Querellas en trámite e investigaciones de la Fiscalía contra alcaldes en Murcia

Vegamediapress* : "Hasta nueve alcaldes y ocho concejales del Partido Popular en la región murciana imputados en procesos en trámite en los tribunales de justicia se presentan a la reelección el domingo, 27 de mayo. El siguiente es un recorrido por el el mapa de las numerosas querellas e investigaciones del ministerio fiscal que afectan, además, a dos arquitectos municipales y a un secretario de corporación local gobernadas por el PP: Águilas, Alcantarilla, Archena, Cartagena, Cieza, Mazarrón, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Totana, Ulea, Villanueva del Segura...


ÁGUILAS

Querella contra el alcalde, Juan Ramírez, junto al exconcejal del PP, José López, en el caso de La Zerrichera. Se trata de la querella más importante presentada por la Fiscalía ante los tribunales de justicia murcianos, tras un año largo de investigaciones y numerosas comparecencias en el palacio de justicia de Murcia. En este caso se encuentran también imputados dos directores generales, un subdirector general, un jefe de servicio y una exditora general del Gobierno Valcárcel.

ALCANTARILLA

Querella contra el alcalde, Lázaro Mellado Sánchez, por un presunto delito contra el medio ambiente, estando pendiente la celebración del juicio oral. El fiscal solicita un año de prisión y seis años la acusación particular. Se instruye en un juzgado de Murcia.

ARCHENA

Tres querellas contra el alcalde, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y el concejal de Urbanismo, Francisco José Fernández Reina, por presuntos delitos urbanísticos, interpuestas por IU por edificaciones ilegales y sin licencias. Se instruyen en los juzgados de Molina de Segura. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por falta de información.

CARTAGENA

El fiscal ha abierto diligencias informativas contra la alcaldesa, Pilar Barreiro Álvarez, por presunto delito urbanístico, por la edificación de 5.300 viviendas y 3.000 plazas hoteleras en el espacio natural protegido del saladar de Lo Poyo, en el Mar Menor, tras una denuncia del PSRM-PSOE. Según el sumario del caso Malaya, uno de los dueños de Lo Poyo, a través de empresas interpuestas, es el cartagenero Juan Antonio Roca. Este se entrevistó a mediados de 2004 con el concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, para hablar sobre Lo Poyo. Meses después, el Gobierno regional aprobó esta reclasificación urbanística y Barreiro elevó al pleno municipal la aprobación inicial del plan. También la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha reclamado por vía administrativa a Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir daños ambientales en Lo Poyo. Tras la apertura de las diligencias de la fiscalía, Valcárcel se vió obligado a paralizar este proyecto y obligó a Barreiro a hacer lo mismo.

CIEZA

Primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Antonio Tamayo; el jefe de servicio de Sanidad Animal de la consejería de Agricultura, José Pastor, y el secretario de la corporación, Bartolomé Buendía, y otro funcionario municipal, por prevaricación y tráfico de influencias, por la concesión de una licencia de ampliación de la explotación porcina Claufer, propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo y de su marido, José Pastor. La segunda querella contra el alcalde es por el convenio urbanístico de Benis, iniciada por la denuncia de IU ante la Fiscalía. Ambas querellas son instruidas por el juzgado de Instrucción de Cieza.

Por otra parte, el Fiscal Jefe ha abierto también diligencias por otro delito urbanístico cometido por el alcalde, Antonio Tamayo, en relación con la empresa Cieza Golf, en el que se desafectan 120 hectáreas de monte público, para construir un campo de golf y 8.000 viviendas.

MAZARRÓN

Una primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Francisco Blaya, amiguísimo de Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Ruiz Vivo, y el concejal del Partido Independiente de Mazarrón (PIXM), Domingo Varela, por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, por el presunto pago de 33.000 euros de Blaya a Varela para que los tres concejales del PIXM apoyaran la recalificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable. Así el Plan General de Ordenación Urbana hace posible la construcción de hasta 43.000 viviendas, lo que duplicaría la población actual. Las empresas beneficiadas son Polaris World, con más de 7 millones de metros cuadrados; Euromarina, con seis millones, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón, con unos cinco millones. Esta última sociedad fue creada en noviembre de 2005 en Madrid y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de euros contraídos por el ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos de Varela (ex PP) y Blaya, con la empresa que presta los servicios de limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos pagos ilegales a varios ediles. La instruye el juzgado de Instrucción número 4 de Totana.

