El Ayuntamiento de Alicante lleva años sumido en la especulación urbanística pura y dura. Tras el alcalde 'popular' Alperi, llegó su discípula S.Castedo, que ha sido siempre complaciente con uno de los capos inmobiliarios más denostado, el empresario Ortiz. Numerosos asuntos urbanísticos están pendientes de que la Justicia actúe y sentencie, si es que lo va a hacer algún día. El servicio de basuras de la ciudad es otro más de estos contratos irregulares realizados, ya hace años, por el Ayuntamiento del PP a favor del empresario mafioso. Ahora una jueza está investigando este caso, pero como siempre, parece que con poca convicción y urgencia urbana ante las presiones políticas existentes.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante mantenía una deuda de 15 millones con el empresario Enrique Ortiz correspondiente a un descubierto en el servicio de basuras que el promotor viene prestando desde el año 2000. Una deuda así permitió a la UTE que lideraba el constructor hacerse con la concesión por ocho años más a cambio de 265 millones. Todo un negocio. Si alguien aparte de Ortiz hubiera querido hacerse con el servicio hubiera debido pagar 15 millones a la UTE y 13 al Ayuntamiento. Vistos los números, la llamada “contrata del siglo”, solo tenía cierto sentido para el promotor.
Este miércoles, ante la juez que investiga estos hechos, denunciados por los socialistas al considerar que no se respetó la correspondiente concurrencia pública de la licitación del servicio de recogida de basuras municipales, declaró Sebastián Chicote, jefe de Ingeniería del Ayuntamiento. Sus declaraciones, muy matizadas y con recurrentes metáforas, dejaron la impresión de que el pliego de condiciones que el mismo redactó venía cocinado desde las dependencias municipales.
El pliego en cuestión debía contemplar la deuda con Ortiz y las inversiones realizadas por su empresa. Cualquier competidor debía afrontar ese gasto si quería tener opción a quedarse con la concesión. Chicote aseguró ante la juez que no era de su competencia valorar el tipo de contrato que debía realizarse o qué concurrencia pública correspondía, sino redactar un pliego de prescripciones técnicas de un documento que ya venía marcado de tal manera que condicionaba el tipo de contrato administrativo. Dicho en román paladino: los requisitos introducidos por los políticos evitaban la concurrencia pública de empresas de la Unión Europea.
El veterano técnico usó una metáfora en la que insinuó que lo que ocurriera más allá de la esencia del contrato no le competía y comparó el pliego de condiciones con un huevo frito, siendo la yema la esencia y la clara la forma del contrato. “Si la clara se desborda del plato no es competencia mía”, señaló sin más detalles.
Las declaraciones de Chicote hacen pensar que el único adjudicatario posible podía ser Ortiz. “Hacer un contrato a seis años hubiera sido un sinsentido, porque es imposible que alguien recupere así su inversión y difícilmente aplicable en ocho años”, explicó Chicote refiriéndose a la cantidad que debe amortizar la empresa. “Cuesta más liquidar un contrato que sacar uno nuevo” dijo ayer el jefe de ingeniería.
Para poder realizar un contrato de servicios como el firmado, además, debe existir un riesgo por parte de la empresa, hecho que intentaron demostrar los servicios jurídicos municipales y los de la UTE. En este apartado, esencial para la defensa del tipo de contrato redactado, resultó Chicote un tanto contradictorio. En varias ocasiones contestó que a la empresa se le exigían riesgos. Pero cuando fue preguntado sobre un caso concreto como quién pagaría un incremento del servicio en un barrio alicantino contestó que, según el pliego, “le corresponde al contratista”. “Otra cosa es que el contratista proteste y entremos en un tiro y afloja”. Es decir, los riesgos constan en el papel, pero no la forma de exigirles que los cumplan.
La juez que instruye el caso denunciado por el PSPV intenta dilucidar si el tipo de contrato que se hizo a la UTE Alicante (Unión Temporal de Empresas) fue el correcto o, como dice el concejal socialista que presentó el recurso, Gabriel Moreno, “un traje a medida para Ortiz”. La contrata más cara jamás firmada por el Ayuntamiento alicantino da a la UTE Alicante, la única que concurrió a la adjudicación, la posibilidad de desempeñar un servicio por el que se llevará 435 millones de euros hasta 2026.
La UE, vigilante ante los hechos
“Es un contrato ruinoso para el interés público, solo sirve para tejer redes clientelares”, dijo este miércoles Miguel Ángel Pavón, de Esquerra Unida. Su formación lleva también tiempo encima de UTE Alicante. A la pregunta del eurodiputado Willy Meyer sobre el posible incumplimiento de la directiva europea al no haberse publicitado en boletines oficiales europeos, la Comisión Europea contestó el pasado julio que “los hechos planteados merecen una mayor atención”, proponiéndose la creación de una investigación.
La oposición siempre le extrañó que ninguna empresa europea acudiera a una ciudad, de casi 340.000 habitantes, que siempre ha hecho caso a la consideración del Tribunal de Cuentas, según la cual los servicios municipales en núcleos de más de 90.000 personas son más rentables municipalizados. Cuando se presentó el pliego de contratación por parte de Atención Urbana se habló del interés de “muchas empresas”, pero al final solo se presentó la de Enrique Ortiz, que ya limpia los cementerios, los colegios, las dependencias públicas, etc.
La única concurrencia se explicó porque quien optara a la contrata debía pagar 150.000 euros en documentación, más 28 millones: 15 a Ortiz, 13 al Ayuntamiento. El edil socialista Gabriel Moreno sigue preguntándose “¿cómo podemos deber 15 millones a UTE Alicante? ¡Si les hemos pagado 50 en sobrecostes en los últimos dos años!”, exclamó.
La contrata de oro
El presupuesto base de la licitación fue de 265 millones de euros (sin IVA) durante 8 años prorrogables a 12 por un valor total de 435 millones.
El adjudicatario y único concurrente: UTE Alicante, conformada por dos empresas de Enrique Ortiz (Cívica e Inusa), FCC y Cespa (Ferrovial).
Al ser licitado como un contrato de gestión se evitó la publicitación del contrato en la UE.
150.000 euros costaba solo preparar la documentación para concurrir al concurso.
* El País - RUBEN ESQUITINO - 23.4.14
Foto: El promotor Enrique Ortiz, accede a los juzgados de Alicante, en una imagen de archivo. / JOAQUÍN DE HARO
Alicante le dio un contrato de 265 millones a Ortiz porque le debía 15
Andalucía.- Los destrozos en el patrimonio al aire libre crecen por la falta de vigilancia
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El Patrimonio histórico-artístico de este país es uno de los 2 más relevantes del planeta, según se puede ver en la lista elaborada por la Unesco; pero que tradicionalmente ha sido mal conservado es un hecho conocido por todos desde al menos el siglo XIX. La burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística de los últimos años ha terminado por dar la puntilla a todo un símbolo de la verdadera 'Marca España'. El Patrimonio que está situado al aire libre, principalmente el arqueológico, está sufriendo esta desgracia cultural en primera línea. Un ejemplo de este mal lo tenemos en Andalucía, donde literalmente está siendo destrozado por hordas de salvajes sin que las autoridades competentes, delictivamente, hagan nada para evitarlo a pesar de haber sido advertidas en numerosas ocasiones.
"ELPAÍS* : Los graves destrozos aparecidos la última semana en las pinturas rupestres de la Cueva de los Escolares, en Santa Elena (Jaén), junto al conjunto de arte esquemático y levantino declarado en 1998 por la Unesco 'Patrimonio Mundial', ha reabierto el debate sobre la fragilidad y desprotección que sufre este legado con miles de años de antigüedad. Andalucía, con más de 3.000 yacimientos arqueológicos catalogados, es uno de los lugares donde más proliferan los actos vandálicos, muchas veces alentados por un mercado negro que mueve millones de euros. La dispersión y difícil localización de este patrimonio, unido a la falta vigilancia, es el caldo de cultivo de las infracciones, que se han disparado en los últimos años.
La situación más precaria se da en los conjuntos patrimoniales que están al aire libre, como es el caso de las pinturas rupestres. El conjunto artístico reconocido por la Unesco data aproximadamente entre el 8.000 y 3.500 antes de Cristo y está formado por más de 700 sitios, de los que cerca de 50 se hallan en la provincia jiennense. A ellos hay que añadir más de 300 abrigos en la fachada atlántica de Cádiz. “La desprotección que sufre este patrimonio es un problema muy grave, Andalucía es una zona única en el mundo en arte rupestre”, apunta José Luis Sanchidrián, catedrático de Prehistoria.
Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de plantear las soluciones para evitar los expolios. “En estos casos solo cabe el cerramiento de los yacimientos, pero a mí no me gusta porque indicamos al expoliador dónde está el bien. O hacer una alianza entre Cultura y Medio Ambiente para que la guardería medioambiental también se implique en la vigilancia de estos bienes”, señala Bartolomé Ruiz, director del conjunto de los Dólmenes de Antequera. Este yacimiento, que también aspira a su declaración como Patrimonio Mundial, es citado por los expertos como ejemplo de una buena preservación del patrimonio al aire libre.
José Luis Sanchidrián, quien fue conservador de las Cuevas de Nerja, también recela del vallado como solución más eficaz: “¿Quién le pone puertas al campo?”, se pregunta. Sin embargo, algunos grupos políticos, como es el caso del Partido Andalucista, han abogado por el vallado de estas pinturas y piden, incluso, la instalación de cámaras de seguridad en sus entornos. Cultura defiende su labor preventiva en los conjuntos cuya gestión tiene encomendada y cita como ejemplo los vallados en la Villa Romana de Bruñel (Quesada), en el yacimiento arqueológico de Puente Tablas (Jaén) o en el altozano Deán Pérez de Vargas (Andújar).
