Los tejemanejes del gobierno 'popular' de Madrid en cuestión de vivienda son ya conocidos. Su alergia (interesada) a todo lo que huela a vivienda social o pública es escandalosa. Y como no podía ser menos esto continúa con el inefable presidente de la Comunidad, I.González, al que le llueven las irregularidades urbanísticas cometidas. Es el caso de las antiguas viviendas públicas del IVIMA que, el susodicho, vendió a un 'fondo buitre' internacional. Los afectados por el desahucio que anunció el fondo de inversiones han llevado el asunto al juzgado junto a la demanda existente ya por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada del Instituto de la Vivienda. Veremos como actúa, una vez más, la politizada y débil justicia.
"ELDIARIO* : Los inquilinos de los, antiguamente, pisos públicos del Insituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid tratan de que un juzgado paralice los desahucios que esperan a la vuelta de la esquina tras la venta por parte del Gobierno de Ignacio González de sus casas al fondo de inversiones Goldman Sachs-Azora.
Agrupados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, se han personado como acusación popular en el caso contra la antigua gerente del insituto Ana Gomendio por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, denunciado por un grupo de diputados regionales socialistas. El pasado sábado se ha celebrado su primera asamblea.
"La idea es pedir medidas cautelares en el juzgado nº48 de Plaza de Castilla para que se paren los alzamientos", explica a eldiario.es su portavoz, Enrique Villalobos. Además de los inquilinos que no pueden hacer frente a alquileres, "se están echando encima cada vez más fechas de vencimiento para las viviendas del Plan Joven que incluían alquiler con derecho de compra", cuenta. Esto significa que la nueva dueña de las casa, el fondo de Goldman Sachs mediante la empresa Encasa Cibeles podrá poner el precio que desee a las promociones ya que una modificiación legal aprobada por el PP en Madrid así lo permite. Cada promoción tiene sus propios plazos, no es un proceso simultáneo para todas las viviendas.
"El cambio de dueño es perjudicial para los inquilinos"
Los vecinos no tuvieron derecho a tratar de comprar los pisos cuando el IVIMA los sacó a subasta. El precio medio por el que el fondo se llevó 2.395 casas fue de 68.000 euros cada una para una operación que inyectó 201 millones de euros al Gobierno regional. El IVIMA les ha negado la condición de parte interesada por "no verse afectada su condición jurídica ya que la condición arrendatídica permanece con las mismas condiciones que antes de la venta", expuso.
En este sentido, la Defensora del Pueblo ha considerado recientemente que "el cambio de la figura del arrendador –dueño– de una entidad pública a otra privada resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de protección pública". Esto justifica su "condición de interesados en el proceso de autorización de la venta", concluye la defensoría.
Pero el tiempo corre en contra de los inquilinos. "El colectivo cae presa del desánimo", cuenta Villalobos. Muchos de los que viven en estas casas son grupos desfavorecidos, al menos en lo económico, por lo que sus alquileres tenían precio reducido. "Algunos no quieren pasar por un desahucio y todo lo que ello conlleva por lo que prefieren marcharse sin más", describe el portavoz.
Este asunto de la renta reducida también ha sido objeto de análisis por parte de la Defensora, quien ve peligros en traspasar estas casas a una entidad puramente privada. El IVIMA aduce que Goldman Sachs debe respetar la reducción por el periodo de su validez: dos años. Pero, contrapone la defensora, "a partir de su venta las casas dejan de ser del IVIMA" con lo que ya no existe obligación de aplicar la norma de ayuda económica. Resultado: el alquiler quedaría encarecido automáticamente a los dos años.
Los abogados de la asociación podrán, al ser acusación popular, participar en el interrogatorio de la antigua gerente Gomendio el próximo 3 de septiembre. "Nos parece que se ha retrasado mucho", creen en la asociación. De todas maneras "los análisis que ha aportado la Defensora del Pueblo nos apoyan mucho a la hora de acudir al juzgado porque se sustentan en los mismos argumentos que han estado utilizando nuestros asesores legales", remata Villalobos.
* El Diario - Raúl Rejón - 6.7.14
Foto: Madrid, viviendas IVIMA - diagonal
Los afectados por la venta de viviendas públicas de Madrid intentan que un juzgado pare sus desahucios
Girona.- Asociaciones denuncian a la Comisión de Urbanismo por incumplir un fallo del TS sobre Vidreres
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En la provincia de Girona, tradicionalmente feudo de CiU, se sigue practicando un urbanismo partidista, a pesar de la fuerte influencia de las asociaciones ciudadanas. Es el caso de Vidreres donde varias de estas asociaciones han denunciado al Comisión Provincial de Urbanismo por incumplimiento de una sentencia judicial de hace 3 años por reclasificación ilegal de suelo industrial. Es de todos conocido el partidismo de estas Comisiones de Urbanismo que suelen actuar al margen de la ley, obedeciendo únicamente consignas políticas partidistas. Algo que debería ser modificado en todo el país cuanto antes, ya que, lamentablemente, no ejercen la necesaria función técnica independiente.
LAINFORMACIÓN* : La Asociación Naturalistes de Girona (ANG) y la Plataforma Salvem el Pla de Vidreres han denunciado a la Comisión Provincial de Urbanismo de Girona ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber incumplido "reiteradamente" una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de noviembre de 2011 que le obligaba a reclasificar el sector SUS-10 de un polígono de Vidreres como suelo no urbanizable.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que han pasado más de dos años desde la sentencia del TS y recuerda que en este periodo de tiempo la Comisión de Urbanismo no ha tramitado ni aprobado definitivamente el expediente de modificación para desclasificar el polígono de Vidreres y calificar los terrenos como suelo no urbanizable de valor agrícola.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la ANG, Enric Cortiñas, ha explicado que la Comisión de Urbanismo está dilatando el proceso de desclasificación del sector urbanístico SUS-10 del municipio de Vidreres (Girona), porque "tiene interés" en encontrar una alternativa para los terrenos afectados.
El Ayuntamiento tramitó, hace más de un año, una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana para ejecutar la sentencia del TS, aunque la Comisión de Urbanismo ha dejado este asunto encima de la mesa.
Cortiñas ha puesto de relieve que había interés en aprobar "un plan que no respetaba la normativa" para este polígono de Vidreres, y ha añadido que la Comisión de Urbanismo mantiene negociaciones con los promotores del sector SUS-10, donde se preveían grandes expectativas de beneficio, según él.
Asimismo, ha destacado que la reclasificación de los terrenos no obliga a la administración a pagar a los propietarios por los beneficios esperados, y ha recordado que la indemnización por este caso de Vidreres "no sería significativa", porque no se ha llevado a cabo ninguna construcción en el polígono afectado.
* La Información - EP - 13.6.14
Foto: Vidreres - ayuntamiento
El Santander pagó 96 millones al arquitecto de Boadilla que dibujó la Ciudad Financiera
"ELCONFIDENCIAL* : El pasado siempre vuelve. Diez años después, una causa que parecía enterrada toma cuerpo de forma indirecta. El juzgado de Instrucción nº35 de Madrid ha dado con un hilo que lleva a una madeja superior en la que el Banco Santander aparece como protagonista de tres operaciones inmobiliarias por importe de 96 millones de euros con Leopoldo Arnáiz, el arquitecto contratado por Boadilla del Monte para desarrollar el PGOU que reclasificó los terrenos adquiridos por el banco para su complejo financiero.
Una transacción vinculada a esas operaciones entre empresas pantalla y administradas por testaferros ha terminado con el arquitecto imputado por blanqueo de capitales tras ser delatado por un apoderado.
“Se trata de constituir una sociedad que se va a dedicar a comprar unos terrenos en Boadilla del Monte que son del Banco Santander y tú vas a ser el administrador si te interesa”. Con esta frase, el abogado Constantino Díaz González empezó su relato ante el titular del juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en el que compareció en condición de imputado por fraude fiscal junto a su esposa. En su intención por eludir responsabilidades, destacando su condición de hombre de paja de una de las sociedades infractoras (Beltraex Nexo), el testimonio de este letrado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid terminó destapando una trama superior.
“Los socios dirigían esta sociedad, si quiere le digo el nombre de los socios, señoría. Están unos arquitectos bastante importantes que son los hermanos Arnáiz, Leopoldo Arnáiz y Juan Arnáiz”. Trece minutos de declaración bastaron para apuntar al entramado societario vinculado al arquitecto Leopoldo Arnáiz Eguren, burgalés de 64 años, a través del cual canalizó los pagos recibidos del Banco Santander, a pesar de que este conocido urbanista fuera contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar su plan urbanístico, el mismo que reclasificó los terrenos adquiridos por el Banco Santander en este municipio madrileño para levantar la Ciudad Financiera.
El juzgado número 35 de Madrid trabaja con las pruebas que demuestran la relación existente entre el Banco Santander y el arquitecto que cambió la utilidad urbanística de las más de 230 hectáreas compradas anteriormente a precio de suelo rústico. Esa vinculación, por la que Arnáiz ya fue denunciado e imputado en 2001, dio pie al conocido como caso Ciudad Financiera, del que fue absuelto en octubre de 2010. Sin embargo, esta nueva derivada judicial ha tenido acceso a nuevas pruebas, entre otras las aportadas por su antigua socia Rosa Llano, prima del testaferro delator, imputada también por blanqueo de capitales en la causa que se resuelve en este juzgado.
Sobre este punto, un portavoz oficial del Banco Santander prefierió no hacer declaraciones, al considerar que se trata de una causa sub iúdice, en la que además ya han participado como testigos las personas de la entidad que han sido requeridas por la juez. Del mismo modo, un responsable de Arnáiz Consultores evitó manifestarse sobre este asunto en concreto, un caso que además considera ya viejo y que todavía está pendiente de resolverse en los juzgados.
