Canarias: La Justicia pone en su sitio a la política

LAPROVINCIA/Las Palmas* : A golpe de sentencia. De esta manera tan contundente la Justicia responde últimamente a algunos desaguisados de los políticos. Sobre todo, los jueces están siendo especialmente 'claros' con la política del ladrillo y la especulación.

En los últimos tres meses, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado seis sentencias que censuran duramente la política realizada en las Islas por el Partido Popular y por Coalición Canaria, fundamentalmente. Las consecuencias de estos fallos judiciales se resumen en cientos de millones de euros de perjuicio para la Administración, o lo que es lo mismo, para el contribuyente canario, por haber hecho las cosas mal las autoridades competentes. El Gobierno autónomo, con CC al frente, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el PP en el poder, se llevan la mayor parte de los últimos 'rastrillazos' recibidos en forma de sentencias, que es como 'hablan' los jueces.

La última, dura y contundente, el pasado viernes, cuando la Sala obligaba por segunda vez al Gobierno canario a pagar indemnizaciones por la polémica moratoria, una Ley que, visto lo visto, parece haberse redactado en una especie de 'colegueo' entre el Ejecutivo regional y el Parlamento de Canarias. Y si no, obsérvese lo que recoge el magistrado ponente del fallo y presidente de la Sala de lo Contencioso, Francisco José Gómez Cáceres, al respecto: "La Sala deja constancia de lo difícil que es aceptar, en casos tan explícitos como este, la efectiva separación de poderes que respectivamente ejercen el Gobierno de Canarias y el Parlamento, órgano este que cabalmente tiene entre sus funciones la de controlar precisamente al Gobierno canario. La impresión que produce este modo de actuar es como si hubiese existido una delegación legislativa en el poder ejecutivo". En habituales se han convertido ya este tipo de expresiones en las sentencias judiciales.

Anteriormente, la misma Sala pero distinto ponente, Javier Varona, volvió a condenar al Gobierno de Coalición Canaria a pagar indemnizaciones millonarias por la moratoria. Varona, tras analizar la citada Ley de Directrices, la resumió de la siguiente manera: "No existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". O dicho de otra manera, se paraliza la concesión de licencias turísticas a pesar de que los empresarios que las solicitan cuentan con toda la documentación en regla. La consecuencia, de momento, es que por estos dos fallos judiciales el Gobierno tendría que pagar a los empresarios en torno a los veinte millones de euros, o lo que es lo mismo, unos tres mil trescientos millones de pesetas.

SORIA Y LUZARDO. La política urbanística realizada por José Manuel Soria y Pepa Luzardo, ambos del Partido Popular, en los últimos ocho años de gobierno antes de la llegada del PSOE, ha recibido varapalos judiciales igual de duros que el Gobierno de Canarias, o más aún. A finales del mes de enero del presente año, en una sentencia que contó con la magistrada Cristina Páez como ponente, la Sala tumbaba uno de los proyectos urbanísticos estrella del mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: El solar de la calle Pavía en el que se proyecta un edificio singular de treinta y tantas plantas en primera línea de la Playa de Las Canteras tendrá que ser paralizado debido a la especulación municipal con un suelo que expropió a sus titulares para construir una zona libre y deportiva.

Lejos de cumplir con lo pactado a través de un convenio urbanístico firmado con la familia propietaria, el Partido Popular al mando en el Ayuntamiento entonces decide recalificar el suelo e incluirlo en una permuta con los tan ansiados terrenos de El Confital. Dicha permuta permitió, a su vez, a los dueños de El Confital vender el solar de Pavía a la constructora Evemarina, por 33 millones de euros. Todo está en el aire ahora tras la sentencia que obliga a iniciar el expediente de reversión, es decir, que cada uno devuelva lo que se quedó o que pague por ello. Algunas estimaciones cifran en 30 millones de euros lo que tendrá que abonar el consistorio capitalino para dar cumplimiento a la sentencia.

No ha sido el único varapalo judicial a la política urbanística realizada por el Partido Popular. Pocos días después de la sentencia de Pavía, a mediados de febrero del presente año, la Sala de lo Contencioso tumbó otro gran proyecto de Soria: El Canódromo. Los vecinos recurrieron ante la Justicia el Plan Especial elaborado en 2003 que cambió un parque por 120 viviendas. Y todo con las torres de pisos iniciadas por la constructora Realia. Esta actuación se investiga en la vía penal, en la que Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber han sido citados a declarar como imputados.

La Sala también ha tumbado la demolición del Estadio Insular, zona con la que, en la época popular, se especuló con una zona residencial de lujo.

Las continuas anulaciones del proyecto de la autovía del norte o la calificación de "demencial" a un contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Telde a la empresa Santana Cazorla, son otros ejemplos. La Sala no entiende de colores políticos. Lo ha demostrado en tres meses.






* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 27 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org