Con la justicia urbanística seguimos a vueltas: junto a su tardanza excesiva, cuando ya está realizada la ilegalidad, hay que hablar de una debilidad en las penas, a veces cómplice con los propios delincuentes. En el 'caso Palau' de Barcelona (saqueo del Palacio de la Música y pago de comisiones ilegales a CDC) lo vemos claramente: el Supremo anula una sentencia tardía de la Audiencia de Barcelona que, además, no apreciaba delito en la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento. Es evidente, según señala el Supremo, que se juzgó mal y tarde, y no se tuvieron en cuenta multitud de hechos contrarios al sentido del fallo de la sentencia, es decir que el Ayuntamiento estaba implicado gravemente en la corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en el caso Palau y le ha ordenado que dicte una nueva resolución, porque, como dice el fiscal, en su fallo excluyó de manera inmotivada pruebas incriminatorias, en especial contra la cúpula de Urbanismo de Barcelona en aquel momento.
Existe una "ingente prueba documental" en el caso que permite al fiscal, dice el Supremo, un relato de los hechos contrario al sentido del fallo de la sentencia anulada. Dicha prueba ha sido excluida sin justificación ni valoración alguna, reprocha el Supremo a la Audiencia de Barcelona.
Este tribunal debería haber motivado y justificado la exclusión de esta prueba y, al no hacerlo, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, añade el Supremo.
En concreto, la sentencia del Supremo se refiere a la documentación sobre la tramitación del Plan de Mejora Urbana.
Además, alude a la "omisión grave" que cometió la Audiencia de Barcelona al no haberse pronunciado sobre la acusación del fiscal relativa a la existencia de un acuerdo previo entre los acusados para la firma de los convenios municipales sin publicidad.
La Audiencia de Barcelona deberá ahora dictar una nueva sentencia, cuyo fallo no vendrá determinado por el Supremo, aunque el alto tribunal apunta a una revisión de las pruebas acusatorias.
El tribunal de Barcelona condenó a un año a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias, pero absolvió a la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona.
Millet y Montull fueron condenados por irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto a la entidad cultural y recurrieron ante el Supremo contra aquella sentencia, pidiendo su absolución.
Ahora el Supremo ha anulado la sentencia, tras acoger el recurso de la Fiscalía, mientras que ha rechazado los de la acusación particular en nombre de una fundación, de la acción popular ejercida por una asociación de vecinos de Barcelona y de los condenados.
La Fiscalía discrepó de la absolución de la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona y de la leve condena con que la Audiencia ha castigado a los saqueadores confesos del Palau, para quienes el ministerio público pedía diez años de prisión.
La sentencia condenó a Millet y Montull, además de a un año de cárcel, al pago de multas de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias y ofrecimiento de realizar tráfico de influencias.
* La Vanguardia - EFE - 23.3.15
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
El Supremo ordena revisar absolución cúpula de Urbanismo de Barcelona en 'Caso Palau'
El exalcalde del PP de Las Rozas y su equipo, al banquillo por la Ciudad del Fútbol
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En este Blog ya se han publicado anteriormente los detalles sobre este pelotazo urbanístico en la localidad de Las Rozas, próxima a Madrid. Todo viene de 1998 en que fue aprobado por el gobierno 'popular' del Ayuntamiento el proyecto de la Ciudad del Fútbol. En 2007 fue sentenciada en contra por un Tribunal de justicia, cuando ya estaba construida, a pesar de lo cual el Ayuntamiento mantuvo su ilegalidad. Ahora, por fin, la Fiscalía los lleva al banquillo acusándolos de prevaricación y desobediencia reiterada por conceder terrenos públicos a la Real Federación Española de Fútbol para levantar el macrocomplejo deportivo donde entrena La Roja. La tardanza judicial ha sido pasmosa, como llevamos repitiendo aquí, este grave caso urbanístico lo demuestra a las claras.
"ELCONFIDENCIAL* : Los próximos 14, 15 y 16 de abril la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará el juicio contra los ocho miembros del Ejecutivo municipal de Las Rozas acusados de los delitos de prevaricación y desobediencia en el caso de la Ciudad del Fútbol, situada en dicha localidad madrileña. En concreto, se trata del exalcalde y actual diputado regional de Madrid Bonifacio de Santiago y otros siete concejales –todos ellos del PP–, entre los que se encuentran dos que aún forman parte del equipo de Gobierno.
La Fiscalía solicita para ellos entre siete y nueve años de inhabilitación para cargo público por acordar la prórroga del uso de las instalaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) “pese a tener conocimiento” –reza literalmente el escrito de acusación– de que un auto de 2009 del TSJM “había anulado la autorización provisional acordada por la Junta de Gobierno el 24 de junio de 2008”.
El Ministerio Público argumenta que el mencionado acuerdo del Ejecutivo municipal era “nulo” y “contravenía la sentencia 1474/2004 (…) que requería de nuevo al alcalde" y le advertía de que podía "incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”. A pesar de este ultimátum, continúa en su escrito de acusación, “la situación de autorización provisional de uso a favor de la Real Federación Española de Fútbol se mantuvo hasta la presentación de la denuncia por el fiscal el 10 de octubre de 2013”.
Según la Fiscalía, todos los miembros del equipo de Gobierno decidieron desobedecer durante años la sentencia que los obligaba a rectificar la concesión de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal a la RFEF. Según indicó la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJM Susana Polo en su auto de transformación en procedimiento abreviado dictado el pasado diciembre, “los imputados actuaron con desprecio a las decisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federación Española de Fútbol”.
El Ayuntamiento cedió la parcela donde hoy se levanta el macrocomplejo deportivo donde entrena la Selección Española en 1998. La decisión del traspaso tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de las Rozas pasó por alto que se trataba de terrenos de dominio público y que, por lo tanto, no se podía entregar la propiedad, como había ocurrido. Los grupos municipales de PSOE e IU interpusieron un recurso contencioso-administrativo y los tribunales les dieron la razón en 2004 mediante sentencia que se tornó firme tres años después, una vez que las instalaciones deportivas ya estaban construidas.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ordenó al Ayuntamiento ejecutar la resolución y exigió a la Federación que evitara hacer contratos o transmisiones del suelo. Sin embargo, el Gobierno local ignoró el mandamiento judicial y concedió a la Federación una autorización provisional para el uso de la finca.
Además de De Santiago, los próximos 14, 15 y 16 de abril también se sentarán en el banquillo de los acusados los ediles Francisco Javier Espadas, Isabel Grañeda, Gema Matamoros, Juan Ramón Ruiz, José Luis Álvarez, Antonio Garde y Pedro Núñez Morgades.
* El Confidencial - Roberto R.Ballesteros - 8.4.15
Foto: Las Rozas (Madrid), ciudad del fútbol aérea - diariogol
El urbanismo en tiempos de Google: los reyes de internet invaden las ciudades
Las sedes de las grandes empresas que dominan internet se construyen como islas tecnológicas de aparente sostenibilidad, mientras los habitantes de los municipios donde se ubican continúan con su vida sorteando los problemas de tráfico, contaminación y desequilibrio social que provocan. ¿Es compatible su idea de urbanismo individualista con el desarrollo de las ciudades?
"LUCÍA CABALLERO* : Google llegó a Mountain View en 1999 para instalarse como una ‘startup’ más del floreciente Valle del Silicio. Probablemente, pocos paisanos repararon en aquellos primeros 40 trabajadores, acomodados en una oficina corriente. Hoy, los dominios del gigante en el municipio californiano cuentan con unos 80 edificios, entre alquileres y propiedades, que ocupan casi 70.000 metros cuadrados.
Googleplex, este complejo que constituye el cuartel general de la compañía, es un reflejo material de su hegemonía en internet: una isla tecnológica diseñada para satisfacer las necesidades de una comunidad muy particular. Una especie de gueto que “agrava los grandes problemas de la ciudad: la segregación espacial, el desequilibrio social y económico, la falta de relaciones entre personas y el transporte masivo”, explica a HojaDeRouter.com Jon Aguirre, arquitecto de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal.
Sin embargo, para una empresa multimillonaria en constante crecimiento, esto no es suficiente. La compañía dirigida por Larry Page ha anunciado recientemente que quiere ampliar su particular imperio en cuatro de las localizaciones donde ya tiene oficinas.
Google no se anda con nimiedades. Pretende edificar una serie de construcciones en forma de bloque; ligeras y móviles, que abarcarán más de 23.000 metros cuadrados y darán cabida a 10.000 nuevos trabajadores. El diseño del arquitecto danés Bjarke Ingels y la firma londinense Heatherwick Studio aboga por la sostenibilidad: se integrará en el entorno urbano y natural, fomentando la creación de negocios locales. ¿Dejará entonces de ser una isla tecnológica para conectarse con el mundo que le rodea?
“No es una cuestión de que Google proponga una manera de hacer urbanismo, sino de su propuesta y cómo pretende llevarla a cabo”, asegura Aguirre. Las grandes corporaciones, ya hablemos de bancos o tecnológicas, “tienen un papel importante en la construcción de la ciudad, el problema viene cuando no hay un equilibrio”.
Las multinacionales tienden a promover su propia idea de urbe, encauzada a retroalimentar su ya patente liderazgo, sin prestar demasiada atención a los agentes afectados por sus iniciativas. No hace falta cruzar el charco para ver esta realidad. Aguirre pone como ejemplo la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte y el Distrito Telefónica en Las Tablas. En contraposición a sus ideas egocéntricas, “el territorio debería edificarse desde la convergencia de la ciudadanía, la administración pública y el sector privado”, señala.
LUCHA DE GIGANTES
El plan de ‘la gran G’ es uno de los muchos que han recibido en el Ayuntamiento de Mountain View, que busca propuestas para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos al norte de la autopista 101. Entre los requisitos figura la contribución al desarrollo de la comunidad local, de ahí el sospechoso alarde de sensibilidad social por parte de Google.
Su solicitud tiene que competir con las del resto de gigantes instalados en la localidad por un suelo cada vez más cotizado. Según los informes que las autoridades han hecho públicos, harían falta unos 557 kilómetros cuadrados para dar cabida a todas los proyectos, frente a los 232 que ofrece la administración.
