Así es, por increíble que parezca: durante 10 años todos los Planes urbanísticos en terrenos inundables de la Comunidad Valenciana no se sometieron al Plan especial para estos casos particulares (Patricova). Algo que, más que un absurdo, parece un grave delito por las consecuencias trágicas que ha podido o pudiera tener en el futuro. Las inútiles y politizadas Comisiones de Urbanismo dieron, además, el visto bueno a esta enorme irregularidad territorial, con lo que está clara su implicación delictiva en esta falta de informes. Pero también es responsabilidad de la Consellería de la Generalitat valenciana que debió supervisar esta cantidad de Planes Urbanísticos ilegales, con lo que la lista de culpables se amplía notablemente.
"LEVANTE* : El 81,7 % de los planes urbanísticos en suelo inundable aprobados por las comisiones territoriales de urbanismo (CTU) entre 2003 y 2012 no se sometió al visto bueno del Plan de acción territorial contra el riesgo de inundación (Patricova), según admite la Conselleria de Territorio en la memoria del plan. Traducido a cifras concretas, las comisiones territoriales de urbanismo dieron vía libre a urbanizar 11.084 hectáreas de superficie inundable de las que sólo han sido informadas «favorablemente por el Patricova» un total de 2.031, el 18,3 %.
Territorio achaca este desfase entre los proyectos urbanísticos aprobados por las comisiones territoriales y los que se han sometido a la «lupa» del Patricova a que existía «en tramitación un considerable número de expedientes urbanísticos» cuando se aprobó el plan antirriadas (el 28 de enero de 2003). «Por su diferente estado de avance algunos de ellos fueron sometidos a consulta del Patricova, frente a otros que no fueron informados», según Territorio en aplicación de la ley urbanística valenciana (LUV) de diciembre de 2005, que no entró en vigor hasta febrero de 2006.
Esta falta de aplicación del «filtro Patricova» (para prevenir las riadas e inundaciones) «se produjo durante los tres primeros años desde la aprobación del Patricova, momento a partir del cual, las modificaciones o revisiones de planeamiento son informadas en prácticamente la totalidad de casos por el plan de actuación territorial».
Visto al detalle y según la clasificación del suelo, los peores resultados se produjeron en las reclasificaciones de suelo: de las 8.348 hectáreas de proyectos urbanísticos aprobadas en suelo no urbanizable inundable por las CTU, sólo el 14 % (1.246 hectáreas) pasaron el examen del Patricova. En el caso del suelo urbano, de 1.039 hectáreas en suelo inundable sólo 273 hectáreas fueron informadas favorablemente por el Patricova. Respecto al suelo urbanizable, sólo 751 hectáreas lograron el visto bueno de plan antiavenidas de un total de 1.616 hectáreas con proyectos tramitados en las comisiones de urbanismo. Por último, de 81 hectáreas sin planeamiento, con permiso para urbanizar concedido por las CTU, lograron informe favorable del Patricova un total de 34 hectáreas, según Territorio.
* Levante - LAURA BALLESTER - 11.2.14
Foto: Inundaciones_Comunidad_Valenciana (archivo) - elpais.com
Valencia.- El 81,7 % de Planes urbanísticos en zonas inundables no se sometieron al Plan Territorial
El AVE andaluz a ninguna parte
Es la historia de nunca acabar: el despilfarro en infraestructuras de transporte asoma por todas partes. Da lo mismo que sea el norte que el sur del país. Y en este delito público han caído todas las administraciones, no solo la central, que parece más evidente. En Andalucía 77 km de carísima línea de AVE están sin uso, en vía muerta, debido al empeño inútil de la Junta de unir Antequera con Sevilla. La falta de previsión y la confrontación con el Gobierno central han hecho posible este nuevo descalabro económico (279 millones) que, por otra parte, tampoco tenía justificación técnica para ser abordado como se ha pretendido hacer. Como siempre los culpables no aparecen, ni nadie se interesa, y el peso cae sobre los sufridos ciudadanos vía impuestos o recorte de servicios básicos.