Con todo, tras los daños en las pinturas de Despeñaperros, todas las miradas se han dirigido hacia la Junta de Andalucía, como Administración tutelante de los bienes de carácter histórico. Sin embargo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte defiende su labor en materia de protección y conservación preventiva del patrimonio arqueológico conforme a lo previsto en la Ley 14/ 2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. El último año, la Junta abrió 170 expedientes sancionadores en la región por infracciones al patrimonio que está en lugares abiertos.
A pesar de no existir protocolos específicos de colaboración, la Junta valora la asistencia en esta materia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como policía autonómica e, incluso, la de los agentes de Medio Ambiente. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realiza cada año más de 500 actuaciones por expolios arqueológicos en el país, con Andalucía a la cabeza.
Desde el Seprona se advierte de que uno de los principales obstáculos para frenar los delitos contra el patrimonio es que no crean alarma social. “La sociedad avisa cuando hay vertidos a ríos o maltrato a animales pero raramente llaman para contar que se está produciendo un delito contra el patrimonio, no ha conciencia sobre ello”, indicó un portavoz del Seprona.
Con todo, los expertos alertan de la desprotección de estos bienes. “La solución pasa por reforzar la vigilancia, en especial cuando los bienes están dentro de un espacio natural protegido”, subraya Benito Navarrete, historiador de Arte. En su opinión, ya en 1986 se alertaba del abandono de las pinturas rupestres de la provincia de Cádiz y, ahora, la situación sigue siendo muy parecida. Pone como ejemplo los abrigos de las Cuevas de los Muñecos, en Despeñaperros, pinturas de estilo levantino con más de 6.000 años de vida que “están sistemáticamente saqueadas”. En los últimos tiempos están aumentando también los expedientes contra personas que utilizan detectores de metales en los yacimientos arqueológicos sin contar con autorización alguna para esa práctica.
Desde Cultura se llama la atención de que el 24% de los expedientes tramitados en los dos últimos años en Andalucía para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico pertenece a bienes del patrimonio arqueológico. Con relación al arte rupestre inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, la Junta de Andalucía está trabajando para la redacción del Plan de Gestión de los citados bienes, tal y como demanda la Unesco, conjuntamente con el resto de las comunidades autónomas implicadas en el expediente del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
La fiscalía, contra la “desidia” administrativa
La Fiscalía General del Estado se hace eco en su memoria de 2013 del reducido número de procedimientos que se tramitan por la vía penal en materia de patrimonio histórico. “En ocasiones, el problema reside en la inactividad de la Administración que está obligada a proteger tales bienes y no lo hace”, se apunta en la memoria, que alude a las quejas presentadas en este sentido desde las fiscalías de Huelva y Sevilla. Estas atribuyen parte del problema a la limitada remisión de denuncias o expedientes administrativos por parte de la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
Las excavaciones ilegales son otras de las principales amenazas de las zonas arqueológicas. “Pero se suscitan problemas a la hora de imputar habida cuenta de la desidia de la Administración al no hacerse generalmente un inventario en la carta arqueológica o ante la falta de señalización de los yacimientos”, se indica en la memoria de la fiscalía.
Por el contrario, las actuaciones para castigar las pintadas con grafitis sobre bienes de valor histórico sí que ha aumentado en los últimos tiempos. No obstante, el ministerio público cree que este incremento se debe a las campañas para la erradicación de esas pintadas puestas en marcha desde diversas fiscalías, entre ellas la de Granada.
La Fiscalía de Cádiz valora una condena por el uso de aerosol de pintura sobre diversos monumentos de la ciudad. Mientras que la de Huelva pide que este tipo de conductas se consideren delictivas. “No constituye una solución proporcionada, justa y eficaz incardinar el tema en la falta de deslucimiento de inmuebles del artículo 626 del Código Penal”, subraya la fiscalía onubense.
Las leyes penales tan solo establecen multas de 10 a 20 días a los que causen daños en el patrimonio cuyo importe no exceda de 400 euros. Las penas pueden ir de uno a tres años de prisión cuando los daños se producen en bienes de valor histórico artístico o en yacimientos arqueológicos.
El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ya se mostró partidario de endurecer las penas por delito de patrimonio. “Es la única manera de asegurar una protección suficiente del llamado patrimonio oculto, tan frecuente entre los bienes arqueológicos, incluida la arqueología subacuática, o de omitir actuaciones poco diligentes de las distintas administraciones culturales”, indicó García Calderón, quien abogó también por incluir como nuevas tipologías penales las excavaciones ilegales.
* El País - GINÉS DONAIRE - 28.4.14
Foto: Mosaico romano en Cástulo, descubierto en 2012. / JOSÉ MANUEL PEDROSA
Orihuela.- Un «bosque» de edificios en un «bosque» de palmeras
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Los antiguos palmerales de distintas localidades alicantinas son considerados oficialmente 'Bienes de Interés Cultural' por su importante exclusividad y el mensaje de una época pasada donde había una auténtica integración entre las actividades agrícolas y las urbanas. Desde hace ya varias décadas esto ha cambiado radicalmente (a peor) y ahora esos vergeles están acosados por la especulación urbanística y la falta de control de unas administraciones cuyo fin parece ser servir a los poderes privados por encima de los públicos. Eso ha ocurrido en Orihuela con los anteriores gobiernos 'populares' del Ayuntamiento y ahora la situación parece complicada e irreversible.
"INFORMACIÓN* : El experto critica, precisamente, el sinsentido de ver cómo durante las dos últimas décadas se ha producido una eclosión de los proyectos en pro del medio ambiente y defensa de la naturaleza al tiempo que el Palmeral Histórico ha ido de más a menos.
De eso, este miembro activo de Los Verdes –formación que gobierna Orihuela– culpa a la generación de alcaldes del Partido Popular durante las dos últimas décadas porque es difícil entender cómo un Palmeral ha pervivido desde el siglo VII (aunque de ello no existe una certeza porque no hay estudio que permita aventurar si, incluso, su origen es anterior) hasta nuestros días para, prácticamente, encontrarse agonizante en cuestión de 30 años porque hasta ahora más parecía un coto privado que otra cosa donde vehículos, personas, clubes deportivos o edificios públicos (deportivos, escolares y de servicios sociales) convivían y conviven sin ningún orden concierto ni justificación y ocupando esas estructuras de huertos árabes, que antaño permitían que pervivieran y crecieran en armonía hasta tres tipos de cultivos a diferentes alturas al resguardo de las palmeras y que ahora son una invitación al despropósito si de lo que se quiere hablar es de un Bien de Interés Cultural en el que se ha dejado crecer el ladrillo, tanto el social, como el educativo o el deportivo, además de aparcamientos.
Anécdotas de cómo estaba el Palmeral hace tres años hay muchas. El biólogo recuerda cómo uno de los cinco pozos subterráneos que permite el riego era destino de cubas para cargar agua en dirección a piscinas y particulares porque de aquella caseta de bombas todo el mundo tenía llave o ese club de petanca que usaba sin autorización parte de los huertos, disfrutando de acceso a luz pública y utilizando casetas de aperos como resguardo de paelleras o material deportivo sin que existiera convenio o acuerdo, algo que, por desgracia, es muy habitual por estas tierras: adquirir un derecho por costumbre; o la casa propiedad del Ayuntamiento que se encontraron con una inquilina...
* Información - M. ALARCÓN - 27.4.14
Foto: Un «bosque» de edificios en un «bosque» de palmeras - información
El Puerto de Santa María y la polémica de la urbanización Bahía Blanca
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No hace falta remontarse muy lejos en el tiempo para reconocer que el urbanismo en El Puerto (Cádiz) ha sido catastrófico y lleno de ilegalidades; en este mismo blog se puede comprobar lo sucedido en los últimos años. Ahora parece que continúan las mismas irregularidades municipales, a pesar de tener un nuevo Plan General. La primera modificación que se realiza de este Plan urbano no pretende defender los intereses generales, ni garantizar derechos ciudadanos, ni tiene nada que ver con las necesidades reales del municipio para generar empleo. Es más de lo mismo, un pelotazo urbanístico en toda regla para favorecer intereses privados de una empresa promotora con la ya conocida y polémica construcción de la urbanización de Bahía Blanca.
"ECOTICIAS* : Mal empezamos: la primera modificación del PGOU pretende favorecer los usos residenciales en detrimento de los hoteleros. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María está tramitando la primera modificación al nuevo PGOU, actuando al dictado de una empresa promotora que pretende modificar la normativa en el ámbito de Bahía Blanca para favorecer el desarrollo de una urbanización de lujo y aparcar el prometido proyecto hotelero. Esta modificación no pretende defender los intereses generales, ni garantizar derechos como el acceso a una vivienda digna, ni tiene nada que ver con la necesidad de promover un sector turístico de calidad que genere empleo y actividad económica. De nuevo tenemos que lamentar que se apueste por el sector residencial, lo que supone más de lo mismo, más especulación sin generación de empleo, y más oferta de viviendas en un mercado sobresaturado, cuya quiebra estamos pagando todos los españoles.
El inicio de esta urbanización en 2006 no pudo ser más desafortunado. A pesar de las promesas del entonces alcalde Fernando Gago y del concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez de que sólo se talarían 14 árboles, se talaron más de 500, destruyendo uno de los mejores bosques litorales de la Bahía de Cádiz y el hábitat de especies protegidas como el camaleón o la sabina.