El caso que ahora se dirime en el 35 se remonta a una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria, que detectó ciertas irregularidades en Beltraex Nexo, empresa tapadera de Leopoldo Arnáiz. Creada en 2002, esta sociedad vendió meses después, en febrero de 2003, sus acciones a otra empresa, Fersa Gestión, administrada por Félix Ruiz Salinas (otro testaferro) y controlada a su vez por otra firma (Gloser) vinculada al urbanista. En esa transmisión de acciones, tanto el vendedor como el comprador defraudaron 811.000 euros, según el Ministerio de Hacienda, delito que dio lugar a la denuncia de mayo de 2009 que inicia toda la causa posterior, con Constantino Díaz y Félix Ruiz imputados por fraude fiscal.
Préstamos en efectivo y facturas al Banco Santander
La investigación de Hacienda también detectó que durante 2003 Beltraex Nexo ingresó en efectivo dos préstamos de 1,26 millones de euros, “aparentemente sin causa justificada”, según reza el último auto de la Audiencia, y emitió cuatro facturas por valor de 1,9 millones a una filial del Banco Santander llamada Cezosa, la sociedad creada por la entidad para comprar los terrenos que albergan su Ciudad Financiera. A Hacienda no le cuadraron esas facturas tan importantes para una empresa sin empleados, emitidas por unos trabajos de asesoría urbanística. A partir de ese punto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Delitos Económicos se personaron en la causa y Constantino Díaz se sintió acorralado.
Según recoge el sumario del caso, el 2 de febrero de 2010, delante de juez, el testaferro explicó que los trabajos facturados los hizo “la familia Arnáiz”, unos “arquitectos muy importantes” que gestionaban “un gran grupo societario”. Constantino tiró de la manta y señaló también a su prima, la empresaria Rosa Llano, a quien responsabilizó de meterle en este lío. Este testimonio dio pie para que el urbanista y su exsocia fueran imputados y llamados a declarar. El arquitecto burgalés se negó en primera instancia, pero su antigua colaboradora descubrió ante la juez la guerra judicial que mantenía con Arnáiz, a quien había denunciado en 2009 en tres juzgados (el 4 y el 11 de lo Mercantil y el 39 de Instrucción) por un delito societario y para impugnar las cuentas de ocho empresas donde compartían intereses, aunque eran administradas por testaferros.
Antes de llegar al Banco Santander y a su Ciudad Financiera, el juzgado número 35 de Madrid descubrió el verdadero sentido dentro de la trama de Beltraex Nexo, en la que Constantino Díaz, aunque era el administrador, sólo tenía el 0,0083% de las acciones. El 74% de la sociedad era de Leopoldo Arnáiz; un 10% de su hermano Alfonso; otro 4,99% de otro hermano, Juan; y el 10% restante de Rosa Llano, la denunciante en las otras causas. La empresaria se había querellado porque la sociedad, controlada por el arquitecto, había realizado unas operaciones sin que ella como socia minoritaria tuviera voz ni voto.
Esa pelea entre socios por las operaciones de Beltraex Nexo lleva a la juez hasta la Ciudad Financiera. La sociedad pantalla pagó 3,1 millones de euros para comprar tres parcelas propiedad de Cezosa, la filial de suelo del Banco Santander, entre 2003 y 2006. Estas parcelas sumaban 26.600 metros cuadrados y eran restos de la nueva sede corporativa de la entidad. Todo cambió en 2008, cuando Beltraex revendió esas tres parcelas por 2,2 millones a Gamavila, sociedad que entonces administraba Carlos Serrano Altimiras, otro testaferro de Leopoldo Arnáiz imputado por estafa en otro juzgado de Madrid, y que ahora lleva su hermano Juan. Esa nueva sociedad pantalla estaba a su vez participada por Gamayalde Sociedad Consultora, de la que el urbanista de Boadilla del Monte llegó a controlar el 90% del capital, pero donde su exsocia ya no participaba.
El traspaso de activos tenía un sentido. Gamavila no se quedó con las tres parcelas. Dos de ellas (números 22.445 y 22.439 del Área Boadilla Sur) fueron vendidas en mayo y septiembre de 2008 al propio Banco Santander, su dueño original, por 18,6 millones de euros (a Beltraex le costaron 1,8 millones). Mientras, en la tercera parcela (finca 22.444), Gamavila construyó un edificio (Alhambra), que en mayo de 2012 fue vendido a otra empresa filial, Santander Global Facilities, por 77,6 millones. En total, a través del entramado de sociedades pantalla, Leopoldo Arnáiz facturó 96 millones al Banco Santander con tres operaciones de activos que antes fueron de la entidad.
* El Confidencial - C.Hernanz/DM.Moreno - 15.7.14
Foto: Arnáiz y el Santander- elconfidencial
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La Plataforma contra la Especulación de Candeleda critica la política urbanística municipal
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Conocida es la intensa actividad de esta plataforma ciudadana en Candeleda (Ávila) en favor de su municipio y contra los ataques urbanísticos salvajes del equipo de gobierno del ayuntamiento. Ahora ha criticado la política del alcalde de la localidad en esta materia con motivo de su intervención en la apertura de una exposición sobre 'El proceso de construcción de la presa del Rosarito.
"ÁVILARED* : Por eso hablan de la “incoherencia” del alcalde, José María Monforte, cuando en esa inauguración destacó los valores ambientales de Candeleda cuando “lleva a cabo una política urbanística de alto impacto”. En este sentido lamentan que “se están autorizando viviendas en el espacio de protección del embalse de Rosarito, a pocos metros de la lámina de agua, y en donde existen tendidos de electrificación aéreos, infraestructuras que son una de las primeras causas de mortandad en aves”.
Por ello, la plataforma llama la atención sobre “la falta de rigor” que muestran tanto el Ayuntamiento de Candeleda, como la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en cuanto a la aplicación de políticas territoriales acordes con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento.
Autorización masiva
Llaman la atención sobre la "autorización masiva" de la construcción de viviendas "en suelo rústico y suelo de protección natural, incluido en muchas ocasiones en espacios de la Red Natura 2000 y con hábitats de interés prioritario, sin tan siquiera pasar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental”.
La Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento, según la plataforma, establecen que la construcción en suelo rústico y de protección natural, “es un uso excepcional y no una constante", sin olvidar que “la aplicación de la normativa urbanística regional prevalece sobre el planeamiento municipal vigente en virtud del principio de jerarquía normativa".
La acumulación de proyectos en estas zonas, dado su elevado valor ambiental, supone "una afección negativa sobre la calidad, la estructura y las funciones específicas necesarias para la conservación de hábitats y especies, debido a la discontinuidad que las construcciones, los residuos y las infraestructuras que las acompañan introducen en el espacio natural".
* Avila Red - 4.7.14
Foto: Candeleda (Avila), vista
La exalcaldesa de Plasencia es condenada a 2 años y 6 meses de prisión por fraude urbanístico
El mismo fraude urbanístico que se repite día tras día en todos los municipios y administraciones del país: el fraccionamiento de una contrata de obras para así evitar el concurso público y poder adjudicarlas a los amiguetes de turno que, lógicamente, pagarán sus debidas comisiones a los altos cargos políticos. Un delito demasiado conocido como para que la justicia no haya tomado cartas en el asunto y actúe de 'motu propio' contra este sistema de corrupción urbanístico tan escandaloso. Ahora ha sucedido en Plasencia, pero lo que sale a luz es lo mínimo de la lamentable realidad actual en todo el país.
"20MINUTOS* : El Juzgado de lo Penal de Plasencia (Cáceres) ha condenado a la exalcaldesa de Plasencia y actual edil del Grupo Socialista, Elia María Blanco, a dos años y seis meses de prisión, además de a ocho años de inhabilitación por un delito continuado de fraude en adjudicaciones de obras públicas.
Según la sentencia, contra la que se puede interponer recurso de apelación en el plazo de diez días, la alcaldesa ha sido condenada, además, a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. De igual forma, la titular del juzgado ha condenado, con idénticas penas, al constructor placentino José Antonio Romero Vega. Además de Blanco y Romero, se sentaron en el banquillo, como acusados por el denominado caso Plasencia, los concejales Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (PREx-CREx) y los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo. En este sentido, Barbancho y Tornero han sido condenados a nueve años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y a dos años y tres meses de cárcel, así como a siete años y seis meses de inhabilitación, por un delito continuado de fraude, cada uno.
El exconcejal Blas Raimundo será inhabilitado durante un periodo de siete años por prevaricación y ha sido condenado a un año de prisión y seis años de inhabilitación por fraude.
Por lo que respecta a los dos últimos imputados, la edil regionalista Mónica García y el exconcejal Sánchez del Mazo, la titular del Juzgado de lo Penal ha condenado a la primera a nueve años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y a Del Mazo, a ocho años de inhabilitación por idéntico delito.
En cuanto a la responsabilidad civil de los condenados, la magistrada ha condenado a Elia Blanco, Francisco Barbancho y José Antonio Romero a que de forma conjunta y solidaria indemnicen al Ayuntamiento placentino por el exceso facturado en las obras del estacionamiento de La Isla con 42.304,28 euros. Por la misma obra también deberá responder de forma solidariamente, pero solo por la mitad (26.459,24 euros), el exedil Blas Raimundo. También ha condenado a Blanco, Barbancho, Romero y Enrique Tornero a que indemnicen de forma conjunta y solidaria al Consistorio los excesos facturados en las obras de la pista de autocross y motocross (11.697,70 euros); de la piscina climatizada (17.425,46 euros), y del mantenimiento de la Ciudad Deportiva.
El 15 de septiembre de 2011, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia dictó un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra los siete condenados por entender que tuvieron una actuación que podía ser constitutiva de delito.
Irregularidades en fondos públicos
La actuación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el Grupo Municipal Popular al comienzo de la pasada legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales, que tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente al constructor condenado y evitar así la licitación pública. Hasta el momento, ya han confirmado que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial Elia María Blanco, José Antonio Romero, Enrique Tornero y Mónica García.
Ésta última también ha anunciado que abandonará su acta de concejal en el próximo pleno que celebre el Ayuntamiento de Plasencia, una decisión que, según han indicado fuentes socialistas, también habría tomado ya la exalcaldesa y actual edil Elia Blanco, para quien el fallo es "absolutamente injusto". Por su parte Francisco Barbancho, Blas Raimundo y Pablo Sánchez han declarado, tras recoger el fallo, que deben estudiar la sentencia con sus abogados antes de pronunciarse sobre posibles recursos.
