Pelotazo de altura

CAMILO JOSÉ CELA CONDE* : La alfombra que levantó DIARIO de MALLORCA hace un mes, dando la noticia de que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears estaba examinando con lupa el Plan Territorial de Mallorca (PTM), ha resultado un tapiz con polvo, basura y quién sabe si hasta cadáveres debajo, aunque todavía no se sabe de quiénes pueden ser éstos. No es para menos. Poner en estado de sospecha la gestión y aprobación del PTM es algo muy serio, lo más serio que hemos podido ver en esos muchos años en los que el urbanismo de la isla ha andado de precario por lo que hace a los supuestos, ciudadana y legalmente garantizables a priori, de honradez y legalidad. Si nada menos que la norma más importante para encauzar el maltrecho urbanismo de Mallorca queda ya bajo sospecha, ¿qué no podremos imaginar que se esconde en esta historia al parecer sin fin de las corrupciones inmobiliarias?

El detalle de las sospechas se conoce a medias. Por un lado, quedan éstas referidas a los cambios en la calificación urbanística que, de la mano del PTM, se realizaron en distintas fincas de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. No estamos hablando de nimiedades. Los cambios afectaron a cerca de un millón de metros cuadrados que se transformaron así, de golpe, en suelo urbanizable y, aunque no todas las hectáreas afectadas están en principio en el punto de mira de los tribunales -cosa que sería ya más de risa que de escándalo-, sí que han sido en verdad laboriosos los trabajos de examen de los procedimientos seguidos en las recalificaciones. Tanto como para que hayan tenido que unir sus fuerzas los fiscales anticorrupción, el fiscal de delitos urbanísticos y aquellos que constituyen la dirección misma del ministerio público en Balears, es decir, la que depende de Bartolomé Barceló y Ladislao Roig.
Pero junto a los aspectos que se conocen ya, hay otros que están todavía por determinar. Particularidades de tanta enjundia como para afectar a quienes podrían ser a la postre encausados. El documento de denuncia que ha dado lugar a la apertura formal del episodio -porque, ya digo, los trabajos de investigación previa llevan años realizándose- no contiene el nombre y apellidos de ningún político o empresario. La pregunta inmediata que se hará cualquier ciudadano es por qué. Y, al margen de la necesaria discreción que debe acompañar a cualquier intento de dilucidar las circunstancias de los posibles delitos cometidos en la gestación del PTM, a mí no me parece mal que sea así. El asunto es lo bastante explosivo como para que sea necesario tener evidencias sólidas antes de poner en la picota a los sospechosos. Están las cosas de la corrupción urbanística en un estado tan sensible que esa sospecha se traduce de manera casi inmediata por una condena popular.

Pero una vez que tales evidencias firmes existan, la Justicia debe actuar cuanto antes persiguiendo a quienes deban ser encausados. No se pueden tolerar más prescripciones, más champán que corre porque la condena moral no es, en esta isla, nada. Si el pelotazo del PTM exhibe así, de entrada, una altura que roza la del Himalaya, proporcional ha de ser la reacción pública. Aunque sólo sea para que se recupere la confianza de los ciudadanos en la máxima, hasta ahora más bien en el olvido, de que quien la hace, la paga.








* Diario de Mallorca - 12 de diciembre de 2007