El plan de La Magdalena llega al Supremo y aguarda otras tres resoluciones judiciales

LNE/Avilés* : Los propietarios del suelo donde se prevé construir las 950 viviendas de La Magdalena han recurrido en el Tribunal Supremo una de las cuatro acciones judiciales promovidas contra la operación residencial, que califican de expolio. Las otras tres se hallan pendientes, dos de ellas del TSJA, y una más del Jurado autonómico de expropiación.

Los expropiados acusaron ayer al Gobierno del Principado de manipular las resoluciones que se han producido hasta ahora con el fin de confundir a la opinión pública. Refiriéndose a la primera de las acciones recurridas, la calificación de los terrenos como actuación urbanística concertada, estos propietarios del suelo aseguran que no ha habido, como ha dicho la Consejería de Infraestructuras, seis fallos en contra del TSJA sino el mismo fallo desfavorable para el mismo recurso que habían presentado seis de los dueños de forma individual. «La última decisión, como es obvio, corresponde al Tribunal Supremo y no hacer mención de ella prueba la intencionalidad por parte del Principado de confundir recurriendo al viejo truco de sesgar parte de la información y ocultar otra. Han querido dar a entender que hubo seis fallos del TSJA cuando realmente es el mismo para seis propietarios diferentes y han ocultado que está pendiente la decisión del Supremo, que tiene la última palabra».

No obstante, el peso de la demanda de los propietarios recae en las tres acciones siguientes, sobremanera en la que lleva adelante el catedrático Raúl Bocanegra y donde se denuncia la adjudicación a dedo a Sogepsa de la operación contraviniendo, según los demandantes, las directivas comunitarias que velan por la transparencia y la competencia en los contratos de obras.

Los propietarios expropiados alegan que ha habido sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia Europeo donde se ha fallado en contra de adjudicaciones a dedo a sociedades instrumentales en Francia y en Italia. La más famosa corresponde al llamado «caso Scala».

La Comisión Europea se ha pronunciado también desfavorablemente sobre las adjudicaciones a Cabanyal 2010, una sociedad equivalente a Sogepsa que opera en la Comunidad Valenciana. Los propietarios del suelo de La Magdalena recuerdan cómo el pasado 9 de julio, la Comisión de las Comunidades Europeas decidió demandar al Reino de España por haberse infringido y violado las directivas comunitarias en Valencia. De hecho, el Partido Socialista en esa comunidad autonómica calificó a Cabanyal 2010 como «una gran estafa montada para unos pocos». En el caso valenciano se ha pedido la anulación de los contratos.

Otro recurso en el que tienen depositada su confianza los demandantes se refiere al justiprecio de los terrenos pendiente de resolver por el Jurado de expropiaciones. Éstos acusan a Sogepsa de pagar a 43 euros el metro cuando ha calculado un beneficio de 24 millones de euros por la operación, que se deduce del valor de los terrenos para ser transferidos por medio de una «ficticia prima de riesgo» a la propia entidad y sus socios privados.

Finalmente, el TSJA mantiene en el cuarto de los recursos que el interés general debe prevalecer sobre el particular, pero el alto tribunal recoge la posibilidad de restituir «in natura» las fincas, o si esto no fuera posible de indemnizar a sus propietarios.






* La Nueva España - L.M.A. - 21 de septiembre de 2008
Foto: Terrenos del plan de La Magdalena, en las inmediaciones de Leopoldo Alas. ricardo solís, lne.es