GAS/Reportaje* : Tras ver los casos de delitos urbanísticos de Sevilla y Cádiz, esta vez, se destacan casos del resto de provincias andaluzas. Veremos los casos más destacados y recientes, provincia por provincia. Como han sido en Córdoba, el “Caso Torreblanca”, donde se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales. Y en Málaga la Operación Astapa, en la cual se ha detenido al alcalde de la localidad.
Huelva:
En Huelva, el mayor plan urbano de los últimos años ha sido aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De este modo se llevará a cabo la construcción de 3.600 viviendas, un centro comercial y un palacio de congresos, integrados en el “Plan Parcial del Ensanche Sur de Huelva”.
El TSJA ha rechazado, de este modo, los recursos de la Consejería de Obras Públicas y la Junta de Andalucía, quienes pretendían rechazar el Plan Parcial para aplicar otro instrumento urbanístico: un Plan de Sectorización, que sólo podría ser aprobado por la Junta. Este Plan Parcial avalado por la justicia determina lo que se va a construir tras el estadio Nuevo Colombino, junto a la Ría de Huelva.
Córdoba:
En Córdoba, enmarcado en el “Caso Torreblanca”, se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales a los que se imputan delitos relacionados con la supuesta falsificación de firma, alteración de denuncias de infracción urbanística y desaparición de actas y de datos del registro oficial de la Policía Local. Se ha informado que se borraron más de 1.000 expedientes de la Unidad de Disciplina Urbanística relacionados, en su mayoría, con la parcelación de Torreblanca.
Por lo tanto lo que empezó como una simple construcción de chalés ilegales en esa urbanización de la Sierra Cordobesa, ha continuado por una serie de delitos que superan los primeros denunciados por medio de una investigación periodística. Los implicados son un escolta de la alcaldesa y una pareja de municipales encargados de multar a quienes edifican ilegalmente.
Tras su denuncia en enero, el Ayuntamiento abrió una investigación, que demostraba la modificación de la fecha de las denuncias de la policía local y las actas de infracción.
El caso a pasado a los juzgados, con los supuestos delitos de la falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística, la alteración de un registro oficial y la eliminación informática de datos.
Málaga:
En la serranía malagueña, en Ronda, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, la Consejería de Obras Públicas y Ecologistas en Acción han recurrido ante los tribunales la construcción de la macrourbanización “Merinos Norte”.
Es un proyecto que se comenzó a construir en septiembre del 2006 y que prevée convertirse en un complejo turístico con dos campos de golf, 800 viviendas y demás infraestructuras turísticas y hoteles, promovidas por Promociones Club de Campo y Golf de Ronda SL y con el apoyo del Ayuntamiento de Ronda.
La denuncia de los colectivos vecinales, sociales, ecologistas y agrarios se centra en la amenaza de esta “obra faraónica” a la cantidad y calidad del agua del acuífero del que se abastecen diversas poblaciones de la sierra. De hecho, ya ha supuesto la muerte de miles de encinas en este paraje, la Sierra de las Nieves, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El complejo, que no cuenta con las autorizaciones oportunas para extracción de aguas, pone en riesgo el abastecimiento de 10.000 vecinos por la sobreexplotación, y por la contaminación por filtraciones, como ya demuestran informes de organismos oficiales.
El 31 de mayo 300 vecinos, ecologistas y ciudadanos preocupados por el medio ambiente y la salud de la comarca marcharon desde Cuevas del Becerro hasta la finca donde se pretende construir dicha obra. La manifestación, convocada por la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua reclama la Junta la paralización definitiva de las obras, al incumplir la Declaración de Impacto Ambiental. A la misma han acudido colectivos sociales de la provincia de Málaga agrupados en la plataforma ciudadana por una Nueva Cultura del Territorio, así como asociaciones senderistas que exigen la recuperación de varios caminos públicos que la promotora ha cortado.
Por su parte, el 17 de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial hizo saltar a la luz otro caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol, en Estepona. Este caso, destapado por la Operación Astaza, ha detenido al alcalde de la localidad, del PSOE, cuatro concejales, así como políticos, abogados y el arquitecto municipal; además han llamado a declarar numerosas personas sin saber cual es su implicación en los hechos, como el presidente de la inmobiliaria Prasa, una de las más potentes de Andalucía.
El fraude consta de irregularidades a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos. Según informó la Policía, se dedicaban a recalificar terrenos del Ayuntamiento para venderlos a empresas y clientes, con lo que se suman los cargos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Ante este caso, que se asemeja al Caso Malaya en el modus operandi excepto por el menor calado e importancia, el PSOE ya ha expulsado al alcalde y ha declarado su rechazo a la corrupción, aunque su implicación en el Caso Malaya también fue importante. Además de los arrestos, los agentes de la UDEF realizaron treinta y ocho registros, tanto en Estepona como en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
Jaén:
En la provincia de Jaén, en Porcuna, el anterior gobierno local, encabezado por la ex alcaldesa, Ana María Moreno y otros cuatro ediles del mismo grupo de gobierno han sido investigados por presuntos delitos urbanísticos, ya que concedieron unas licencias urbanísticas para construir naves en la zona rústica de Carrajaén y otros parajes del municipio. Estos delitos se produjeron entre los años 2005 y 2006, en los cuales infringieron la ley de ordenación del territorio.
Las construcciones se hicieron con autorizaciones en las que los servicios municipales estaban en contra y sin éstos haber dado el visto bueno. Por ello, unido a diversas quejas de los ciudadanos, fueron llamados a declarar el pasado 19 de Junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Martos (como ya se hizo en abril de 2006, sin llegar a ser archivado). Tras pedir la colaboración con la Junta de Andalucía, salieron a la luz nuevos casos de construcciones ilegales. El actual gobierno local del PP junto con la oposición (PSOE) quiere una actuación mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento por el cual pretenden marcar limitaciones en las edificaciones. Este debate llevado a cabo en el pleno de la Corporación, no obtuvo el apoyo del resto de las fuerzas políticas.
Granada:
En la vega de Granada, en Dúdar, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de una megaurbanización en una zona de Sierra nevada que exige estudios de impacto ambiental serios. Sin embargo, ninguna de las tres urbanizaciones que componen este proyecto, lo han hecho. El proyecto, que incumple la legalidad vigente, supone 600 viviendas, proyectadas sobre un pueblo de 300 habitantes, lo que hace que rompa con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Además, se situaría en una ladera de bosque mediterráneo de gran valor y calidad paisajística que alberga una interesante fauna protegida y destrozaría completamente el paisaje. También destaca el problema del agua, ya que no hay suficiente, y se planea extraerla del agua que abastece a Granada y el Área Metropolitana, por otro lado, las aguas residuales no cuentan con una salida clara. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene excusas para implantar dicha urbanización, que no tendría equipamientos suficientes, ya que ni tan siquiera existe paro en dicha población.
* Grupo de Acción Social - GAS - 21/06/2008
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - abc.es
Andalucía: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día
en
27.6.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
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1 comentarios :
Parece mentira que sea Andalucía donde hay más escándalos de corrupción y más se incumplen las normas urbanísticas. Porque los políticos que llevan mandando toda la vida miran para otro lado y no hacen nada por mejorar la situación. Da igual el partido o los colores.
Deberían devolver al pueblo todo lo que han robado. Más los intereses pertinentes.
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