Tanto el convenio urbanístico suscrito con los propietarios de esta zona como en el mismo PGOU se incluyó como cláusula vinculante que el complejo urbanístico se construiría simultáneamente, tanto la urbanización de viviendas de lujo como el complejo hotelero. Ahora la promotora M.V.G Urbanismo y Gestión S.A. presenta una propuesta de modificación del PGOU para que se le exima de la obligación de construir el hotel previsto, precisamente la instalación que puede generar empleo fijo a medio y largo plazo y actividad económica para el municipio, lo que consideramos intolerable. Hay que recordar que esta fue la tónica que se siguió en el anterior PGOU, que fue modificado en numerosas ocasiones siempre para reducir o eliminando los suelos hoteleros y ampliando la edificabilidad residencial. Este proceso se ha unido al progresivo cierre de hoteles en la ciudad, lo que ha reducido de forma muy significativa -en cantidad y en calidad- la oferta hotelera.
Actualmente este proyecto está paralizado, y la empresa que tenía la propiedad de la mayor parte de los terrenos, Arcai Inmuebles SA, en la ruina. Caja Inmaculada, entidad que financió este proyecto, se integró en Caja 3, que recibió 407 millones de euros de dinero público para sanearla. Caja 3 se terminó integrando en Ibercaja. En la actualidad la mayor parte del sector es propiedad de la SAREB –el banco malo-, o sea propiedad de una sociedad pública, lo que hace aún más rocambolesca la intención de seguir con un proyecto que nunca se tuvo que aprobar y que ha coadyuvado a la burbuja inmobiliaria que ha llevado a este país a la ruina. Ahora se intenta revitalizar precisamente en lo que no se debe: construir más viviendas. Hay que destacar que en Andalucía hay 224.000 viviendas vacías, y que los hiperdimensionados planes urbanísticos aprobados prevén un millón de vividas más, unas 20.000 en nuestro municipio, lo que equivaldría a aumentar varias veces la burbuja inmobiliaria que ya ha estallado.
Ecologistas en Acción ha presentado 13 alegaciones a esta propuesta de modificación del PGOU, que resumidamente proponen:
· Desestimar la propuesta de modificación del PGOU por perseguir intereses privados espurios y dejar paralizados, sin horizonte temporal seguro, el desarrollo de los suelos hoteleros que deben ser una prioridad para El Puerto.
· Garantizar la conservación de la totalidad de la zona forestal todavía existente y exigir a los propietarios la restauración de la vegetación ilegalmente destruida.
· Desclasificar como suelo urbanizable la totalidad del ámbito API-R-06 “Bahía Blanca”, manteniendo, en todo caso, un uso hotelero que no suponga más del 20% del ámbito y no afecte a las zonas arboladas o que tenían arbolado, que deben destinarse a la ampliación del parque público, solicitando su cesión a la SAREB.
· Al haberse incumplido los plazos para la solicitud de licencia de obras simultánea, se proceda a iniciar la anulación del Plan Parcial C-1 “Bahía Blanca”, a desclasificar estos suelos y dedicarlos a parque público y, con las condiciones expuestas, a usos hoteleros.
* Ecoticias - Agencias - 24.4.14
Foto: El Puerto (Cádiz), zona Bahía Blanca - niumba
La sombra de la trama Gürtel aparece en la localidad madrileña de Soto del Real
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La trama de corrupción Gürtel está muy extendida por toda la Comunidad madrileña, sobre todo en la zona de mayor nivel económico: la noroeste. Ahora es el municipio de Soto del Real el que cae bajos sus garras mafiosas y el gobierno 'popular' prevé dar el impulso definitivo a su Plan General Urbano, diseñado por el ínclito arquitecto Leopoldo Arnaiz, de quien la UDEF sospecha que ha comprado suelo en la cercana Boadilla a una sociedad de un testaferro del capo de Gürtel, Francisco Correa. Tras esta operación urbanística controvertida, aprobada lógicamente por el Gobierno autonómico 'popular', se esconden varios pelotazos que tarde o temprano saldrán a la luz, esperemos que con la diligente colaboración judicial.
"ELDIARIO* : Cuando el pasado 28 de marzo el pleno de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada con mayoría absoluta por el PP, aprobó impedir que el arquitecto Leopoldo Arnaiz recibiera encargos urbanísticos por parte del Consistorio, el Ayuntamiento trataba de limpiar su imagen de epicentro de la trama Gürtel. Arnaiz había diseñado el Plan de Ordenación (PGOU) en 2002 y la policía cree que utilizó empresas para hacerse con terrenos recalificados por dicho plan, según recoge un informe de la UDEF (Unidad de delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional). La UDEF también afirma en uno de sus informes que una de sus empresas ha comprado suelo en Boadilla a una sociedad de un testaferro de Francisco Correa.
Ahora, el pleno de otro municipio de Madrid, Soto del Real, está a punto, según confirmó a eldiario.es la misma alcaldesa, Encarnación Rivero (PP), de dar el impulso definitivo a su Plan General de Ordenación y "enviarlo a la Comunidad de Madrid". Se trata de un PGOU de Arnaiz Consultores, del mismo arquitecto vetado en Boadilla.
Si la Boadilla regida por Arturo González Panero (PP), el albondiguilla, está en los juzgados, Soto del Real aún se salva de los tribunales, a pesar de que cuando en 2005 el arquitecto Leopoldo Arnaiz recibió el encargo de redactar el plan, alguna de las empresas de su conglomerado ya poseían suelo en ese municipio. Cuando se produjo la aprobación inicial del proyecto, en enero de 2013, sus sociedades habían adquirido aún más terreno.
La historia comenzó el siglo pasado. La registradora de la propiedad de Colmenar Viejo inscribió con fecha de 16 de noviembre de 1999 una finca (la 244-N) de Soto del Real a nombre de la empresa Espacios Urbanos S-21. Esta sociedad unipersonal –que formaba parte del árbol societario de Leopoldo Arnaiz, según reconoció el empresario tras la descripción que hizo de este entramado su socia Rosa Llano– fue absorbida por otra llamada Centros Comerciales Raíces 3.000 en agosto de 2011, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Centros Comerciales Raíces 3.000 también cuelga en el árbol de sociedades que penden de Arnaiz: un tercio es de Edicobos que, a su vez, pertenece al 99% de Dosmilenaria –la anterior dueña de Espacios Urbanos–, de acuerdo con la descripción hecha por Llano, la antigua colaboradora de Arnaiz.
Además, según certifica la registradora de Colmenar Viejo, María López Álvarez, Centros Comerciales Raíces 3.000 se hizo en septiembre de 2012 con el 75% de otras dos fincas, "las números 4015 y 4016 de Soto del Real".
Un vistazo a ese patrimonio de suelo en el pueblo madrileño sitúa los terrenos consignados a sociedades del grupo de Arnaiz en zonas contiguas y creando un espacio unitario. ¿Dónde? En una extensión prevista al este del municipio que, según contabiliza Ecologistas en Acción en la zona, suman 100.000 metros cuadrados. De todo ese suelo, "unos 75.000 metros son urbanizables y otros 25.000 están en proceso de reclasificación por el nuevo PGOU que redactó Arnaiz", dice la organización.
La zona, situada al este del casco urbano, está limitada por la antigua vía del tren Madrid-Burgos, donde se ubica el apeadero de Soto del Real (dejó de dar servicio en 1998). El Plan del Cercanías de Madrid 2009-2015 incluyó la prolongación de una línea (la C-4) desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real. El 19 de junio de 2013, el Ministerio de Fomento sometió a información pública el "Estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real". El documento opta por remodelar y volver a poner en uso este andén que cae en las fincas de las empresas de Arnaiz.
"No somos defensores de nadie"
"Todas mis actividades las he llevado a cabo siempre cumpliendo la más estricta legalidad", contestó Leopoldo Arnaiz el 1 de abril al saberse repudiado por el Ayuntamiento de Boadilla. Un portavoz del grupo ha contestado a eldiario.es que "se trata de informaciones antiguas, por lo que no vamos a responder continuamente". El arquitecto fue apartado de Boadilla al estar "imputado por diferentes delitos de estafa, fraude y blanqueo de capitales en tres juzgados madrileños", rezaba la resolución del Pleno, en referencia a dos juzgados de Instrucción de la capital (el 8 y el 35) y otro en la ciudad de Alcorcón, aunque este último no por los planteamientos de Soto del Real.
La alcaldesa de Soto, Encarnación Rivero Flor, en conversación con eldiario.es explica: "No somos defensores de nadie. Seguimos adelante con el planteamiento porque es el que llevamos en el programa electoral". La alcaldesa justifica que el PGOU lo realizó "un equipo de redactores que tuvieron un contrato antes de que yo misma dirigiera el Ayuntamiento". Rivero no tiene conciencia de que haya irregularidades en la creación del documento que llevó a cabo Arnaiz: "Sólo en el supuesto de que un juez diga que hay un problema, actuaríamos. Cualquiera puede llevar el PGOU a los tribunales".
El Plan General concebido por Arnaiz Consultores para Soto reclasifica 3.436.000 metros de la localidad, plantea la construcción de 1.855 viviendas y duplica la población actual. Este municipio cae justamente al borde de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero fuera de sus restricciones.
* El Diario - Raúl Rejón - 23.4.14
Foto: Soto del Real (Madrid), ayuntamiento - pueblosespaña
El arte de no hablar de los pisos vacíos
Se sabe que en todo el país hay entre 3,5 y 5,5 millones de viviendas vacías, según quién dé los datos, pero esto no parece preocupar especialmente a los grandes partidos que lo olvidan con demasiada frecuencia, sobre todo cuando también hay millones de personas con necesidad urgente de un alojamiento digno. Salvo alguna iniciativa autonómica o municipal de pequeña escala, hay Comunidades como Andalucía donde este problema es palpable. Una ley andaluza prevé los realojos de familias con necesidad urgente de vivienda sin pasar por los registros de demandantes de pisos protegidos. La polémica sobre el realojo de la Corrala Utopía deja fuera del debate la existencia de al menos 700.000 pisos vacíos de los bancos en la región. Pero la crisis interna del Gobierno autonómico, y su paso atrás, deja a las claras cual es su verdadera intención al respecto.
