Urbanismo y corrupción urbanística

JUAN IGNACIO GONZÁLEZ* : En estos últimos años se han construido en España más de 800.000 viviendas al año. Esto ha hecho decir irónicamente al Instituto Nacional de Estadística que en España el modelo de familia que más crece es 'el piso vacío'. Al mismo tiempo que esto ocurre, los ayuntamientos tienen un déficit económico crónico y un serio problema de financiación que sólo puede superar con los recursos económicos extraídos del juego inmobiliario. Si a estos datos sumamos que la expansión urbanística descontrolada se produce en muchas zonas rurales tradicionalmente deprimidas y con fuertes tasas de desempleo, tenemos el marco institucional específico de la corrupción política.

Así pues, se dan unas serie de características institucionales estimuladoras de la corrupción política con apoyo y connivencia social: un falso mercado inmobiliario dependiente de decisiones políticas y administrativas. Los ayuntamientos tienen en su mano decisiones políticas que crean mercado y estructuras de oportunidades inmobiliarias fabulosas, o las cierran. La estrategia más racional de un promotor urbanístico pasa por la compra de voluntades políticas municipales, más que por la mejora de la eficiencia, de la productividad, de los precios o de la calidad.

La financiación y la liquidez de los ayuntamientos dependen de las rentas obtenidas con la expansión urbanística. Los alcaldes pueden, con estos fondos, avanzar y ofertar políticas visibles y tangibles, que con la financiación ordinaria sería mucho más difícil.

Teniendo en cuenta el modelo de financiación municipal existente y el modelo económico basado en el ladrillo, está claro quién es el que se acerca más a esta oferta. No debemos olvidar también que la financiación proveniente del ladrillo parece que aleja la tentación de aumentar la presión fiscal municipal (aunque esto es una ilusión que los datos demuestran como falsa, pues el 100% de los municipios españoles con más presión fiscal, están sometidos también a una fuerte presión urbanística).

Estas características dibujan el entramado de intereses que gobiernan las decisiones municipales. Los intereses convergentes de los promotores urbanísticos (ganar dinero), de los políticos municipales (ganar las elecciones) y de los electores (más servicios, menos impuestos, más expectativa de renta y trabajo) se ven ampliamente satisfechos en este modelo de especulación y expansión urbanística que implica, en muchas ocasiones, corrupción política. En lo inmediato, cada uno de estos tres actores gana, aunque al final, todos perdamos.

Son muchos los neoliberales que platean que si se eliminase la regulación administrativa del suelo desaparecería la corrupción. Y están en lo cierto. Tan en lo cierto como estaría quien afirmara que si eliminamos la policía desaparecería la corrupción policial. ¿Pero qué ocurriría, entonces, con el Estado de Derecho y la seguridad pública? Esta solución es tan inválida como la de cortarse la cabeza para eliminar la migraña. Pero que ésta no sea la solución no implica que no haya soluciones.

Es clave reducir la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos y complicar y elevar (comunidades autónomas y Estado) las competencias. Establecer mecanismos de participación ciudadana cualitativos, y por último, desmercantilizar y desprivatizar la vivienda, despojándola de su carácter de bien de consumo, en favor de su naturaleza de derecho fundamental, por medio de una fuerte entrada del sector público (VPO, alquileres, etcétera).

Las rentas públicas del suelo deben ser recaudadas y distribuidas por las comunidades autónomas, sin participación de los ayuntamientos. El objetivo es evitar que exista una asociación directa o indirecta entre la renta inmobiliaria obtenida y los presupuestos y liquidez de los ayuntamientos y, en paralelo, hay que aumentar la participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado (el 40%).






* El Comercio Digital - Opinión - 21.03.08 - JUAN IGNACIO GONZÁLEZ