"ELPAÍS* : El futuro no eran los coches voladores. Eran los veloces trenes en los que se iría de una capital andaluza a otra en un pispás. En 2007, el futuro estaba a la vuelta de la esquina y la promesa era que el 90% de la población de la comunidad estaría a menos de una hora de una estación de alta velocidad en 2013, según anunció el expresidente de la Junta Manuel Chaves. Pero el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013, que incluía la construcción de la primera línea regional de AVE, fue desbaratado por la crisis. Un jirón de aquel sueño está en el corazón de la comunidad, entre las provincias de Málaga y Sevilla.
La Junta de Andalucía ha gastado 279 millones de euros en un tramo que arranca en Antequera y desemboca en una parcela agrícola a las afueras de Marchena. Estos 77 kilómetros forman parte ya del catálogo español de infraestructuras sin uso.
La obra, a medio terminar, no sirve para nada y solo genera gastos: desde que las obras se pararon a principios de 2012 se han tenido que pagar 435.000 euros para labores de mantenimiento, según la Consejería de Fomento, que ha asumido ahora "con recursos propios" estas tareas.
En junio de 2009, cuando el crédito empezaba a escasear, la Junta suscribió un préstamo de 200 millones con el Banco Europeo de Finanzas para financiar este tramo. Gracias al crédito se construyeron más de medio centenar de viaductos y puentes, además de la plataforma de 77 kilómetros sobre la que se deberían colocar las vías y catenarias.
En los Presupuestos andaluces nada hay que indique que se vaya a resucitar el proyecto. Fuentes de la Consejería de Fomento reconocen que no tienen previsto reanudar las obras de la alta velocidad regional. "Constituye una empresa actualmente inabordable", apunta el departamento de Elena Cortés. La crisis lo hace inviable, argumenta la consejería.
El tramo abandonado de 77 kilómetros forma parte de la conexión de AVE de 128,4 kilómetros prevista entre Sevilla y Antequera que se comprometió a construir la Junta en 2004 y que debía estar terminada en 2013. Pero la exconsejera andaluza de Obras Públicas Josefina Cruz reconoció en 2011 que no había dinero para continuar con el proyecto, que tenía un coste total de 1.100 millones de euros.
La crisis ha dejado a medio terminar esta infraestructura. La conexión entre Antequera y la parcela de las afueras de Marchena está hecha. Pero del tramo entre Marchena y Sevilla nada se sabe, tan solo que en diciembre de 2009 se licitaron las obras entre la capital andaluza y el túnel de los Alcores (incluidas en ese tramo) por 353 millones. Las obras, según el actual departamento de Fomento, "tendrían que haberse iniciado en la primavera de 2010, una vez formalizados los contratos, pero se incluyeron en la reprogramación de la consejería anunciada en agosto de 2010". Es decir, están congeladas y sin fecha de reanudación.
Josefina Cruz ofreció al Ministerio de Fomento en 2011 la cesión de lo ya construido para que fuera el Gobierno el que rematara la obra. El PSOE, que entonces estaba en La Moncloa, parecía receptivo a esta propuesta. Pero el cambio de Gobierno tras las elecciones generales de noviembre de 2011 hizo que no se cerrara el trato.
La Junta ha vuelto ahora a plantear algo parecido al ministerio. Las consejerías de Fomento y de Economía han ofrecido al Estado que se utilice el tramo de 77 kilómetros sin uso para instalar allí la pista de pruebas de trenes de alta velocidad —conocida como el anillo ferroviario— que el Gobierno central ideó para Antequera, otro proyecto que no tiene visos de salir adelante. El Ministerio de Fomento ha rechazado también esta propuesta argumentando que no reúne los requisitos técnicos necesarios.
Esta negativa vuelve a dejar en vía muerta los 77 kilómetros construidos. El equipo de Elena Cortés era consciente del problema que tenía desde que entró en la Consejería de Fomento tras las elecciones andaluzas de 2012. Los técnicos, según fuentes de este departamento, empezaron a trabajar en el proyecto de trasladar ahí el anillo ferroviario en octubre de 2012. Tras meses de negociaciones con el Ministerio de Fomento, las consejerías de Economía y Fomento decidieron hace diez días hacer pública su propuesta. Entre los argumentos que ofrecieron está el riesgo de que se pierdan 269 millones de fondos europeos que estaban otorgados para el anillo de Antequera, una pista de pruebas de alta velocidad que también está encallada ante la dificultad de que alguna empresa privada se haga cargo del proyecto.