DIEGO SANZ* : El Constitucional eligió una semana perfecta para comunicarle a la Consejería andaluza de Fomento y Vivienda que paralizaba su decreto antidesahucios hasta la siguiente legislatura. El auto fue dictado el día 8, pero el tribunal lo comunicó al Gobierno andaluz el lunes 14, cuatro días después de que la presidenta Susana Díaz escenificara su desacuerdo con el realojo de 18 hogares de la Corrala Utopía y retirara por unas horas la competencia sobre vivienda protegida a la consejería dirigida por sus socios de gobierno de Izquierda Unida.
Díaz había hecho suyos los argumentos del Partido Popular, que al frente del Ayuntamiento de Sevilla se niega a ofrecer una solución a las vecinas del bloque abandonado de Ibecaja, recuperado en mayo de 2012 por el movimiento 15M. Desde la Presidencia, y desde diversas personalidades del PSOE andaluz, se defendió que realojar a estos hogares por delante de las listas de espera de vivienda pública –que en esta autonomía gestionan los ayuntamientos– suponía un caso de “prevaricación”. Finalmente, el pacto de gobierno resistió a esta grave acusación de delito. Lo que está por ver es si el debate de las listas de espera introducido por la presidenta afectará a las campañas de la PAH y del análogo movimiento andaluz de corralas por el uso social de las viviendas que los bancos mantienen vacías.
Manresa es el municipio catalán con más pisos vacíos: un 25% del parque de viviendas (más de 9.000 pisos) no está habitado. Esta localidad es una de las más de 100 ciudades catalanas que ha aprobado una de las mociones impulsadas por los stop desahucios para obligar a los bancos a poner sus pisos vacíos en circulación bajo pena de multa, y con una PAH que ha recuperado dos de estos bloques vacíos (uno de La Caixa y otro, recuperado el 13 de abril, de la Sareb). Berni Sorinas, que participa en esta PAH, cuenta que en el primero de ellos La Caixa ya ha realojado a tres de las cinco familias. Según el relato de este activista, lo que separa a las otras dos familias de un acuerdo en el banco es lo mismo que, según la campaña anti corralas del ayuntamiento de Sevilla y el PSOE andaluz, les convertiría en perfectadas candidatas para un realojo: no cuentan con ningún ingreso y están en situación de exclusión social. Un requisito, según los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que sólo cumplían dos de las familias de la Utopía. En el caso de Manresa y La Caixa, el escollo, según Sorinas, son los 50 euros que la entidad pide como alquiler social. “Pero la petición es el 30% de los ingresos familiares, y si esos ingresos son cero, el 30% de cero sigue siendo cero”, argumenta. La experiencia de las PAH y los grupos de vivienda en sus negociaciones de alquiler social con los bancos es que éstos suelen preferir hogares con cierto nivel estable de ingresos, un criterio más cercano al de las políticas públicas de vivienda que lo que puede hacer pensar el aparente escrúpulo de Díaz y el alcalde Zoido por dar prioridad a las "familias en situación de exclusión social".
Listas de espera
Juanjo, un activista del colectivo que organizó la ocupación de la Corrala Utopía, la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, señala que en muchos casos los criterios de acceso a las listas de vivienda protegida hacen que éstas “no se adjudiquen porque las familias que optan a ellas y están en situación de desempleo quedan eliminadas de la lista al no poder garantizar el pago de ese alquiler”. Este mismo motivo era el que esgrimía la Consejería andaluza de Vivienda para explicar ante el Defensor del Pueblo la existencia de promociones de VPO vacías en esta comunidad autónoma. De hecho, un acuerdo del pleno de EMVISESA, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, admitía topes de ingresos familiares de hasta 15.000 euros anuales para poder acceder a una vivienda social sin tener que pasar por el registro municipal de demandantes, tal y como difundió DIAGONAL en la semana de la polémica. Unos ingresos que están muy por encima de los que puede percibir una familia sin empleo fijo y sin prestaciones sociales. Un concejal de IU del Ayuntamiento de Málaga consultado por DIAGONAL esa misma semana señalaba que es frecuente que en este municipio el PSOE vote a favor de realojos sin pasar por las listas de espera.
En el caso de la Utopía, cuenta Juanjo, “el desempleo es la nota dominante. La poca gente que tiene un trabajo es por horas”. El hecho de que una de las vecinas fuera una trabajadora municipal afiliada a IU con un sueldo de 1.600 euros levantó las alarmas, pero desde la Utopía defienden que su contrato es sólo de tres meses. La aclaración quedó tapada por toda una ronda de declaraciones en los medios contrarias al realojo, también desde Canal Sur, lo cual llevó a un comunicado público de CC OO contra la manipulación informativa en la cadena autonómica.
Mientras, el argumento del Constitucional para detener definitivamente las medidas de expropiación temporal de algunas de las 700.000 viviendas vacías de Andalucía era claro: la medida puede poner en peligro la “reestructuración bancaria apoyada con dinero público” en los términos definidos por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, “instituciones especializadas en la materia”. Por si quedaba alguna duda, el periodista Alberto Pradilla, del diario Gara, revelaba dos semanas después que el Gobierno de Rajoy se basó en informes de estas mismas entidades para recurrir ante el Constitucional una ley similar aprobada por el Parlamento navarro.
Nueve hogares sin alternativa de realojo
Ocho hogares de la Corrala Utopía de Sevilla cuentan ya con un acuerdo de realojo, mientras otros nueve esperan en lo que Juanjo, activista del 15M local, define como “un calvario de reuniones” desde que fueron desalojados el día 6 de abril. La Consejería de Vivienda, en manos de IU, afirma que hace lo necesario y alude al tapón municipal (del PP) porque en Andalucía las demandas de vivienda pública están en manos de los ayuntamientos. En su día, el Tribunal de Estrasburgo dió por buenos unos realojos –pues su criterio prohíbe desalojos sin alternativas– que, de cumplirse lo prometido por la Junta, no llegarán hasta la finalización de unas obras en septiembre.
* Diagonal - Diego Sanz Paratcha - 22.4.14
Foto: Sevilla, cartel Corrala Utopía - diariooctubre
Corruptos y pringaos
Tal y como comentábamos en la noticia pasada sobre el número de corruptos imputados en este país y la diferencia exagerada con los que habían sido sentenciados y cumplían cárcel, este artículo viene a corroborar la misma idea al respecto. Aparentemente se podría decir que la justicia actúa con normalidad y que los procedimientos son largos y complicados, pero a estas alturas ya sabemos que esto no es así y que la lentitud, dejadez, falta de medios y en numerosas ocasiones 'complicidad' judicial con la corrupción es escandalosa, lamentablemente, y ha sido denunciada por organismos europeos, organizaciones independientes y una larga lista de sesudos estudios sobre el tema.
*JUAN CARLOS ESCUDIER* : El balance judicial de la corrupción en España -1.700 causas abiertas, 500 imputados y sólo 20 penados – viene a confirmar que el talego es un club muy elitista que tiene reservado el derecho de admisión a los políticos y a sus contratistas, y si algunos logran pasar es únicamente porque se ponen pesadísimos. Para hacernos una idea, es más fácil que un tipo con calcetines blancos entre en una discoteca megapija que un servidor público acabe entre rejas. Con eso, está dicho casi todo. Por el número de procedimientos abiertos podría deducirse que la corrupción está muy perseguida, pero es evidente que los implicados corren más y durante mucho tiempo. No hay proceso por cohecho, malversación o tráfico de influencias que no dure una década como poco, lo cual es una bendición para los abogados defensores, que suelen ser los únicos que recuperan en su cuentas corrientes una parte de lo robado. Así es como cobra fuerza la idea de que la Justicia funciona divinamente pero sólo con los pringaos de calcetines blancos.
Es el propio sistema el que consagra la impunidad. El primer obstáculo para que un corrupto vaya al trullo es la omertà de sus colegas de partido, los que se dicen honrados, gente que jamás se entera de nada ni aunque se den de bruces con un Jaguar en el garaje. No se recuerda un solo caso de corrupción que haya sido llevado a los tribunales por la cúpula de un partido. Su interés por el latrocinio se despierta después, y resultan enternecedores sus intentos para personarse como acusaciones en los distintos sumarios, aunque sólo sea para saber si la mierda les llega a las orejas o sólo les ha salpicado los bajos del pantalón.
Cuando el silencio falla, entra en juego el aforamiento. Aquí hay tantos aforados como bares, lo que implica que la instrucción judicial de sus conductas presuntamente delictivas corresponde a los tribunales superiores de justicia o al mismísimo Supremo, cuya pericia en este tipo de procesos es manifiestamente mejorable. Añádase a esto un pequeño matiz: los magistrados de estos tribunales han sido designados por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros han sido elegidos en algunos casos por los propios corruptos o por sus honrados y silentes compañeros de partido.
¿Qué hace un aforado corrupto con un buen abogado sometido a investigación judicial? Pues recurrir hasta su partida de nacimiento para que el caso se eternice. Lo normal en estas décadas de democracia ha sido que el aforado se presentara a las siguientes elecciones con el beneplácito de su organización –por lo de la presunción de inocencia, ya se sabe- y que los electores le votaran con el argumento de que todos roban y éste, al menos, es de los míos. ¿Qué hace el corrupto si, pese a todo, lo ve muy negro? Dimitir para perder el aforamiento y que la causa pase a un tribunal ordinario y todo empiece de nuevo. Cuando haya sentencia firme, es probable que el corrupto se haya muerto de risa, de viejo, o sea un anciano con tantos achaques que deba cumplir la condena en un balneario.