* 20 Minutos - EFE - 14.07.14
Foto: Ayuntamiento Plasencia - viajar
El TSJ condena al ayuntamiento de Valencia por rehabilitar Tabacalera con dinero para vivienda social
Casi nada sorprende ya en el corrupto ayuntamiento valenciano, gobernado por la 'popular' R.Barberá. Otra vez más es condenado por la práctica ilegal de dedicar el dinero destinado para vivienda sociales, algo urgente y necesario, en otras obras y proyectos. En este caso en la rehabilitación del edificio de Tabacalera para sede del nuevo Ayuntamiento. Es decir, doblemente delictivo, pero sin duda, como hizo Gallardón en Madrid, más aparente en ese urbanismo falso y de cartón piedra que tanto gusta a la fallera alcaldesa DªRita. Otro ejemplo más de lo que es un despilfarro delictivo en un ayuntamiento y que debería tener mayores consecuencias judiciales que solo la reposición del dinero público escamoteado.
"LEVANTE* : El gobierno de Rita Barberá ha vuelto a recibir otro varapalo judicial por la operación de Tabacalera. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado el acuerdo plenario de mayo de 2008 del Ayuntamiento de Valencia por el que se destinaron 7,8 millones de euros procedentes de la enajenación de suelo municipal a la rehabilitación de la antigua fábrica, reconvertida en nuevo ayuntamiento.
El tribunal desestima así el recurso interpuesto por el consistorio y valida la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 4, que estimó el recurso del PSPV de la ciudad contra el citado acuerdo anulándolo.
El ayuntamiento tendrá ahora que restituir esos casi ocho millones de euros y destinarlos a la construcción de vivienda protegida en cumplimiento de la ley urbanística valenciana. El TSJ no condena en costas al consistorio al entender que la normativa ha sido objeto recientemente de una modificación que relaja la exigencia de destinar necesariamente el patrimonio municipal del suelo a hacer vivienda protegida.
En su demanda, el PSPV impugnó la decisión del gobierno del PP de destinar los ingresos por la venta de suelo a rehabilitar la Tabacalera, la plaza Redonda y el Mercado Central. De ellos, 7,8 millones de euros procedentes del PMS se destinaron al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera en vez de a la promoción de vivienda pública.
El ayuntamiento alegó que en la ciudad está cubierta la demanda de vivienda barata y que la rehabilitación también cumplía fines de interés sociales.
El concejal socialista Vicent Sarrià aseguró ayer que la sentencia evidencia que la gestión del PP se caracteriza por «el despilfarro de los recursos públicos y las malas prácticas que mantienen el urbanismo de la ciudad bajo sospecha». El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, se sumó a esta crítica.
La operacion de la Tabacalera está además pendiente de una revisión por parte del TSJ de las valoraciones que se hicieron en la permuta y de los derribos.
* Levante - 5.7.14
Foto: Valencia, Tabacalera pelotazo - el pais
Cataluña.- Los escándalos económicos acechan de nuevo a las entidades municipalistas
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Como ejemplo de lo que sucede en los municipios catalanes, tenemos las propias entidades supramunicipales privadas, dependientes de CiU y del PSOE originalmente, que han sido acusadas por irregularidades de todo tipo, sobre todo económicas basadas en un urbanismo ilegal, que demuestra a las claras la delictiva actividad de estos entes que se superponen injustificadamente a los ayuntamientos catalanes. Las dos asociaciones municipalistas: FMC y ACM, además, se financian básicamente de dinero procedente de presupuestos públicos, algo que es delictivo dado que pertenecen al derecho privado y solo sirve para que funcionen como mafias políticas al servicio de intereses partidistas.
"ELPAÍS* : Hace dos años, la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), eran una desconocidas más allá del ámbito político. Ambas han saltado a la prensa por escándalos económicos: la ACM por el supuesto saqueo de 900.000 euros por parte de Josep Maria Matas y Xavier Solà, ex secretario y el ex jefe de los servicios jurídicos, respectivamente —la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años y medio de cárcel para ambos.
Desde que se reveló el sumario del caso Mercurio de corrupción urbanística en Sabadell a final de 20103, pero especialmente esta semana, la FMC la que se está en el punto de mira de los jueces por el presunto pago de 300.000 euros en sobresueldos irregulares a 40 alcaldes en 2011 y 2012. Ambas son entidades de derecho privado, pero ambas se nutren básicamente de dinero público.
Estos escándalos han hecho que hasta los propios ediles, que son los que integran los órganos de gobierno, cuestionen la honorabilidad de estos organismos. “Si la FMC es la entidad donde preguntamos cómo debemos hacer las cosas, vamos bien”, espetaba el viernes con indignación no contenida el alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU), perceptor de sobresueldo. Su enfado se refiere al “error técnico”, así se define en la FMC la tramitación de los importes fijos —entre 255 y 1.989 euros brutos mensuales— que cobran los directivos, cuando el concepto tendría que ser el de dietas justificadas. El estallido del caso supuso el cese del gestor de la FMC, el secretario Adolfo Moreno, un hombre colocado allí por Manuel Bustos, ex alcalde socialista de Sabadell y expresidente de la FMC, implicado en el caso Mercurio.
Pero, ¿qué son las entidades municipalistas? ¿Cómo funcionan? ¿Hay control de sus cuentas? Ambas nacieron en 1981 y pronto se convirtieron en contrapoder político. La FMC quedó vinculada al Partit dels Socialistes (PSC) y la ACM a Convergència i Unió (CiU). A partir de 2011 sus órganos de gobierno se hicieron más plurales y se equilibraron las fuerzas. Ahora hay un acuerdo político entre los partidos y las sillas de los órganos de gobierno de las dos asociaciones se reparten según los resultados electorales en los municipios asociados.
La función de las asociaciones es representar y defender los intereses locales ante la Generalitat y el Gobierno central. “Es como el sindicato de los municipios”, resume Josep Maria Freixanet, alcalde de Olost (ERC). “Cuando se tramita una ley, los vicepresidentes de la FMC son los responsables de defender los intereses de los municipios. Después estamos los responsables de las sectoriales”, explica Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (ICV), responsable de los temas de Urbanismo y Educación en la FMC. Freixanet explica que casi cada mes participa en la comisión entre los municipios y el Departamento de Enseñanza donde se tratan temas como las becas comedor, las guarderías, las escuelas de música, etc. La FMC ha sido guerrera en los recortes de la Generalitat a estos centros. El edil de Olost también participa en el Consejo Escolar de Cataluña, el Consejo de la FP (que prepara la nueva ley catalana de este tipo de estudios). Esto lo lleva a recoger uno o varios días a la semana el cerca de centenar de kilómetros desde su pueblo a Barcelona.
La alcaldesa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, tiene reservado un día a la semana para sus responsabilidades en el área económica en la FMC, explican desde su entorno. Así, le ha tocado batallar contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, norma rechazada por los ayuntamientos, ya que permite arrebatar a los municipios pequeños servicios que no se consideren eficientes.
En este ámbito, y en muchos otros, ambas asociaciones ofrecen asesoramiento administrativo y jurídico a los ayuntamientos y organizan cursos de formación para técnicos y cargos políticos. La ACM también se ofrece como central de compras, para conseguir contratos más económicos de suministros y materiales.
Pero estos servicios no son gratis. Para acceder a ellos, los municipios pagan una cuota anual, cuyo importe varía según el tamaño. Por ejemplo, Mataró (124.000 habitantes) ha destinado este año 23.453 euros a la FMC y 19.019 a la AMC. En cambio, Santa Eulàlia de Ronçana (7.000 habitantes) aporta 1.490 euros a la ACM y 1.243 a la FMC, según su presupuesto de 2013. Otras Administraciones participan también en la financiación. La Diputación de Barcelona ha inyectado este año 260.000 euros a cada una de las entidades y la Generalitat, 300.000.
La FMC, con 673 municipios adheridos de los más de 940 que tiene Cataluña, tiene este año un presupuesto de 2,5 millones. De sus ingresos, 1,3 millones proceden de las cuotas y 357.000 euros, de lo que pagan los entes locales por cursos y seminarios. El resto viene de subvenciones y publicaciones. Teniendo en cuenta los tres primeros conceptos —la FMC no detalla la procedencia de las subvenciones—, se deduce que al menos el 86% de su presupuesto procede de fondos públicos. Respecto a los gastos, 1,1 millones se destinan a gasto de personal. Destaca el importe para organizar cursos (casi 284.000 euros), la aportación a entidades y las provisiones (más de 200.000 euros en ambos casos). También cuenta con una partida de 45.000 euros para desplazamientos. Desde 2013, la FMC ya no paga las polémicas dietas fijas; los alcaldes deben justificar el gasto para poderlo cobrar.
La AMC, con un millar de asociados, maneja 3,5 millones, de los que la mitad son cuotas de las Administraciones y el resto, prestación de servicios e ingresos de explotación. En el apartado de gastos, destina casi la mitad del presupuesto a personal. La AMC paga indemnizaciones, con un importe igual para todos, por asistir a las reuniones de la ejecutiva.
El hecho de que ambas sean asociaciones privadas, pese a financiarse con dinero público, les permite sortear la lupa de la Sindicatura de Cuentas. Sí presentan las cuentas a la Generalitat y al Registro Mercantil, aunque no con mucha celeridad. Las últimas cuentas que la FMC ha presentado al Registro Mercantil corresponden a 2009, según comprobó este diario esta semana.
El escándalo sobre el saqueo de la ACM y la polémica sobre la opacidad que las envolvía ha llevado a las dos entidades a aplicar desde hace dos años más medidas de control, como auditorías internas, y también han avanzado en transparencia, publicando sus presupuestos y liquidaciones –aunque con pocos detalles- en sus páginas web.