LinkedIn, por su parte, ha planteado la construcción de seis oficinas, acompañadas de un teatro y un club deportivo, todo ello englobado en un proyecto que ha bautizado como Shoreline Commons y que también parece fomentar la integración con la comunidad externa a sus dominios. Paradójicamente, la idea corresponde a los mismos arquitectos que han diseñado la ampliación de Googleplex.
Pertenezcan a quien pertenezcan, las nuevas oficinas contribuirán a empeorar el tráfico en la caótica 101, por donde circulan cada día los autobuses que llevan a los trabajadores de Google al complejo corporativo. La mayoría de sus aproximadamente 15.000 empleados viven fuera de Mountain View. “La zona de la bahía de San Francisco necesita un plan regional para solucionar sus problemas de transporte, del que estas empresas se han desentendido creando redes de movilidad privadas solo para su plantilla”, critica Alexandra Lange, experta en diseño urbano y autora de 'The Dot-Com City: Silicon Valley Urbanism' (La ciudad 'puntocom': el urbanismo de Silicon Valley).
Google y LinkedIn no son las únicas empresas de internet con grandes pretensiones urbanísticas, ni Mountain View el único municipio de lo que conocemos como Silicon Valley en proceso de colonización. Facebook se expande por Menlo Park y Apple también se ha embarcado en la construcción de un nuevo campus en Cupertino, después de que su proyecto fuera aprobado en noviembre del pasado año por las autoridades de la localidad. El diseño del edificio - 260.000 m2 dispuestos en forma de 'donut' y cuatro plantas - ha corrido a cargo del afamado arquitecto Norman Foster.
Los de la manzana mordida presumen de la sostenibilidad de la construcción y de su eficiencia energética, y aseguran que toda la potencia provendrá de fuentes renovables. Según Tim Cook, máximo responsable de la compañía, ocuparán las nuevas oficinas en 2016.
ALIADOS IMPRESCINDIBLES
Hay precedentes de propuestas rechazadas por demasiado ambiciosas, pero ¿qué ayuntamiento querría deshacerse de Facebook, Apple, Google o Linkedin? “Estas empresas pagan grandes impuestos en sus ciudades, así que los gobernantes no quieren disgustarles para que no se marchen”, afirma Lange.
Su poder económico les convierte en “un agente con una fuerte personalidad y capacidad de impacto público, por lo que disfrutan de un trato preferente”, indica Manuel Fernández, investigador y consultor en políticas urbanas. Los complejos donde se instalan sus sedes “tienen una capacidad enorme de modificar la realidad de los espacios que ocupan”.
El alcalde de San Francisco ha querido aprovechar este potencial de cambio con una estrategia diferente: revitalizar el barrio de Mid Market. Allí se ubican desde 2012 las oficinas de Twitter, entre otras ‘startups’, en un intento por convertir una zona desfavorecida en un centro empresarial. Según Fernández, el desarrollo suburbano de Apple y Google convive actualmente con esta otra tendencia: “la vuelta a las ciudades como espacios de actividad económica e industrial”.
Una corriente que también se aprecia en el proyecto Downtown de Las Vegas, donde “las empresas se han trasladado al centro para crear oportunidades de innovación y ‘coworking”, explica el urbanista y escritor Leo Hollis. En 2009, el fundador de Zappos, Tony Shieh, invirtió 200 millones de dólares en propiedades de esta zona para construir lo que, según él, sería “la capital del mundo del coworking”.
Pese a que ambas ideas parecen positivas, Hollis no las ve con buenos ojos. “Es una cuestión de gentrificación”, asevera. Los precios de las viviendas aumentan y “ la innovación puede repeler a la comunidad que existía previamente en esa área”. Para evitarlo, las compañías con sede en San Francisco trabajan para que los habitantes del barrio se sientan integrados, incluso les abren las puertas de sus oficinas una vez a la semana. Fernández cree que su estrategia funciona: “si contribuyen a mejorar su entorno, van a repercutir positivamente en su propia actividad”.
Esa es precisamente una de las funciones del urbanismo: acabar con los desequilibrios sociales. Para ello, deben brindarse oportunidades no solo a las élites intelectuales, sino también a los menos preparados o quienes proceden de entornos con pocas opciones. No obstante, ¿hasta qué punto pueden los gigantes de internet crear puestos de trabajo para personas poco cualificadas?
“El problema es la elitización del empleo”, indica el arquitecto de Paisaje Transversal. Los trabajadores de estas empresas son personas “con recursos, que habrían encontrado un puesto en otro sitio”. Quienes no cumplen los requisitos quedan excluidos. Un fenómeno especialmente acusado en las afueras o suburbios, donde más desigualdades existen, y donde se localizan las aparatosas sedes de las tecnológicas.
Aunque se comienza a percibir cierto interés por la sociedad en que se incluyen, aún no sabemos si Apple, Google, Facebook y compañía podrán contribuir a su bienestar. La solución pasa porque aporten su conocimiento y recursos para “ dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad”, afirma Aguirre, y no solo para alimentar las ambiciones de sus directivos. El impacto medioambiental, económico y social que continúan generando no puede salvarse con construcciones megalómanas ni garantías de eficiencia energética.
* El Diario - LC - 6.4.15
Foto: Sede de Google en Mountain View - Robbie Shade
Suspende pagos un hotel de lujo al que la Xunta dio cuatro millones
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Los despilfarros públicos abarcan todo el territorio y así lo demuestra este nuevo caso en Galicia: el Palacio de Sober, donde la Xunta 'popular' concedió 4 millones para el establecimiento de un hotel de lujo. El propio presidente Feijoo se implicó en el proyecto como modelo turístico, asistiendo en 2010 a la inauguración, pero ni con ese apoyo el negocio salió adelante y desde el verano de 2014 permanece cerrado el conjunto. Por supuesto, ningún responsable político ha dado explicaciones ni ha sido acusado por el dispendio delictivo.
"ELPAÍS* : Pretendía ser una referencia del turismo de lujo en la Galicia interior, un hotel con balneario, helipuerto y suites que podían costar hasta 750 euros por noche. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistió a su inauguración, en octubre de 2010, en el municipio lucense de Sober, al tiempo que su Gobierno se volcaba con el proyecto, para el que movilizó cerca de cuatro millones de euros entre créditos y ayudas.
La iniciativa, en plena crisis, nunca acabó de arrancar y ha acabado en fiasco total después de que la empresa propietaria haya solicitado en un juzgado de Madrid el concurso de acreedores.
La compañía promotora del hotel, la madrileña Alvaher 98, había adquirido el considerado mayor pazo de Galicia en 2007 a los padres de la actual delegada de la Xunta en Lugo y entonces alcaldesa de Sober, Raquel Arias. Ellos lo habían comprado, junto a una finca de 4.000 metros cuadrados, en los años noventa, cuando llevaba medio siglo deshabitado. En el proyecto del hotel, según los datos facilitados en su día por sus promotores, se invirtieron 7,8 millones de euros, de los cuales casi cuatro los aportó la Xunta: el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) gestionó un crédito de 2,5 millones del Banco Europeo de Inversiones, al tiempo que la empresa recibía otros 887.000 euros de incentivos a la inversión y 418.000 de fondos regionales del Ministerio de Economía tramitados por el Gobierno autónomo.
Los problemas surgieron al poco de su apertura . “Fue un proyecto mal parido desde el principio”, señalaron ayer los diputados socialistas Juan Carlos González Santín y Vicente Docasar, que anunciaron que exigirán explicaciones a la Xunta en el Parlamento. La constructora subcontratada para remodelar el edificio se quejó de retrasos en los pagos, un práctica que pronto empezaron a sufrir también los 36 empleados y proveedores de la comarca.
A comienzos de 2013, la empresa solicitó un ERE temporal presentado como un intento de salvar las dificultades. Pero desde el verano de 2014, el establecimiento ya permaneció cerrado. Según los socialistas lucenses, solo quedan cuatro trabajadores dedicados a mantenimiento y seguridad. “Es el momento de que el presidente Feijóo dé la cara, porque esto fue una apuesta personal suya y de la delegada de la Xunta”, señalaron los diputados del PSdeG.
* El País - 4.4.15
Foto: Hotel Palacio de Sober / NACHO GÓMEZ
Documental "Corrupción: el Organismo nocivo" (trailer V.O.S.E.)
Muchas veces, tras el estallido continúo de casos de corrupción en España en los últimos años, nos hemos hecho una pregunta: ¿Pero es que nadie se dio cuenta? En el documental "Corrupción: el organismo nocivo" tiene la respuesta.
Sí, algunos técnicos al menos, sí estaban ahí. Interventores de ayuntamientos, arquitectos municipales, directores de planeamiento, inspectores de cursos de formación manifestaron donde fue preciso que aquello -aquel hotel, este edificio, aquella recalificación, ese contrato…- no se podía hacer.
Ahora que, como decía el exministro Miguel Sebastián, “nos quitaron la música de la fiesta”, este documental pone cara a aquellos que siempre tuvieron una conducta ejemplar. Maite Carol fue una de esas personas. Fue interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet entre el 2006 y el 2010, cuando se vio envuelto en el caso Pretoria. Advirtió que algo que pretendía hacer el Ayuntamiento era ilegal, pero pensó que simplemente se habían equivocado: “La sorpresa llega cuando elaboro el expediente y no solo no lo paran sino que lo leen detenidamente, en voz alta, y lo rompen delante de mi cara”, entonces empezó su Vía Crucis. “Decían que estaba obsesionada, loca. Y cuando estalla el caso, la voz institucional decía que todo eso había pasado porque nadie había levantado la voz, que cómo iban a saber eso su había una interventora”, relata Maite, que además fue sustituida en su cargo, “me sentía muy sola pero me sentí especialmente sola después, porque en el momento que estalla el caso, en vez de apoyarme fue justo al contrario”.