Habrá quien piense que lo de este país es genético y que a la roussoniana manera somos muy golfos por naturaleza, pero la verdad es que ni de la corrupción tenemos la patente. Si aquí se manifiesta más es porque los controles son trampantojos y porque quien ahora es un corrupto antes era un allegador de fondos al partido que en algún momento decidió entrar en el negocio y tener la mayoría. Eso explica, por ejemplo, que la financiación ilegal siga sin ser delito en el Código Penal o que no se haya establecido una responsabilidad civil subsidiaria de las fuerzas políticas en los desfalcos protagonizados por sus dirigentes.
A falta de una lucha seria contra la corrupción lo previsible es que algún emprendedor se decida a abrir un museo en el que exponer los trajes de la Gürtel, los bolsos de Louis Vuitton de Rita Barberá, el confeti de las fiestas infantiles de Ana Mato, una faro del Jaguar de su exmarido, informes falsos de Filesa, la resolución sobre un ERE de Andalucía o la silla de ruedas de Félix Millet, el del Palau. La concesión será para el que pague la mordida mayor, lógicamente. Y los pringaos iremos a verlo.
* Público - Blogs - 21.4.14
Foto: Corrupción, cartel por listas limpias elecciones (archivo) - EFE
Cifras de la corrupción en España: 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo 20 en prisión
El escándalo de la corrupción no es exclusivo de este país, pero aquí ha encontrado un caldo de cultivo muy favorable que proviene de las raíces mismas de la dictadura. Ciertos sectores político-financieros-judiciales han continuado en la oscuridad año tras año alimentando el grave problema. Las cifras oficiales son lamentables pero solo representan un pequeña parte de la realidad, pues ésta es más difícil de detectar y se esconde a la opinión pública. Aún así, que de 500 imputados solo 20 estén en prisión es objeto de una seria reflexión acerca de cómo funciona (mal) este sistema complejo. Casi todos los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, tienen mucho que ocultar y no quieren 'levantar la liebre' por si acaso. Lo mismo ocurre con el sector financiero que, obviamente, saca tajada de esta situación delictiva. Y, por supuesto, la justicia que carece de la necesaria independencia y solo es el brazo armado de los dos anteriores sujetos, con lo que el círculo se completa y se llega a este estado de corrupción absoluta en el que, tristemente, el Urbanismo suele ser la estrella de la función, mal que le pese.
"HUFFINGTONPOST* : Bárcenas, Roca, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Del Nido y Díaz Ferrán son los reclusos más famosos por la corrupción en España. Entre las cifras de la corrupción en España, destaca que hay casi 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional. Un estudio publicado en 2013 cifró en 40.000 millones el coste social de la corrupción en España y, respecto al aumento de fondos para la investigación, Justicia gastó más de 10 millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en 2012.
Los casos de corrupción, según los datos recogidos por Europa Press en esta radiografía de la corrupción en España, afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.
Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.
BALEARES, LA COMUNIDAD CON MÁS POLÍTICOS ENTRE REJAS
Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia Ordinas y el exconcejal 'popular' en Lloseta Felipe Ferré. También han acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco años por una trama de desvío de fondos.
De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa.
No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.
Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores. Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas ligadas a él.
SÓLO UN IMPLICADO EN LOS ERE ANDALUCES EN PRISIÓN
En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad, aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado.
Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.
También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'.
Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella.
En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, --condenado a seis años y diez meses por su implicación en el 'caso Hacienda'-- y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.
Además, están imputados en casos de presunta corrupción en diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo, el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet.
VALENCIA, MUCHOS IMPUTADOS PERO NINGÚN ENCARCELADO
Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño.
Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (A Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.
En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.
Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.
* El Huffington Post - EP - 20.4.14
Foto: Corrupcíon, montaje foto - terra.es
Smart city: la utopía obsoleta
El declive de la civilización milenaria europea ante el avance norteamericano, y posteriormente asiático, ha supuesto una grave crisis para el Urbanismo ideal que durante tantos siglos se fue construyendo paso a paso. Al menos desde los tiempos de la Grecia clásica una serie de escritos y realizaciones fueron sirviendo de base para una cultura avanzada también en la Ordenación del Territorio. Pero llegados al siglo pasado parece que un tsunami haya acabado con la relación de los humanos con su entorno hasta el punto de hacerlo desaparecer casi por completo, como ocurre hoy en día. Los interminables suburbios y las gigantescas urbanizaciones aleatorias, movidas solo por el afán de lucro del capital, han sido una terrible desgracia para las condiciones y la calidad de vida en buena parte del planeta. Actualmente pocas utopías permanecen en el horizonte del auténtico Urbanismo perdido.
"J.M.DE LA VIÑA* : Smart city. Arcaico eufemismo anglosajón que dejó de desarrollarse hace casi un siglo, cuando los americanos promovieron el urbanismo deslavazado y los europeos copiaron tal aberración, que hizo furor en la España delirante de la corrupción ladrillera que se resiste a finalizar, de adosados espantosos aliñados en excelsa puerilidad consultora y bancaria. Ya no se diseñan ciudades inteligentes: se desparraman. Ya no se construyen edificios: se escupen todos iguales, de diseño famélico y anodino, que las curvas ya no se llevan. Ya no se erigen plazas armoniosas y ajardinadas: se colocan losetas una al lado de la otra encima de un agujero tenebroso y profundo.
Se extiende la contaminante urbanización salvaje sin proveerla de urbanismo, sin ninguna lógica ni control al albur de la ley de la selva, al arbitrio del más corrupto. Finalizará el proceso el día en que no quede ningún resquicio por invadir ni ninguna huerta por enladrillar.
Europa abandonó hace ya tiempo su modelo urbanístico milenario que fue bello, eficaz, sostenible y cómodo en su sencillez conceptual: la ciudad mediterránea, encalada unas veces, modelada en eficiente y blando adobe otras, a menudo tallada en dura piedra como la que rige demasiadas mentes arquitectónicas que se dicen eminentes.
Ha convertido sus maravillosos centros históricos en simples parques temáticos para el turista y el visitante, eliminando los cuarterones. En caros lugares rellenos de oficinas sin gracia ni vida una vez despojados de alma sus modernísimos interiores open space, o convertidos los vestigios de sus grandiosos edificios antiguos en reductos elitistas de “diseño” para asilvestrados nuevos ricos y algún que otro agraciado forrado de dinero.
Desde la antigüedad hasta no hace mucho, la sabiduría urbanística y arquitectónica se adaptaba por necesidad al entorno, al clima y los materiales que tenían a mano. Los recursos disponibles eran limitados. La energía era un bien escaso y renovable, pura tracción animal la que no era biomasa.
Tales constricciones estimularon por necesidad la originalidad y el pensamiento, la imaginación, la belleza y el arte. Cada zona o territorio desarrolló su propio estilo, sublimado en lugares grandiosos como la Ciudad Prohibida de Pekín o la Alhambra de Granada. Ejemplos opuestos de lo que puede dar de sí la imaginación y un buen oficio cuando se utilizan materiales de pobre y toneladas de buen hacer.
La ingeniería utilizada para erigir la grandiosa cúpula de Brunelleschi, por ejemplo, continúa asombrando después de tantos siglos. ¿Cuántos arquitectos de hoy serían capaces de diseñar nada mínimamente similar en sabiduría y belleza con la eficacia energética, la minuciosidad y el detalle que se merece?
El milagro no estaba en el resultado, sino en la maestría con la que fueron ejecutadas tales joyas teniendo en cuenta las limitaciones de la época. Ya no se construyen tales maravillas. La abundancia y la diversidad de materiales sofisticados, la abundancia de energía barata ha fomentado la vagancia intelectual que impide utilizarlos con sabiduría, eficiencia y racionalidad sea esta formal o caótica.
Hoy se plantifica idéntico rascacielos en Oslo o en Dubai, en Chicago o en Río de Janeiro, en Barcelona o en Londres. Da igual el clima, la orografía o la orientación. Se aumenta la potencia de los sistemas de climatización y asunto arreglado.
En muchos países del Golfo Pérsico la climatización supone la mitad del consumo energético. Un exceso que volverá moribundas a tales ciudades cuando su petróleo deje de manar y ya no lo puedan pagar, dentro de no demasiados años, si antes no las engulle el cambio climático o el aumento del nivel de los mares.
¿Cómo denominar el estilo homogéneo y vulgar que embrutece cualquier ristra de adosados o rascacielos acristalado que aplasta la sensibilidad, como cualquiera de los cuatro pirulís que abochornan Madrid y lo convierten en horrible amago de ciudad supuestamente moderna?
Es bien conocido el caso del sobrevalorado arquitecto que atiende al nombre de Frank Gehry. Construyó dos edificios casi idénticos, el uno en Bilbao, el otro en Los Angeles. Mientras el de aquí es vistoso por fuera y anodino por dentro, el de allí no se como es por dentro pero por fuera es una auténtica aberración en vista del clima local. Que se lo digan a los que viven cerca.
La radiación solar no es la misma en ambos lugares, los reflejos que produce el metal son de muy diferente intensidad. El aumento de la temperatura circundante que provoca es tolerable en Bilbao pero inadecuado en California. Allí el sol luce más. Obligó a rediseñar paneles para atemperar los fenómenos perniciosos incrementando la cuenta.
¿Por qué no se diseñan los edificios adecuándolos al entorno? Calatrava es otro buen exponente de diseños arquitectónicos presuntamente defectuosos y torpes en vista de los litigios que acumula y los trencadís que pugnan por atracar la cuenta corriente de los ciudadanos una vez cobrados unos honorarios desproporcionados e injustos. No hay más que visitar alguno de ellos para comprobar sus múltiples desperfectos, como el terriblemente defectuoso aeropuerto de Bilbao.