* El País - IVANNA VALLESPÍN - 6.7.14
Foto: Mataró (Barcelona), ayuntamiento - viajes
Ourense.- Licitadas obras por 1,5 millones para acabar el asilo ilegal de un clan del PP
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La provincia de Ourense y su Diputación, como ya se ha repetido numerosas veces, era el feudo natural del cacique 'popular' Baltar y sigue dando que hablar por la cantidad de ilegalidades urbanísticas cometidas. En la aldea de Chandrexa de Queixa, con el gobierno de uno de los alcaldes PP de Baltar, se levantó ilegalmente una construcción de 4 plantas, fuera de normativa, para un asilo de ancianos. La Xunta de Feijóo salvó injustamente el derribo del edificio y ahora lo gestionará, además, la empresa del mismo exalcalde del PP. Como se ve todo un rosario de actividades urbanísticas delictivas que no hacen sino ejemplificar cómo se ha ido actuando en la Galicia interior, todo a golpe de caciquismo ancestral, basándose en la actual infraestructura de intereses que posee el partido popular en la zona. Algo que, como siempre, la justicia no ha sabido cortar de raíz por su debilidad, y complicidad por tanto, con las tramas urbanísticas mafiosas.
"ELPAÍS* : El asilo ilegal de 2.500 metros cuadrados promovido por el jubilado exbarón popular José Luis Baltar para la empresa del que entonces era uno de sus alcaldes, levantado por la constructora de otro exregidor del PP en una aldea de 70 habitantes y sobre el que pesaba una orden de derribo perdonada por la Xunta de Alberto Nuñez Feijóo, se salva de todos sus males gracias a las maniobras del partido en tres Administraciones. El remate de la obra acaba de salir a licitación por 1,5 millones de euros tras evitar la piqueta y recibir fondos de todos los organismos controlados por los populares.
El edificio, una mole de cuatro plantas ubicada en un idílico paisaje de alta montaña del municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, permanece inconcluso, luciendo ladrillo, desde la pasada década. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta, detalló en 2010 un rosario de ilegalidades, concluyó que no era legalizable y ordenó su inmediata demolición. Dos años después y contraviniendo su propia decisión, la agencia urbanística del Gobierno de Feijóo perdonó el derribo.
Ahora y tras haber consumido 662.000 euros en tiempos de Baltar padre, el dinero para el asilo ilegal vuelve a brotar desde las arcas públicas controladas por los conservadores. El Ayuntamiento de Chandrexa (PP) ha sacado a licitación a través de la Diputación de Ourense (PP) el remate del edificio y la urbanización de su entorno con un plazo de ejecución de 20 meses. La génesis del dinero está en un convenio firmado por Feijóo y el exministro Miguel Arias Cañete en el que la Xunta incluyó decenas de propuestas que serían sufragadas mediante un plan para el desarrollo rural.
Al hacerse pública la lista de obras bendecidas por ese convenio con el asilo ilegal entre ellas, la Consellería de Benestar aseguró a este diario que desconocía la situación del edificio y matizó que la adjudicación de fondos no era definitiva ya que podía ser revisada. Pero lo que se revisó casi de inmediato fue la orden de derribo. La APLU tumbó la demolición y despejó el camino del asilo el mismo día del mes de junio de 2012 que este diario publicó la concesión de 1,6 millones a un asilo con orden de derribo por parte de la Xunta y el Gobierno central. En noviembre de 2013, la residencia recibió autorización administrativa de Benestar, y en abril de este mismo año, la consellería y el Ayuntamiento ratificaron el asilo mediante otro convenio.
Tras la retahíla de irregularidades descrita por la APLU en las sucesivas inspecciones de los técnicos y en las respuestas a las alegaciones formuladas por el propio alcalde, el Ayuntamiento redactó un plan especial de dotaciones e infraestructuras para que el inconcluso edificio quedase bajo el paraguas de la ley y de esta forma “fuese considerado viable desde el punto de vista urbanístico por parte de la agencia”. El nuevo proyecto que acaba de salir a licitación incluye trucos como la construcción de un talud de terreno junto a la planta baja “consiguiéndose así que a efectos legales esta planta compute como sótano” y la cuarta planta no quede fuera de ordenación, ya que la normativa vigente solo permite levantar tres.
La obra lleva casi tres lustros peleando contra sus propias irregularidades. En 2001, el pleno acordó su construcción. Desde entonces, las Administraciones populares han tejido un guante a medida del asilo que, según un acuerdo de 2000, fue ideado para ser cedido gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la familia Candal, que ostenta la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras desde la dictadura y que es propietaria de esta sociedad dedicada a los geriátricos. El Ayuntamiento incluso ordenó transformar las habitaciones individuales en dobles. Un insignificante cambio en los planos del proyecto que multiplicará los ingresos de los dueños del negocio.
Rosario de irregularidades
A pesar de que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) certificó un rosario de ilegalidades no subsanables que implicaban la demolición del geriátrico, el 26 de junio de 2012, el mismo día que este diario publicó la adjudicación de más fondos públicos para el edificio ilegal, el subdirector de la APLU archivó la orden de derribo.
Dos años antes, los técnicos de la agencia habían concluido que la construcción se levantó sin autorización autonómica en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplicando la altura permitida, excediendo la ocupación máxima del terreno y sin la obligatoria previsión de aparcamientos. Los inspectores llegaron a dictaminar en sus informes que “no se adapta al ambiente en el que se encuentra” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia también impuso al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa multas coercitivas de 1.000 euros por incumplir la demolición que debía haber sido ejecutada en menos de tres meses.
* El País - PABLO TABOADA - 7.7.14
Foto: Residencia ilegal en Chandrexa de Queixa. / NACHO GÓMEZ
Madrid.- BiciMAD: la apuesta bipolar de A.Botella
Es sabido desde hace años que Madrid es una ciudad hostil para un transporte tan eficaz y alternativo como las bicicletas. Cuando en buena parte de Europa, e incluso en otras ciudades españolas, el servicio de bicicletas públicas en alquiler ha dado inmejorables resultados, la capital se resiste por culpa de una mala programación en el transporte que sigue dando al coche todos los beneficios, mientras los atascos y la contaminación son la moneda habitual donde se desenvuelven (mal) los madrileños. Culpables hay varios, pero fundamentalmente los últimos alcaldes 'populares' que no han sabido, o querido, estar a la altura de las circunstancias. Desde A.Manzano que no movió un dedo por los transportes alternativos, pasando por el faraón Gallardón que lo cifró todo en beneficio del coche (desde las deudas), hasta la inútil Botella que ha puesto en marcha un proyecto: BiciMad, con numerosas deficiencias.
"DIAGONAL* : Con precios altos y sin medidas complementarias para el uso de la bicicleta, BiciMAD nace rodeado de polémica. Desde 2002, cuando se implementó el primer sistema de bicicletas públicas en España, 197 municipios han impulsado estos modelos con resultados dispares. Madrid y su BiciMAD llega tarde a esta cita, arrastrando el San Benito de “Madrid no es una ciudad para bicicletas” que dijera aquel alcalde del siglo XVII que se llamaba Álvarez del Manzano.
Los sistemas de bicicletas públicas son caros, muy caros. Algunos estudios han hablado de un coste de operación por bicicleta que puede oscilar entre los 700 y 2.500 euros anuales. Es fácil pensar cuántas bicis se podrían regalar por esa cantidad. Son sistemas caros debido a los grandes costes de implementación, gestión y mantenimiento. Ese coste no es tan grandes si las bicis realmente se usan. Así que hay dos tipos de sistemas de bicicletas públicas: los que se usan mucho y los que son caros.
La clave para que se usen mucho es sencilla: combinar una buena red de puntos de préstamo con políticas de movilidad de acompañamiento. Es necesaria una buena red porque los sistemas de bicicleta pública son sistemas de “todo o nada”: o existe una amplia oferta de puntos donde coger o dejar la bicicleta que permita muchas combinaciones que se ajusten a las necesidades de los usuarios o condenamos al sistema a responder a una demanda recreativa y turística que no llega ni al viaje diario en algunos casos. Por otro lado, a pesar de la profunda fe de nuestros políticos y técnicos en la cultura de las infraestructuras, éstas no son suficientes. Más allá de los puntos de préstamo, las bicicletas y los carriles bici, hace falta una política de movilidad sostenible de toda la ciudad coherente, con medidas de acompañamiento que van desde la ciudad amable, la concienciación, la restricción del uso del coche y un largo etcétera.
Si estos sistemas son caros y muy aparatosos, ¿qué ventaja tienen? Principalmente dos: ofertar un sistema público de transporte sostenible que complementa al resto de la red y ayudar a un cambio de mentalidad en ciudades como la nuestra. Sólo tenemos que pensar en Barcelona y Sevilla para darnos cuenta de cómo las bicicletas públicas han impulsado la movilidad ciclista y lo han hecho, además, para quedarse. En su primer año de implantación consiguieron duplicar el número de viajes en bici y, con el tiempo, por cada bicicleta pública acaba apareciendo una o dos bicicletas privadas. Todo esto convierte a los sistemas de bicicleta pública en una forma de romper el cascarón de la movilidad ciclista, siempre que vayan acompañados de otras medidas integrales.
Empezamos mal
En su primera fase, el sistema contará con 123 bases y unos 1.500 anclajes en una zona interior de la ciudad limitada por la Plaza de Oriente, Ronda de Atocha, Alberto Aguilera, Juan Bravo y Doctor Esquerdo. Si tenemos en cuenta el área cubierta podemos valorar que, comparando con otros sistemas de grandes ciudades europeas, el BiciMad nace raquítico. Es especialmente preocupante pues, si tuviera el éxito deseado, significaría un sistema saturado e inoperante que perdería gran parte del efecto “enganche” inicial que tienen estos sistemas. En este sentido, la accidentada inauguración con los problemas del sistema informático y la protección de datos no ha sido ya el mejor comienzo. Las prisas matan.