Otro protagonista del documental es Fernando. Ha sido economista e interventor en varios ayuntamientos españoles y ahora mismo ejerce como interventor en el de Orihuela. Tiene 30 años a sus espaldas trabajando en la administración y ha denunciado un sin fin de irregularidades y delitos. Asegura que la corrupción en las instituciones no es cosa del pasado: “Esto sigue ocurriendo día a día. Se sigue saqueando, se llevan comisiones y se conceden contratos desmesurados en muchos ayuntamientos”, así que concluye sin tapujos y siguiendo con la idea del título del documental que “en este momento la corrupción en nuestro país ha alcanzado la metástasis total”.
“No existe un Estado de derecho frente a la corrupción, sólo somos individuos aislados los que luchamos contra ella”, dice rotundo Fernando que afirma que en la Transición se eliminaron los controlesinternos y externos a la administración y se le ha desprovisto de medios judiciales: "No hay elementos preventivos contra este cáncer de la corrupción. Tampoco hay elementos curativos ni quirúrgicos". Se pone él como ejemplo tras afirmar que los casos que estamos viendo ahora en los juzgados son casos de 10 años: "El lunes pasado declaré en mi tercer juicio por un informe mío de 2003".
* Cadena SER - 1.4.15
La Ciudad de la Seguridad, nuevo fiasco de Botella que supondrá 10 millones de gasto para Madrid
Madrid parece un compendio de desastres urbanísticos propiciados por un Ayuntamiento sin cabeza que lleva actuando de la misma forma desde hace decenios. La nueva Ciudad de la Seguridad es un proyecto de la 'popular' A.Botella que sigue atascado, a pesar de la necesidad de ahorro en los altos alquileres actuales de los diversos edificios para la Policía Municipal. Dados los defectos del proyecto, producto de la disputa entre Concejalías, la resolución de las obras se retrasa con lo que supondrá al menos 10 millones más de gasto para todos los madrileños. Todo eso después de haber invertido otro tanto en la parte ya construida. Habrá que esperar para ver qué ocurre tras las próximas elecciones.
"VOZPÓPULI* : Uno de los proyectos estrella de Ana Botella como alcaldesa de Madrid, la llamada Ciudad de la Seguridad, se le vuelve en contra a modo de despedida del cargo que abandonará en breve, justo antes de las elecciones municipales de finales de mayo. El traslado de los efectivos de la Policía Municipal a una sola sede, con el correspondiente ahorro de los costosos alquileres de las dependencias que ocupan en la actualidad, ha quedado en suspenso debido a las notables fallas de seguridad que presenta el proyecto.
La necesidad de realizar trabajos adicionales para cubrir los defectos demorará el traslado y el ahorro de algo más de cinco millones de euros al año pretendido por el Consistorio se transformará en más de 10 millones de costes adicionales.
Una cantidad a la que hay que sumar la inversión de algo más de ocho millones de euros en la construcción de la Ciudad de la Seguridad, adjudicada en su día a la UTE compuesta por Edhinor y Molina, cuyos trabajos están a punto de finalizar. El traslado de la Policía Municipal estaba previsto para el próximo mes de junio o de julio, como más tarde.
Sin embargo, la mudanza tendrá que esperar aún un tiempo que todavía no está estimado pero que no será precisamente corto, con lo que la citada inversión servirá, de momento, para aprovechar el edificio tan sólo en un 20% aproximadamente.
El problema radica en que el diseño de la Ciudad de la Seguridad, situada en la Casa de Campo, no cuenta con una serie de condiciones de seguridad que la Policía Municipal reclama y más desde el atentado de París contra la sede del semanario Charlie Hebdo, que ha colocado en el centro de la diana del terrorismo yihadista a estos cuerpos de seguridad.
Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que los responsables del cuerpo echan en falta aspectos tan simples como la instalación de un cerramiento perimetral del edificio, que con el diseño actual resulta demasiado accesible para tratarse de un inmueble que alberga una sede policial. El diseño tampoco incluía en su día el asfaltado de los accesos, que también deberán llevarse a cabo en una segunda fase que retrasará el traslado de los efectivos policiales a la Ciudad de la Seguridad y provocará que el Ayuntamiento, es decir, todos los madrileños, tengan que seguir costeando los elevados alquileres de las dependencias en las que se encuentran en la actualidad.
Un nuevo proceso licitador
Las citadas fuentes señalan que el Consistorio no contó en ningún momento con la Policía Municipal para el diseño de las instalaciones de la Ciudad de la Seguridad, aunque el 80% del espacio está destinado al cuerpo (el resto es para albergar a los servicios de emergencias que, de hecho, ya se encuentran ubicados en el inmueble). El enfado de los afectados se hizo patente en la visita oficial a las obras que llevó a cabo el Ayuntamiento, en el que no hubo representación de la Policía Municipal.
Los retrasos provocados por estas circunstancias vienen dados porque para proceder a realizar las necesarias reformas sobre el proyecto original, el Ayuntamiento ha partido de cero, con lo que en la actualidad se encuentra en el proceso para licitar la redacción del proyecto para introducir las mejoras oportunas y posteriormente deberá llevar a cabo un nuevo concurso para adjudicar las correspondientes obras.
Además, todos estos trámites se están dirigiendo sorprendentemente desde la Concejalía de Urbanismo, aunque fue la de Patrimonio y Hacienda la que se encargó del proyecto de la Ciudad de la Seguridad desde el principio.
No obstante, las carencias del diseño original del proyecto podrían haberse solventado de una forma mucho más rápida, lo que hubiera repercutido en un mayor ahorro por parte del Ayuntamiento. Al tratarse en realidad de trabajos menores, cuyo coste no supera en ningún caso el 50% del contrato original, la Ley permitiría al Consistorio considerarlos como obras complementarias y, por lo tanto, adjudicarlos a la UTE Edhinor-Molina sin necesidad de proceder a un nuevo concurso y con la ventaja de ahorrar mucho tiempo y dinero.
Pero no ha sido el caso. El proceso burocrático apenas se ha puesto en marcha y se verá paralizado por el fin de la legislatura, la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y la posterior composición del nuevo equipo de Gobierno, que tendrá que resolver una nueva herencia envenenada y costosa.
* VozPópuli - Raul Pozo - 23.3.15
Foto: Las obras de la Ciudad de la Seguridad, una nueva polémica del Ayuntamiento de Madrid - Vozpópuli
Urbanismo en Barcelona, fin de ciclo
En lo que llevamos de siglo Barcelona ha pasado de ser considerada referente en cuanto al Urbanismo, con un modelo de ciudad paisajista y de espacios urbanos de calidad, a un "sálvese quien pueda" característico de la nueva urbe neoliberal. Ahora lo que predomina es el capitalismo urbanístico, salvaje y despiadado, en vez del participativo ciudadano. Los nuevos centros financieros y los desarrollos obsoletos con predominio del automóvil son, como en otras ciudades, la moneda común no deseada para la vida social cotidiana. Los cambios urbanísticos por hacer en Barcelona deben ser radicales si se quiere figurar de nuevo a la vanguardia, con ejemplos de activismo participativo y de coordinación territorial.
"JOSEP MARIA MONTANER* : Cataluña había sido reconocida por su urbanismo basado en el proyecto, la resolución de las infraestructuras en relación al entorno, un nuevo paisajismo y unos espacios públicos y parques metropolitanos con obras de arte; con el referente internacional del modelo Barcelona. Esto ya forma parte de un ciclo terminado. La ausencia de obras trascendentes en el territorio durante estos cinco años de recortes y la parálisis en algunas áreas de Barcelona son muestras de este retroceso.
De haber intentado relacionar bien las infraestructuras con la ciudad se ha pasado a tolerar heridas endémicas, como las interminables obras ferroviarias en La Sagrera; y de la limitada presencia de la ciudadanía en este urbanismo ilustrado se ha pasado a que ésta sea una escenografía.
Este urbanismo, tan valorado, era herencia de Ildefons Cerdà y de los hermanos Rubió i Tudurí. Su reformulación arrancó con el Grup R, se tejió en la universidad pública, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en los años setenta con el LUB (el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, de Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets y otros), fue activada por las luchas de los movimientos urbanos durante la Transición, y se aplicó, en parte, en el urbanismo impulsado por Oriol Bohigas y su equipo en los años ochenta.
Al final del recorrido se evidencia lo que han dado de sí estos cuatro años de relevo, con el predominio en Barcelona de la falsa vanguardia representada por el Institut for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) y los arquitectos que encabezan Hábitat Urbano y Barcelona Regional: el humo de la smart city, centenares de renders no realizados y varios proyectos fuera de Cataluña.
En este contexto de ciclo que se acaba, lo chocante no es que la CUP de Barcelona dictamine que “en esta ciudad no han gobernado las izquierdas, han gobernado los capitales”, allá cada uno con su esquematismo; lo es que ninguno de los que promovieron la recuperación de la ciudad democrática salga a argumentar y defender las aportaciones del modelo Barcelona. Incluso el maragallismo ha sido apropiado por Esquerra Republicana.
Este fin de ciclo queda señalado por dos exposiciones. Metrópolis Barcelona, en el Disseny Hub, que presenta una acumulación fantástica de datos para fomentar la conciencia de escala metropolitana, pero que ni visibiliza el material humano y social, ni explicita diagnósticos, ni propone estrategias para el Plan Director Urbanístico (PDU). Recordemos el aviso de Byung-Chul Han, la acumulación big data no conlleva ninguna interpretación, “es ciega ante el acontecimiento”. Y Catalunya Ciutats, en las Drassanes, que pretende enlazar con los 100 años de historia tras la labor cívica de la Mancomunitat y no hace más que mostrar la falta de ideas sobre el territorio de la actual Generalitat.
El modelo de ciudad expansionista y empresarial, basada en el control y en el uso del automóvil, está obsoleto. Ha de surgir una ciudad alternativa, de la subjetividad y la diversidad, reclamada e imaginada por los auténticos protagonistas: movimientos urbanos y redes sociales; ecologistas, feministas, activistas y sindicalistas; colectivos, cooperativas y asociaciones; y también los habitantes procedentes de otras latitudes.