La negativa de Fomento vuelve a situar el problema en 2011, cuando la Junta abandonó la idea de terminar la conexión directa entre Sevilla y Antequera con alta velocidad. En verdad, la capital andaluza y esta ciudad malagueña ya están conectadas con trenes Avant, pero a través de Córdoba. Existe también desde hace años un plan b para acondicionar la línea convencional que existe ahora entre Sevilla y Marchena y así completar el proyecto hasta Antequera. El coste de esta obra, que supondría darle uso a los 77 kilómetros ya construidos, ronda los 180 millones y, según la consejería, solo lograría reducir en 15 minutos el trayecto actual entre Sevilla y Antequera a través de Córdoba. La consejería sostiene que es "una inversión que no parece eficiente en el actual contexto". En resumen, que no hay a la vista una solución para que los 279 millones invertidos sirvan para algo.
* El País - MANUEL PLANELLES - 16.2.14
Foto: Plataforma del AVE Antequera-Sevilla en Marchena. / JULIÁN ROJAS
El 90% del parque de viviendas español derrocha energía
Otro tipo de despilfarro delictivo es el que se ha dado en la construcción de viviendas respecto a la calidad energética. En primer lugar por la tardía norma específica que controlaba este importante aspecto económico; hasta 1979 no se reguló con unos requisitos mínimos y luego en 2006 con la aprobación del Código Técnico que endureció las exigencias. Pero también porque se ha edificado atropelladamente, sin lógica ni sentido común, desde el primer boom de la construcción en la época de la dictadura hasta la última y salvaje burbuja inmobiliaria que ha llenado el paisaje de urbanizaciones chapuceras y mal hechas por las prisas (cuando están acabadas, claro). El resultado lamentablemente está a la vista, con un derroche energético que viene a agravar la crisis-estafa que padece este país, donde, además, parece que se ha olvidado 'interesadamente' la rehabilitación.
"ELPAÍS* : Los vecinos del nº15 de la calle de 'La del manojo de rosas' de Madrid, en el barrio de Ciudad de los Ángeles, llevan años perdiendo calor por las ventanas. Y por los muros, el tejado, los cimientos. El edificio, construido en la década de los cincuenta del siglo pasado, “es como un radiador que emite constantemente energía al exterior. Un derroche”, asegura el arquitecto José Luis López. Pero tiene remedio. “Aislamiento de lana vertical de ocho centímetros, reforma de la cubierta, ventanas y contraventanas más eficientes, renovación de las instalaciones eléctricas y centralización de calderas. Con estas reformas vamos a conseguir un ahorro mensual de energía por encima del 50%, y posiblemente los vecinos solo necesitarán poner la calefacción un par de horas al día para tener su casa caliente”, augura López.
Como este edificio, cuya rehabilitación forma parte de un programa piloto impulsado por la organización conservacionista WWF y la Fundación Reale en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el 90% de los 25 millones de viviendas que existen en España suspende en eficiencia energética. El dato se extrae de un estudio realizado por Certicalia, una red de más de 2.000 técnicos que realizan certificados energéticos en toda España, que deben tener obligatoriamente desde junio todas las casas que salgan a la venta o en alquiler. El informe, basado en una muestra representativa de 6.000 viviendas, refleja que ninguna alcanza la calificación A en consumo de energía (la más alta) y solo el 11% logra una B, C o D, que se consideran aprobados. El resto se queda en las letras E, F o G, que se consideran no eficientes.
