De «Guateque» en media España

ABC* : «Unos funcionarios municipales me dijeron: «Tú me pagas 500.000 pesetas al trimestre y no tendrás problemas con el local»». Con estas declaraciones a ABC, Francisco Herrero, un pequeño empresario propietario de la «Sauna Paraíso», destapaba hace once años en Madrid una trama de corrupción en el Ayuntamiento de la capital similar a la descubierta recientemente por la «Operación Guateque». Y es que, desgraciadamente, ni la prevaricación, ni el cohecho, ni el tráfico de influencias son lacras nuevas para las administraciones públicas y tampoco son exclusivas de grandes consistorios en los que estas «manzanas podridas» puedan camuflarse entre miles de funcionarios y montañas de expedientes por tramitar.

Supuestos sobornos

Para muestra, el caso de Orihuela, en la provincia de Alicante, donde otro consistorio gobernado por el PP está sometido a una investigación idéntica a la que se desarrolla en Madrid. De hecho, el caso se destapó, llamativamente, el mismo día. Según explicó el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez, tras filtrarse la investigación, la Guardia Civil ha detenido a los dos propietarios de una consultora que, supuestamente, estafaba a sus clientes al sugerirles que -comisión mediante- podían agilizar la obtención de licencias de apertura.
Hasta el momento, han prestado declaración «como testigos», según Rodríguez, una quincena de funcionarios -principalmente del área de Urbanismo-, que «en ningún caso» se han visto implicados en los supuestos sobornos que prometían los detenidos. Según la Guardia Civil, se han contabilizado unos cincuenta afectados, de los que los presuntos estafadores habrían podido obtener más de 300.000 euros.
Mientras Rodríguez insiste en que el Ayuntamiento no está implicado en el caso -en cuya investigación colabora desde el pasado mes de abril, según dijo-, la oposición ha tratado en los últimos días de vincular la investigación a la corrupción urbanística. «En ningún caso los trámites tenían que ver con recalificaciones», replicó el edil.

Otra administración bajo sospecha en la provincia alicantina es la oficina de Extranjería. Hace unos meses, un funcionario fue detenido acusado de «amañar» permisos de residencia. Asimismo, otras tres personas relacionadas con gestorías que tramitaban los permisos están también acusadas. El Gobierno detectó «irregularidades» en una decena de expedientes.

A principios de 2006, en la Subdelegación del Gobierno en Gerona se dieron cuenta de que algunos trámites relacionados con la oficina de extranjería que normalmente tardaban en resolverse entre uno y dos meses se solucionaban en uno o dos días. Claro que detrás de esa celeridad se encontraba la mano corrupta de una funcionaria que había manipulado varias solicitudes de permisos de residencia para unos 60 inmigrantes rusos, todos ellos residentes en Playa de Aro y con un alto poder adquisitivo.

Operación «Avispa»

Recientemente, en Cataluña se llevó a cabo la denominada operación «Avispa», en la que fue detenido el ex subdelgado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, que actualmente se encuentra en libertad con cargos. A mediados del pasado mes de julio, cuatro personas, entre ellas Planells y otros dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una operación policial contra la mafia rusa. La noticia provocó un gran escándalo político, mucho más cuando se conoció que el ex subdelegado hacía anotaciones en los expedientes a los que quería conceder el permiso de residencia y trabajo, cumpliesen o no con los requisitos necesarios para ello.
Curiosamente, los beneficiarios eran siempre personas relacionadas directa o indirectamente con Malchas Tetruashvili, el capo georgiano capturado en la primera fase de la operación «Avispa» que se remonta a junio de 2005. Planells se reunió en 2001 en dos ocasiones con el capo, que actuaba como empleador de una especie de ONG a través de la cual traía a España a georgianos supuestamente para trabajar en sus empresas de restauración.
Sin embargo, todos los certificados de trabajo de estas personas que pasaban por la Subdelegación eran falsos. Los dos funcionarios detenidos, que quedaron en libertad sin cargos, acusaron a su jefe de ser el que tenía la última palabra en la concesión de los permisos. El ex subdelegado fue puesto en libertad con cargos tras prestar declaración en la Audiencia Nacional el pasado 11 de julio.

Otro caso de corrupción en la Administración catalana se remonta a marzo de 2001, cuando fue confirmada la prisión para el ex jefe de la Inspección de Hacienda para el sector Inmobiliario de Cataluña, Álvaro Pernas, presuntamente implicado en una trama de corrupción detectada en la Agencia Tributaria de la capital catalana. Pernas había sido encarcelado dos meses antes por su implicación en un caso cuyos principales implicados eran dos ex altos cargos de la Hacienda catalana, Ernesto Aguiar y Josep Maria Huguet.
La juez instructora encarceló a Pernas después de descubrir que supuestamente había manejado bienes embargados, que poseía gran cantidad de dinero en el extranjero y que había ocultado pruebas relativas a la investigación. El caso «Aguiar-Huguet» fue uno de los detontantes para que José Borrel renunciara a su condición de candidato en 1999, al haber sido los dos altos cargos de Hacienda colaboradores suyos.