En las próximas elecciones municipales cada ciudad podrá decidir si continúa con los viejos modelos, gestionados por una casta alejada de la realidad, que tolera las mafias y la especulación, o si impulsa un nuevo urbanismo en Catalunya, que recapitule, heredando las mejores tradiciones, y que, al unísono, rompa con las inercias y se ponga en sintonía con los tiempos; un nuevo municipalismo basado en la gestión participativa y transparente, pensado para sumar esfuerzos de manera integradora, en el que tomen forma, en el espacio público y el privado, los derechos humanos.
¿Cómo son las ciudades que buscan alternativas a la gestión neoliberal, se basan en la cooperación, afrontan las crisis ecológicas y el exceso de contaminación, y son capaces de ensayar y experimentar? Podemos iniciar una nueva época de coordinación metropolitana y territorial, debatiendo qué se transforma y qué se protege; qué inversiones son prioritarias para el bien común y cuales obedecen a visiones periclitadas e interesadas; por dónde y cómo se puede mejorar el comercio de proximidad y dónde están las áreas de oportunidad para la producción artesanal, industrial y digital. La resignificación del territorio va mucho más allá de los mitos de la movilidad y la información. Tiene que ver con disfrutar de estructuras y servicios urbanos para la vida activa y creativa de las personas en los barrios; el empoderamiento de los múltiples focos sociales de reunión y autoorganización; y también la vibilidad de la memoria.
Este es un reto demasiado importante para nuestro futuro y el de nuestro territorio para dejarlo pasar. No podemos seguir acomodados en la inercia, inmóviles ante las ineficacias dominantes y engañados por el consumismo.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.
* El País - JM.Montaner - 26.3.15
Foto: Barcelona, contaminación - elpaís
Imputadas 63 personas por construcciones ilegales en El Puerto de Santa María
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No hace falta remontarse muy lejos en el tiempo para reconocer que el urbanismo en El Puerto (Cádiz) ha sido catastrófico y lleno de ilegalidades; en este mismo Blog se puede comprobar lo sucedido en los últimos años. El asunto de las miles de viviendas irregulares continúa a pesar de haberse realizado un nuevo Plan General. El Ayuntamiento 'popular' gobernante siempre ha pretendido legalizarlas como fuera, mientras la Junta socialista callaba y otorgaba con complicidad. La justicia ha estado también poco diligente, como suele ser su norma urbanística, aunque ahora ha imputado a 63 propietarios por delito contra la Ordenación del Territorio. Ya veremos si esto sigue adelante porque, de momento, derribos ha habido muy pocos y las sanciones pueden prescribir.
"ANDALUCES* : El equipo del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en Cádiz ha instruido diligencias por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y ha imputado a un total de 63 personas por una serie de construcciones ilegales detectadas en la localidad de El Puerto de Santa María.
En una nota, la Junta explica que las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Cádiz como consecuencia de una denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María, lugar en el que, presuntamente, se habían cometido las irregularidades.
Esta denuncia es una recopilación de varias que fueron formuladas por la organización ecologista entre los años 2008 a 2012, todas relacionadas con construcciones que, presuntamente, vulneraban la legalidad urbanística por estar levantadas sobre suelo no urbano ni urbanizable, “sin que los responsables municipales del Ayuntamiento con competencias en la materia actuaran disciplinariamente contra las mismas”, según destacaban los denunciantes.
NO HACER NADA ES DELITO
De esta forma, las denuncias de esta organización iban inicialmente dirigidas contra el Ayuntamiento de El Puerto por la “laxitud y pasividad del mismo”, al no utilizar los medios legales que existen a su alcance para impedir las construcciones, al no haber actuado con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras, al no haber instado al restablecimiento de la realidad física alterada en los casos que procedieran y al no actuar disciplinariamente, con incumplimiento de la ley, lo que permitió la proliferación de las construcciones ilegales en la zona.
Las primeras investigaciones por esta cuestión provocaron la apertura de varias diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción numero 2 de El Puerto de Santa María, que fue el que encargó al Área de Urbanismo y Medio Ambiente de la Unidad Policial Adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz las oportunas investigaciones y la instrucción del correspondiente atestado.
Fruto de esta actuación, los agentes identificaron a todos y cada uno de los propietarios de las construcciones ilegales, que fueron citados en sede policial, y se imputó a un total de 63 personas por dichas construcciones que habían sido realizadas “sin ningún tipo de permiso o licencia”.
SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Detalla que muchas de las parcelas en las que se habían realizado las construcciones habían sido transmitidas mediante documentos privados o entre familiares, por lo que fue necesario determinar quiénes eran los propietarios reales de las parcelas, ya que “no constaban en ningún tipo de registro público”.
Las zonas en las que se detectan las construcciones ilegales, muchas de ellas viviendas, son conocidas como Pago Buenavista, Laguna Chica y Pago Machete, todas ellas catalogadas como suelo no urbanizable de especial protección, ya que están incluidas dentro del denominado Corredor Verde.
Destaca que, de hecho, el Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz incluye por planificación territorial suelos de El Puerto de Santa María en la Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz desde el año 2004. Las diligencias policiales ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María.
* Andaluces diario - 1.4.15
Foto: El Puerto (Cádiz), diseminados - bahiadecadiz
El millonario campo de golf de la Comunidad de Madrid pasa de pelotazo a parque deteriorado
El ilegal campo de golf del Canal, situado en pleno centro de Madrid en el barrio de Chamberí, fue un empeño de la expresidenta 'popular', E.Aguirre, cuando estaba al mando de la Comunidad. Su realización fue protestada por vecinos, asociaciones y hasta el propio Ayuntamiento que le denegó la licencia, a pesar de lo cual se hizo irregularmente, incluso contra varias sentencias judiciales, cuando todos, además, querían un parque como pulmón verde de toda esa zona urbana. Sin hablar del abuso urbanístico que suponía (y supone) tener una gran zona privada nueva en medio del barrio, algo único y demoledor entre las grandes ciudades del planeta. Pero claro, detrás del golf había un negocio lucrativo, ya que la adjudicación del contrato privado fue para un socio del hermano del actual presidente Ignacio González. Así se empieza a entender todo el asunto y el deterioro del resto del conjunto.
"ELDIARIO* : El parque de Santander, la zona verde recreativa que rodea al ínclito campo de Golf que la Comunidad de Madrid construyó en el distrito de Chamberí de Madrid, se deteriora. La zona gratuita abierta al público de las instalaciones del Tercer Depósito del Canal de Isabel II sufre daños desde hace semanas en sus fuentes, máquinas de ejercicios y columpios que no se reparan.
El recinto del Canal es célebre en Madrid porque fue un empeño personal de Esperanza Aguirre, que lo levantó contra el criterio de los vecinos del barrio —que querían y quieren sólo un parque, no un campo de golf—, contra la oposición y el propio criterio del Ayuntamiento, que denegó el permiso para realizarlo. La adjudicación de las zonas de pago del parque señalan al actual presidente regional, Ignacio González, que la adjudicó a un socio de su hermano y su cuñado, y el recinto se ha visto por dos veces señalado por la Justicia por ilegal. Ahí sigue pese a todo ello, sufriendo el paso del tiempo, al menos en la parte abierta al público que Aguirre utilizó como argumento para sostenerlo contra viento y marea.
La mitad de las fuentes del parque no funciona, una de las máquinas del circuito para realizar ejercicios lleva más de un mes tumbada en el suelo, al menos dos de los columpios de una de las zonas de juegos infantiles están precintados y no se pueden utilizar. El propio campo de golf no se salva de la falta de mantenimiento. Una de las dos plataformas destinadas a la práctica está cerrada y el césped artificial de toda esa zona, levantado.
Fuentes del Canal de Isabel II, propietaria de los terrenos y responsable del parque, niegan que exista tal deterioro y afirman que las instalaciones son víctimas de actos vandálicos. "No es una falta de mantenimiento, es justo al revés. Los estudios que hacemos a nivel de usuario nos dicen que el parque está bien, los usuarios nos felicitan", asegura una portavoz del ente. "Las fuentes las reparamos, pero los niños juegan, les meten arena, y se atascan", afirma. Algunas llevan más de un mes sin dar agua, sin embargo. Respecto a los columpios y la máquina, esta portavoz asegura que están en proceso de cambiarlos por otros nuevos, y que al ser una empresa pública esto lleva sus plazos.
Las instalaciones del Canal han estado rodeadas de polémica desde que se construyeron, en 2003. La entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, invirtió 50 millones de euros en un recinto con dos zonas diferenciadas: una para la práctica de deportes de pago con dos campos de fútbol, ocho pistas de padel, un campo para la práctica del golf y un pitch & putt (un mini campo de golf) y alrededor de todo esto un parque con una pista de tartán de 1,2 kilómetros y un pequeño circuito deportivo para realizar ejercicios.
Aguirre levantó el campo de golf, que ocupa casi un cuarto de la superficie total de todo el recinto, bajo el argumento de "enriquecer la oferta del entorno". La presidenta apeló al "interés general" para realizar la obra, presumió de que las zonas verdes comunes aumentaban notablemente respecto a lo que había antes y levantó el recinto con la oposición también del Ayuntamiento de Madrid, que dirigía Alberto Ruiz Gallardón.
Después se supo que el Canal de Isabel II, que por entonces presidía Ignacio González, el actual presidente de la Comunidad de Madrid, había adjudicado la gestión del campo de golf —con el voto del propio González, que no se abstuvo— a la empresa Tecnoconcret S.L., creada sólo seis semanas antes de la adjudicación, sin experiencia en el sector y entre cuyos dueños figuraba un socio de su hermano y de su cuñado.
Desde que se construyó el campo de golf la Comunidad ha ido acumulando reveses judiciales por las obras. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid negó que existiera el "interés público" al que Aguirre se aferró para realizar la obra. "No está motivado, responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas que (...) en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos", razonó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Luego el Supremo desestimó el recurso que la Comunidad había interpuesto y dio la razón a la asociación de vecinos El Organillo, que había cuestionado este supuesto "interés general".
Los fallos judiciales no amedrentaron a Aguirre, que elaboró un plan especial para legalizar el proyecto a posteriori. Pese a ello, una década después de haber levantado el campo de golf, este no cuenta aún con la preceptiva licencia del ayuntamiento para operar. Fuentes del Canal lo reconocen, pero con matices: "La Justicia no nos ha exigido cerrar el parque por esto en ningún caso, determinó que había que regularizar la situación urbanística y administrativa. Lo que se ha hecho, se tramitó ante el ayuntamiento la licencia en agosto y estamos desde entonces esperando", explica su portavoz. "Estamos abiertos porque estamos habilitados para estar abiertos", recalca.
