Alicante le dio un contrato de 265 millones a Ortiz porque le debía 15

El Ayuntamiento de Alicante lleva años sumido en la especulación urbanística pura y dura. Tras el alcalde 'popular' Alperi, llegó su discípula S.Castedo, que ha sido siempre complaciente con uno de los capos inmobiliarios más denostado, el empresario Ortiz. Numerosos asuntos urbanísticos están pendientes de que la Justicia actúe y sentencie, si es que lo va a hacer algún día. El servicio de basuras de la ciudad es otro más de estos contratos irregulares realizados, ya hace años, por el Ayuntamiento del PP a favor del empresario mafioso. Ahora una jueza está investigando este caso, pero como siempre, parece que con poca convicción y urgencia urbana ante las presiones políticas existentes.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante mantenía una deuda de 15 millones con el empresario Enrique Ortiz correspondiente a un descubierto en el servicio de basuras que el promotor viene prestando desde el año 2000. Una deuda así permitió a la UTE que lideraba el constructor hacerse con la concesión por ocho años más a cambio de 265 millones. Todo un negocio. Si alguien aparte de Ortiz hubiera querido hacerse con el servicio hubiera debido pagar 15 millones a la UTE y 13 al Ayuntamiento. Vistos los números, la llamada “contrata del siglo”, solo tenía cierto sentido para el promotor.

Este miércoles, ante la juez que investiga estos hechos, denunciados por los socialistas al considerar que no se respetó la correspondiente concurrencia pública de la licitación del servicio de recogida de basuras municipales, declaró Sebastián Chicote, jefe de Ingeniería del Ayuntamiento. Sus declaraciones, muy matizadas y con recurrentes metáforas, dejaron la impresión de que el pliego de condiciones que el mismo redactó venía cocinado desde las dependencias municipales.

El pliego en cuestión debía contemplar la deuda con Ortiz y las inversiones realizadas por su empresa. Cualquier competidor debía afrontar ese gasto si quería tener opción a quedarse con la concesión. Chicote aseguró ante la juez que no era de su competencia valorar el tipo de contrato que debía realizarse o qué concurrencia pública correspondía, sino redactar un pliego de prescripciones técnicas de un documento que ya venía marcado de tal manera que condicionaba el tipo de contrato administrativo. Dicho en román paladino: los requisitos introducidos por los políticos evitaban la concurrencia pública de empresas de la Unión Europea.

El veterano técnico usó una metáfora en la que insinuó que lo que ocurriera más allá de la esencia del contrato no le competía y comparó el pliego de condiciones con un huevo frito, siendo la yema la esencia y la clara la forma del contrato. “Si la clara se desborda del plato no es competencia mía”, señaló sin más detalles.

Las declaraciones de Chicote hacen pensar que el único adjudicatario posible podía ser Ortiz. “Hacer un contrato a seis años hubiera sido un sinsentido, porque es imposible que alguien recupere así su inversión y difícilmente aplicable en ocho años”, explicó Chicote refiriéndose a la cantidad que debe amortizar la empresa. “Cuesta más liquidar un contrato que sacar uno nuevo” dijo ayer el jefe de ingeniería.

Para poder realizar un contrato de servicios como el firmado, además, debe existir un riesgo por parte de la empresa, hecho que intentaron demostrar los servicios jurídicos municipales y los de la UTE. En este apartado, esencial para la defensa del tipo de contrato redactado, resultó Chicote un tanto contradictorio. En varias ocasiones contestó que a la empresa se le exigían riesgos. Pero cuando fue preguntado sobre un caso concreto como quién pagaría un incremento del servicio en un barrio alicantino contestó que, según el pliego, “le corresponde al contratista”. “Otra cosa es que el contratista proteste y entremos en un tiro y afloja”. Es decir, los riesgos constan en el papel, pero no la forma de exigirles que los cumplan.

