Medioambiental obliga a consultar a los ciudadanos afectados» cuando se lanza un plan urbanístico, así como durante los trámites hasta su adopción y cuando se realizan «modificaciones sustanciales» de los proyectos existentes. Algo que no siempre ha ocurrido, según los casos denunciados ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara, lamenta el proyecto de resolución.
El texto realiza un llamamiento a cuestionar los métodos de elección de los agentes urbanizadores, a los que se concede «excesivas competencias», y pide a la Comisión Europea que lance una «campaña de información» a los ciudadanos que compran un bien inmobiliario en otro socio comunitario.
* Levante-EMV - Nayra Aguado, Bruselas. corresponsal - 2.12.2008
Foto: strasburgo european parliament
El programa operativo de la Comunitat Valenciana de 2007 a 2013, el actual periodo de programación de fondos estructurales y de Cohesión, asciende a 2.200 millones de euros. La mitad (1.300 millones de euros) proceden de las arcas comunitarias.
El proyecto de informe se debatió ayer en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, la tercera resolución del Parlamento Europeo sobre el urbanismo masivo, sufrirá cambios, ya que debe enmendarse, y será debatido nuevamente en el Comité en enero. Podría votarse en marzo en la sesión plenaria.
El borrador de resolución «recuerda que la Comisión Europea tiene competencias para interrumpir» y «suspender» las ayudas a un Estado miembro o a una región, así como para pedir la devolución de los fondos estructurales concedidos a proyectos que no respetan las directivas.
La Eurocámara, como autoridad presupuestaria, puede congelar las ayudas -en el capítulo de reserva de fondos de la Política de Cohesión- si lo cree necesario para persuadir a un «Estado miembro para que ponga fin a graves infracciones de las reglas» europeas «que está obligado a respetar». Una suspensión que puede hacer efectiva hasta que el «problema esté resuelto».
De otra parte, el proyecto de informe Auken pide que se establezca una «moratoria de los nuevos planes de urbanización que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social» y que se cancelen los «proyectos urbanísticos» que no cumplan los «criterios europeos medioambientales» y de «abastecimiento de agua».
El borrador de documento pide a las autoridades competentes que revisen la «legislación que afecta a los derechos de la propiedad individual» para acabar con los «abusos» y les urge a «establecer mecanismos judiciales y administrativos», incluyendo al Defensor del Pueblo, «para compensar a las víctimas» de los abusos urbanísticos por la mala aplicación la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la Ley Urbanística Valenciana (LUV). El texto redactado por la eurodiputada danesa, que no es definitivo, expresa su «preocupación» puesto que considera que las autoridades legales y judiciales españolas no estaban suficientemente preparadas «para abordar el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas».
La «falta de claridad» y «precisión» en la legislación sobre la propiedad privada y la ausencia de la «aplicación de la legislación medioambiental está», según el proyecto de resolución, en la «raíz de muchos de los problemas urbanísticos». Esta situación unida a una «laxitud en el procedimiento judicial, no solo no ha resuelto» la problemática sino que «ha generado una forma endémica de corrupción» de la cual los «ciudadanos son las primeras víctimas», considera el borrador del informe sobre el urbanismo masivo en España.
El documento provisional también recuerda que la «Directiva de Evaluación del Impacto Medioambiental obliga a consultar a los ciudadanos afectados» cuando se lanza un plan urbanístico, así como durante los trámites hasta su adopción y cuando se realizan «modificaciones sustanciales» de los proyectos existentes. Algo que no siempre ha ocurrido, según los casos denunciados ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara, lamenta el proyecto de resolución.
El texto realiza un llamamiento a cuestionar los métodos de elección de los agentes urbanizadores, a los que se concede «excesivas competencias», y pide a la Comisión Europea que lance una «campaña de información» a los ciudadanos que compran un bien inmobiliario en otro socio comunitario.
* Levante-EMV - Nayra Aguado, Bruselas. corresponsal - 2.12.2008
Foto: strasburgo european parliament
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