Dos años de cárcel

En Salamanca, el secretario de la localidad de Fuentes de Oñoro, J.M.E.Z, se enfrenta a una pena de dos años de cárcel , a una multa de 5.000 euros y a inhabilitación de su cargo durante siete años y medio, por un presunto delito de falsificación de empadronamientos a inmigrantes irregulares, cobrando importantes sumas de dinero por ello.
Los hechos, que han sido enjuiciados recientemente, se remontan a 2005, a raíz del anuncio del Gobierno de regularizar a los inmigrantes que estuvieran empadronados en España antes de agosto de 2004. Un anuncio que provocó que el secretario municipal de esta localidad fronteriza con Portugal, en conexión con bandas que actuaban en Valladolid, Palencia, Murcia y Almería, falsificara los empadronamientos y registrarlos con fechas anteriores al mes de agosto.
En marzo de 2005 el funcionario fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de cohecho y otro de falsificación de documentos públicos. Además, durante la vista oral, el acusado reconoció que había recibido hasta en tres ocasiones diferentes 6.000 euros por falsificar los empadronamientos a ciudadanos marroquíes.
La Policía encontró en el despacho del secretario en el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro durante un registro un sobre con 6.000 euros, sin que figurara en la contabilidad municipal y otro con 5.000 euros en el domicilio particular del acusado. Así, en el transcurso de la investigación se hallaron centenares de fotocopias de empadronamientos falsificados con anotaciones a lápiz en las que aparecía la fecha que tenía que figurar en el documento.

Canarias, que en 2006 vivió su particular «annus horribilis» en materia de corrupción -trama eólica, Faycán, ICV, Amorós, etc...-tampoco se libró de las redes de funcionarios que, al igual que en Madrid, seencargaban de agilizar licencias previo pago. Cobraban entre 12.000 y 18.000 euros por tramitar licencias de apertura de agencias de viajes. La investigación comenzó a mediados de 2005, a raíz de una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en la que se denunciaba a varios funcionarios, precisamente por incumplir lo pactado con los estafados.
El trato era el siguiente: a cambio de las citadas cantidades de dinero, los funcionarios tramitaban en tiempo récord varios requisitos imprescindibles para poner en marcha una agencia de viajes.
Los estafados eran pequeños empresarios que ponían en marcha el negocio como un modo de generar su propio empleo, lo que les llevaba a querer evitar el coste de demora en la apertura. A la aceleración del trámite, que por la vía ordinaria es lento, pero gratuito, los tres imputados en este caso añadían la promesa de gestión de otros, como la póliza de responsabilidad civil, el título de IATA y otros requisitos imprescindibles. Muchas de las víctimas no denunciaban por temor a que les paralizaran sus expedientes.

Rebajas al Fisco

Otro caso sonado el que se produjo en el País Vasco, mientras el senador del PNV por Guipuzcoa Víctor Bravo conducía coches deportivos, pilotaba avionetas y se casaba en las Vegas, su hermano, José María Bravo. responsable de la oficina de Hacienda de Irún, recibía en su despacho a empresas y autónomos que debían dinero al Fisco y les prometía importantes rebajas a cambio de pagar rápidamente.
Él mismo recibía el dinero, a veces en metálico, y se lo ingresaba en sus propias cuentas. Bravo acabó en la cárcel por un delito de fraude por el que se calcula que la hacienda pública dejó se ingresar cerca de un millón de euros.
Las haciendas forales, organismos que siempre han generado un elevado sentimiento de orgullo en el seno del nacionalismo, han protagonizado en los últimos años varias casos de corrupción. Hace cinco años se supo, por ejemplo, que el inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, había creado una trama que le permitía, a través del sistema informático, paralizar las investigaciones por posibles fraudes a determinadas empresas, entre las que figuraban algunas de conocidos fontaneros del PNV y también de simpatizantes del PP.

Expediente archivado

En este ámbito de los tributos e impuestos, merece la pena recordar el curioso «consejo» de un funcionario de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que hace un año proponía a una conocida que se archivara el expediente de liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de sus padres a cambio de que le diese 30.000 euros. Por este impuesto, su amiga tenía que pagar 67.500 euros.

En otros casos, lo que se denuncia como casos de corrupción de dimensiones millonarias, no llega finalmente a los mil euros. Fue lo que ocurrió el pasado mes de octubre en Ceuta donde se investigó un cobro irregular de nóminas entre la plantilla de la administración autonómica que según IU podrían superar el millón de euros. Finalmente, la investigación determinó 15 casos de cobros irregulares -algunos por defecto otros por exceso- que suponían un gasto total de 570 euros.
Tramas que evidencian que en la mayor parte de las provincias, de alguna u otra manera, y en asuntos de corrupción entre funcionarios las habas se cuecen a fuego lento. Y eso sin entrar en asuntos relacionados con cuestiones inmobiliarias, porque en ese caso el «guateque» se convierte en una verdadera orgía.
La tentación vive en un matasellos, en una tecla de ordenador o en un hacer la vista gorda desde un puesto público. Desde Madrid hasta Ceuta, ninguna institución por pequeña que sea está libre de esta lacra.







* ABC - S.R. - MADRID - 18 de noviembre de 2007
Foto: viñeta corrupción - insurgente