* El Diario - Daniel Sánchez Caballero - 17.3.15
Foto: Una máquina de ejercicios deteriorada en el Parque Santander.- eldiario
El ladrillo amenaza un bosque litoral en Oropesa del Mar
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De nuevo estamos ante las prisas municipales por realizar proyectos imposibles antes de las elecciones. En Oropesa (Castellón) el gobierno 'popular' ha sacado del cajón un antiguo Plan urbanístico (2003) que pretende duplicar el número de viviendas en el municipio, cuando buena parte de las construidas actualmente están vacías. Pero, además, el Ayuntamiento las quiere levantar en un pinar de gran valor ambiental junto al mar, por lo que varios colectivos y vecinos de la localidad han protestado fuertemente. Hay que tener en cuenta que el actual Plan General es del año 1982 y no está actualizado a las modernas normas medioambientales, a pesar de lo que dice la Ley vigente de la interesada Generalitat valenciana.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Oropesa quiere sacar adelante un proyecto urbanístico sobre lo que ahora es un pinar litoral de 110.678 metros cuadrados. Es la denuncia que ayer realizó la plataforma Bosc Viu (que aglutina a organizaciones como Acció Ecologista-Agró y Gecen) y un grupo de vecinos de una urbanización colindante. El proyecto dormía desde 2003, cuando el Consistorio lo adjudicó provisionalmente, y ha sido retomado recientemente.
“El Ayuntamiento tiene previsto aprobar este PAI antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas por temor a perder el poder”, indicaron. “No hay nada decidido”, dijo Tomás Fabregat, edil de Urbanismo, sin querer entrar en más detalles.
El plan es conocido como Ampliación El Balcó y su suelo, pese a ser pinar de “gran valor ambiental”, según los ecologistas, está catalogado como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente en Oropesa, que es el de 1982. “El PGOU no se ajusta ni tiene en cuenta los importantes y numerosos cambios legislativos producidos desde 1982 hasta hoy (…) Fue aprobado sin que mediaría una previa Declaración de Impacto Ambiental”, advirtió la Consejería de Medio Ambiente en un documento de 2009 por el que suspendió el proyecto y lo supeditó a un estudio ambiental. Con este escrito, la Comisión Territorial de Urbanismo criticó que la clasificación del suelo urbanizable del plan del 82 “no es congruente con los valores medioambientales existentes” y exigió que cualquier terreno del litoral de Oropesa que fuera “urbanizable” y contara con una programación prevista (como el caso de la ampliación de El Balcó), debía ser tratado legalmente como no urbanizable. El Ayuntamiento tuvo que sacar el proyecto a información pública.
En diciembre de 2012 la Generalitat aprobó la Ley 10/2012 de Medidas Fiscales y fijó que, a partir de entonces, cualquier terreno que figurase como urbanizable en el PGOU sería considerado así. El proyecto dejaba de contar con un paraguas protector. Inmediatamente, el 14 de enero de 2013, el Ayuntamiento mandó un escrito a la Consejería pidiendo que se reanudara la tramitación de la aprobación definitiva “sin esperar contar con el informe favorable de la administración forestal”. El plan se reactiva.
“Es un PAI más que parecía que se había desactivado y ahora vuelve a renacer, en un momento en el que no tiene sentido”, dice Francisco González, portavoz del Gecen, que critica que, de seguir adelante, tendrá un “nefasto impacto” sobre el entorno, similar al que se produjo con las urbanizaciones colindantes con esta pineda. Ecologistas y vecinos criticaron que se quiera relanzar este plan cuando en el municipio hay urbanizaciones vacías.
Este terreno sigue como urbanizable en el nuevo PGOU que el Ayuntamiento está tramitando, un documento que se agarra al ladrillo al prever duplicar su parque de viviendas pese a admitir que una buena parte de las actuales están vacías.
* El País - Lorena Ortega - 28.3.15
Foto: Protesta de ecologistas ante el pinar amenazado por un plan urbano en Oropesa.- elpais
Operación Chamartín. Prótesis frente a acupuntura
Ya se ha escrito bastante en este Blog acerca del enorme pelotazo urbanístico que va a suponer la Operación Chamartín, un modelo de ampliación de la ciudad claramente desfasado y que va implicar más desequilibrio para Madrid en una zona ya de por sí congestionada. Aunque la idea del proyecto nace hace décadas, es en 2011 cuando se aprueba el Plan urbanístico gracias a un convenio de 11.000 millones de presupuesto (luego reducido). Algo tan desmesurado como los numerosos rascacielos que se pretenden implantar en la llamada zona financiera o las 17.000 nuevas viviendas. Eso sí, camuflado de unas zonas verdes residuales y falsas, al ir situadas sobre la misma Estación del tren. Es un proyecto agresivo y carente de sostenibilidad para el barrio y la ciudad entera, que no tiene ningún sentido hoy día, pero que el interés despilfarrador y faraónico de los políticos 'populares' quiere comenzar antes de las próximas elecciones, si nadie lo remedia.
"EDUARDO MANGADA* : La Operación Chamartín es un grave atentado contra Madrid. Es rechazable políticamente, tanto por su contenido como por sus promotores y el costo previsto para su desarrollo. Rechazable por el momento en que se proclama la aprobación del Plan Parcial que la sustenta jurídicamente (?) y la firma de un convenio urbanístico para su gestión y ejecución suscrito por la CAM, el Ayuntamiento, Renfe y DUCH (sociedad liderada por el BBVA). Una decisión que se adopta con una sospechosa celeridad y opacidad a menos de cien días de unas elecciones municipales y autonómicas en las que se anuncia, con un alto grado de probabilidad, un cambio de signo político, ideológico, en nuestros gobernantes. Una ofensa grosera y desleal al juego limpio democrático. Una falta de elegancia.
Igualmente rechazable por su dimensión y diseño urbano, faltos del más mínimo rigor disciplinar. Un encadenamiento de pequeños manhattans, una mezcla de tipologías diversas copiadas de revistas y tarjetas postales. Súmese a esto el que la pieza clave de este nuevo desarrollo es una inmensa y costosa losa de hormigón que cubre gran parte de las instalaciones ferroviarias. Una losa sobre la que se implanta el “parque central” de la nueva ciudad, evidenciando una falta de cultura botánica, unida a la incultura urbana. Desde el postmoderno Bofill de 1993, ya rechazable, al día de hoy, cada nuevo diseño urbano ha ido de mal en peor.
Previo a un análisis disciplinar, creo necesario exponer muy sucintamente un concepto, la resilencia, y dos metáforas, la prótesis y la acupuntura.
La resilencia es un concepto nacido de la mecánica de materiales y, especialmente, de la teoría de la elasticidad, que se ha extendido a la ecología, la sociología, la psicología e incluso la gerencia empresarial. Denominados resilencia a la capacidad de una viga, un árbol, una persona o un grupo social para recuperar su forma inicial, organización y funciones, tras sufrir una deformación producida por una fuerza o circunstancia externas cuando esta causa desaparece. Más próximo a nuestro tema, cabe referirse a la resilencia de los ecosistemas urbanos, ligada al concepto de sostenibilidad. Una ciudad es tanto más resilente cuanto más diversa es en todos sus componentes físicos y sociales; más compuesta por unidades esté, con una cierta autonomía, con una “estructura de gobernanza descentrentralizada”, pero no transformadas en guetos; más capacidad de retroalimentación tenga; más rica sea en capital social, entendido como la trama establecida entre el poder institucional y las redes sociales, “a través de plataformas y mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía y sus diferentes formas asociativas”; entre otros. (“La resilencia de los ecosistemas urbanos: una propuesta de evaluación para la sostenibilidad”. Tesis de Maestría de Marta Suárez Casado, 2012).
En el debate urbanístico suelen aparecer dos metáforas, un tanto simplonas, traídas de la medicina: la prótesis y la acupuntura. La primera se refiere a las grandes implantaciones de un nuevo desarrollo, potente por su dimensión y contenido en relación con la ciudad en que se asienta, sean incrustaciones en el tejido ya consolidado, sea como un añadido en sus bordes más o menos definidos. Por el contrario, hablamos de acupuntura cuando nos referimos a intervenciones puntuales de tamaño pequeño y medio, dispersas por la ciudad, cuyos efectos positivos se extienden más allá de sus límites enriqueciendo, recualificando, el entorno y, a veces, la ciudad entera. En estos casos cobra plena vigencia el concepto de “proyecto urbano” tal como lo entendió y definió Manuel de Solà-Morales.
Chamartín pertenece a la familia de las prótesis por su dimensión, contenido y forma, aunque, si nos referimos solo a la forma, cabe más bien calificarla de excrecencia, de un flemón urbano.
Un nuevo paradigma, forzado por la aguda crisis financiera que golpea el planeta, está presente hoy en el discurso urbanístico: construir sobre lo construido, hacer ciudad en la ciudad existente. Olvidemos la expansión dispersa de la ciudad sobre suelos vírgenes, que demanda nuevas y costosas infraestructuras y un gran consumo de recursos energéticos, junto con la ocupación indiscriminada del territorio y la expoliación del paisaje. Rentabilicemos la riqueza espacial, económica y social de nuestras ciudades, sus calles, sus edificios, sus ciudadanos y sus instituciones. La historia de la ciudad puede entenderse como un palimpsesto, como una serie de capas superpuestas que van configurando la nueva ciudad sobre la heredada.
Paradigma que conduce a un renacer de la austeridad como virtud y no como cobertura de una autodestructiva obsesión contra el déficit, que conlleva la degradación de la calidad de vida de los ciudadanos, justifica el recorte de derechos y la privatización de servicios sociales básicos. “Una agresión organizada que llamaremos austeridad”, dice Saskia Sassen. Recuperar un urbanismo de la austeridad que acuñó hace años Campos Venutti. Un saludable cambio de paradigma que puede desvirtuarse, banalizarse, cuando este hacer ciudad en la ciudad es solo un camuflaje de una agresión, una invasión por el poderoso bloque inmobiliario que, agotada la rentabilidad del crecimiento indiscriminado, descubre un nuevo nicho de negocio en la ciudad existente, aprovechando las rentas de situación. Chamartín responde a esta perversión. La apropiación de un inmenso territorio de nuestra ciudad para un gran negocio especulativo amparado por el poder político.
