El TS ratifica la primera indemnización por daño moral en Argoños

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El alto tribunal obliga al Gobierno regional y al Consistorio a pagar 9.000 euros a una pareja de Bilbao cuya vivienda será demolida en Argoños. Otras 300 familias esperan a que se resuelvan varios recursos para cobrar.

Una pareja de Zorroza, Jesús María y Araceli, será la primera familia en cobrar una compensación económica por el daño moral que las administraciones cántabras han causado a quienes llevan batallando más de una década para que sus viviendas no sean derribadas. El Tribunal Supremo acaba de hacer firme una sentencia que culpaba al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños de que la casa del matrimonio de Bilbao vaya a ser pasto de las excavadoras. En su resolución, los magistrados obligan a las instituciones a indemnizarles con 9.000 euros.

El auto sienta un precedente muy importante, ya que, como Jesús María y Araceli, hay otras 300 familias a las que se les ha reconocido, en primera instancia, el derecho a ser resarcidas por el sufrimiento padecido, pero aún están a la espera de que se resuelvan diversos recursos. Dos casos -dos demandas colectivas que engloban a decenas de afectados- se encuentran ya en el Supremo. «Esperemos que el tribunal siga el mismo criterio que ha aplicado en este caso concreto», afirma esperanzado Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Este colectivo se creó hace cinco años con el objetivo de unir fuerzas entre los propietarios -en su mayoría vizcaínos- de un millar de inmuebles que están condenados a la piqueta, después de que las licencias de construcción que habían recibido el visto bueno de las administraciones cántabras fueran declaradas ilegales por la Justicia. Toda esta «pesadilla» comenzó por una cascada de denuncias del grupo ecologista ARCA y ha atrapado a más de 2.000 personas.

Aunque no entra al fondo del asunto, el Supremo es contundente en su decisión y hace firme la sentencia anterior, que era favorable a la pareja de Zorroza. Los magistrados no han admitido si quiera a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo regional y el Consistorio de Argoños por una cuestión de forma. Entiende que no debe pronunciarse sobre pleitos en los que hay en juego una cantidad de dinero inferior a 150.000 euros. Además, el órgano de Justicia condena en costas a los recurrentes y obliga al pago de mil euros más para que Jesús María y Araceli puedan costearse su abogado. Este dinero que ahora percibirán es independiente a las cantidades que cobrarán por el daño patrimonial una vez se derruyan sus casas.

Satisfacción

El auto judicial ha sido bien recibido por AMA, por cuanto supone «reconocer la culpa» de las administraciones y la «inocencia» de unos vecinos que compraron sus casas con todos «los parabienes» institucionales. «Eso sí, las indemnizaciones dictadas hasta ahora por daño moral-oscilan entre los 9.000 y los 12.000 euros, en función de si la vivienda afectada es primera o segunda residencia- no enjugan ni un ápice el sufrimiento que llevamos padeciendo durante más de una década por culpa de la negligencia de los organismos oficiales», censuró Videla. «Es más -añadió el presidente de AMA-, uno de se da cuenta de que las cantidades a cobrar son mínimas por más de diez años de incertidumbre y sufrimiento psicológico, cuando uno ve que, recientemente, una revista del corazón ha tenido que pagar a la hija de la duquesa de Alba 90.000 euros por haberle atribuido un supuesto romance». Desde la asociación de afectados lanzaron también un ruego: «Pedimos a todos los ayuntamientos que continúan recurriendo este tipo de sentencias, que renuncien porque se ha demostrado que lo único que hacen es malgastar el dinero público y ejercer el 'sumum' del maltrato contra los ciudadanos que hemos sufrido las desastrosas consecuencias de su nefasta gestión».

Además, Vilela llamó la atención sobre cómo ningún político ha asumido hasta ahora «responsabilidad alguna por todo este fiasco».

El presidente de AMA también exigió a las instituciones que busquen una salida, «lo antes posible», para que las 1.000 viviendas condenadas en la comunidad vecina no sean, finalmente, objetivo de las excavadoras.





* El Diario Montañés - JOSU GARCÍA - 08.05.2008
Foto: magen de la urbanización de Argoños afectada por sentencia de derribo. / DM


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