La Fiscalía mantiene que «los casos de Zarra y Onteniente son la punta del iceberg»

ABC/Valencia* : «Los casos de Zarrra y Onteniente no son hechos aislados, son la punta del iceberg». Lo dice la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia para justificar su ofensiva contra las construcciones ilegales y por extensión, contra los alcaldes que hacen la vista gorda ante los desmanes urbanísticos que se cometen en los municipios que gobiernan.

Mantiene el Ministerio Público que el «goteo incesante» de denuncias «enmascara un problema más grave»: el de la «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción o por omisión, por permitir las edificaciones ilegales o por no hacer nada para evitarlas.

Como avanzó ABC en su edición del pasado 19 de noviembre, la Fiscalía de Valencia se dirigirá a todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar un listado de los expedientes administrativos por irregularidades urbanísticas abiertos por cada uno de ellos.
El objetivo de la Sección de Medio Ambiente, coordinada por Joaquín Baños, es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
Las cien primeras cartas
La fiscal jefe, Teresa Gisbert, ha hecho suya la propuesta de la Sección de Medio Ambiente y ha redactado un decreto en el que acuerda «recabar el auxilio de la Administración Local a través de los respectivos alcaldes» para que remitan un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004», fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable. La misma información será solicitada a la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Hay alcaldes que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; otros, que no hacen nada ante edificaciones ilegales; los hay también que incoan expediente administrativo y lo dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal y hasta se sabe de ayuntamientos que cobran impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales...
«La flagrancia de determinadas conductas cometidas por funcionarios públicos» ha llevado a la Fiscalía a sospechar que son muchas la ilegalidades urbanísticas que no llegan a conocimiento del Ministerio Público, motivo por el cual se dirigirá a los 268 municipios de la provincia de Valencia para «determinar en cuántos se están cometiendo estos delitos». De momento, se abren diligencias informativas. Si se aprecian indicios de ilícito penal se transformarán en diligencias de investigación que concluirán en la correspondiente denuncia. El Ministerio Público propone cárcel, multa e inhabilitación para los alcaldes que incumplen con la obligación de poner en conocimiento del fiscal la existencia de una posible ilegalidad.
La primera remesa de comunicaciones requiriendo información a los Consistorios salió ayer. La Fiscalía ya se ha dirigido a cien ayuntamientos. En los próximos días, lo hará con el resto.
Dice el Ministerio Público que hay un «goteo incesante» de denuncias por construcción de viviendas en suelo no urbanizable; añade que en la mayoría de las ocasiones, la Fiscalía tiene conocimiento de ello gracias al Seprona, a la Conselleria de Territorio y Vivienda y a algunos ayuntamientos; y concluye que «esta manera individual de afrontar el problema de las construcciones ilegales enmascara un problema más grave, que es el de la prevaricación urbanística».
Según la Fiscalía, el caso de Zarra, en el que el propio alcalde y su equipo de gobierno concedían, supuetamente, las licencias para construir en suelo donde no está permitido, «no es la conducta más común por su flagrancia». Pero recuerda que otros «ayuntamientos legalizan de hecho» estas construcciones ilegales, bien no incoando el preceptivo expediente sancionador, bien archivándolo y dejando pasar el tiempo de prescripción, como ocurre en Onteniente, cuya alcaldesa está siendo investigada. «Otros ayuntamientos pasan a considerar legales estas construcciones cobrando los impuestos municipales». Ante esto, «debe ser la Fiscalía la que tome la iniciativa».





* ABC - I.R.T. - 27.11.2008
Foto: ALEX DOMINGUEZ. Las irregularidades en Catral llevaron al Consell a suspender las competencias urbanísticas Información publicada por ABC el pasado 19 de noviembre