Antiguamente tales chapuzas no se solían producir ya que los mecenas, fuesen papas, reyes o emperadores no lo permitían: mandaban a la cárcel o a la hoguera al susodicho sin contemplaciones. Solían ser gentes de elevada sensibilidad artística y gran cultura a los que era difícil engañar, a pesar de sus muchas carencias y de su crueldad.
Hoy tales mecenas son mediocres políticos sin ninguna trayectoria ni acervo cultural o educativo que apenas saben hacer la “o” con un canuto. Les importa un bledo el dinero que gastan. Demasiados arquitectos estrella se aprovechan de ello, siendo aplaudidos por cohortes de fans fashion, de ilusos que se asombran por cualquier juego de artificio mediocre y flojo, y por una parafernalia mediática desmedida y atontada que ríe las carísimas gracias.
Alejandro Magno, su arquitecto Dinócrates de Rodas en su nombre, trazó Alejandría con tiralíneas siguiendo el plan hipodámico, el mismo que utilizó el centralista Ildefonso Cerdá para diseñar la Barcelona moderna, luego modernista, a pesar de las reticencias de la oposición local de entonces, su ayuntamiento retrógrado que continúa comportándose de igual manera, afianzado por la pacata burguesía provinciana que se las daba de moderna y avanzada mientras propugnaba un cerril urbanismo medieval, la misma que hoy pugna por echarse al monte, renegando de su seny tradicional.
Fue una imposición centralista y denostada entonces de la cual hoy todos se apropian y enorgullecen, hasta los paisanos que se opusieron, cuyos herederos insisten en cercenar la convivencia mientras sus fuerzas vivas excluyentes armadas de la triste concupiscencia que se ha reencarnado en deriva absolutista, continúan con idéntica cerrazón ideológica y mental. No hace falta que den las gracias.
El grandioso París que nos sigue asombrando lo diseñó, con parecida oposición, el barón Haussmann siguiendo la griegas pautas, igual que fue pergeñado el Barrio de Salamanca en Madrid mediante clásicas inspiraciones, la Gran Vía o incluso la decepcionante Ciudad Lineal. Le proporcionó gloria y la baronía al funcionario, pero le costó el puesto cuando los parisinos se hartaron, para luego elevarlo a los altares.
¿Quién no querría vivir en el centro de París aunque su cielo no sea tan azul como el del viejo Madrid castizo y entrañable del que apenas quedan vestigios, cuando la contaminación apenas se atisbaba y los tranvías lo abarrotaban? La botella municipal no sigue medio vacía, nunca estuvo medio llena.
Cruzando el charco, las ciudades norteamericanas más emblemáticas, grandiosas y sostenibles como la igualmente cuadriculada Nueva York o San Francisco son excepción y no la norma en EE.UU. ¿Es Nueva York una ciudad estadounidense? O quizás lo es más cualquier metrópoli extensa del Medio Oeste, todas igual de incómodas, derrochadoras, ineficientes y con fecha de caducidad. Detroit parece querer ser la primera.
Antiguamente las ciudades se proveían de las huertas circundantes, importando solo aquellos alimentos que eran incapaces de producir. Tales vergeles yacen hoy bajo el cemento. Volverán a ser necesarios el día en que la economía fundamental se implante, cuando la adaptación al cambio climático y la lucha por su mitigación obliguen a aplicar la ciencia de la escasez, a limitar drásticamente los transportes innecesarios, las emisiones y el consumo energético con ellos, con el fin de que las energías renovables se dediquen a usos imprescindibles y no suntuarios.
Cuando llegue ese día, la supuesta obsolescencia clásica cotizará de nuevo al alza mientras que la rabiosa modernidad de arrabal, arrasado mediante urbanizaciones vulgares y ristras de adosados uniformes y canallas se habrá quedado obsoleta nada más terminar.
Queda pendiente de reurbanizar las monstruosas conurbaciones actuales, aplicando verdadera INNOVACION mediante criterios sostenibles que permitan afrontar el futuro con optimismo, como Haussmann y Cerdá propugnaron y lograron a mucha menor escala. Caótico el brainstorming de hoy a la altura de la arquitectura clónica que se sigue erigiendo y del urbanismo que dejó de desarrollarse. Le he dedicado la misma profundidad que cualquier arquitecto estelar a proyectos supuestamente sublimes que incrementan de manera suicida el derroche energético, las emisiones, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Lo siento.
*José M. de la Viña, Dr. Ingeniero Naval
* El Confidencial - Opinión - 8.4.14
Foto: Buenos Aires, zona norte - skycrapercity
8,6 millones enterrados en el parque acuático de Jaén
Siguiendo con más despilfarros delictivos realizados por la casta político-empresarial en los años del boom urbanístico, traemos otro caso paradigmático de la cantidad de equipamientos municipales que se han levantado sin pies ni cabeza al olor del pelotazo y la corrupción. La denominada “playa de Jaén” está paralizada después de una millonaria inversión pública, 8,6 millones, realizada por el anterior equipo del ayuntamiento, de signo socialista. Tras el fracaso del inicial proyecto ahora está en juego, además, el coste de las obras que el nuevo gobierno 'popular' ha decidido transformar absurdamente en parque de ocio y que está también paralizado. Otro despilfarro delictivo más, aquí a dos bandas.
"ELPAÍS* : Cristales rotos, puertas arrancadas, el tendido eléctrico desvalijado, muros agrietados y un aspecto más propio de un solar arrasado por un tsunami. El que iba a ser parque acuático de Jaén, símbolo en su día de las obras faraónicas construidas durante la época de bonanza económica, es hoy un ejemplo evidente del derroche de dinero público y de la desidia de las Administraciones por mantener un patrimonio común. Después de invertirse 8,6 millones con cargo al plan E del gobierno de Rodríguez Zapatero, la llegada al Ayuntamiento jiennense del PP en 2011 frenó el proyecto. Los actuales mandatarios decidieron cambiar su uso por un parque de ocio y multiaventura. Pero hoy el parque de ocio ya es historia, y casi la misma suerte ha corrido el parque multiaventura, también abandonado a pesar de estar construido en un 80%.
El resultado es que la instalación es hoy pasto de la dejadez institucional, mientras el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se tiran los trastos a la cabeza culpándose mutuamente de la responsabilidad de su mantenimiento.
La que iba a ser la "playa de Jaén" —fue el gancho que utilizó el anterior gobierno de PSOE e IU a la hora de vender un proyecto escasamente demandado entre la ciudadanía— empezó a construirse en 2009 en la barriada de Valdeastillas, junto a la autovía A-316. Pero el proyecto naufragó dos años después al llegar a la alcaldía el PP. El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, justificó la marcha atrás por la falta de financiación, que se estimaban en otros 4,2 millones más. También se apuntó a una "viabilidad nada clara" en su explotación posterior.
Pero lo cierto es que el PP se había opuesto desde el principio a esta obra que calificaron como un "despilfarro", e incluso sembró dudas sobre su legalidad al cuestionar que el parque acuático y una zona comercial anexa se levantara sobre suelo rústico y al margen del PGOU. Y una vez que accedieron al gobierno local, con la obra ya en marcha, acusó al PSOE de desviar dinero de esta obra para otros gastos municipales.
En su lugar, PP presentó el proyecto de un parque multiaventura que se construiría sobre los mismos terrenos del parque acuático y que contaría con pistas de fútbol siete, pádel o tenis así como para la práctica de esquí, rocódromo, tirolina y una pista de karting. En total, un coste de 2,4 millones. Pero, según el alcalde, el nuevo proyecto tendría coste cero para las arcas municipales, ya que esperaban una subvención de un millón de la Junta —comprometida dentro del plan Proteja para los materiales del parque acuático— y el resto lo aportarán los empresarios que explotasen el parque.
Sin embargo, dos años después de que el PP presentara el nuevo proyecto, y después de que el alcalde anunciara la inauguración de la primera fase para el pasado verano, no solo no hay fechas para su culminación, sino que el parque es hoy un estercolero y un lugar propicio para los actos vandálicos, como denuncian los vecinos de la zona.
"Nosotros seguiremos con la tramitación hasta donde se pueda", señaló recientemente el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Javier Márquez, después de acusar a la Junta de Andalucía de "bloquear" la iniciativa. Y es que, según Márquez, la Junta reclama ahora informes que, a su juicio, "pasó por alto" mientras se construía el parque acuático. "Se estaba haciendo a las bravas, sin legalidad urbanística, sin exigirle ningún papel", censuró el edil.
El Ayuntamiento lamenta que la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente le solicite ahora la Autorización Ambiental Unificada, la compatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana, un informe sobre la situación del suelo, un estudio sobre impacto ambiental, otro sobre contaminaciones lumínica y sonora y, finalmente, otro sobre excavaciones arqueológicas. Documentos que el delegado provincial de Medio Ambiente, Julio Millán, justifica en que el Ayuntamiento presentó en su día un reformado básico del proyecto con actividades que sí requieren de informes medioambientales.
"No estamos poniendo impedimentos ni entorpeciendo la gestión del Ayuntamiento, solo que se concrete el trámite en función de lo que han planteado en el nuevo proyecto", agregó Millán.
Mientras tanto, los vecinos de Valdeastillas se quejan de que la falta de vigilancia está atrayendo a multitud de saqueadores, además de las molestias que generó en su día la obra a muchos inquilinos. Son varios los escritos presentados en el Ayuntamiento denunciando que los movimientos de tierras realizados en el que iba a ser parque acuático motivaron el cambio de correntías en las aguas naturales, y eso derivó en la entrada masiva de aguas pluviales en algunas propiedades privadas. En otras casas aparecieron grietas a consecuencia del embalsamiento en la zona por las lluvias.