¿Cómo se ha llegado a este grado de ineficiencia? “Primero, porque hasta 1979 no se introdujo la primera ley que incluía unos mínimos requisitos de aislamiento en las construcciones. Y hasta 2006, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), no se endurecen las exigencias para los edificios de nueva construcción para poder alcanzar al menos una calificación D”, explica Inés García, portavoz de Certicalia. Esto quiere decir que prácticamente todo el parque de viviendas se levantó sin tener en cuenta la eficiencia energética, porque desde 2007 hasta ahora se han edificado poco más de un millón de casas, según el Instituto Nacional de Estadística. “Y si consideráramos las nuevas exigencias para las nuevas construcciones que impone el nuevo CTE, que entra en vigor en marzo, prácticamente todas las casas estarían caducadas energéticamente”, apunta García.
“En España se ha legislado demasiado tarde, y a veces porque nos ha denunciado o multado la Unión Europea. Durante años no se ha pensado en las consecuencias que esto pudiera tener, como la pobreza energética, porque había dinero para pagar los recibos de la luz y el gas y las facturas no eran tan altas”, subraya Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece). Según el estudio más reciente, realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2010 lo sufría el 10% de la población, un porcentaje que puede haber subido varios puntos desde entonces.
“Ni siquiera ahora, cuando el problema está ya sobre la mesa, el Gobierno apuesta por la eficiencia. Primero, porque introduce trabas a las energías renovables. Y segundo, porque no está dando publicidad suficiente a la certificación energética. La muestra es que de los dos millones de viviendas que se calcula que deben tener el certificado por estar a la venta o en alquiler, solo medio millón lo han registrado”, añade Sánchez Molina.
Hay otros factores, aparte de la normativa tardía, que han contribuido a esta situación. “Con el boom inmobiliario se construyó mucho sin tener en cuenta el factor geográfico, ni la orientación de las fachadas, ni el emplazamiento, y eso tiene como resultado edificios que dependen de los sistemas mecánicos de climatización para calentarse o refrigerarse. En la arquitectura tradicional encontramos ejemplos mucho más eficientes: en el norte de España se construían galerías acristaladas, que captaban el calor del sol a modo de invernadero; en cambio, en el sur son tradicionales los patios sombreados y las ventilaciones cruzadas para refrescar las viviendas”, comenta la portavoz de Certicalia.
La nueva legislación garantiza que los nuevos edificios van a ser más eficientes, pero ¿qué pasa con ese 90% de los que ya construidos que suspende? “La única solución es la rehabilitación energética. Para cumplir con los objetivos energéticos y de emisiones de la UE para 2050, España debe establecer como meta una tasa de reforma de 400.000 viviendas anuales, el 1,5% del parque actual, frente a la tasa actual del 0,3%”, advierte Georgios Tragopoulos, técnico de eficiencia energética de WWF España. “Países como Alemania y Reino Unido ya han desarrollado políticas efectivas para financiar la rehabilitación de construcciones antiguas. España debería tomar nota, porque aquí está casi todo por hacer”, concluye.
Un ahorro seguro
1. El coste medio de una rehabilitación energética es de 14.000 euros por vivienda media (calculada en 81 metros cuadrados), según una guía elaborada por WWF y Fundación Reale.
2. Una intervención energética debe incorporar tanto medidas pasivas (aislamiento de muros y cubierta, instalación de elementos de sombreado...) como activas (centralización de calderas y sustitución por otras más eficientes, instalación de energías renovables o renovación de electrodomésticos).
3. Una rehabilitación total puede conseguir un ahorro hasta del 80% en el consumo energético. Se calcula que la inversión puede recuperarse en solo 10 años.
4. La rehabilitación energética no solo ayuda a reducir el consumo, sino también reduce la entrada de ruidos, mejora la calidad del aire interior y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vivienda.
* El País - RAQUEL VIDALES - 16.2.14
Foto: Rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética en Madrid. / LUIS SEVILLANO
La mancha de la corrupción se extiende por las ciudades gallegas
La sombra de la corrupción en Galicia no cesa. Con el levantamiento del secreto del sumario de gran parte de la operación Pokémon, ha habido una nueva actuación policial relacionada también con concesiones públicas, esta vez dirigida por un juzgado de Vigo, que ha provocado la detención de al menos cinco personas, entre ellas la de un concejal del PP. La redada amplía el delito sobre las contratas públicas a seis municipios, entre ellos Vigo, sedes de la Xunta en esa ciudad y la Diputación de Pontevedra. Con ello la operación Pokémon de corrupción urbanística se extiende prácticamente por toda Galicia y sus principales administraciones, con algunas ramificaciones también fuera de ella. Absoluto escándalo político-empresarial.