Desde el punto de vista de la cobertura de territorio es comprensible la implementación en fases porque Madrid es una ciudad muy grande y los miedos del Ayuntamiento también. Se han cuidado las zonas con mayor demanda potencial a la vez que se huye de los distritos con mayores desniveles. Sin embargo, no se entiende que el diseño no esté más orientado a combinarse con los grandes nodos intermodales de la ciudad o con las zonas límites de restricción del tráfico para ofrecer una alternativa real de “al centro en bici”.
Con respecto a las medidas de acompañamiento, el Ayuntamiento sigue dando muestras de un trastorno bipolar. Por un lado, podríamos alabar la tradicional buena oferta de transporte público, que se degenera cada vez más. Del otro lado, tenemos la apuesta por un desarrollo basado en infraestructuras y la deslocalización caótica de servicios en la periferia, que hacen crecer la presión de viajes motorizados sobre la ciudad a la vez que nos deja seriamente endeudados.
Quizás los dos puntos más polémicos sean la falta de una red ciclista y la política de tarificación del BiciMAD. El cobro desde la primera hora no es nuevo, un 14% de los sistemas españoles ya lo imponen. El escalonamiento por tiempo de uso es habitual para facilitar las rotaciones de bicicletas por varios usuarios y las tarifas más caras para los visitantes es una forma de no competir con los negocios privados de alquiler de bicis. La verdad es que una puesta más decidida con la primera media hora gratuita hubiera sido deseable. El Ayuntamiento argumentó la necesidad de una sostenibilidad económica y de que el ciudadano valorara el servicio, porque lo gratis no se valora.
Esta concepción del Ayuntamiento sobre los servicios públicos de transporte es tan preocupante como poco novedosa. Es la vieja idea de considerar el transporte público como un gasto para la Administración. En una ciudad donde cada viaje en transporte público nos cuesta la mitad que ese mismo viaje en coche y cada viaje en bici pública una tercera parte, toda medida que consiga transferir viajes del coche a otros modos es un ahorro para todos. Quizás no sea un ahorro para el Ayuntamiento, pero deberían recordar que los presupuestos que manejan deben responder a gestionar lo más eficientemente posible los bienes comunes.
¿Sistema público o lujo para ‘guiris’?
A diferencia de otros sistemas de bicicletas públicas, en el modelo elegido para Madrid el usuario debe pagar en todos los casos, independientemente del tiempo y el tipo de abono del que disponga. Según calculó eldiario.es, un vecino madrileño que quiera ir y volver del trabajo diariamente pagando el mínimo se gastaría al año 245 euros. En Sevilla, se gastaría por el mismo uso 33 euros. En Barcelona, 47 euros. En Valencia, 27 euros, y en París, 29 euros. Como contraste, en Quito y Gijón el servicio es gratuito.
* Álvaro Fernández Heredia, experto en movilidad ciclista de la Universidad Europea.
* Diagonal - Alvaro Fernández Heredia - 5.7.14
Foto: Madrid, bicimad - ecomovilidad
€UROestafa - Documental completo
Interesantísimo y largo documental, realizado recientemente, que explica cómo ha sido posible la crisis/estafa que ha sufrido este país en los últimos 15 años, que lo ha relegado a una posición atrasada dentro de su entorno europeo y global, mientras un número muy limitado de personajes 'listillos' se han enriquecido ilegalmente, sin que la justicia haya hecho nada por impedirlo. Para llegar a esta trágica situación ha sido necesaria toda una trama mafiosa formada por políticos y financieros sin escrúpulos que, con leyes y normas especulativas, han conseguido hundir al 90% de los ciudadanos en la miseria, con recortes de todos los servicios públicos fundamentales y, encima, lucrándose ellos mismos y sus amiguetes delincuentes. Por supuesto hay que destacar que el origen de esta gran estafa ha sido la famosa 'burbuja inmobiliaria', gracias a la permisividad política en el Urbanismo salvaje y a la financiación irregular de las empresas promotoras con la complicidad de las Cajas de Ahorro (y Bancos).
#UnDocumentalIncomodo
¿Cómo explicar que del esplendor de la burbuja inmobiliaria, hayamos pasado a una crisis económica sin precedentes?
€uroestafa narra un viaje al pasado para entender la involución económica y social del presente. Un viaje que nos ayudará a esclarecer ciertas tramas económicas difusas de nuestra historia, que han sido claves para el devenir de la sociedad Española y Europea. El documental indaga en los orígenes de la crisis, cuestionando el desarrollo de momentos históricos tan importantes como la Unión Económica y Monetaria.
Está dirigido por Guillermo Cruz y se basa en los estudios económicos del Catedrático en economía inmobiliaria Ricard Vergés, cuya experiencia en la estadística y contabilidad nacional, nos ofrece una investigación fiable con más de 20 años de estudio. Guillermo Cruz nos presentó hace seis años junto al Arquitecto Santiago Cirugeda, un primer trabajo centrado únicamente en la burbuja inmobiliaria Española "€SPANISH DR€AM", y que ya tuvo un gran éxito en circuitos independientes y en su difusión on line.
PRODUCCIÓN: MEDIA FAMILY, tururut art infogràfic, Guillermo Cruz, Ricard Vergés
DIRECCIÓN: GUILLERMO CRUZ
INVESTIGACIÓN: RICARD VERGÉS
GUIÓN: GUILLERMO CRUZ, RICARD VERGÉS
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: GAIZKA ALTUNA
OPERADORES DE CÁMARA: GAIZKA ALTUNA, GUILLERMO CRUZ, RAÚL DE LA MORENA, ÒSCAR XAVIER GC
MONTAJE: GUILLERMO CRUZ, BRUNO PALAZÓN-ARNAUD
POSTPRODUCCIÓN: ÒSCAR XAVIER GC tururut art infogràfic
MÚSICA: JUAN MARCHENA GÓMEZ
VOZ EN OFF: XAVIER MAYANS
COMUNICACIÓN: ANTONIA CRUZ, SONIA FERNÁNDEZ, CRISTINA MANGAS, JORDI MARTÍNEZ
COMMUNITY MANAGER: JORDI MARTÍNEZ
* YouTube - 26.6.14
Valencia.- El Supremo confirma que los derribos del Cabanyal son un expolio
"ELDIARIO* : El Plan Especial de Reforma Interior (Pepri) del barrio del Cabanyal era un expolio. De este modo lo ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) después de respaldar la paralización dictada por el Ministerio de Cultura en 2009 (durante el gobierno socialista) y rechazar el recurso que interpuso la Generalitat valenciana.
La Sala Tercera del Supremo ha basado su desestimación en que "los casos de expoliación del patrimonio cultural son competencia del Estado", por lo tanto se ajustaba a derecho la suspensión dictada del plan urbanística para que se adaptara y garantizara la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron su calificación como conjunto histórico.
En su recurso, el Consell alegaba "que la actuación del Estado en esta materia era excepcional y subsidiaria, solo legitimada cuando la comunidad autónoma no actuara en defensa del bien protegido". Frente a este argumento, el TS señala que "los casos de expoliación del patrimonio cultural, artístico y monumental son una competencia exclusiva atribuida a por la Constitución al Estado".
* El Diario - 7.7.14
Foto: Imagen de viviendas del barrio del Cabanyal - eldiario
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Valladolid.- ‘Chapuzas’ por 11 millones de euros
"ELPAÍS* : Luis Alberto Samaniego ha pasado 14 años en la tercera planta del Ayuntamiento de Valladolid. Era el jefe de mantenimiento. Durante todo ese tiempo se ha hecho cargo, silenciosamente, de todas las chapuzas y pequeñas obras que requerían los edificios municipales: goteras, reformas en el parque de bomberos, arreglos en los vestuarios de la comisaría de policía, trabajos en la rampa de un colegio, colocación de escenarios, cambios de bombillas...
Y ahora, a sus 65 años, cuando había pedido retrasar su jubilación dos años, escucha su nombre en las radios y telediarios. Le imputan delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La justicia le investiga por haber adjudicado al menos 1.314 contratos menores —de menos de 50.000 euros— a empresas suyas o de sus familiares. Las reformas y reparaciones encargadas a sus sociedades durante más de una década han costado a las arcas del Ayuntamiento 11 millones de euros.
Se ha quedado casi sin habla: “No quiero decir nada, de verdad, no puedo”. Su voz suena a súplica al otro lado del teléfono. El “hombre afable”, “amable”, “diligente”, “servicial”, como califican a Samaniego los que le conocen, se ha encerrado en su casa de la calle Santiago, en la mejor zona de Valladolid. Allí ha podido ver por la tele cómo la policía judicial desmantelaba el pasado 26 de junio el despacho 307 de la Casa Consistorial, el suyo, desde que le asignaron el puesto provisionalmente en 2000. “No paro de darle vueltas a la cabeza con este problema”.
De los 24 Samaniego que constan en el listín telefónico de Valladolid, por lo menos nueve han trabajado directa o indirectamente para el Ayuntamiento. Al menos 13 empresas (Castellana Industrial S.A., Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L., etc.) están ligadas a Luis Alberto, que entró en el consistorio en 1975 como técnico aparejador y que años después aceptó, como cargo de confianza, el puesto de jefe de mantenimiento por unos 40.000 euros al año.
Sus sociedades se llevaban muchos contratos menores que no requerían de más que tres firmas: la suya, la del técnico del área a la que correspondiera la actuación (urbanismo, cultura, movilidad…) y la del interventor, según explican fuentes del consistorio. Solo hacían falta tres ofertas de presupuesto y una recomendación. Y hecho. “Ya está solucionado”, era su frase preferida, dicen quienes trabajaron durante años con él.
Samaniego, con su red de empresas creada progresivamente y las buenas formas del seminarista que fue, se convirtió en un solucionador. El problema, es que casi siempre solucionaba las cosas de la misma manera: recomendándose y contratándose a sí mismo o a sus familiares (hijos, primos…). En el expediente interno del Ayuntamiento, su primo Antonio Samaniego, expresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valladolid (AVECO), aparece como administrador de al menos cinco de las empresas de la trama —facturó 363.701,09 euros en 2013—. Y su hijo Luis Javier, de otras tantas.