En momentos de gran incertidumbre frente al devenir económico, social y político, en los próximos años o décadas en los que, como réplicas violentas del terremoto actual, pueden repetirse crisis económicas y políticas que golpeen gravemente a nuestras ciudades. Las grandes dimensiones, fuertemente ancladas en el suelo y rígidamente construidas, soportadas por ingentes recursos técnicos y financieros, tienen poca resilencia, poca capacidad de recuperar su forma una vez pasada la dolorosa sacudida. Tras el golpe suele quedar una ruina más que se sumaría a las múltiples que la burbuja inmobiliaria ha dejado sembradas en nuestro país. Un desolado paisaje.
Nuestros sueños megalómanos de hoy pueden crear monstruos urbanos mañana.
Cabe afirmar que ganamos resilencia, al mismo tiempo que sostenibilidad, cuando las grandes magnitudes se fraccionan en un conjunto de pequeñas actuaciones. Los ecologistas suelen utilizar el símil del Titanic. Frente al imprevisto choque contra un iceberg, hubiera tenido más capacidad de reacción, más capacidad de resistencia, una flota de pequeños paquebotes que el gigante lujoso y ostentoso. En la ciudad ocurre algo parecido. Descompongamos la superficie, contenidos y recursos financieros concentrados en una sola intervención de grandes dimensiones (Chamartín en nuestro caso) y diseñemos cinco, diez o quince áreas de actuación seleccionando aquellas zonas de la ciudad que ofrecen una oportunidad, un vacío presente o potencial. Actuaciones con un gran efecto recualificador en su entorno a corto y medio plazo. La eficacia en la mejora física y social se multiplica y se hace presente ante los ciudadanos, que le prestarán su apoyo. Pero además, si surgiera una nueva crisis que reduzca los recursos económicos o cambie la hegemonía de los valores culturales y políticos, podría esquivarse por la presencia de estas múltiples operaciones de acupuntura urbana. Podrían hundirse uno, dos o más paquebotes, pero impediríamos el naufragio del Titanic.
Un futuro donde va a primar la escasez es un futuro en el que hay que primar la resilencia de nuestras actuaciones en general y, sobre la ciudad, de forma más necesaria aún. Escasez económica o financiera, escasez de recursos energéticos, escasez de suministros, etc., a las que hay que sumar la escasez autoimpuesta por una cultura de la austeridad frente al consumismo despilfarrador.
Madrid ofrece un mapa en el que asentar múltiples intervenciones, transformaciones de la ciudad, a través de operaciones de escala media, aprovechando las oportunidades dispersas en el territorio municipal y regional, que deben servir para hacer una ciudad más rica, más digna y más justa. Una ciudad más integrada, más compleja y más solidaria, rompiendo la dicotomía entre “la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres”.
Una condición para que estas intervenciones punteadas y dispersas constituyan un mecanismo para la recualificación física y social de nuestro patrimonio urbano y no se conviertan en un nuevo ardid para expoliar los lugares más rentables de la ciudad (Operación Canalejas, Plaza de España, Parque Móvil o Mercado de Legazpi, entre otros muchos), es la obligación de los poderes públicos de exponer con claridad quiénes las promueven, con qué usos y actividades y para qué ciudadanos se destinan. ¿Cómo serán percibidas por la ciudadanía? ¿Cómo mejoras o, por el contrario, cómo agresiones a su calidad de vida?
Si Chamartín puede calificarse de error urbanístico, de territorio invadido y agredido por los poderes financieros amparados por los poderes políticos, también está equivocado cuando no tiene en cuenta su necesaria resistencia a las previsibles crisis que sin duda van a producirse en nuestra sociedad. Su dimensión, su condición de gran operación inmobiliaria, más que un enriquecimiento de la ciudad supone una gravosa hipoteca espacial y económica para el futuro de Madrid.
* Nueva Tribuna - EM - 6.3.15
Foto: Madrid, operación Chamartín 3D - nuevatribuna
La Junta de Castilla y León pagó un sobrecoste de 30 millones por un edificio de oficinas en Valladolid
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Los despilfarros delictivos urbanísticos abarcan toda la geografía del país como si de nuevos ricos se tratara, ya sea por parte del Gobierno central como por los Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos. En Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, la Junta 'popular' de Castilla y León pagó 30 millones de más por un edificio destinado a servicios públicos. La empresa que construyó el inmueble lo tasó en 40 millones, aunque el Gobierno regional pagó 52 millones, más ocho por el IVA y otros nueve a Hacienda. Aunque hay una investigación judicial en marcha, es de suponer que los altos responsables públicos ni sean citados, del dinero no se sabrá nada y deberán ser los ciudadanos quienes paguen la factura de esta nueva especulación inmobiliaria.
"ELDIARIO* : Nuevo sobrecoste. Nueva justificación. Aunque se pague una mayor cantidad económica por una obra o por un edificio, la Junta de Castilla y León, en manos del PP desde hace 28 años, siempre encuentra un argumento para justificar ese incremento en el pago, a través del dinero público.
La investigación sobre la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León –antes, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- depara sorpresas cada vez que se conoce un informe. La Cadena Ser de Castilla y León desveló ayer que un informe de la Agencia Tributaria reconoce que por ese inmueble se pagaron nueve millones más de los 60 abonados por la Junta de Castilla y León. Y este incremento del valor final se debió, según ese informe, a argumentos como “imputación de la carga financiera incurrida durante la ejecución de la edificación del edificio de oficinas”.
Es decir, que por el flamante edificio, ubicado en el municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que compró el Gobierno castellano y leonés a la empresa Urban Proyecta PM3, a través de la Consejería de Economía, se pagaron en torno a 70 millones de euros: 52 por el inmueble, otros 8 por el IVA y otros 9 –en concreto, 8,4 millones de euros- más por conceptos que desvela ahora la Agencia Tributaria.
Según la información de la emisora, los nuevos 9 millones de euros se justificarían en siete facturas relacionadas con la construcción del edificio. O dicho de otra manera, se compró el inmueble y, además, la Junta de Castilla y León tuvo que pagar por otros gastos en los que había incurrido la empresa constructora.
Uno de los aspectos llamativos de este polémico edificio es que la empresa Urban Proyecta fijó el precio del inmueble en unos 40 millones de euros. Por tanto, el Gobierno regional habría pagado un sobrecoste de 30 millones.
Mientras desde la Consejería de Economía se mantiene silencio ante esta información, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, volvió a justificar estos sobrecostes. Si hace unas semanas hablaba de “mejoras” para avalar el aumento del coste final del Hospital de Burgos, ahora habla de “discrepancia” entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Tributaria sobre la “devolución del IVA”. En esa “discrepancia” estaría la variación del coste final del edificio.
Por su parte, el secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato a la Junta, Luis Tudanca, se comprometió a realizar una auditoría pública de las empresas y organismos públicos para que “se sepa la verdad” por la existencia de “varios asuntos turbios”. En su opinión, el Gobierno regional “ha malversado y enterrado dinero público lo que ha impedido tener buenos servicios, garantizar la igualdad de oportunidades o impulsar políticas de empleo y reindustrialización”.
En la investigación judicial abierta para dilucidar las supuestas irregularidades en la compra del edificio, se analizan las cuentas de 13 personas vinculadas con la operación de compraventa del edificio y la adquisición de unos terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo para promover un polígono industrial. Entre ellos está Rafael Delgado Núñez, el que fuera número dos de la Consejería de Economía entre 2003 y 2011.
* El Diario - Justini Sanchón - 26.3.15
Foto: Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas - eldiario
Una ley de Aguirre abre la puerta a la construcción de viviendas de lujo en un bosque de Pozuelo
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El Monte del Pilar es uno de los pulmones verdes de la Comunidad de Madrid, situado a escasos quince kilómetros del centro de la capital en el municipio de Pozuelo, una de las localidades con mayor renta del país. Gracias a la interpretación de una ley nefasta de la Comunidad aprobada en tiempos de E.Aguirre, la llamada 'Ley Virus', se pretende ahora construir allí (suelo rústico) 32 viviendas de lujo para familias adineradas. El Ayuntamiento del PP está indeciso aun pero, obviamente, el poder del dinero hablará por sí solo. El problema fundamental es que el terreno no está protegido y preservado urbanísticamente, como debería, y así lo han solicitado varios colectivos.
"ELDIARIO* : Una ley impulsada por Esperanza Aguirre durante su último mandato al frente de la Puerta del Sol amenaza un monte de unas 800 hectáreas en la zona noroeste de Madrid. Los propietarios de los terrenos, pertenecientes a varias familias aristocráticas, han solicitado al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón un total de 32 licencias para construir viviendas de lujo avalados por la ley de Viviendas Rurales Sostenibles (bautizada como 'ley Virus'), que permite edificar en lugares no urbanizables.
El Monte del Pilar es uno de los pulmones verdes de la Comunidad de Madrid, a escasos quince kilómetros del centro de la capital. Es un espacio de 800 hectáreas, poblado de pinos y encinas, que pertenece a familias nobles desde la venta de bienes estatales tras la desamortización de 1855. El espacio que está en riesgo es el situado en Pozuelo -una de las localidades con mayor renta per cápita de España y con el precio del suelo disparado-, que en su plan urbanístico define el terreno -en manos privadas- como suelo no urbanizable.
Los propietarios del suelo han solicitado 32 licencias para poder construir viviendas en ese terreno amparándose en la 'ley Virus', que permite edificaciones de una planta en parcelas de a partir de 6 hectáreas, pese a que se trate de suelos no urbanizables. Uno de los pocos requisitos que exige la ley es que no haya casas colindantes en un radio de 250 metros.
