INDYMEDIA/Sevilla* : Jornadas de encuentro y debate vecinal en Sevilla los días 28, 29 y 30 de Noviembre. En el Centro Vecinal El Pumarejo y el Centro Social Fábrica de Sombreros. CRISIS ECONÓMICA Y DERECHO A TECHO: Desde los periódicos serios a los programas de humor; desde el parlamento a la barra de los bares, todo el mundo: políticos, banqueros, empresarios, trabajadores…hasta el Papa, habla de crisis. Sus consecuencias son múltiples y devastadoras, por más que una y otra vez nos inviten a tener confianza ¡con qué descaro! en la misma golfería y en los mismos golfos que han organizado el desastre y se han aprovechado de él durante los últimos años.
Uno de sus efectos nos preocupa de manera especial porque tiene que ver con la necesidad de miles de personas sencillas de tener una vida decente. Nos referimos al terremoto inmobiliario y a sus consecuencias en relación con el ejercicio efectivo del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
En realidad, para muchos, el problema no es nuevo. Durante los últimos quince años hemos asistido a una orgía de precios en el mercado de la vivienda en la que algunos disfrutaban como cosacos llevándoselo calentito, otros a duras penas compraban un piso soñando que el esfuerzo las merecía porque era una inversión segura y muchos se angustiaban diariamente porque sus salarios bajos y precarios no le daban para satisfacer la codicia de promotores y caseros. Mientras tanto el Estado permitía la corrupción, saludaba el crecimiento de la economía del ladrillo, no quería oír las advertencias de quienes anunciaban el desastre ni las protestas de los excluidos y simulaba intentar remedios a los daños colaterales más evidentes. En realidad, la crisis viene de lejos: para quienes sufrían el acoso inmobiliario, para los que a diario recibían órdenes de desahucio, para los afortunados por los sorteos de viviendas municipales que no podían pagar, para quienes consumían su juventud en casa de sus padres sin poder emanciparse, para quienes tenía en vilo la hipoteca mensual, para el conjunto de la ciudadanía a la que la corrupción urbanística saqueaba a diario…, las penalidades no son nuevas.
Lo nuevo es que ahora parece que se ha acabado la fiesta para los ricos, y con ella, las migajas que caían para el pueblo. Banqueros y grandes promotores inmobiliarios, con los bolsillos llenos de pasadas ganancias, los mismos que ayer defendían las virtudes del libre mercado y repelían cualquier tipo de intervención pública en la economía, reclaman hoy ayuda del Estado porque si algo no pueden consentir es que sus beneficios dejen de crecer. Lo nuevo es la tristeza y compasión que provocan en los gobernantes que se estrujan los sesos acordando continuas medidas para ayudarlos.
Un día deciden que recalificarán como viviendas protegidas las que se le han quedado colgadas, al otro, que aumentarán la cantidad garantizada de los depósitos bancarios particulares para que la gente (que no olvida el “corralito” argentino) no saque su dinero de los bancos, otro, el Banco Central Europeo rebaja el tipo de interés al que presta dinero a los bancos privados mientras que éstos lo suben a los que les pagamos la hipoteca, el de más allá, que destinarán cincuenta mil millones de euros a comprar la basura con la que han especulado para que sus pérdidas las paguemos entre todos, y siempre, más de lo mismo, que seguirán financiando la promoción inmobiliaria para que no se pare de construir viviendas (300.000 prevé el Pacto andaluz por la vivienda en Andalucía) o campos de golf que arrasarán el medio ambiente, mientras que miles de ellas permanecen vacías. Al final todas sus medidas para combatir la crisis se reducen a una: pagar con dinero público, con dinero de todos, los derroches de los potentados.
Sin embargo, es tan grave la cosa y tan grande su codicia, que las aguas no vuelven a su cauce, sino que, por el contrario, cada vez arrasan con más fuerza. Los poderosos parecen estar desconcertados y mucha gente se pregunta angustiada ¿qué pasará?
