La Audiencia de Valladolid reabre el 'caso Arroyo' para investigar el entramado urbanístico

ELNORTEDECASTILLA* : La Audiencia de Valladolid ha revocado el auto del juez de Instrucción número 1 de Valladolid mediante el cual se archivaba el 'caso Arroyo' y ordena al magistrado investigar el presunto entramado económico de personas y cargos públicos relacionados con el desarrollo urbanístico de este municipio, que hasta el pasado mes de junio estuvo gobernado por el Partido Popular. La Sala pide que se tome declaración al alcalde, a Dionisio Miguel Recio, al arquitecto municipal, a su esposa, al presidente de la constructora Mahía y a un vocal de Emuva.

El sobreseimiento provisional decretado el pasado 22 de junio por el instructor se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía de Valladolid y de la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, que ejerce la acusación popular, y después de que el propio juez que abrió las diligencias de oficio optase por el archivo tras trece meses de investigación.

La decisión de Sección Cuarta de la Audiencia, que preside el magistrado José Luis Ruiz, supone la vuelta al instructor de la mayor parte del procedimiento penal incoado, que se inició en mayo del 2006 tras varias informaciones publicadas por este diario relacionadas con la recalificación del SAU 9. Este sector, propiedad de la constructora Mahía, obtuvo la autorización del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para edificar 2.984 viviendas en dicho terreno, catalogado inicialmente como industrial.

Sin embargo, la reapertura de las diligencias penales ordenadas por la Audiencia provincial, a las que se había opuesto Javier Gómez de Liaño, abogado del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y del ex concejal de Obras, Javier Cruz, limitan al juez cualquier investigación relacionada con esta área urbanística.

Los tres jueces de la Sección Cuarta entienden que, aunque la causa tuvo su origen en dicha recalificación, la múltiple documentación aportada por la Consejería de Fomento de la Junta demuestra que tal cambio de uso de los 335.000 metros cuadros «no se consumó» por cuanto los correspondientes controles «llevaron a que la Administración autonómica informase desfavorablemente la modificación del PGOU». «En consecuencia, en principio, no se considera que haya datos para que la investigación siga adelante en relación con esta materia», dice la Sala.

Las indigaciones comenzaron después de que se conociese que el alcalde de Arroyo, ahora en las filas del grupo Independientes por Arroyo (IA), hubiera pactado mediante un convenio urbanístico la recalificación con María Iluminada Miguel Fernández, una ex empleada suya e hija del responsable de Política Municipal del PP en Valladolid y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio.

En el nuevo auto del pasado 30 de octubre, la Audiencia sostiene que el juez de Instrucción número 1 deberá centrar su investigación en aquellos aspectos que se recogen en los más de 40 tomos de documentación que constan en las diligencias relacionados con un «círculo de influencias» que pudiera haber utilizado sus relaciones para beneficiarse.

Entre las circunstancias que se deberán de esclarecer están las relaciones laborales y comerciales entre el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y su antigua empleada en Recreativos Dema, María Iluminada Miguel Fernández, que ha actuado como apoderada de la promotora Mahía y con la que suscribió en junio del 2005 el convenio para recalificar el sector SAU 9 de Mahía.

Por ello, la Audiencia indica al magistrado que deberá tomar declaración a María Iluminada Miguel, que también ejerció como apoderada de Maexpa, una sociedad del Grupo Mahía. Tal y como informó este diario, en mayo del 2006, Iluminada Miguel firmó una escritura de venta de un piso en Villagarcía de Arosa, en el verano del 2004, para el regidor José Manuel Méndez. El inmueble a pie de playa se escrituró en 79.000 euros.

El juez deberá además tomar declaración al presidente de Mahía, Ramón López, que a su vez es administrador de la constructora Binurba, que ha edificado un complejo de 108 apartamentos en la avenida de Salamanca.

Precisamente en el escrito remitido por la Audiencia se ordena además tomar testimonio al arquitecto de esta obra y vocal de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emuva), Francisco Javier González Barriuso. Este facultativo fue en 1998 el director de obra del chalé particular del alcalde José Manuel Méndez, y figura citado en un informe policial elaborado por la Jefatura Superior de Castilla y León sobre una «Presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda», que no consta en las diligencias abiertas.

Deberán declarar también el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y su esposa Nerea Santiago, que pese a no tener relación profesional con el sector de la construcción fue socia en la empresa Arquiduero al 50% con el vocal de Emuva, González Barriuso.

Los tres magistrados de la Audiencia de Valladolid ordenan por último al juez que reciba el testimonio tanto de Dionisio Miguel Recio, que fue vocal de Emuva a propuesta del alcalde José Manuel Méndez, como de su hijo, Julio César Miguel, que aparece entre la documentación como socio accionista de Construcciones y Reformas Dafranma.

Esta constructora creada en Pedrajas de San Esteban en junio del 2003, pasó de tener en algo más de un año 18 empleados a 93, y a facturar importantes cantidades por obras a Mahía y Maexpa.

Fuentes de la investigación indicaron que las declaraciones comenzarán en los próximos días y recordaron que existen otras empresas constructoras, con facturaciones que se investigarán, cuyos directivos serán llamados también a declarar.






* El Norte de Castilla - J. MORENO - 7 noviembre 2007
Foto: Sede en Pedrajas de la constructora Dafranma, cuya actividad se investigará / EL NORTE