El Parlamento Europeo recibe a los afectados por un plan urbanístico del ayuntamiento

LEVANTE/Castelló* : El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo recibirá mañana en Bruselas a la asociación castellonense Sant Joan de Riu Sec para evaluar un supuesto abuso urbanístico cometido por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló en detrimento de 75 familias que viven en masets ubicados junto a la nueva estación de Renfe, según informaron fuentes del colectivo.

Los afectados se oponen a una unidad de ejecución urbanística (13-UER) que supondría el derribo de las viviendas y el desalojo de decenas de familias de su lugar de residencia.
El ayuntamiento ya barajó la aprobación del desarrollo urbanístico en el año 2002, aunque finalmente aparcó el plan de la empresa constructora en un contexto marcado por una amplia movilización vecinal en el pleno municipal.
La documentación sobre el caso fue remitida al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en el año 2005 y 2007, junto a centenares de casos en otros puntos de la Comunitat, a través de la Plataforma Abusos Urbanísticos No.
El estudio de dichos documentos y la visita de una comisión de eurodiputados a la Comunitat, con parada incluida la provincia de Castelló, motivó que el Parlamento Europeo emitiera un duro informe y exigiera formalmente a la Generalitat Valenciana una rectificación inmediata de su política urbanística por una violación manifiesta del derecho comunitario.
La advertencia también se trasladó al Gobierno español por su condición de máximo representante y responsable de las obligaciones ante la Unión Europea, aunque esta queja se derivó posteriormente al Consell como organismo que ostenta todas las competencias en urbanismo y que actúa independientemente del Gobierno central.
Ahora, tras el estudio de los documentos recibidos, el Comité de Peticiones ha decidido que es pertinente reunirse con los propietarios agraviados al objeto de elaborar nuevos informes y, en caso necesario, adoptar una resolución.
La unidad de ejecución 13-UER afecta a una zona de 192.000 metros cuadrados situada en el entorno próximo a la nueva estación de ferrocarril. En este espacio se ubican 75 viviendas unifamiliares que fueron construidas antes de la etapa democrática en un entorno agrícola. Los propietarios alegan que la antigüedad de las casas les confiere en el plano legal una consolidación urbanística.
Los vecinos expusieron esta circunstancia el pasado mes de mayo en una reunión con el vicealcalde y edil de Urbanismo, Javier Moliner, quien recibió de mano de los vecinos una propuesta de solución urbanística que respetaría las viviendas existentes. Por lo pronto, los vecinos siguen esperando a que el ayuntamiento les convoque a una nueva reunión.





* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 9.09.2008
Foto: comité de peticiones de la UE. El organismo europeo ha abordado en varias sesiones la LUV en Bruselas/ levante-emv