Una segunda querella contra el concejal de Hacienda del PP, Segundo Muñoz Paredes, por presunta falsificación en documento público. Ambas se instruyen en el juzgado de Mazarrón.

MULA

Apertura de diligencias del Fiscal Jefe al concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, por presunto delito de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios, al comprar, junto a otros socios, 1,8 millones de metros cuadrados en terrenos rústicos en La Muela de Albudeite por un valor de 55.000 euros en 1999, que después vendió, siendo edil en 2004, por 1.162 millones a las empresas inmobiliarias Artecons Mar Menor, S.L., Urbicosta, S.L., ambas de San Pedro del Pinatar, y Galba Inversiones, con sede en Murcia, todas ellas propiedad de Juan Gracia Jiménez, dueño de Peinsa 97, para la construcción de 9.500 viviendas. Gracia era socio con el concejal de San Javier, José Hernández, en la empresa Valencia del Mar. La denuncia la presenta el PSOE.

MURCIA

El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el arquitecto municipal y jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, Joaquín Peñalver, tras la denuncia del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre las irregularidades detectadas estaba la paralización de proyectos que no iban firmados por el despacho de arquitectura del padre y el hermano de Peñalver, así como la valoración de uno de los convenios de la zona norte de la ciudad con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, por la que el ayuntamiento regido por Miguel Ángel Cámara dejó de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros. Peñalver se encuentra en excedencia y fue pieza clave en los convenios de Nueva Condomina, Joven Futura y Casino, entre otros. El sumario ha sido decretado secreto.

PUERTO LUMBRERAS

Querella contra el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, y los concejales Juan Moisés Gea, José María Parra, Matilde Gloria García, Dolores Arenas, Ginés David Piñero y la arquitecto municipal, Inmaculada García, por presunto delito de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios y falsedad en documento público, presentada por los ediles socialistas. Por el trato a favor obtenido por el concejal Gea respecto a una finca de su propiedad con la participación directa de la arquitecto municipal en la redacción del proyecto. Se instruye en el juzgado de Lorca. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por ocultación de información a la oposición.

SAN JAVIER

Una querella contra el alcalde del municipio, José Hernández, por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y ambiental, por una operación urbanística en la urbanización Las Brisas, al construirse de forma ilegal y ocupar parte de la zona marítimo-terrestre. Se instruye en el juzgado de San Javier.

También, la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias de investigación contra el alcalde por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y delito urbanístico, por tratos de favor a socios y amigos en operaciones urbanísticas que se desarrollen en el municipio.

TOTANA

Denuncia contra el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas y candidato a la alcaldía, José Martínez Andreo, por presunto delito contra la ordenación del territorio en la construcción de obra pública sin expediente administrativo de contratación adjudicada a dedo a la empresa del hermano del alcalde.

ULEA

Una querella contra el alcalde, José Bolarín Cano, por una operación urbanística en donde se encuentran implicados familiares del alcalde que presuntamente se beneficiaron de un convenio redactado en connivencia con el abogado particular del regidor. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con el visto bueno de la consejería de Obras Públicas y Vivienda, contempla trece millones de metros cuadrados sectorizados mediante convenios, y prevé la construcción de 21.000 viviendas, por lo que el municipio pasaría de 900 a 64.000 habitantes, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que no hay agua para su abastecimiento. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Fadesa, con tres millones de metros cuadrados en el paraje La Losilla, para la construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf; la sociedad Mare Nostrum, para la construcción de Los Juncos Golf Rresort, de Higinio Pérez Mateos, con otras 4.000 viviendas. Se instruye en el juzgado de Cieza.

VILLANUEVA DEL SEGURA

Querella contra el alcalde, José Luis López de Ayala, por otorgar licencia ilegal en contra de la ley del suelo para construir, en zona de dominio público hidráulico del río Segura, en el conocido paraje de La Morra, el resort Spa Valley, llevado a cabo por la empresa Oasis Mediterráneo. Presentada por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa del Valle de Ricote. El Plan General de Ordenación de este ayuntamiento declara urbanizable el 95 por ciento del municipio, siendo una de las mayores desmesuras de entre todos los municipios del Valle de Ricote, con la construcción de 50.000 viviendas, 236 ya levantadas. Instruida por el juzgado de Instrucción número 3 de Cieza. Prestaron declaración ante el juez, Ayala, el arquitecto municipal, Juan Rubio García, y los tres ediles que integran el consistorio, José Carrillo, Mariano Gómez y Nuria López.




* Vegamediapress - 20/05/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) /ecologistasenaccion.org