"ELPAÍS* : Con las provincias de Lugo, A Coruña y Ourense enfangadas hasta arriba en la Operación Pokémon, solo la de Pontevedra parecía resistir al azote de las investigaciones judiciales por corrupción política. Un consuelo menor que quedó ayer aplastado por la entrada en tromba de policía y funcionarios judiciales en los consistorios de Vigo, Pontevedra, Nigrán y Ponteareas, la sede de la Xunta en Vigo y un consorcio participado por ambas entidades en la misma ciudad, así como la Diputación de Pontevedra además de los ayuntamientos de Santiago y Ourense.
El despliegue forma parte de la Operación Patos que dirige el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, y ha acarreado también el arresto del concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde, del PP, y a otras cuatro personas. Una de ellas es el delegado en Galicia de Ferrovial, cuya filial Cespa, especializada en servicios de limpieza y ajardinamiento, es junto a Construcciones Eiriña la empresa por las que más se han interesado los agentes en sus reclamaciones de expedientes.
Los registros se realizaron casi simultáneamente. En la delegación de la Xunta en Vigo duró seis horas que sirvieron para recoger expedientes en los departamentos de obras, parques y limpieza, relacionados con Cespa y Eiriña. El alcalde, Abel Caballero, señaló en rueda de prensa que el gobierno local está dispuesto “a la máxima cooperación y transparencia”. Las pesquisas también abarcan a las empresas Enalvi e Intermediación Medioambiental, Inversiones Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental. Estas tres, junto a Eiriña, son administradas por Enrique Alonso, padre de la edil del PP en Vigo Alexia Alonso, según informa Europa Press. La Autoridad Portuaria negó que se registrasen sus instalaciones, aunque así lo tenía previsto la policía. Los agentes también visitaron el Consorcio Casco Vello de Vigo, un ente mixto con participación mayoritaria de la Xunta.
En la Diputación de Pontevedra los agentes llegaron sobre las nueve de la mañana y empezaron a llenar cajas, acompañados del secretario del ente. Un portavoz precisó que los documentos que reclamaron aludían a obras de dos campos de fútbol en Coia y Coruxo (Vigo) y otros contratos en Nigrán, Moraña y Poio. El presidente de la Diputación, Rafael Louzán, estaba de viaje y no realizó declaraciones.
Cuando los funcionarios terminaron en la sede provincial se fueron directamente al Ayuntamiento, situado a unos cien metros, donde esperaban la mayoría de ediles de BNG y PSOE. El alcalde, que volvía de una entrevista radiofónica, explicaba mientras subía las escaleras apresuradamente que le acababan de avisar y que creía que eran cuatro expedientes. El concejal de Facenda, Raimundo González, aprovechó una rueda de prensa prevista por otro tema para dar cuenta de que, efectivamente, había un registro en marcha sobre el que no “sacaba conclusiones positivas o negativas”. Dijo que la investigación versaba sobre las “andanzas” de una empresa y aunque no dio datos sobre los expedientes, fuentes conocedoras del caso aseguran que se trata de tres, relacionados todos con Construcciones Eiriña: las obras de reforma del área de Santa Clara (676.200 euros), de urbanización de la avenida de Lugo (1,1 millones) y la cabalgata de Reyes de este año, en la que la compañía puso una carroza.
