Los fiscales denuncian los retrasos al ejecutar órdenes de demolición

M.RAMOS.- DiariodeCádiz* : "Un lamento extendido entre los fiscales especializados en delitos medioambientales y urbanísticos en Andalucía es la demora con la que se ejecutan las sentencias que obligan a la demolición de las construcciones ilegales. Así lo ponen de manifiesto buena parte de ellos en su última memoria, donde analizan las actuaciones realizadas en 2006. En ella, los fiscales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén coinciden en destacar en algún punto de su informe los problemas que están encontrando para que se restituya el patrimonio destruido con la demolición de los edificios ilegales.


El más duro en su discurso sobre la impotencia que genera que las piquetas no actúen contra lo levantado fuera de la legalidad es el fiscal de Cádiz, que llega a advertir en el documento que "se extiende la sensación popular de que, en el peor de los casos se pagará una multa, pero que nunca se producirán las demoliciones de lo ilícitamente construido, con lo que ello supone de efecto llamada para nuevas edificaciones ilícitas". El fiscal Ángel Núñez Sánchez llega a asegurar que incluso se consideran las multas que se imponen en las sentencias "como un gasto más de la edificación ilegal".

A lo largo de sus informes, los fiscales señalan a varios culpables de esta situación. De un lado, la lógica reticencia de los infractores por cumplir la sentencia de demolición; de otro, las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "que fomentan la convicción de que una vez finalizada una construcción las irregularidades en las que se haya podido incurrir se van a poder legalizar en todos los casos". Por último, el propio sistema judicial ya que, indica el informe, los juzgados y tribunales penales se abstienen de solicitar el restablecimiento de la legalidad, remitiendo la decisión a la administración, "cuya falta de competencia dio motivo a la creación de estas figuras delictivas".

El fiscal gaditano alerta de otro problema, la fuerza que llegan a tener ante sus consistorios los propietarios de casas ilegales, que acaban convirtiéndose en "grupos de presión para tratar de obtener las modificaciones del planeamiento que legitimen sus edificaciones". Situación que se está dando, por ejemplo, con los propietarios de las parcelaciones ilegales en Medina Azahara, en Córdoba.

El fiscal de esta provincia denuncia que han sido precisamente "las promesas municipales del Plan de Mejora Rural" las que han alentado a que en el último semestre de 2006 se reactivara la construcción ilegal en torno a este Bien de Interés Cultural en la capital cordobesa. También recuerda que, aunque ha logrado durante el pasado año las primeras sentencias condenatorias por la presión urbanística en la sierra de Córdoba, en ninguna de ellas se ha decretado la demolición "alegando razones de desequilibrio y desproporción".

Algo parecido le ocurre a Juan Sánchez Martínez, fiscal de medio ambiente en Almería, que ve como no se ejecutan tres órdenes de demolición en suelos de Dominio Público Marítimo Terrestre. Por eso pide en el informe al Servicio Provincial de Costas que ejecute estas sentencias para, después, pasarle el importe de los derribos a los penados. Así, en el paraje de Fas, en Cantoria, llevan esperando desde 2004 a que se destruya una piscina construida sobre suelo de dominio público. El infractor no sólo no ha cumplido la sentencia, sino que además ha podido, por orden de la Audiencia, sustituir la pena de cárcel por una multa.

Todo esto en un año en el que entró en vigor en Andalucía la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que capacita a los ayuntamientos y a la propia Consejería de Obras Públicas a ejecutar en el plazo máximo de un mes el derribo de las construcciones que incumplan con las normas de ordenación urbanística, previa audiencia del interesado. La Consejería de Obras Públicas incluye en los presupuestos de este año una partida de seis millones de euros para ayudar a los consistorios a financiar el derribo de obras ilegales.




*Diario de Cádiz - 21 de Mayo de 2007
Foto: Algarrobico (Almería) ¡demolición! - greenpeace.org