Curiosamente, el gobierno municipal del PP, que ahora se muestra impasible ante las críticas vecinales, sí que fue contundente en su día al arremeter contra el anterior mandato de PSOE e IU por los importantes daños provocados en la urbanización Valdeastillas. Incluso sembró la alarma al advertir del riesgo de derrumbe del muro perimetral de la urbanización.
* El País - GINÉS DONAIRE - 12.4.14
Foto: Parque acuático de Jaén. / JOSÉ MANUEL PEDROSA
El alcalde de Arroyo de la Encomienda, condenado urbanístico y alcalde
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Este municipio situado a las afueras de Valladolid ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años, con bloques de viviendas y adosados desmesurados para su original población. En los años de la burbuja inmobiliaria ha sido gobernado por el 'expopular' J.M.Méndez, tristemente conocido por su corrupción urbanística, y que, a pesar de ser condenado a cárcel e inhabilitación en uno de los mayores escándalos de Castilla y Léon, continúa al frente del Ayuntamiento como si no hubiera pasado nada. Algo inexplicable y que vuelve a demostrar la impunidad absoluta de que gozan los políticos corruptos en este país. Ya no es que cueste su investigación, y luego imputación, es que además, aunque sean condenados, se pasan la justicia por el forro. Evidentemente, en las filas del PP de Valladolid deben estar muy satisfechos con semejante espécimen feudal, por llamarle algo.
"ELPAÍS* : Arroyo de la Encomienda, una localidad a siete kilómetros de Valladolid y a orillas del Pisuerga, es conocida como "la Marbella de Castilla" por su crecimiento urbanístico. Y en la mejor línea de Jesús Gil, su atípico alcalde, José Manuel Méndez Freijo —nacido hace 52 años en As Nogais (Lugo)—, lleva más de una década gobernando pese a haber sido condenado por cohecho y prevaricación a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación por favorecer a una empresa que le había regalado una casa y dinero. José Manuel Méndez fue el principal condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado 'caso Arroyo', uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de Castilla y León. La sentencia lo consideraba el artífice de una trama que permitió recalificar en 2005 un suelo industrial para que la constructora Mahía construyera 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a levantar. El exjuez Javier Gómez de Liaño, el abogado de Luis Bárcenas, fue su defensor.
Arroyo de la Encomienda, fiel a su condición de ciudad dormitorio, ha vivido de "las licencias de construcción antes de la crisis" y ahora, con muchas urbanizaciones paralizadas y viviendas a medio terminar, lo hace "de los centros comerciales", resumen en el Ayuntamiento. Más del 90% del suelo —más de mil hectáreas— es urbanizable. Ha pasado de 4.588 vecinos en 2001 a 16.643 en 2013. Tal y como lo define su alcalde en su cuenta de Twitter, "Arroyo de la Encomienda es una ciudad bañada por el Pisuerga donde merece la pena vivir, sobre todo por sus vecinos".
En medio del fragor del ladrillo llegó el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Mahía, gallega como el alcalde. El acuerdo fue calificado como "una patente, relevante y clamorosa vulneración de la legalidad urbanística" por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, dictada el 22 de noviembre. Y añade que Méndez Freijo dictó resoluciones, "a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia, para favorecer los intereses de Mahía, en contra de la legalidad urbanística, y de la cual había recibido gratuitamente en julio de 2004 una vivienda en Vilagarcía de Arousa".
Durante el juicio, el alcalde negó los regalos, pero la Audiencia Provincial de Valladolid destacó como hecho probado que, además del chalé, recibió 30 millones de pesetas [180.000 euros] en 2001. Méndez Freijo siempre ha mantenido que era un préstamo, un "auxilio financiero". "En realidad fue un regalo, pues no consta fuera devuelto a Mahía ni reclamado por dicha sociedad", dice la sentencia. Respecto a la vivienda, Méndez aseguró que la había pagado, pero la sentencia asegura: "Estamos ante una apariencia de venta que trata de esconder la realidad de un verdadero regalo de Mahía a Méndez Freijo en 2004".
José Manuel Méndez sigue defendiendo que es "inocente", tal y como ha insistido a este periódico. Y, por ello, añade tajante: "Seguiré siendo el alcalde de Arroyo porque estoy amparado por los votos de los ciudadanos".
Méndez es un camaleón político. En Galicia, donde nació y vivió hasta los 23 años, militó en el Bloque Nacionalista Galego —fue concejal por este partido en As Nogais—, primero, y en el Partido Socialista de Galicia, después. Ya en Valladolid, adonde llegó hace 30 años, estuvo en el Partido de los Independientes de España, logró la alcaldía en 2003 con el PP y en 2007 creó su propio partido, Independientes por Arroyo, con el que lleva de alcalde otros siete años. Es atípico y vehemente. Llegó al municipio vallisoletano vendiendo futbolines y máquinas tragaperras en un viejo coche Renault 11 con las ruedas totalmente desgastadas, según recuerda un vecino de la localidad que prefiere no ser identificado. Y ahora cobra del Ayuntamiento un sueldo que, según los datos de 2011, superaba los 60.000 euros.
Su vehemencia se aprecia en cualquier pleno. Como en el último, cuando respondió de forma tajante a la portavoz del Grupo Socialista que le había pedido su dimisión: "Se le contestará por escrito. Y punto". O cuando replicó: "Cuando tenga que dar explicaciones, las daré".
También se le recuerda por firmar un convenio con una fundación vinculada al Opus por el que se regalaba a la agrupación religiosa una parcela de 2,5 hectáreas para construir un instituto concertado, sin que haya ninguno público en el municipio. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Verónica Calvo, asegura que "en Arroyo se gobierna a golpe de resoluciones de alcaldía".
En los últimos meses se ha conocido otra querella por prevaricación, lesiones y coacciones supuestamente cometidas contra el interventor municipal, que está de baja por depresión después de presentar "numerosos reparos a innumerables actos administrativos". "En un Ayuntamiento vivo es normal que entren muchas denuncias", replica tranquilo el alcalde.
José Manuel Méndez gana elecciones sin parar desde 2003, y cada vez con más apoyo. Y a él recurre para justificar su permanencia en el cargo. "Los servicios jurídicos me han dicho que puedo seguir, y lo haré hasta que el Tribunal Supremo me diga que soy inocente. No hay motivos para dimitir".
La oposición —PP y PSOE—, sí los encuentran. Los populares, "por una cuestión ética", según su portavoz, José Antonio Otero; los socialistas, porque "así lo marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que es incompatible que un alcalde condenado siga ejerciendo", afirma Verónica Calvo.
En la misma idea de incompatibilidad coincide la Asociación Arroyo-Siglo XXI, creada por un grupo de vecinos del municipio y que, gracias al empeño de sus miembros y de su abogado, José María de la Red, lograron sentar en el banquillo a Méndez.
Para ellos, la incompatibilidad "es más que clara". Se amparan en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos (…) contra la Administración pública".
Pero la Junta Electoral Central sostiene, en un acuerdo del 20 de marzo pasado en respuesta a un recurso del PSOE, que "no corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas", por lo que debe ser un pleno el que resuelva esa posible incompatibilidad. Por ello, el PSOE ha pedido el apoyo del PP para convocar un pleno extraordinario en el que determinarla, aunque la mayoría absoluta del partido de Méndez Freijo impediría que saliera adelante la propuesta.
El alcalde de Arroyo de la Encomienda lo tiene claro: "Mi mandato, el que me dieron los ciudadanos, llega hasta 2015. Después, Dios dirá".
* El País - JUSTINO SANCHON - 20.4.14
Foto: José Manuel Méndez, a la izquierda, con su agobado, Javier Gómez de Liaño, acude a la vista en Valladolid en la que fue condenado. / R.GARCÍA (EFE)
Un informe de la UDEF desvela la dependencia de varias constructoras de las adjudicaciones del PP
El caso 'Bárcenas' sigue desvelando noticias de gran calado político-empresarial, sin que la justicia se digne a 'tirar de la manta' y acusar directamente a la plana mayor del partido que ha estado cometiendo durante años graves ilegalidades de trasfondo urbanístico para conseguir elevadas comisiones. Así se sabe que algunas de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas recibían hasta un 80% de sus contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP, hecho éste de una gravedad tal que haría actuar de inmediato a cualquier justicia no politizada como ésta. Pero aquí parece ser que los grandes delincuentes, los llamados de cuello blanco, siguen libres en la calle, mientras a los pequeños se les castiga sin más miramientos. Y a este estado de cosas 'algunos' lo llaman democracia.
"ELDIARIO* : Varias de las 15 empresas que figuran como donantes en la supuesta contabilidad B del Partido Popular elaborada por Luis Bárcenas recibieron más de la mitad de sus contratos públicos en el periodo 2002-2009 de administraciones gobernadas por el PP. En algunos casos la cifra llegó a alcanzar el 80% de las adjudicaciones procedentes de la Administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se cruzan las adjudicaciones realizadas por el conjunto de las administraciones públicas y las gobernadas por el PP a estas 15 compañías, esencialmente constructoras, con las anotaciones manuscritas del extesorero del Partido Popular.
El documento, de 496 páginas y al que ha tenido acceso eldiario.es, fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el viernes.
La Udef, que confirma que todas las empresas que presuntamente entregaron fondos al PP recibieron adjudicaciones de administraciones públicas gobernadas por ese partido –algo prohibido por la ley–, divide las 15 constructoras en cuatro grupos en función del porcentaje de los contratos públicos adjudicados por el PP en los años transcurridos entre 2002 y 2009.
Según el informe, dos sociedades, Aldesa y Licuas, recibieron el 80% de sus contratos públicos de gobiernos (ayuntamientos, ejecutivos autonómicos o administración central) del PP. En el caso de Assignia (Constructora Hispánica) y Asedes, las adjudicaciones de gobiernos populares superan el 50%. La cifra es de más del 30% en los casos de Bruesa, FCC, OHL y Sacyr y de menos de ese porcentaje para Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigué.