El coste de las reparaciones que acometían, según las cuentas consistoriales, no era precisamente económico: colocar un felpudo, 1.069,37 euros; instalación de luces de emergencia, 27.205.60 euros; limpieza de las urnas y cabinas electorales, 19.836 euros; colocación de una placa, 957 euros, según los registros contables.
Hace años que empezó a oírse en voz baja el apellido de Samaniego. Los rumores corrían entre los empleados de mantenimiento del Ayuntamiento: “Pasamos de una plantilla de 100 personas a una de 42, no se cubrían las bajas ni las jubilaciones, estaban desmantelando el servicio poco a poco y, con la excusa de que no había gente para cubrir todo, se contrataba cada vez más fuera, con empresas privadas externas que siempre eran las mismas, las de Samaniego”, relata uno de los trabajadores de ese servicio, con una veteranía de más de 30 años.
La razón de que este entramado haya salido a la luz ahora se debe fundamentalmente a dos obstinados concejales socialistas no liberados: el abogado Óscar Puente, portavoz municipal del PSOE, y el responsable de economía del grupo, el psicopedagogo Pedro Herrero. A ellos se sumó, casi por sorpresa, el alcalde, Javier León de la Riva (PP). Un edil popular que lleva 19 años gobernando y que se sentará en el banquillo próximamente por un presunto delito de desobediencia judicial por oponerse sistemáticamente —desde 2008— a cumplir una sentencia urbanística que obligaba a demoler unos áticos en el emblemático edificio en el que él vivía, en el centro de la ciudad. El fiscal le pide 15 meses de inhabilitación y una multa de 1.800 euros.
La investigación comenzó por el empecinamiento de los dos concejales socialistas. Ansiosos por acabar con el dominio de los populares en la ciudad, solicitaron el registro de los llamados contratos menores: “Son los más opacos, muchos casos de corrupción en Ayuntamientos se han detectado ahí y, además, los rumores crecían”, explican.
Tardaron más de seis meses en conseguir que les facilitasen las cuentas. Y cuando finalmente las tuvieron en su poder sucedió algo insólito. El alcalde popular, León de la Riva, se les adelantó y señaló al culpable: el jefe de mantenimiento. Y mediante decreto le abrió inmediatamente un expediente disciplinario el pasado 3 de junio y puso el caso en manos de la Fiscalía, al igual que hicieron los socialistas. “Esto lo hemos destapado nosotros en un ejercicio de transparencia política, no el PSOE”, insistía el regidor en una rueda de prensa la semana pasada. “Yo no traje a ese hombre al Ayuntamiento”, argumentaba. Aunque reconoció después que sí fue durante su mandato cuando le dieron el puesto de libre designación de jefe de mantenimiento y que en uno de los áticos por los que ahora se sentará en el banquillo vivía precisamente la hija de Samaniego, que era su vecina.
El alcalde entregó el lunes pasado otro informe aclaratorio —a petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que lleva el caso—, con el fin de dilucidar si, además de su despacho, el jefe de mantenimiento utilizaba habitualmente otras sedes municipales para realizar sus trabajos. Samaniego sigue en su casa, tras cambiar su petición de prorrogar dos años más su jubilación por una jubilación anticipada. Ahora será la juez sustituta titular de la sala, Marian Palmero, quien dirimirá las responsabilidades que correspondan.
Medio millón para la familia en 2013
Una mirada atenta del expediente abierto al jefe de mantenimiento del ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego, permite ver que los principales beneficiarios de los contratos eran él mismo, su primo y su hijo.
Destaca la facturación de su primo, Antonio Samaniego, que aparece en los papeles como administrador de cinco empresas y recibe de las arcas municipales —concretamente de las áreas de Seguridad y Movilidad— un total de 363.701,09 euros sólo en el año 2013. Sus compañías (Excelgestion S.L., Construcciones y Reformas Acuña SLU, Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles...) son las que pasan los recibos más costosos ese año.
En otras cinco empresas (Construcciones Tarifa 2000 SL, Construcciones Paraiso 2008 SL…), aparece el hijo de Samaniego, Luis Javier, como administrador, siempre según el expediente del consistorio. El monto total facturado a las arcas municipales, en su caso a través del área de Movilidad, alcanza en 2013 otros 94.895,58 euros.
La empresa madre, Castelllano Leonesa de Mantenimiento S.L., que creó Luis Alberto Samaniego —jefe y encargado de todas las contrataciones— en los ochenta y en la que sigue figurando como administrador, facturó 73.174,71 euros en ese mismo año con cargo al área de Movilidad del consistorio.
La investigación interna sigue abierta y no se descarta que se encuentren nuevos pagos, facturas o empresas ligadas a la trama.
* El País - PATRICIA ORTEGA DOLZ - 4.7.14
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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Benidorm.- Toda la cúpula de Terra Mítica, nombrada por Zaplana, será juzgada por fraude
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"POSTDIGITAL* : La sección quinta de la Audiencia de Valencia celebrará el juicio por la causa que investiga un fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque Terra Mítica, en Benidorm, en la que hay 35 imputados supuestamente vinculados con una trama de facturas falsas. El juez de Instrucción nº3 de Valencia, encargado de este caso, ha decidido abrir juicio oral y enviar la causa a la Audiencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La causa se sigue por supuestos delitos de falsificación, contra el patrimonio, la hacienda pública y el orden socioeconómico durante la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante).
Entre los procesados figuran antiguos responsables del parque, como el ex director general Miguel Navarro, el expresidente del consejo de Administración Luis Esteban, el ex director técnico Antonio Rincón, y el exresponsable de Contratación Justo Valverde. Esta cúpula directiva es la que nombró Eduardo Zaplana cuando como presidente de la Generalitat impulsó el parque temático de Benidorm.
El resto de acusados son en su mayoría responsables de empresas de construcción procesados por elaborar supuestamente facturas falsas, y se establece como responsables civiles subsidiarias a 26 empresas.
Entre los delitos que se les imputa se encuentran el de estafa, administración desleal, apropiación indebida, contra la hacienda pública, falsificación y blanqueo de capitales.
La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una “trama organizada” de falsificación de facturas.
Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción de Terra Mítica.
* PostDigital - 6.7.14
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mitica - wikipedia.org
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Salamanca.- Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio denuncia nuevas irregularidades
"SALAMANCAALDÍA* : La asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio se ha dirigido a las autoridades competentes en materia de urbanismo y patrimonio para conocer los pormenores de las actuaciones urbanísticas que se desarrollan en el nº5 de la calle Rúa Antigua, en la calle Peñuelas de San Blas y en el solar del antiguo restaurante El Candil.
La organización ciudadano se ha interesado muy especialmente por los sondeos arqueológicos dirigidos por técnico competente en las citadas ubicaciones, al estar situadas dentro de la zona de cautela arqueológica con protección específica establecida por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (norma 4.5.3.3).
La asociación ha solicitado conocer las actuaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Salamanca de acuerdo con la protección legal que goza el edificio situado en la Rúa, el cual se encuentra catalogado con protección estructural en base a sus cualidades constructivas. Las obras permitidas son la restauración estructural, el mantenimiento de fachadas, la repetición de cubiertas y el mantenimiento de elementos originales; siendo las obras no permitidas el vaciado interior, el desmontaje de fachadas y la reestructuración de cubiertas.
Según la propia organización, desde el pasado mes de enero dicho inmueble está sometido a una serie de actuaciones entre las que se encuentra el vaciado total de su estructura -con la consiguiente pérdida de elementos originales- y la excavación de un sótano.
Pérdida de vistas hacia la Ciudad Vieja
Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio denunció el pasado 25 de abril el inicio de la construcción de un nuevo edificio en la calle Peñuelas de San Blas, el cual, tal y como se advertía, afectaría gravemente a la percepción de la Ciudad Vieja de Salamanca desde uno de los últimos miradores, ya que se perderían las vistas al Cerro de las Catedrales (Catedral Nueva, Clerecía, Universidad Pontificia e Iglesia de la Purísima).
La asociación ha solicitado conocer las actuaciones emprendidas por las administraciones públicas a raíz de dicha denuncia y conocer la valoración del equipo de redacción del Plan de Gestión Integral de la Ciudad Vieja de Salamanca a este respecto.
Ausencia de prevención
El edificio situado en la calle Ventura Ruiz Aguilera, más conocido como El Candil, fue derribado en el mes de enero del año 2013 en base a informes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca que declaraban la "ruina inminente" de ese inmueble no protegido en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana.
La legislación vigente permite al Ayuntamiento de Salamanca, como administración competente, adoptar medidas preventivas para evitar la ruina de los edificios, aun no estando catalogados, ante la desidia, abandono o indiferencia de los propietarios, como al parecer era este caso.
El consistorio tiene que utilizar la Ley de Urbanismo y su Reglamento para la salvaguarda integral de todo el caserío histórico de Salamanca y, ahora, el proyecto de construcción de un nuevo edificio tiene que adaptarse a la posible existencia de restos arqueológicos (no al contrario), argumentan desde la organización vecinal.
Planes urbanísticos paralizados
Según Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, la ausencia de un Plan Especial de Protección para el Conjunto Histórico de Salamanca, a pesar de encontrarse redactado, está posibilitando actuaciones inéditas en una ciudad que se encuentra inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, como el vaciado de edificios o la construcción de sótanos y garajes.
La misión de expertos UNESCO/WHC que en el año 2009 visitó Salamanca ya instó a las autoridades competentes a aprobar herramientas legales que prohibiesen el vaciado de las estructuras internas de los edificios.
La asociación solicita que el Ayuntamiento de Salamanca presente el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Salamanca e inicie los trámites legales pertinentes para su aprobación. De igual forma, que inicie los trámites para la redacción definitiva del Plan de Gestión Integral de la Ciudad Vieja de Salamanca, incluyendo entre sus objetivos fijar población en la zona protegida por la Convención del Patrimonio Mundial.
El único motivo de no haberlo hecho, afirman, tiene el único fin de poder seguir aplicando la normativa general, nada proteccionista ni restrictiva, que menoscaba los valores intangibles del paisaje urbano histórico y arquitectónico heredado.