La juez que instruye el caso denunciado por el PSPV intenta dilucidar si el tipo de contrato que se hizo a la UTE Alicante (Unión Temporal de Empresas) fue el correcto o, como dice el concejal socialista que presentó el recurso, Gabriel Moreno, “un traje a medida para Ortiz”. La contrata más cara jamás firmada por el Ayuntamiento alicantino da a la UTE Alicante, la única que concurrió a la adjudicación, la posibilidad de desempeñar un servicio por el que se llevará 435 millones de euros hasta 2026.

La UE, vigilante ante los hechos

“Es un contrato ruinoso para el interés público, solo sirve para tejer redes clientelares”, dijo este miércoles Miguel Ángel Pavón, de Esquerra Unida. Su formación lleva también tiempo encima de UTE Alicante. A la pregunta del eurodiputado Willy Meyer sobre el posible incumplimiento de la directiva europea al no haberse publicitado en boletines oficiales europeos, la Comisión Europea contestó el pasado julio que “los hechos planteados merecen una mayor atención”, proponiéndose la creación de una investigación.

La oposición siempre le extrañó que ninguna empresa europea acudiera a una ciudad, de casi 340.000 habitantes, que siempre ha hecho caso a la consideración del Tribunal de Cuentas, según la cual los servicios municipales en núcleos de más de 90.000 personas son más rentables municipalizados. Cuando se presentó el pliego de contratación por parte de Atención Urbana se habló del interés de “muchas empresas”, pero al final solo se presentó la de Enrique Ortiz, que ya limpia los cementerios, los colegios, las dependencias públicas, etc.

La única concurrencia se explicó porque quien optara a la contrata debía pagar 150.000 euros en documentación, más 28 millones: 15 a Ortiz, 13 al Ayuntamiento. El edil socialista Gabriel Moreno sigue preguntándose “¿cómo podemos deber 15 millones a UTE Alicante? ¡Si les hemos pagado 50 en sobrecostes en los últimos dos años!”, exclamó.

La contrata de oro

El presupuesto base de la licitación fue de 265 millones de euros (sin IVA) durante 8 años prorrogables a 12 por un valor total de 435 millones.
El adjudicatario y único concurrente: UTE Alicante, conformada por dos empresas de Enrique Ortiz (Cívica e Inusa), FCC y Cespa (Ferrovial).
Al ser licitado como un contrato de gestión se evitó la publicitación del contrato en la UE.
150.000 euros costaba solo preparar la documentación para concurrir al concurso.


* El País - RUBEN ESQUITINO - 23.4.14
Foto: El promotor Enrique Ortiz, accede a los juzgados de Alicante, en una imagen de archivo. / JOAQUÍN DE HARO

3 comentarios :

sebaah dijo...

Esto lo sumamos a los casos de la Basura, las llamadas telefonicas que un Juez del Lugar anuló, pidiendo su traslado a la semana siguiente....El Fiscal General del Estado tiene razon: "Es un autentico Escandalo", los Jueces Españoles ante la corrupción, el cohecho,la prevaricacion... prefieren realizar sentencias EJEMPLARIZANTES contra los Roba Gallinas, no haciendo NADA ante este tipo de Atracos al Tren de Glasgow a los que se ha sometido Alicante, otrora la Mejor Terreta del Mundo, hoy un adefesio, con la linea de costa destruida gracias a recalificacion Morganaticas, llena de esqueletos recuerdo de la crisis actual, con mas de un 30 por cien de paro....Mientras los Señoritos siguen con sus yates,dineros, prebendas....Como si les hubiese tocado el Euromillon. ¿Dónde estan los JUECES Anticorrupcion? ¿Qué esperan? ¿Que acabe la crisis?

espigonero dijo...

La mayoría de las contratas de servicios públicos son una estafa a las arcas municipales. Dinero de nuestros impuestos que solo pagamos los ciudadanos y trabajadores que tienen que mendigar para poder tener un trabajo. Por otro lado los intereses y de las empresas por coger estos servicios hacen que las empresas sobornen a políticos, técnicos....etc. Trabajo en unas de las más grande fcc, los contratos de la mayoría de los trabajadores están en fraude de ley. Dinero Público al servicio de unos pocos.

Blogger dijo...

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