" Otra vez el Monte de Pozuelo se ve amenazado por la presión del ladrillo y los intereses económicos de los propietarios", advirtió el candidato del PSOE a la alcaldía, Ángel G. Bascuñana, que aprovechó una marcha en defensa de la masa forestal para denunciar que los dueños pretenden construir "grandes viviendas destruyendo un ecosistema único que está protegido".
La ley permite construir casas de hasta 900 metros cuadrados por cada parcela de seis hectáreas, según explica María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. "Se puede acoger cualquier suelo -añade-. Este no es un espacio protegido porque no tiene ninguna figura de protección autonómica".
El consistorio, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha rechazado 26 de las 32 licencias solicitadas y mantiene vivas otras seis. Los miembros de la asociación Ciudadanos por el Monte, creada con el objetivo de defender esta masa forestal, aseguran que se han denegado por un "defecto de forma". Sin embargo, temen que si se subsana el error y lo solicita cada uno de los propietarios de manera individual se les dé permiso para edificar chalés de lujo.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha precisado que las licencias se han denegado porque la petición incumple "la normativa tanto del Plan General de Ordenación Urbana como de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid". "En este caso nos encontramos claramente ante una parcelación del monte para una promoción urbanística que no está prevista en la LVRS", aclara el consistorio de Paloma Adrados, que recuerda que "suelo del Monte de Pozuelo es un suelo no urbanizable y también forestal con una especial protección".
El plan urbanístico de la localidad prevé que los terrenos se permuten por otros para que los propietarios puedan construir y este pase a ser público. Sin embargo, no se ha ejecutado. El monte está en un paraje de gran valor, entre urbanizaciones exclusivas como El Plantío y Monteclaro, y, según el vicepresidene de la asociación vecinal, Pedro Cea, el "desacuerdo está en el precio" ya que el consistorio "ofrece menos de lo que solicitan los dueños".
Un monte de nobles
La parte del monte que aún está en manos privadas -en la localidad de Majadahonda los vecinos lograron que pasara a ser un espacio público mediante la permuta de los terrenos- está estrechamente relacionada con la nobleza. Varios marqueses y condes, como Juan Güell Martos (conde de Güell) o Angustias Martos Aguirre, condesa de Heredia-Spínola; son dueños de fincas en la zona.
Otra parte del monte es de la familia Oriol, descendientes de José Luis de Oriol Urigüen, fundador de Hidrola (la actual eléctrica Iberdrola). La propia Esperanza Aguirre está vinculada a este clan: su hijo se casó con Carolina de Oriol, biznieta de Oriol Urigüen. La boda se celebró en una finca del Monte del Pilar. Además, una prima segunda de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid está casada con otro descendiente del fundador de la compañía eléctrica.
A la familia Oriol también pertenece la que era presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol. El matrimonio Aznar-Oriol ha protagonizado otro escándalo urbanístico al construir una cancha de polo privada en una zona de máxima protección medioambiental. Alejandro Aznar, por su parte, ha edificado una mansión en un parque natural de Castilla-La Mancha.
El marqués Luis María de Palacio y Oriol, primo de la exministra Ana de Palacio, actuó como representante de la familia ante el consistorio al solicitar un permiso para renovar el vallado de sus terrenos. Aquella actuación ya provocó protestas de los vecinos, que aseguraron que esas vallas se habían utilizado para cerrar caminos públicos. Fue entonces, hace tres años, cuando se reavivó el conflicto y los ciudadanos volvieron a reclamar al Ayuntamiento la titularidad pública del monte.
El PSOE promovió una iniciativa en la Asamblea de Madrid en la que solicitó que se declarara como "espacio protegido y preservado", pero la propuesta no prosperó. La última batalla del colectivo por la defensa del Monte del Pilar se ha topado con la ley que permite a los dueños construir en ese suelo. Los socialistas la tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional.
* El Diario - Irene Castro - 16.3.15
Foto: Imagen del Monte del Pilar / Asociación Ciudadanos por el Monte
Un estudio concluye que ninguna línea española de AVE es rentable
Lo que señala este estudio de la Fundación 'Fedea' no es nada nuevo, desde este Blog se ha comentado en numerosas ocasiones el despilfarro absoluto que ha supuesto (y todavía continúa) el proyecto del AVE en este país. En este nuevo estudio se hace hincapié en que, en ningún caso, se amortizará la descomunal inversión realizada, suponiendo, además, un grave atentado para el Territorio desde su aspecto ambiental. El punto de partida es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE, a diferencia de otros países con mayor densidad poblacional y que, aun así, se han moderado en la construcción de estas líneas de alta velocidad. Así pues, se considera que el AVE aquí no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha. Un despropósito delictivo de grandes proporciones donde han caído los gobernantes políticos desde hace más de 20 años.
"ALEJANDRO BOLAÑOS* : “Ni para las empresas, ni para la sociedad”. Así de concluyentes se muestran Ofelia Betancor y Gerard Llobet en un estudio presentado este jueves que analiza si son rentables los principales corredores de alta velocidad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estiman que, ni considerando los beneficios indirectos, como los derivados de los ahorros de tiempo, la descongestión en las carreteras, o el coste evitado en trayectos de avión, se compensa la multimillonaria inversión realizada. La clave, aducen, es que el nivel de demanda no es, ni será, suficiente para generar los ingresos precisos.
Un anterior estudio de Fedea (en cuyo patronato participan el Banco de España y una docena de grandes compañías) contrastaba las grandes cifras del despliegue del tren de alta velocidad con lo ocurrido en otros países. Un contraste que precipita la pregunta sobre la rentabilidad de esa apuesta: La red española, con 2.515 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, es la segunda mayor del mundo, solo detrás de la china. Y, con mucha diferencia, es la mayor en términos relativos: 54 kilómetros por millón de habitantes, frente a los 31 kilómetros de Francia. Sin embargo, el número de viajeros que usan este modo de transporte está muy lejos del que registran otros países: aun con el repunte registrado el año pasado —un incremento del 16%, hasta los 29,7 millones de viajeros—, en España hay 11.800 pasajeros por kilómetro operativo de AVE, cuando en Japón (158.121) o Francia (61.400) la relación es mucho mayor.
El punto de partida, pues, es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE. Y que, como destacan los investigadores de Fedea, el despliegue ha tenido un coste multimillonario para las arcas públicas, pese a que el coste por kilómetro de vía es de los más bajos del mundo: se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas, con obras programadas que sumarán 12.000 millones más. Es, además, una prioridad de este y anteriores Gobiernos. El Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en servicio 1.000 kilómetros más para conectar a ocho capitales a la red de alta velocidad, lo que se llevará casi la mitad de la inversión que ha presupuestado para 2015.
La cuestión a la que quieren responder los investigadores es si esa inversión acabará siendo recuperada en 50 años desde el inicio de la construcción de las vías. Para ello estiman los ingresos en el periodo y los costes variables (explotación, mantenimiento, compra de trenes, etc). En el cálculo aplican una tasa de descuento —la rentabilidad mínima exigida a un proyecto de inversión—, que permite comparar la inversión inicial con el flujo de ingresos y costes acumulados en ese medio siglo. Y expresa el resultado (el valor esperado descontado de cada magnitud) en euros de 2013.
El estudio se concentra en los cuatro principales corredores de AVE, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Andalucía, el Madrid-Levante y el Madrid-Norte, que suman más del 70% del tráfico y cerca del 60% de la inversión hecha. En los tres primeros, los ingresos superan los costes variables, lo que implica que es mejor seguir operándolos que dejar de hacerlo. En el Madrid-Norte, sin embargo, incluso la propia explotación sería deficitaria, con lo que el coste para las arcas públicas seguiría aumentando. A diferencia del resto, este corredor no ha conectado aún en alta velocidad real (y por tanto no ha podido robar viajeros al avión) con el área de más peso económico, en este caso el País Vasco, y la mayoría de los trayectos se cubren con trenes Alvia, que no llegan a los 250 kilómetros por hora.
Sin beneficio para la sociedad
El superávit de explotación logrado en las otras tres líneas, sin embargo, palidece en comparación con el valor de la inversión. Así, el trabajo de Fedea estima que ese saldo positivo solo permitiría recuperar el 50% de la inversión pública en el Madrid-Barcelona, y apenas el 11,4% y el 9,6%, respectivamente, en las conexiones con Andalucía y Levante. Si la cuenta se amplía a su rentabilidad social, que incluye beneficios y costes indirectos, el resultado es algo mejor, pero aún notablemente insuficiente: se compensa el 80% del coste de la obra del corredor Madrid-Barcelona, y lo recuperado no llegaría a la mitad en los otros dos grandes corredores.
La conclusión del estudio es contundente. La construcción de las líneas AVE no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha, en comparación con la posición de partida, una red ferroviaria convencional en convivencia con aeropuertos y autovías. Y, tras lamentar que el Gobierno no haya publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de cada corredor, destaca “el alto coste de oportunidad que habrá asumido la sociedad española como consecuencia de tales decisiones de inversión y la persistencia de sus consecuencias para el futuro”. Solo un aumento muy considerable de los viajeros, que desborde las previsiones hechas en este trabajo –Fomento cree posible duplicar el tráfico en cinco años-, limitaría esas pérdidas.
Los investigadores de Fedea especulan con otras razones, más allá de las económicas, para explicar este inusitado despliegue de la red de alta velocidad. “Una de ellas puede ser el supuesto rédito político”, añaden, antes de desgranar otras “justificaciones empleadas”: “el prestigio otorgado a España”, “el desarrollo de la industria nacional” o “la cohesión política”. “Nuestros resultados ponen de manifiesto la falta de justificación económica fundamentada acometer las inversiones de alta velocidad en España”, insisten.