* Salamanca RTV al día - 1.7.14
Foto: Salamanca, edificio tapando las vistas de la Clerecía - salamancaaldia
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Imputada por prevaricación urbanística toda la Junta de Gobierno del PP en Orihuela
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El caso 'Brugal' sigue dando que hablar y su extensión se multiplica. El anterior gobierno 'popular' de Orihuela (Alicante) está ya imputado en pleno por prevaricación urbanística al conceder ilegalmente obras y servicios municipales a empresas del cabecilla del caso, A.Fenoll. Lógicamente la contraprestación, además del lucro personal de los imputados, recaía sobre el propio PP que se beneficiaba del apoyo económico subsiguiente. Ahora solo cabe esperar que la lenta justicia haga bien su trabajo y sancione debidamente esta trama mafiosa que se extiende por toda la Vega Baja del río Segura.
"ELPAÍS* : El único edil que quedaba por imputar del último gobierno del Partido Popular en Orihuela, entre 2007 y 2011, ya lo está. Antonio Rodríguez Barberá, concejal en la actualidad y expresidente de la Junta de Gobierno municipal ha sido citado por un juzgado de primera instancia de Orihuela junto a ocho ediles populares que formaban el equipo de gobierno de la exalcaldesa Mónica Lorente. Bajo la sospecha de la prevaricación, los nueve imputados deberán explicar los pagos realizados con reparo del interventor municipal a empresas de Ángel Fenoll, considerado cabecilla del caso Brugal y sospechoso de financiar las campañas de Lorente.
La imputación de Rodríguez Barberá se suma a la de toda la Junta de Gobierno de Mónica Lorente, quien curiosamente no formaba parte de esta pese a ser la alcaldesa. El caso nace de una denuncia presentada por la exregidora del PSPV en esta legislatura, Antonia Moreno.
En 2009, Moreno denunció que la Junta autorizaba pagos a las empresas de Fenoll por servicios “no sometidos a permisos o sin contrato” como eran la limpieza de Orihuela Costa y de dependencias municipales.
Para la presidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando —imputada en este caso y en el de las facturas de Fitur—, los socialistas “no saben otra cosa que ir al juzgado”. La popular acusó además al actual gobierno de verdes y socialistas de aprobar facturas con reparos de intervención. “Una vez más iremos con la indignación y la tranquilidad de siempre a dar cuenta”, dijo una Ferrando que será la que abra el próximo 28 de julio el baile de declaraciones.
La documentación entregada a fiscalía por Antonia Moreno, que ocupó el área de urbanismo del actual gobierno de verdes y socialistas hasta su dimisión, apunta a la existencia de pagos por valor de 55 millones de euros con reparos desde 2002, “de forma reiterada y a determinadas mercantiles”.
A la espera de que comiencen todos los juicios que pesan sobre una gran parte de los concejales populares en la capital de La Vega Baja, la situación no deja de ser una anomalía. En la actual bancada del PP, de 12 ediles que tiene, siete están imputados y uno condenado. Solo cuatro de ellos están libres de sospecha, los que se han estrenado en esta legislatura y nunca tocaron poder.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 3.7.14
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Ex-alcalde Puertollano imputado por las obras de la plaza de toros
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"CLM24* : El exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso, ha sido citado declarar como imputado por unas presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de la plaza de toros de la ciudad, informaron fuentes jurídicas. Hermoso ha sido citado en los juzgados de Puertollano después de que hayan declarado los dos técnicos del Ayuntamiento que emitieron los informes técnico y jurídico sobre la adjudicación de la obra, realizada entre los años 2008 y 2011.
Estas obras fueron cuestionadas hace ahora un año en un informe de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha donde se detectaba un posible incumplimiento de la ley en la adjudicación de las mismas a la empresa Navarro Piquer.
Según la Sindicatura, del análisis de la documentación de los expedientes de justificación de gasto del contrato de obra de cimentación, graderío y barrera, que tuvo un importe total de 1.537.467,98 euros, se desprendía que se había realizado un "fraccionamiento del contrato", que podría implicar la elusión de los requisitos de publicidad y libre concurrencia.
En la causa judicial se han personado Izquierda Unida y el Partido Popular de Puertollano.
Joaquín Hermoso presentó su renuncia al cargo en julio de 2013 y fue sustituido por Mayte Fernández, también del PSOE.
"Nada que esconder"
Por su parte, la actual alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, ha manifestado que en el Ayuntamiento que rige nadie tiene "nada que esconder" tras conocerse la citación como imputado del exprimer edil.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Fernández, sucesora de Hermoso en el cargo, ha declarado sobre este asunto su "total confianza hacia el equipo de Gobierno" y en todos los funcionarios.
Según Fernández, "el procedimiento está ante el juez, que es donde debe estar, y hablar en otro ámbito sería especular. Ojalá todos los ayuntamientos se hubieran sometido a una auditoría como nosotros lo hicimos".
Ha subrayado además en que el exalcalde acude en calidad de "imputado", que "no es lo mismo que acusado", y ha recordado que "se trata de una fase de instrucción en la que cabe todo el respaldo de la Ley". "Esperemos que se resuelva cuanto antes, porque esto nos ayudará a seguir trabajando en pos de la ciudad".
* CLM24 - 4.3.14
Foto: Puertollano (Ciudad Real), nueva plaza de toros - puertollano
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'Novo Carthago'.- El nombre de Valcárcel aparece en las investigaciones sobre corrupción urbanística
"VEGAMEDIA* : El nombre del anterior presidente de Murcia y actual europarlamentario Ramón Luis Valcárcel planeó durante parte del interrogatorio al que fue sometido el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado en el caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago. Por su parte, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado también en la causa y citado ayer por el juez, hizo uso de su derecho a no declarar, a pesar de que cuando fue encausado hace una semana expresó su “total disposición a colaborar con la Justicia”.
En el interrogatorio a Cerdá, varias de las preguntas formuladas por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región Manuel Abadía, estuvieron dirigidas a saber si una reunión celebrada en la sede de la presidencia del Ejecutivo autonómico en la que se habló del proyecto había sido convocada por Valcárcel.
Igualmente, Abadía preguntó al consejero qué hacía en aquella ocasión en la sede de la Presidencia el letrado Ángel Luna, que representaba a la inmobiliaria Hansa Urbana, promotora del proyecto urbanístico, que contemplaba la construcción de 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles de lujo en suelo parcialmente protegido.
Durante el interrogatorio, que se prolongó por espacio de casi una hora, el juez preguntó a Cerdá si se recibió en la consejería de la que es titular un regalo de Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, dirigido a él, y si el mismo "tuvo billete de ida y vuelta o solo de ida".
Sobre este particular, Cerdá manifestó en el acta que "recibió un regalo y decidió devolverlo, que cree que eran unos gemelos, pero no sabe quién lo mandó, ni a quién se devolvió; que lo devolvió a la dirección que venía en el regalo, aunque en este momento no sabe cuál era la dirección".
Cuando ya había terminado el interrogatorio con las preguntas de su defensa, el instructor retomó el tema para advertir al consejero de la importancia que tenía que precisara "el nombre y dirección del funcionario al que ordenó la devolución del regalo", aunque Cerdá insistió en que no puede acordarse. Ante esta situación, el instructor le indicó que si lo recuerda lo puede poner en conocimiento suyo a través del abogado defensor.
Al comienzo del interrogatorio, Abadía mostró su sorpresa por el hecho de que la Comisión de Impacto Ambiental en la que se habló de Novo Carthago fuese convocada en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autónomo, y no en la propia Consejería, que es su sitio natural.
"¿Acaso tiene usted poder para disponer de las estancias y habitaciones de la Presidencia de la Comunidad Autónoma?", le dijo el juez instructor.
Sobre este extremo, Cerdá manifestó que la orden de celebrarse en ese lugar la dio él, porque uno de los técnicos integrantes de la misma tenía otra reunión el mismo día en esa sede. "Fue una reunión que no convocó el presidente de la Comunidad", explicó, "además de que fue informal".
"¿Es cierto –añadió el magistrado– que el presidente de la Comunidad Autónoma les recibió a Ángel Luna y a usted previamente en su despacho y que por eso se desplazaron allí, para ratificar ante Luna el plácet del presidente de la Comunidad a la urbanización de Hansa Urbana y para mostrar a la Comisión que el proyecto contaba con el apoyo del presidente?".
La interrogante fue constestada por el consejero en el sentido de manifestar que "nunca le ha pedido nada el presidente de la Comunidad".
Sobre la orden de reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que aprobó, Cerdá señaló que siempre creyó más conveniente la recalificación urbanística de los terrenos por ser más conveniente un uso recreativo que seguir dedicándolos al regadío extensivo, por tratarse de suelos "altamente contaminados por metales pesados que podían pasar a la cadena alimentaria".
El consejero de Agricultura y Agua explicó en otro momento de su declaración que el proyecto Novo Carthago "era uno más de los muchos que entraban en la consejería, y que los técnicos siguieron –en su tramitación– el mismo camino que en los demás casos, sin que el declarante acelerara ni desacelerara nada en absoluto".
* Vegamedia - EFE - 3.7.14
Foto: Cartagena, urbanización Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es
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La justicia invalida una recalificación urbanística de Bildu en Bermeo
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"DEIA* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha invalidado la recalificación de una parcela que pasó de urbanizable a suelo urbano con la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2012, de la mano del equipo de gobierno de Bildu. Esa nueva calificación permitió arrancar la edificación de un bloque de 16 pisos en un solar en julio de 2013 por parte de una constructora, aún cuando previa aprobación del PGOU resultaba imposible edificar.
La administración bermeana puede seguir plantando batalla judicial ante el Tribunal Supremo, pero los argumentos del TSJPV son contundentes. La Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el suelo sobre el que se erige la promoción de viviendas privadas a cargo de la constructora Bermeo Eder Etxegin-tza “no es urbano al carecer de suministro de energía”. El valor de la parcela recalificada pasó de cero a 3 millones de euros con la citada modificación urbanística, ya que podría llegar a albergar hasta 40 pisos -cinco de ellas tasados-, 24 más de los 16 en construcción actualmente, según denunció el demandante en verano de 2013.