Pasará lo que el pueblo quiera que pase. En lo que respecta al derecho a disfrutar de una vivienda digna, la gente tenemos claro tres cosas: una, lo que necesitamos es simplemente un alojamiento digno, estable y al alcance de nuestros ingresos; dos, nuestra necesidad y nuestro derecho es más importante que los negocios de los corruptos, banqueros y promotores; y, tres, somos la inmensa mayoría y por tanto más fuertes que ese puñado de especuladores.
Nada está definitivamente decidido. La salida a la crisis puede tener muchas direcciones. Unas, las que hasta ahora impulsan los gobernantes, benefician a los poderosos y pretenden recomponer el tinglado de sus beneficios a costa del pueblo. Otras harán posible acabar con el sistema que tanta ruina y dolor nos está trayendo a los de abajo y mejorar nuestras condiciones de vida haciéndola más segura, más justa, más feliz y más democrática.
Que la salida sea beneficiosa para nosotros va a depender de nuestra capacidad para unirnos y organizarnos, para plantar cara con firmeza y para descubrir entre todos las soluciones que necesitamos.
Creemos que algunas de estas soluciones son sencillas: la vivienda es un derecho de todos, no un negocio. Como tal derecho, igual que hacemos con la educación o la sanidad, su respeto y satisfacción no puede quedar en manos de los negociantes privados, sino de toda la sociedad y de las instituciones públicas que deben defenderla. Hace falta un servicio público y universal de vivienda: un parque de viviendas de propiedad del Estado a disposición de cualquier persona que lo demande. A este fin deben dedicarse los recursos públicos en vez de malgastarlos en las multimillonarias ayudas a los ricos ni en los miserables paños calientes con los que intentan acallar a algunos sectores particulares de afectados (viviendas de emergencia, ayudas al alquiler, sorteos…). Para esto no hace falta construir más viviendas: muchas más de las que se necesitan están vacías. El estado debe comprar o, en su caso, expropiar, aprovechando la bajada de los precios, las viviendas (o su derecho de uso) que requiera la formación de este parque público, y dejar de malvender las pocas que todavía posee. Las viviendas en situación de abandono deben ser obligatoriamente arrendadas a precio tasado a quien lo pida y su ocupación inmediatamente despenalizada (como lo estuvo hasta 1.995) y regularizada. No se trata de paralizar la industria de la construcción sino de cambiar su tarea. De nada le sirve, sólo aplaza el problema, seguir construyendo hasta arrasar todo el suelo disponible, sin embargo, la rehabilitación y restauración de la ciudad consolidada es una tarea inaplazable que proporciona muchos más puestos de trabajo.
Mientras tanto, es preciso adoptar algunas medidas que impidan que quienes hoy tengan un lugar donde vivir, lo pierdan. Para los arrendamientos, significa decretar su prórroga forzosa a voluntad del inquilino (como antes del Decreto Boyer de 1.985) y una moratoria de los desahucios por falta de pago con aseguramiento público. Para los hipotecados, la reducción temporal de su cuota hipotecaria al 25% del importe de sus ingresos y una moratoria de las ejecuciones hipotecarias por impago.
Discutamos estas propuestas, mejorémoslas entre todos, organicémonos y exijamos a los poderes públicos la apertura inmediata de una mesa de diálogo con efectiva presencia de los afectados y las víctimas de la presente situación en la que se adopten las soluciones que necesitamos.
Viernes 28>> La vivienda como derecho.
A las 17 h en el Centro Vecinal Casa del Pumarejo. En la Pza. del Pumarejo.
Sabado 29 de Noviembre>> La crisis de los espacios públicos.
A las 11 h en el Centro Social Fabrica de Sombreros. Calle Heliotropo.
Domingo 30 de Noviembre>> La crisis. ¿Y ahora qué?
A las 11 h en el Centro Social Fabrica de Sombreros. Calle Heliotropo.
Martes 2 de Diciembre>> Acto público por la vivienda
A las 19 h en e Teatro Alameda. Alameda de Hercules.
* Indymedia Estrecho - 20.11.2008
Jornadas de Encuentro y Debate Vecinal. Derecho a la Vivienda. Derecho a la Ciudad
en
27.11.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA , NOTICIAS VIVIENDA
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