Málaga: La Fiscalía pidió más de 40 derribos de casas ilegales durante 2006

LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : La proliferación de viviendas diseminadas en pleno monte a lo largo de todo el extremo oriental de la provincia, localizándose en la comarca de la Axarquía y parte del área metropolitana de Málaga, preocupa cada vez más a las autoridades judiciales. La Fiscalía de Medio Ambiente alerta de las consecuencias en el entorno rural de estos diseminados, "la inmensa mayoría ilegales", al levantarse en zonas no urbanizables o de protección agrícola, manifestó el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Bentabol.

Para atajar este problema, el Ministerio Público recurre a la petición del derribo en los casos urbanísticos que llegan a juicio. De esta forma, se puede establecer el bien dañado, sin perjuicio de que se fijen compensaciones a los perjudicados con esta medida, como los propietario que actuaron de buena fe al comprarla.
Sin ir más lejos, la Fiscalía pidió el año pasado la ejecución de más cuarenta demoliciones de viviendas ilegales, especialmente autoconstrucciones.

Datos. Sin embargo, los jueces sólo acordaron el derribo en diez casos, según explicó Bentabol, aquellos en los que la infracción urbanística ha sido más flagrante.
Al margen de los grandes casos de presunta prevaricación urbanística detectados en la Costa del Sol, como Marbella, donde se tramitan más de cincuenta causas,
el Ministerio Fiscal alerta de las ilegalidades en las autoconstrucciones de núcleos rurales.
En estos casos, un particular suele solicitar una licencia para aperos en una pequeña parcela, donde posteriormente construye un chalé de dos plantas, indicó el fiscal. Hay ocasiones que las viviendas se construyen con la connivencia de los propios ayuntamientos. Estas situaciones se han detectado en municipios axárquicos como Tolox, Monda, Alcaucín o Benamocarra.

Normas imprecisas. La construcción de viviendas diseminadas en núcleos urbanos ha colisionado con la legislación, que exige que los terrenos cuenten con unas infraestructuras mínimas de electricidad y saneamientos para autorizarlas. Sin embargo, la ausencia de planes urbanísticos en pequeños municipios complica, en ocasiones, la labor de la Justicia ante las infracciones urbanísticas.
Fuentes de la Fiscalía arguyeron que la imprecisión de la norma en estos casos, competencia de la administración autonómica, limita los mecanismos para luchar contras las ilegalidades en la autoconstrucción.
Un ejemplo reciente es el caso de las 2.200 viviendas paralizadas de Tolox. La Fiscalía de Medio Ambiente espera un dictamen de la Junta que especifique qué parcelas tienen las características para poder albergar una vivienda o varias promociones.





* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 30 de septiembre de 2007
Foto: Urbanismo. Los jueces desoyen en ocasiones las peticiones de derribo de la Fiscalía. La Opinión