El caso Estepona, uno más

LUIS DE VELASCO* : ¿Cuántas Marbella, Estepona, Mogán, Andratx, Totana o Ciempozuelos más hay? ¿Son éstos los únicos casos de corrupción urbanística en nuestro país? Esta pregunta, sin duda, haría sonreir a cualquier español porque la respuesta es fácilmente previsible. Estos son los casos más sonados, hasta ahora. Hay muchos más.

Esta columna ha afirmado más de una vez que el “modelo” de crecimiento de esta última docena de años, basado sobre todo en el ladrillo, ha tenido serios costes no sólo económicos, sociales y ambientales sino también éticos. La corrupción inmobiliaria, que vino a sustituir a la famosa “cultura del pelotazo” de los años previos ( aquellos en los que se dijo por un ministro del gobierno socialista que España era el país donde más rápido se podía uno enriquecer) es prueba de ese deterioro de valores individuales y colectivos.

Algo va mal en un sistema en el que una firma de una autoridad en un convenio o en un contrato urbanístico puede hacer millonario al favorecido y a quien lo firma. A ambos porque, hay que insistir, en que en el extendido cáncer de la corrupción urbanística no hay sólo una parte como muchas veces se nos pretende hacer creer presentando como sólo culpable al político de turno o al funcionario. Lo que , muchas veces, se nos presenta como víctima ,el negociante, el empresario es, como mínimo, tan culpable. Ambas partes participan de este saqueo al erario público porque de ahí es de donde sale el dinero en último término.

Este fin de semana, la vicepresidenta del gobierno, refiriéndose al ,por ahora, último escándalo conocido, el de Estepona, ha anunciado una “persecución implacable” y un “castigo sin paliativos” para los responsables de la corrupción urbanística. Bellas palabras que, seguramente, la mayoría de la ciudadanía acoge con escepticismo. (Este caso ha sido “levantado” por las fuerzas de seguridad. Las denuncias anteriores de dos concejales del PSOE fueron desestimadas por sus superiores en el partido.) Hasta ahora, los poderes públicos, salvo algunas excepciones en períodos preelectorales, han sido escasamente diligentes tanto en prevenir estos comportamientos corruptos como en investigaciones y sanciones políticas en sus propias filas. Por su parte, la administración de justicia ha hecho lo de otras veces: poco y tarde. No basta con inculpar y juzgar si luego las sentencias son ridículas o no se ejecutan. ¿ Algún condenado devuelve lo robado alguna vez ?

La corrupción urbanística acompaña además a miles de obras, sobre todo aunque no únicamente en las absolutamente degradadas costas del país, realizadas con absoluto desprecio no sólo a la legalidad sino a consideraciones ambientales, sociales o colectivas. Se inician esas obras sabiendo que, aunque se declaren ilegales, nunca se derribarán. Un altísimo porcentaje de edificaciones de la costa están en esa situación, como han documentado informes de organizaciones ecologistas.

La ciudadanía , salvo una minoría concienciada con lo que esto supone, contempla estos casos con alejamiento y escepticismo. Peor todavía: vuelve a votar a políticos procesados por estos delitos, síntoma de ese deterioro moral que produce esta plaga.




* Estrella Digital - Opinión - 25.06.2008