Román participó en 'un pelotazo urbanístico' que generó un perjuicio de cinco millones a Marbella

EuropaPress* : "El ex primer teniente de alcalde de Marbella y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, en prisión por el 'caso Malaya', participó junto con otros imputados en la causa en una operación inmobiliaria, que el fiscal Anticorrupción calificó hoy de "pelotazo urbanístico", y que ha supuesto, además de beneficios para los participantes, un perjuicio para las arcas municipales que se cifra en cinco millones de euros, puesto que se redujeron los aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento.

En la vista sobre el recurso contra el auto de prisión de Román, celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial, el representante de la Fiscalía especial en Málaga señaló que la investigación "ha acreditado" que Román, que fue arrestado a su llegada desde Suiza, aunque tenía una orden internacional de detención, se concertó con el ex comisario de Policía Florencio San Agapito y el letrado Juan Germán Hoffmann, también imputados en la causa, para llevar a cabo esta operación.

Explicó que crearon una sociedad en Suiza llamada Lispag AG, en la que también estaba el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, con un 15%. El fiscal indicó que para la obtención de beneficios "cuentan con Roca y con su posición en el Ayuntamiento", de forma que se consigue un aumento de la edificabilidad, que pasa de 532 a 11.416 metros cuadrados y la reducción de los aprovechamientos, que se quedaron en unos 2.400 metros cuadrados.
El fiscal insistió en que esto se hace "porque está Roca y le interesa que Román se beneficie". Posteriormente, la parcela se vendió a una empresa de Avila Rojas -también imputado en el caso- y "a los pocos meses se obtienen unas plusvalías de más de seis millones de euros". De estos beneficios, según consta en la orden internacional de detención de Román, le correspondían a éste un 62%, lo que significa 3,7 millones de euros.
Añadió que este dinero "se escondía" en cuentas abiertas en Suiza a nombre de fundaciones "radicadas en paraísos fiscales". De hecho, en dicha orden internacional de arresto, se señalaba que Román, al que se le imputan los delitos de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, percibía dichas cantidades a través de sociedades interpuestas como Fink 2.010 o la fundación Lare de Liechtenstein.
En este punto, el fiscal se preguntó "por qué si es una operación tan legal no se hizo en España, por qué con una sociedad suiza en la que no aparecen ninguno de los titulares y por qué el dinero se esconde también en Suiza a nombre de fundaciones". Además, precisó que se investiga si el patrimonio utilizado por Román "tiene su origen o se puede vincular a hechos delictivos previos", puesto que tiene pendiente una causa en la Audiencia Nacional.
El fiscal entiende que el imputado debe permanecer en prisión y argumenta que existe riesgo de fuga, puesto que se tenían noticias de que iba a viajar a Estados Unidos, pero, finalmente, "no fue al destino previsto", sino que llegó a Suiza, pasando por Portugal, "a hacer desaparecer en la medida de lo posible lo que le vincule con ese dinero oculto". Además, habló de "estrategias" por el intento de San Agapito de "negociar su puesta a disposición judicial", cuando ya existía una orden de detención.
La defensa, por su parte, pidió la libertad para su defendido y consideró que sólo el haber participado en una operación urbanística con Roca "no es suficiente" para su ingreso en prisión, argumentando que no existe riesgo de destrucción de pruebas, pues están ya en libertad los otros imputados que, presuntamente, participaron en ella y la investigación se inició mucho antes de la detención.
Estimó que tampoco hay peligro de fuga, al recordar que "viene voluntariamente" desde Suiza, "al saber por la prensa que hay una orden de detención" y precisó que, incluso, "avisa a la Policía de que va a venir", por lo que fue arrestado en el aeropuerto. Asimismo, precisó que, aunque tiene antecedentes, "jamás" ha dejado de acudir a un juzgado y, recientemente, ha pagado 1,4 millones de euros para sustituir una pena de dos años.
El letrado aseguró que su cliente "no hace de testaferro" en esa operación, por lo que no se puede hablar de blanqueo, y entendió que los beneficios obtenidos responden a que "el negocio ha ido bien", añadiendo que, en el caso de que hubiera influido Roca, "estaríamos hablando de un delito de tráfico de influencias y no de cohecho".
Respecto al fraude fiscal y contra la Hacienda Pública, dijo que habrá que analizar si se han infringido las normas de los países donde están radicadas las sociedades, mientras que del delito urbanístico recordó que debe responder el cargo público, "nunca el promotor". Asimismo, recordó que Román está fuera del Ayuntamiento desde 1998.



* Sur Digital - 13 de junio de 2007
Foto: Marbella /agenda21malaga.org