Cabe señalar que durante la mayor parte del periodo analizado por la UDEF la Administración central estaba en manos del PSOE y que el Partido Popular sólo mantuvo el poder en la totalidad de los ocho años analizados en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja.
Dependencia del PP
Aunque la UDEF indica que "la cuantía e importe" de las adjudicaciones públicas recibidas por los presuntos donantes del Partido Popular "sigue con carácter general la tendencia de la evolución de la licitación pública en este periodo" (evolución creciente hasta la llegada de la crisis en los dos últimos años de la serie), los datos recogidos por la UDEF revelan una importante dependencia de algunas constructoras de las administraciones del PP. Una relación que lleva a que su compartamiento durante el tiempo analizado sea muy distinto al de otras empresas de su sector.
El caso más llamativo es el de Aldesa. Según recoge el informe, esta constructora pasó de recibir adjudicaciones públicas por valor de 703 y 491 millones de euros en los años 2002 y 2003 a 75 millones de euros coincidiendo con la salida del PP de Moncloa en el año 2004. Desde ese momento, el volumen facturado a la administración por esta sociedad no vuelve a superar los 201 millones de euros en todo el periodo analizado. Se da la circunstancia de que en 2002, el año de mayor número de adjudicaciones públicas a esta compañía, todas proceden de gobiernos del PP.
El origen de las adjudicaciones a esta empresa varía también de forma notable tras la derrota electoral de Rajoy en marzo de 2004. Si con Aznar en el Gobierno la mayor parte de las adjudicaciones públicas procedían de la Administración central, a partir de ese momento sus principales clientes pasan a ser gobiernos autonómicos y ayuntamientos, habitualmente en manos del PP.
Según señala el informe, las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas incluyen entregas de fondos con los conceptos Aldesa y J.M. Rubio (que la UDEF identifica como Juan Manuel Fernández Rubio, exvicepresidente de la compañía) en los años 2002, 2003 y 2004.
Información insuficiente para vincular donaciones y adjudicaciones
En el resumen que encabeza el informe, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal señala las dificultades para establecer vínculos entre las supuestas donaciones al PP anotadas por Bárcenas con las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el Partido Popular a las empresas donantes.
"Para establecer una correlación entre dichas donaciones de dinero y los procesos de adjudicación pública en los que las empresas, con las que se encuentran relacionadas las personas que figuran como aportantes de fondos, tienen intereses, sería preciso disponer de información adicional que permita realizar unas inferencias lógicas a partir de un conjunto de elementos cuantitativos, temporales y subjetivos de los que en estos momentos no se dispone", indica la Udef.
* El Diario - Ander Iñaki Oliden - 17.4.13
Foto: Bárcenas con policía - eldiario
El TSJA declara firme una sentencia que da a la Junta el suelo del Algarrobico
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El caso del hotel ilegal de 'El Algarrobico' no tiene fin a la vista. Las sentencias judiciales siguen y siguen cayendo, normalmente contrarias a la empresa constructora y al Ayuntamiento de Carboneras, pero no hacen más que liar la madeja de una situación encallada y confusa, salvo que alguien con más autoridad y decisión se proponga finalmente la urgente demolición. Ahora parece ser que la Junta de Andalucía es la propietaria legal de los terrenos donde se asienta el 'mamotreto', en contra de lo que afirmaba la empresa privada, pero, en realidad, no se sabe si esta es la misma Junta que permitió su construcción por omisión de control y vigilancia. Así que todo queda flotando en el aire, una vez más.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta andaluza la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), por un importe de 2,3 millones de euros. La resolución, que desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Carboneras contra el derecho de retracto que ejerció el Gobierno que presidía Manuel Chaves en 2006, es firme en virtud de un auto de 13 de enero, aunque no ha entrado aún en ejecución, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Por otro lado, la Junta no ha solicitado la ejecución, en este caso provisional, de las otras dos sentencias dictadas en diciembre que validaron el citado derecho de retracto y que han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata y la constructora Azata del Sol.
Azata formalizó el recurso el 11 de febrero mientras que Azata del Sol lo hizo a principios de abril, según han precisado las mismas fuentes, que ha indicado que en ambos procedimientos ninguna de las partes personadas, en este caso Junta y propietarias del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, han interesado la ejecución de forma provisional.
La sentencia de la Sección Primera del Alto Tribunal que ya es firme, dictada en octubre de 2013, considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.
En esta línea, designa al delegado de Medio Ambiente para que, en nombre de la Junta, formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación, así como la demás documentación necesaria para la "total inscripción" de las cinco fincas que componen los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico en "los registros pertinentes".
Apunta, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio "es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto".
Notorio interés medioambiental
La Junta de Andalucía adquirió por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 el suelo con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
El TSJA subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio" por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludió a la sentencia que dictó la misma sala en junio de 2012, en la que se revocaba el PORN que entró en vigor en 2008 al entender que había rebajado el nivel de protección con respecto a 1994 y que este podía "hacer factible la realización de nuevas edificaciones o rehabilitación de las ya existentes".
En este punto, entraba de lleno en la controversia que ha marcado todos los procedimientos en torno al hotel y que se centra en la "más que cuestionable calificación de urbanizable de los terrenos" y hacía referencia a los planos modificados en 1997 por la Junta y en la que se basó el Ayuntamiento para dar vía libre a la construcción del hotel ya que la zona "debatida" aparecía como D2 o urbanizable ordenada.
Recordaba que el Alto Tribunal ya calificó esta sustitución de planos como "un mecanismo burdo para pasar el suelo de especial protección a no urbanizable" y consideró que "había sido una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planteamientos urbanísticos y medioambientales, adaptando el PORN a la normativa municipal, lo que está vedado".
De hecho, poco después el mismo tribunal emitía un auto en el que se declaraba el paraje "espacio protegido no urbanizable" y obligaba a su publicación en BOJA, un pronuncionamiento que entra en contradicción con el dictado por la Sección Tercera el pasado mes de marzo en el que cataloga los sectores ST-1 y ST-2 como "urbanizables" y que ha llevado a los colectivos ecologistas y a la propia Junta a recurrirla en casación ante el TS.
* El País - EP - 22.4.14
Foto: Miembros de la plataforma Desmontando El Algarrobico, durante una protesta el pasado día 16 a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE)
El exalcalde de Las Rozas, imputado por prevaricación y desobediencia
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En este caso de Las Rozas (Madrid) se solapan dos actividades ilegales con el mismo fin delictivo de la utilización indebida de fondos públicos. Por un lado hay un municipio rico del extrarradio de la capital, cuyos sucesivos gobiernos 'populares' han sido varias veces imputados y condenados por delitos urbanísticos (por ej. con el Plan de Ordenación Urbana); y por otro, una utilización de terrenos públicos para un 'deporte' tan conflictivo urbanísticamente como es el fútbol. Así, en la ya tristemente famosa Ciudad del Fútbol, la justicia vuelve a imputar el exalcalde de la localidad y a numerosos concejales del anterior gobierno municipal, algunos todavía en activo.
"ELPAÍS* : Bonifacio de Santiago Prieto, diputado regional del Partido Popular y exalcalde de Las Rozas, ha sido imputado por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones adoptadas para no ejecutar una sentencia que obliga a la Federación Española de Fútbol (RFEF) a devolver al Ayuntamiento el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la Ciudad del Fútbol.
También han sido imputados siete concejales del PP del anterior Gobierno municipal, de los que tres continúan en el gabinete del regidor actual, José Ignacio Fernández Rubio: Antonio Garde Fernández-Fontecha, concejal de Deportes; José Luis Álvarez de Francisco, edil de Hacienda; y Francisco Javier Espadas López-Terradas, actual responsable de Innovación y Administración electrónica, protección civil, ferias y fiestas. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les citó a declarar a principios de mayo.
La decisión judicial (firme desde 2007) anula el acuerdo de pleno de 1998 por el que se cedieron los más de 100.000 metros cuadrados a la RFEF, que preside Ángel María Villar, terrenos en los que se edificó un complejo deportivo. Los imputados deberán responder sobre las razones por las que donaron a la Federación de Fútbol, y a coste cero, unos terrenos que eran de dominio público. Al tratarse de bienes demaniales, no patrimoniales, no se podían donar salvo a entidades de derecho público sin ánimo de lucro. Tras sucesivos incumplimientos y los consiguientes parches municipales, el Consistorio aprobó el pasado septiembre el pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión de la Ciudad del Fútbol.
“Llevamos esperando siete años a que se cumpla la ley... ¿Acaso la ley no es igual para todos? Sobre todo cuando los desahucios de domicilios, por ejemplo, se ejecutan de manera implacable y estos señores permanecen usurpando un dominio y sin pagar un solo euro al ayuntamiento”, critica el portavoz local del PSOE, Miguel Ángel Ferrero. El responsable socialista es favorable a que la Federación Española continúe en la localidad, y cree que los fallos judiciales así lo harán posible, ya que la sede de la selección “permanecerá en Las Rozas de una manera legal al evitarse precisamente el pelotazo urbanístico”. “Lo único que pedimos es que la Federación pague al municipio lo que le corresponde. Y resulta que debe al municipio 75 millones de euros por el aprovechamiento del espacio de la Ciudad del Fútbol”.
“Es inconcebible que el PP haya consentido que la Federación haya estado lucrándose durante diez años de unos contratos ilegales y nulos en virtud de las sentencias judiciales, que suponen una media de 7,5 millones de euros anuales”, reflexiona Ferrero.
El PP cuenta con 16 concejales en Las Rozas, por cuatro del PSOE, tres de UPyD y dos de IU.
* El País - JOSÉ MARCOS - 22.4.14
Foto: La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / ULY MARTÍN