* El País - AB - 26.3.15
Foto: AVE, vista - diagonal
Los ‘elefantes blancos’ de Gallardón en Madrid
La huella del exalcalde 'popular' de Madrid, y expresidente de la Comunidad, AR.Gallardón, en la ciudad es todavía visible 4 años más tarde. Multitud de proyectos inacabados o sin uso (elefantes blancos) son testigos de su lamentable paso por la capital. Su soberbia natural, demostrada en la sede faraónica del nuevo Ayuntamiento, y su escasa visión urbanística a medio plazo han dejado la ciudad con una deuda de más de 10.000 millones, ya que del mandato de A.Botella apenas se puede hablar nada, solo continuadora suya. Los intentos de que Madrid fuese sede olímpica, con todos los gastos que conllevaba, son atribuidos a su nefasta gestión. Lo mismo que los túneles del río, el anulado judicialmente PGOU o las fallidas operaciones Calderón, Campamento, Bernabeu, Chamartín, etc. Lo peor del asunto es que semejante personaje público se haya ido 'de rositas' dejando a los ciudadanos empeñados hasta las cejas.
"ELPAÍS* : Retirado ya de la política, a Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el alcalde que cambió la fisonomía de Madrid y la anatomía de su Ayuntamiento, le ha llegado la hora del examen final a su gestión municipal (2003-2011). Ana Botella concluyó su último mandato, al convertirse él en ministro de Justicia, pero serán las elecciones de mayo las que juzguen su legado.
Con una inversión de 10.457 millones en sus ocho años y medio de mandato, Gallardón construyó edificios y enterró autovías, peatonalizó barrios y sembró la ciudad de escuelas infantiles, instalaciones deportivas y centros sociales. Duplicó, casi triplicó el presupuesto municipal, desde los 2.300 millones del último año de su predecesor, José María Álvarez del Manzano (PP), hasta los 5.300 millones de 2008, antes de la gran recesión. Pero también disparó la deuda, desde los 1.366 millones heredados de Álvarez del Manzano hasta los 6.453 millones que dejó a Botella cuando en diciembre de 2011 saltó al Gobierno central (dimitió en 2014). Aunque en realidad la deuda fue mayor: sumando las empresas municipales y las facturas impagadas, rebasó los 9.000 millones, y obligó a dos rescates consecutivos del Ministerio de Hacienda.
Botella, cuya política ha sido deudora y continuación de Gallardón, presumió el viernes de haber rebajado esa deuda a 5.936 millones. El único halago que ha recibido hasta el momento de Esperanza Aguirre, candidata del PP para las elecciones de mayo, ha sido para “su gestión extraordinaria en la ortodoxia financiera”.
Aguirre ha cuestionado, entre otros asuntos, la limpieza de la ciudad, hasta el punto de tachar varios barrios (incluido el suyo de Malasaña) de “guetos”. Pero su mayor andanada ha sido para Gallardón por el aspecto más espinoso de su gestión: las obras.
Aguirre cargó contra el palacio de Cibeles, pero ese edificio es sólo el paradigma del gasto en obras, los sobrecostes de varias infraestructuras y la incapacidad para hallar utilidad a las finalizadas, agravado esto último por las tres candidaturas olímpicas fallidas. Usando la terminología del Comité Olímpico Internacional sobre edificios carísimos sin uso posible tras los Juegos, son los “elefantes blancos” de Gallardón.
Los precedentes. Antes que alcalde, Gallardón presidió la Comunidad (1995-2003). En sus primeros años, construyó un nuevo edificio para la Asamblea regional y reformó la sede del Gobierno autonómico. El presupuesto anunciado para cada obra rondó los 17 millones de euros. Su predecesor, Joaquín Leguina (PSOE), también se había planteado remodelar el edificio de la puerta del Sol: no se atrevió por su coste. Curiosamente, el traslado en 2007 del Ayuntamiento desde la Casa de la Villa al Palacio de Cibeles también fue idea del PSOE, en este caso de la rival de Gallardón en las municipales de 2003, Trinidad Jiménez. Ganó él, y se salió con la suya: el Estado le cedió el Palacio de Telecomunicaciones a cambio de edificios valorados en 360 millones, y Gallardón hizo una reforma tasada en 80 millones y que acabó costando 138. En total, 500 millones.
Aguirre ha prometido una consulta para ver qué hacer con el inmueble una vez que devuelva su despacho a la Casa de la Villa. No ha aclarado qué haría con los 2.000 funcionarios que trabajan en Cibeles ni con el centro cultural que ocupa el 65% del edificio.
El Madrid Olímpico. Gallardón impulsó las candidaturas fallidas para los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. Esta última, gestionada por Botella, presumía de tener el 74% de las infraestructuras construidas y cifraba en 6.536 millones la inversión realizada ya para preparar los Juegos. Pero en realidad ese dinero se había dedicado a autovías, metro, aeropuerto... Infraestructuras olímpicas como tales, tan sólo se construyó la Caja Mágica.
Inaugurada en 2009, se licitó por 139.749.625 euros. En 2011 ya había costado 294.045.576 euros (un 110% más). EL PAÍS ha desvelado esta semana un sobrecoste adicional de entre 33 millones (lo que exige en los tribunales la constructora FCC) y siete millones (lo que está dispuesto a aceptar el Ayuntamiento), que subiría el coste a más de 300 millones.
La Caja Mágica apenas tiene uso y arrastra pérdidas debido a su alto coste de mantenimiento. Pero al menos está terminada, no como el Centro Acuático, la otra gran instalación olímpica, cuyas obras se iniciaron con un presupuesto de 137 millones y se paralizaron en 2011 tras un desembolso de 54,5 millones. El esqueleto ha sido tasado en 19 millones.
Al lado se encuentra La Peineta. Gallardón convenció al Atlético de Madrid para convertir el estadio Vicente Calderón en pisos y sufragar así los 200 millones que costaría reformar y mudarse luego a la Peineta. El cambio de campo, previsto para 2012, se ha retrasado ya a 2018. Las obras siguen su lento curso y, tras sortear su paralización judicial, están pendientes de la negociación entre FCC, el Ayuntamiento y el club. Las cuentas, tras el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, no salen.
Reveses judiciales. La mudanza del Atlético la anuló el Tribunal Superior de Justicia al tumbar el plan urbanístico de Gallardón para construir pisos sobre el suelo del Calderón. Ese mismo tribunal anuló también el plan impulsado por el exalcalde (que acabó aprobando Botella) para ampliar el estadio Santiago Bernabéu de acuerdo con los planes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y también la Operación Chamartín, aprobada en 2011 para alargar casi cuatro kilómetros el Paseo de la Castellana y construir 17.000 viviendas. Y también el plan de ceder a la iglesia católica 15.000 metros cuadrados de suelo municipal junto a la iglesia de San Francisco el Grande para que construyera allí una nueva sede arzobispal (bautizada como minivaticano por su tamaño).
Aunque para anulación, la del Tribunal Supremo, que en 2013 tumbó el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en lo referido a todos los nuevos barrios de la capital (desde Vallecas a Valdebebas, pasando por el aeropuerto de Barajas), como castigo por una artimaña jurídica de Gallardón. En ese varapalo murió también la Operación Campamento, que ahora se pretende reanimar al hilo del interés del inversor chino Wang Jianlin por los terrenos.
Pero la Justicia no sólo ha actuado por lo que ha hecho Gallardón, sino también por lo que no ha hecho: la Fiscalía Provincial de Madrid abrió una investigación al Ayuntamiento por abandono del patrimonio histórico al dejar caerse a pedazos el palacio de la duquesa de Sueca, y otra por derribar una casa blasonada del siglo XVII en el barrio de Embajadores.
Los fantasmas. El Centro de Convenciones de la Castellana se ha quedado en un agujero en el que se invirtieron 83 millones. Ahora se ha licitado para uso comercial con un alquiler de dos millones anuales. Harán falta 43 años para rentabilizarlo. No es la única instalación fantasma.
Algunas obras de Gallardón siguen en obras aún, como la reforma del paseo de la Dirección (encomendada hace casi una década a Dragados) o la nave Boetticher (bautizada como “catedral de las nuevas tecnologías” cuando al fin se iniciaron los trabajos, en 2009, tras años de preparación). Otras nunca se realizarán, como la recuperación del templete de la Red de San Luis o el coliseo de las Tres Culturas (encomendado por Álvarez del Manzano al empresario José Luis Moreno). Y otras están a la espera de hacerse realidad desde hace años, como la reforma de los mercados de La Cebada y Mostenses, o la rehabilitación de la plaza de España (prometida por Gallardón, ideada por Botella, y a expensas del próximo alcalde; un tercio del presupuesto correría a cargo de Wang Jianlin, propietario del edificio España).
La lista de proyectos frustrados o a medias es interminable: las Escuelas Pías funcionan a medio gas (falta la escuela infantil, por ejemplo); el centro Conde Duque tiene varias instalaciones pendientes; el antiguo mercado de Legazpi prevé renacer como centro deportivo; la Casa de la Carnicería está en vías de mudar en hotel; los salones históricos de la Casa de la Villa siguen cerrados, como lo están también los teatros Madrid y Daoíz y Velarde...
¿En qué gastó 10.500 millones de euros?
Gallardón invirtió 10.456 millones de euros en sus ocho años y medio de mandato. El 55,5% de las actuaciones se sufragaron con deuda. La notable gestión de su equipo económico, encabezado por Juan Bravo, le permitió llevar a cabo esas obras en tiempos de bonanza, y mantener a pleno rendimiento el gobierno local cuando la crisis recortó los ingresos y complicó el pago de la deuda pendiente. Pero ¿qué construyó con ese dinero? La principal inversión fue el soterramiento de la M-30, que costó 4.142 millones, según las cuentas del equipo de Gallardón, a los que se sumaron 371 millones del parque de Madrid Río. Gallardón gastó 376 millones en infraestructuras culturales, principalmente Matadero (61,3) y Conde Duque (32,7).
Las actuaciones urbanísticas (sin contar la M-30) se llevaron 1.156 millones, con un coste aparejado de 640 para suelo. En vías ciclistas se gastó 59 millones; en mantenimiento urbano, 281; en centros deportivos municipales, 186; en instalaciones deportivas básicas, 78; en bibliotecas, 53; en centros polivalentes, 71; en otros centros culturales, 141; en colegios públicos, 166; en escuelas infantiles, 96; en escuelas de música, 13; en equipamientos para los servicios sociales, 212...
* El País - Bruno García Gallo - 15.3.15
Foto: Esqueleto del centro acuático construido junto al estadio olímpico de La Peineta. / ULY MARTÍN
