El juicio del año

SEBASTIÀ VERD* : Sin duda, la vista del caso Caballistas pasará a nuestra historia como el juicio del año, de un 2008 repleto de casos de corrupción que dieron lugar, y siguen dando, a un continuo entrar y salir de políticos por los juzgados. Han sido muchos, pero como éste ninguno. Ahí es nada, ver sentados en el banquillo a diez alcaldes o ex alcaldes del PP, otros dos cargos del partido y dos funcionarios, acusados todos ellos de falsedad documental por emitir certificados destinados a legalizar la casa que el entonces alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, se construyó en suelo rústico.

La trama, que en su día fue desvelada por Diario de Mallorca, es más o menos conocida: un alcalde solicita la declaración de interés general para su propia casa alegando que es la sede de una agrupación caballista local que, supuestamente, va de fiesta en fiesta por los pueblos y, para lograrlo, se apoya en los certificados de sus colegas, a quienes ayer, durante el juicio, pidió disculpas.
A buenas horas. La hasta hace unos días portavoz del PP y ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, le echó en cara haber abusado de su confianza. Casi todos los acusados se excusaron en que firmaron de oídas, es decir sin saber para qué eran los certificados y recordando vagamente haber visto a los caballistas por las fiestas. Sebastià Vidal -para quien se piden seis años de cárcel- asegura que las acreditaciones son ciertas, pero la Agrupación Caballista de Ses Salines no se constituyó hasta 2001 y las fechas a la que aluden los escritos son anteriores. Un lío que, sin la denuncia de este Diario, quizás hubiera pasado desapercibido ¿Cuántas construcciones rústicas no han sido legalizada en Mallorca con montajes fotográficos falsos o, en el mejor de los casos, pagando una ridícula multa? ¿Cuántas declaraciones de interés general en suelo rústico son, realmente, de interés general?
Ésta, sin embargo, no es una de tantas declaraciones de interés general o intentos de legalizar lo que no es legalizable, ya que tiene un plus escandaloso añadido. Quienes, según la fiscalía, trataban de burlar la ley eran aquellos que están obligados, en primerísimo lugar, a defenderla: los alcaldes. Una prueba palpable de cómo ha funcionado la administración municipal a lo largo de las últimas décadas, en las que el PP ha gobernado la mayoría de ayuntamientos de la isla. Ya no se trata de convertir el urbanismo local en un negocio y, participar en él de manera directa, como ocurrió en Andratx -y puede que en otros muchos municipios- sino de hacer la vista gorda para ganar votos o amistades.
El problema lo tiene ahora el PP. Desde el partido se ha dejado claro que se aplicará el protocolo establecido para estos casos si las sentencias son condenatorias. No hay otro salida. La fiscalía pide para todos los imputados en el caso Caballistas su inhabilitación para cargos públicos. Todo un drama para una formación política que atraviesa su peor momento, en medio de una división interna sin precedentes y con graves problemas de liderazgo. Entre los cuatro alcaldes procesados se encuentra el de Selva, Joan Rotger, que acaba de ser elegido presidente del PP de Mallorca, con el apoyo del sector oficialista, pero por un escasísimo margen de 17 votos. Y Joan Jaume, alcalde interino de Llucmajor y candidato a suceder a Lluc Tomàs, obligado a dimitir tras haber sido condenado por la Audiencia Provincial.

Si la sentencia es condenatoria, al PP no le quedará más remedio que hacer correr el escalafón en el Parlament y en los cuatro municipios afectados. La presidenta del partido, Rosa Estaràs, presumía el otro día de tener banquillo en el acto de entrega de nuevos carnés. Puede que sea así, que siga teniendo afiliados pero le va a ser materialmente imposible recomponer el prestigio que su partido ha perdido ante los Tribunales y la opinión pública.





* Diario de Mallorca - Opinión - 2.11.2008