La Guardia Civil desmantela una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Librilla

LAVERDAD/Murcia* : Otro ayuntamiento murciano tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro consistorio de la Región en la primera página de todos los periódicos y en lugar preferente de los informativos de televisiones y radios de todo el país. Y van...

Fue la localidad de Librilla la que ayer se despertó con la desagradable sorpresa de encontrarse con las dependencias municipales bloqueadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una nueva operación dirigida a desmantelar una presunta trama de corrupción urbanística. En esta ocasión, sin embargo, y al contrario que en anteriores ocasiones, las sospechas no se ciernen sobre el alcalde de la localidad ni sobre alguno de sus concejales, sino sobre altos funcionarios.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmó que la intervención policial fue ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, quien mantiene abierto un procedimiento por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En el marco de esta operación fueron detenidas ayer cinco personas, entre las que destaca un alto funcionario de la Comunidad Autónoma, que se encuentra en excedencia desde hace algo más de un año. Se trata del ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde. Junto a éste han sido arrestados su esposa, cuya identidad parece responder a las iniciales J.B.B., y un empresario y presunto socio de Cano, Domingo Peñalver Rojo.
Otro de los detenidos más relevantes para la investigación es el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L. (IDL S.L.), José Andrés Cortés, junto a quien también ha sido arrestada su esposa, cuya identidad no ha trascendido.
La operación, que se completó con exhaustivos registros en el Ayuntamiento de Librilla, en dependencias de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en sedes de varias empresas y en domicilios particulares, tiene su origen en la denuncia presentada meses atrás por la Fiscalía del TSJ. Las investigaciones de los fiscales anticorrupción, así como las dirigidas a posteriori desde el juzgado, apuntan a que los tres varones arrestados, Cano, Peñalver y Cortés, constituyen las bases del supuesto triángulo de corrupción.
Todo quedaba en casa
José Luis Cano jugaría, según fuentes próximas a la investigación, el supuesto papel de cerebro y organizador de la trama. Así, como responsable durante años del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios -esta oficina ofrece apoyo a los ayuntamientos con menos recursos-, Cano maniobraba para conseguir supuestamente que fuera la empresa ACADI (Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería S.L.), administrada por su socio y amigo Domingo Peñalver, ingeniero de 27 años, la que se adjudicara diversos contratos municipales.
Entre éstos figuran, además de labores de asesoramiento técnico y la elaboración de diversos informes urbanísticos y sobre obra pública, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, que le fue adjudicado por 110.400 euros (más de 18 millones de pesetas).
Según fuentes del PSOE murciano, que investigó esta trama el año pasado y que ha colaborado con la Fiscalía, a raíz de la redacción del PGOU por ACADI se negociaron 30 ordenaciones del suelo con sus propietarios, y a todos los firmantes de los convenios se les habría exigido que encargaran la transformación del suelo a la firma municipal IDL. La gestión consistiría en elaborar y tramitar el plan parcial, el proyecto de reparcelación, el proyecto técnico de urbanización y en llevar la dirección técnica de las obras.
Al margen de ello se habrían llevado al Pleno otros contratos por importe de más de seis millones de euros, que no habrían respetado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el PSOE.
Del mismo modo, se investiga si Cano también influyó para conseguir que la construcción de obra pública de Librilla le fuera adjudicada a la constructora Urvisán S.L. de Los Alcázares, cuyas instalaciones también fueron registradas ayer por la UCO.
La supuesta trama de corrupción se completaría con el gerente de la sociedad pública IDL S.L., José Andrés Cortés, de quien se sospecha que estaría en connivencia con Cano para obtener beneficio personal a través de una particular gestión de los intereses públicos.
Los cinco detenidos estaban siendo ayer interrogados, por lo que no se conoce si hoy serán puestos a disposición judicial o los agentes agotarán las 72 horas de margen máximo de que disponen.


Esta noticia ha sido elaborada con información facilitada por Julián Mollejo y Fuensanta Carreres.





* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 19.11.2008
Foto: Librilla (Murcia) - librilla.es