De la misma forma, el Tribunal también pone como ejemplo la escasa promoción de inmuebles de carácter protegido -solo cinco de los 40 edificables- para censurar el “urbanismo a la carta” practicado por el Consistorio. Lo hace a la vista de que el desgajamiento de la parcela mediante el PGOU -la unidad de ejecución 26.1 antes estaba incorporada en la unidad urbana S-22 - conllevó una reducción de esos volúmenes de pisos de protección para la parcela en litigio, evidenciado “una clara desigualdad de trato”. El Tribunal cita que esa actuación municipal “no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad”.
En una primera valoración, el Ayuntamiento indicó ayer que la aprobación provisional del PGOU se realizó en la anterior legislatura, siendo aprobado definitivamente “por unanimidad” y obteniendo además el beneplácito de instituciones como el Departamento de Vivienda o la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). Además, estimaron que hubiera sido “ilegal” no haber dado las correspondientes licencias de obras, que fueron emitidas en mayo de 2013 pese a estar abierto un proceso judicial.
EN DEIA El caso San Miguel fue dado a conocer por DEIA en agosto de 2013, cuando se informó de la apertura de la investigación del TSJPV para esclarecer la existencia de una posible recalificación ilegal en el citado solar de San Miguel, de 4.400 metros cuadrados, que fueron separados de un terreno mayor para habilitar la promoción de los pisos. En 2012 había presentado su denuncia el vecino demandante, quien también presentó alegaciones al Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) posteriormente, una petición que cayó en saco roto.
Con un malestar entre el vecindario que se ejemplarizó en la presentación de más de 60 firmas contrarias al plan urbanizador, tampoco entonces hubo respuesta por parte del actual concejal de Urbanismo y exalcalde de Bermeo con EA durante 16 años, Juan Karlos Goienetxea, ni de la alcaldesa, Idurre Bideguren. El TSJPV, por ahora, ha dado ahora la razón al demandante.
* Deia - IMANOL FRADUA - 1.7.14
Foto: La promoción en litigio está ubicada en el barrio de San Miguel. (I. Alberdi)
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Fraude en Valladolid.- "Hacienda somos todos, pero unos más que otros"
"DIAGONAL* : Una vivienda secreta para el jefe de Hacienda en Valladolid. Eso es lo que se ha construido en la cuarta planta del nuevo edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la capital castellana. Planta que según el plan aprobado por el Gobierno central en noviembre de 2010 estaba destinado a uso administrativo, ya que la falta de espacio de trabajo era lo que motivaba el cambio del viejo edificio de la Agencia Tributaria al nuevo edifico de la avenida de Salamanca.
En algún momento y fuera de lo aprobado se construyó esta vivienda secreta en la cuarta planta del nuevo edificio. Esta planta se utilizaría para el delegado de Hacienda, que es un cargo de libre elección, actualmente ocupado por Georgina de la Lastra tras una reciente cascada de despidos altos cargos de Hacienda a nivel estatal. La empresa adjudicataria de la obra, Corsán, tenía un presupuesto inicial de 18,8 millones de euros, y hasta que no se entregue el edificio terminado no sabremos el incremento de costes que puede hacer supuesto la conversión de la vivienda para la delegada.
La denuncia de la CGT, y su repercusión en los medios locales, como El Norte de Castilla, provocó una ola de excusas por parte de la administración. José Antonio Bermejo, el subdelegado del gobierno en Valladolid declaró que la delegada Georgina de la Lastra “no tiene intención de ocupar la vivienda”, pero no comentó nada sobre revertir el uso administrativo para el cual ha sido aprobado, que es lo que reclaman los trabajadores. La delegación de Gobierno no ha querido hacer declaraciones a DIAGONAL.
Fernando Ramos desde CGT explica que han hecho diversas peticiones a la administración, sin respuesta alguna, para que la cuarta planta de la sede de la AEAT vuelva a tener uso administrativo, que era el previsto inicialmente y permitiría una mejor atención a la ciudadanía. “Queremos simplemente que se utilice el edificio para lo que se ha construido, y no este tipo de prebendas injustas que no son propias del siglo XXI”
* Diagonal - Aurora Gómez Delgado - 30.6.14
Foto: Valladolid - construccion edificio Hacienda - urban
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Alicante.- Bruselas fuerza a vender la Ciudad de la Luz por competencia desleal
"ELPAÍS* : El sueño de Luis García Berlanga se ha transformado en una pesadilla de tintes berlanguianos. El cineasta valenciano, fallecido en 2010, promovió durante años la instalación de unos grandes estudios de cine a orillas del Mediterráneo con el fin de fomentar la industria, aprovechando el clima benigno, muy similar al de Hollywood. La Generalitat valenciana lo hizo suyo.
Levantó con fondos propios la Ciudad de la Luz de Alicante y concedió ayudas a las producciones para rodar en sus seis platós y en uno de los mayores tanques de agua del mundo, donde se filmó el espectacular tsunami de Lo imposible, de Juan José Bayona. En 2005 se inauguró lo que iba a ser “el mayor centro audiovisual de Europa”, según vaticinó el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana.
Este jueves, el Tribunal General de la Unión Europea dio la puntilla al proyecto, tal y como fue concebido, y confirmó que los 274 millones de euros destinados por la Generalitat valenciana a los estudios cinematográficos son ilegales y deben ser recuperados. El tribunal sostiene que la construcción del complejo y las subvenciones a los rodajes constituyen ayudas de Estado y trastorna la competencia en el sector. En consecuencia, obliga al Gobierno valenciano a “desinvertir”, lo que comporta la venta los estudios para intentar recuperar los fondos públicos.
“Ningún inversor privado habría aceptado invertir en las mismas condiciones. Por lo tanto, la financiación pública suponía una ventaja que falseaba la competencia entre los principales estudios de cine europeos”, manifestó Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de la Competencia a nivel europeo.
La sentencia del tribunal viene a ratificar una decisión de la Comisión Europea, que ordenó el reembolso de las subvenciones en mayo de 2012, y desestima en su totalidad los recursos presentados, a través del Reino de España, por la Generalitat. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, declaró que el resultado del contencioso “era algo esperado”.
El litigio arrancó cuando el megaestudio británico donde se han rodado películas de James Bond, Pinewood, denunció hace siete años ante Bruselas el sistema de ayudas de la Ciudad de la Luz. Luego se sumaron otros estudios.
En los estudios alicantinos se han rodado alrededor de 60 producciones audiovisuales (entre películas, series y programas). Además de Lo imposible, entre los títulos más conocidos se encuentran Astérix en los Juegos Olímpicos que recibió una ayuda de 4,7 millones de euros de la Generalitat (con un retorno de 30 millones de euros para Alicante, aseguró el Consell); Tetro, de Francis Ford Coppola, que también cobró 500.000 euros por dar una clase magistral y una rueda de prensa; o El camino de los ingleses, de Antonio Banderas. La presencia de populares nombres del cine en Alicante iba acompañada por una fotografía con los responsables políticos, como la imagen que inmortalizó un abrazo entre el expresidente Francisco Camps y Obélix, encarnado por Gérard Depardieu.
La Generalitat destinó en torno a 17 millones de euros a ayudas a los rodajes en distintas modalidades. Al respecto, la resolución de Competencia de la Comisión Europea dice textualmente: “Todo incentivo otorgado a productores cinematográficos con la condición de que el rodaje tenga lugar en Ciudad de la Luz (...) constituye ayuda estatal incompatible con el mercado interior”.
El portavoz de Competencia, Atoine Colobani, añadió ayer que “cuando el Estado o una autoridad pública, como una comunidad autónoma, decide actuar como inversor privado con expectativas de ingresos, no hay problema, no se trata de una ayuda, sencillamente es una inversión, pero no es el caso de esta situación”.
El complejo cinematográfico alicantino, diseñado por el especialista estadounidense Gary Bestien, ha recibido numerosos elogios de los cineastas por sus instalaciones. Pero las críticas no han cesado desde su nacimiento por sus enormes dimensiones, su cuestionable rentabilidad y su gestión. La empresa adjudicataria de la gestión, Aguamarga, y la Generalitat mantienen un litigio que ha ganado esta última. Los estudios arrastran unas pérdidas de 84 milones sólo en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. La Generalitat siempre ha respondido que el impacto económico para Alicante y la Comunidad Valenciana era muy positivo.
Sin embargo, los estudios permanecen cerrados desde la decisión de la Comisión Europea y han dejado de recibir posibles rodajes. Tampoco las arcas exangües de la Generalitat permitían seguir regando de subvenciones a las producciones. Esta parálisis se suma a la crisis del cine español y a la falta de exenciones fiscales para atraer grandes rodajes.
Desinvertir
El siguiente paso para “desinvertir” los 274 millones destinados por la Generalitat a la Ciudad de la Luz es su venta, como reconoce la consejera de Cultura, María José Català. La operación consiste en que la Administración valenciana se devuelva el dinero a ella misma. Por eso, la única vía será la venta de las instalaciones. ¿Cubrirá esa venta los 274 millones considerados ayuda de Estado? La consejera y también portavoz del Consell responde: “Es un futurible; es el escenario en el que estamos trabajando”. La portavoz del Gobierno de Fabra insistió en que el valor de mercado de las instalaciones puede cubrir esa cantidad. La oposición niega la mayor y pide que se asuman responsabilidades políticas por “este escándalo”, como apunta la diputada autonómica socialista Eva Martínez, que cifra en ocho millones el coste de las instalaciones cerradas sólo este año.
La Generalitat no se ha definido por la posibilidad de vender en uno o en varios lotes el complejo e incide en que está en contacto con la Comisión Europea. Ésta persigue “asegurarse de que las ayudas sean devueltas a los contribuyentes en la medida de lo posible”, afirmó Almunia.
* El País - A. BELTRAN / FERRAN BONO - 3.7.14
Foto: Ciudad de la Luz (Alicante) - elpais
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