Las Palmas: La ciudad pierde cuatro millones por irregularidades urbanísticas

LAPROVINCIA* : Son tres edificios promovidos por otras administraciones, pero serán los vecinos de la capital quienes lo paguen. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que abonar unos cuatro millones de euros en indemnizaciones por las irregularidades urbanísticas en la autorización de las sedes oficiales de la Jefatura Superior de Policía, la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I.

Sendas sentencias del Tribunal Supremo, que dan la razón a los pleitos interpuestos por los vecinos de estos inmuebles, obligan a la Corporación municipal a optar por la vía de la negociación al ser "imposibles de ejecutar" tales resoluciones, explica el director de gobierno de Urbanismo, Carmelo Padrón, ya que en ese caso obligaría a demoler la supercomisaría, la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I.

Las tres sentencias datan de hace ya varios años, pero el Ayuntamiento no le ha dado cumplimiento al verse obligado a negociar con los vecinos de las calles Luis Doreste Silva -los edificios contiguos a la supercomisaría- y la Avenida Marítima, estos últimos afectados por la construcción de la Biblioteca del Estado y del edificio donde el Cabildo de Gran Canaria ha establecido en los últimos años sus unidades administrativas.
En los tres casos coinciden las irregularidades administrativas, por las que el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento, la administración que otorgó las licencias. No obstante, los tres inmuebles ya se han legalizado al incluirse en el actual Plan General.

En el caso de la supercomisaría, el más antiguo de los tres, el Alto Tribunal consideró que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1989 (ahora está vigente el de 2000) en 1994, para autorizar las alturas del edificio, no era ajustada a derecho, ya que se hizo con posterioridad al proyecto.

VOLÚMENES Y ALTURAS. La Biblioteca del Estado fue denunciada por vecinos de la zona porque el proyecto incumplía los parámetros urbanísticos de la zona en materia de volúmenes y alturas. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Ayuntamiento ha tenido que resolver indemnizaciones millonarias, además de legalizar el inmueble a posteriori en la última revisión del Plan General vigente, en 2005.

El caso del edificio Insular I es distinto, ya que el pleito judicial se encaminó por el uso indebido de la parcela.
El origen de esta polémica fue la permuta del terreno, que en el Plan General de 1989 figuraba como uso libre, por otras dos situadas en los barrios de San Juan y Lomo Los Frailes, para construir canchas deportivas y viviendas sociales, respectivamente. A cambio de construyó un edificio de siete plantas de altura para uso administrativo y aparcamientos detrás de la calle Venegas -Agustín Millares Carló- y en la trasera de la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt.







* La Provincia - MIGUEL M. GUEDES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 02 de noviembre de 2007
Foto: Las Palmas, supercomisaría - laprovincia.es