Reivindicaciones sobre precariedad y vivienda de la Asamblea de Madrid

*La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid nació con la voluntad de organizar el impulso y la movilización social surgida de las sentadas espontáneas por la vivienda digna a partir del 14 de mayo de 2006, y como forma de apoyo y autodefensa ante la desmesurada y represiva respuesta policial a un movimiento ciudadano y pacífico. Desde sus inicios, la Asamblea consideró que la lucha por la vivienda digna no podía parcelarse del resto de la realidad socioeconómica, especialmente de un problema tan grave como es la creciente precariedad vital y material que soportamos.


El acceso a la vivienda digna…

El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.

Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la Asamblea reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para garantizar este derecho hay que sacar a la vivienda del mercado y del mercadeo, son necesarios cambios legislativos (modificación de la Constitución), disponer de un amplio parque de alquiler social (público o interviniendo las viviendas vacías) y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.

Mientras no se garantice el derecho efectivo y real a una vivienda y a una vida digna, la okupación de viviendas vacías y edificios abandonados para habitarlos o para convertirlos en centros sociales abiertos al barrio seguirá siendo un instrumento de resistencia legítimo frente a la exclusión vital que promueve el mercado. Desde este análisis, apostamos por la despenalización de la ocupación.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO

Las propuestas de la Asamblea se resumen en cuatro ejes en materia de vivienda, urbanismo y suelo:

1) Priorizar el uso de las viviendas vacías y de la ciudad ya existente. Se debe apostar por la rehabilitación y mejora de las viviendas y la ciudad ya existente frente a la constante expansión y construcción de nuevas viviendas y ciudades. Debe darse un uso social a las viviendas vacías, fijando para ello un fuerte impuesto sobre estas viviendas en aquellas zonas con necesidad urgente de vivienda. Para evitar el impuesto, el propietario podrá ceder la vivienda vacía a una bolsa pública de alquiler que la gestionará, cobrando un alquiler no lucrativo que cubra los gastos de mantenimiento y conservación de la vivienda, que permitan devolverla en perfecto estado a su propietario cuando éste pueda acreditar un uso legítimo de la misma.

2) El suelo y el territorio es un recurso frágil y limitado que debe ser protegido, por lo que debe establecerse una moratoria a la urbanización de nuevo suelo, hasta que se justifique su necesidad social. Se debe abaratar el suelo para uso social: Sin disponer de suelo asequible, difícilmente podrá implementarse una política pública de vivienda. Para ello una de las fórmulas posibles tendría cabida en la Ley del Suelo y consiste en valorar el suelo rural a precios agropecuarios, desligándolo de los precios inmobiliarios. Otras opciones pasan por reservar a la iniciativa pública toda la capacidad urbanística o por expropiar sin indemnización los solares vacíos de las ciudades para uso social.

3) Allí donde la actuación sobre las viviendas existentes no sea suficiente y se necesite nueva vivienda, se promoverá la construcción, mediante una constructora pública, de parques de vivienda pública en alquiler social. Nadie debe lucrarse con el dinero público destinado a garantizar una necesidad social básica y las condiciones dignas deben alcanzar tanto al trabajador que construye esas viviendas como a los que las habiten. El gasto público en vivienda debe destinarse a promover este parque de vivienda social de alquiler, reorientando la política actual centrada en subsidiar la compra y la propiedad de la vivienda.

4) El planteamiento que debe englobar el acceso digno a una vivienda va más allá de las cuatro paredes de la vivienda y engloba el modelo de ciudad y de urbanismo, de transportes, de servicios públicos y equipamientos sociales, de relaciones sociales y territoriales que genera,… Y este modelo debe impulsarse y surgir de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y concretarse en la aprobación por referéndum de los planes de urbanismo. En definitiva, englobar estas propuestas en un urbanismo al servicio de los ciudadanos, no del mercado ni de los propietarios del suelo.



CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO

… Y la lucha contra la precariedad

La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes (¡ningún ser humano es ilegal!) sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.

La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.

La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.

Desde la Asamblea defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.

Algunas medidas para combatir la precariedad serían:

1) El establecimiento de una renta social básica universal, que permita empezar a romper el chantaje establecido por unas condiciones sociolaborales a la baja.

2) Reparto del trabajo sin reducción salarial, como forma de reapropiación de la riqueza generada.

3) Actuar sobre los elementos más graves de precariedad laboral: el abuso de los contratos temporales generalizados y descausalizados y su encadenamiento, eliminación de las ETT´s y otras fórmulas similares (subcontratas, empresas de cesión de trabajadores y prestación de servicios), fuerte subida del salario mínimo, actuar sobre las causas de los accidentes de trabajo,…

4) Acabar con la mercantilización y/o privatización de las empresas y servicios públicos, que restringen nuestra ciudadanía y participación democrática a la de meros consumidores. Cuestionar el modelo vigente que da todo el peso económico al sector privado y limita la actuación pública y colectiva a la de mero espectador.

5) Recuperar la existencia de una banca pública, que permita el acceso más asequible a la financiación e incorpore criterios sociales a su gestión.

6) Impulso al autoempleo, las cooperativas y otras formas de trabajo y economía social, que permitan ir abriendo brecha en la lógica actual del lucro privado como motor de la sociedad y la actividad.



*escrito por antiespantaviejas - martes, 20 de marzo de 2007

*madrid.vdevivienda.net