El juez del ´caso Góndola´ se adentra en el patrimonio de los principales imputados

LAPROVINCIA/GranCanaria* : Mogán -21.000 habitantes y 14 imputados en una presunta trama de corrupción- es un municipio diferente desde que el martes 23 de enero de 2007 agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, varios de ellos con pasamontañas, detuvieron al alcalde, Francisco González. Desde entonces, este turístico pago del suroeste de Gran Canaria no ha parado de oír hablar de la operación Góndola.

Góndola es la típica corrupción -presunta- de pueblo llevada a su versión más cutre. Empadronamientos clandestinos, compra de votos a treinta euros, gestiones para quitar multas de tráfico a los amigos, chanchullos con algunas emisoras de radio locales para "hablar bien del partido" -el PP- y, por supuesto, operaciones urbanísticas incluidas en un Plan General que, a día de hoy, aún no ha sido aprobado definitivamente.

Dos personas forman el epicentro de esta presunta trama de corrupción municipal: el alcalde, Francisco González, y la que fuera su mano derecha en el consistorio, ex teniente de alcalde y hoy retirada de la política, Onalia Bueno. Y una cosa tienen en común González y Bueno, además de las imputaciones: ambos son hijos de ex alcaldes del municipio. El padre de Onalia, Guillermo Bueno, también está imputado por colaboración para negociaciones prohibidas a funcionarios.

En torno a estas dos personas, los máximos responsables del Ayuntamiento, la policía tejió la madeja que hoy en día, con parte del sumario aún bajo secreto, alcanza a un total de 14 imputados. Y la parte aún secreta se centra en recorrer los vericuetos del patrimonio de los principales acusados.
El número 3 de la trama, aunque muchos consideran que es el máximo responsable de los servicios de inteligencia de la Gerencia de Urbanismo, se llama Marcelino Martín, al que llaman el virrey de Mogán. En torno a Marcelino Martín se ha urbanizado el municipio, pues está ligado a la política urbanística de Mogán desde hace ya varias décadas.

DESPACHO. De hecho, él fue el encargado de poner en marcha la redacción del Plan General. El encargo recayó en las manos del despacho de un amigo de Martín, González Jaraba, cuyas oficinas fueron registradas por la policía y con el que, al parecer -pendiente de contrastar por la investigadores-, mantiene algún que otro negocio de tipo urbanístico en unión de un tercero, empresario para mayores señas.

El otro nombre importante en esta trama es el empresario Santiago Santana Cazorla. Se le imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio y del medio ambiente debido a la construcción de una depuradora en Taurito, puesto que parte del suelo es rústico, y también tráfico de influencias. Su detención, en una fase posterior a la del alcalde, fue una de las noticias más impactantes que ha tenido Canarias en los últimos años. El titular periodístico aún retumba en la mente del empresariado local: "La policía detiene a Santana Cazorla". Caía uno de los grandes, pero habrá que esperar al desarrollo de la investigación para conocer la verdadera implicación del empresario en la operación Góndola, si es que la hay.

El resto de los imputados, hasta llegar a catorce, son nombres de segundo o tercer nivel, tanto en la vida pública como en la empresarial de la isla, pero hay algún personaje curioso entre los implicados. Como Álvaro Canales, una especie de intermediario de todo lo que se negocia que ejerce como verdadero conseguidor de las personas que están por encima de él en la trama. Y es que, si había que buscar un piso en Las Canteras para la familia de Onalia Bueno... él se encargaba. Así de fácil.





* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 25 de mayo de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), playa-tauro - ecoboletin