En Ourense la investigación gira en torno a un concurso de mantenimiento de parques y jardines de 856.000 euros que ya suscitó controversia en el pasado. Cespa gestiona uno de los cinco distritos de la ciudad desde que el PP se lo entregó en 2006. Cuatro años después, con el PSdeG ya en el poder, otros dos distritos fueron privatizados y adjudicados a Acciona. Pero en septiembre de 2013, la junta de Gobierno local concedió a Cespa los tres distritos privatizados a través de un nuevo concurso. Tras un recurso judicial interpuesto por una empresa excluida del proceso, la adjudicación a Cespa fue suspendida el 2 de octubre. José Carlos Martínez-Pedrayo, entonces concejal de Contratación, del PSdeG, dimitió 20 días más tarde “por razones personales”, según explicó entonces. Consultado ayer ante la coincidencia de fechas, el exedil matizó que su renuncia “no tuvo nada que ver” con la contrata. Susana Bayo, actual responsable de Medio Ambiente, asegura que se trata de un proceso “transparente y sin irregularidades”. La sociedad PAU del Grupo Vendex —eje central de la presunta trama corrupta de la Pokémon— quedó como la segunda opción más puntuada.
En Santiago también fue Cespa la empresa en el foco de los agentes, que requirieron los contratos de acondicionamiento de la histórica Finca do Espiño y de la remodelación del estanque del parque de la Alameda, entre otros Fue en la capital gallega donde se detuvo al jefe de Ferrovial para Galicia y Asturias, posteriormente trasladado a la sede compostelana de Cespa, filial de la constructora, para asistir a su registro.
El fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, descartó que la operación contra la corrupción política en Galicia derive de la Pokémon También excluyó que las pesquisas comenzasen por la denuncia de un particular, y aclaró que esta “es una investigación iniciada hace varios meses”.
* El País - PABLO TABOADA / VÍCTOR HONORATO - 18.2.14
Foto: Policías salen con una persona de la empresa Cespa / XOAN REY (EFE)
Andratx.- El exdirector general de Ordenación del Territorio de Baleares acepta ocho meses de cárcel
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J.Massot, exalto cargo del PP bajo el mandato de J.Matas en Baleares, ha sido de nuevo condenado en Andratx (Mallorca) por conceder una licencia de construcción en terreno protegido. Es de suponer que se habrá tenido en cuenta la reincidencia ya que el exdirector general se encuentra actualmente en prisión por otro asunto relacionado también con la trama de corrupción de urbanismo en Andratx. Los hechos ilegales de este nuevo caso ocurrieron hace 13 años (trece) y no se sabe muy bien qué ha estado haciendo la justicia en este tiempo, teniendo en cuenta, además, que faltan otra causas de ilegalidades urbanísticas por sentenciar.
"20MINUTOS* : Jaume Massot, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y exdirector general de Ordenación del Territorio bajo uno de los mandatos de Jaume Matas, ha aceptado este lunes una condena de ocho meses de cárcel por auspiciar la concesión de una licencia ilegal para la construcción, en terreno protegido, de una vivienda unifamiliar a la que se sumó una zona de terrazas de 168 metros cuadrados. El exalto cargo del PP, quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por varias piezas del caso Andratx, ha alcanzado así un acuerdo de conformidad con las acusaciones por un delito de prevaricación urbanística, mientras que también se han conformado a dos años de prisión uno de los propietarios de la finca afectada por las obras y el excelador municipal Jaime Gibert, quienes además deberán demoler lo construido.
De forma paralela, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular, ejercida por los abogados Isabel Fluxà y Josep de Luis en representación del Ayuntamiento de Andratx, han retirado las acusaciones que pesaban sobre Jacobo Rodríguez Miranda, extécnico jurídico del Consistorio e hijo del exministro de UCD Santiago Rodríguez Miranda, y los otros tres de los dueños de la parcela, al considerar que no tuvieron participación ilícita en estos hechos.
Según el acuerdo suscrito entre las partes, el acusado Francisco R.G. decidió realizar las gestiones necesarias para poder construir un chalet de nueva planta y obtener una licencia que así lo amparase, a sabiendas de que, dado el nivel de protección legal vigente en la zona -calificada como Área Rural de Interés Paisajístico- y ante la inexistencia de una vivienda anterior a reformar, era imposible construir en este solar.
Pese a ello, el promotor solicitó a Gibert un certificado de antigüedad en el que se hiciera constar que en la zona existía una casa en ruinas de más de cien años, cuya validez fue certificada a su vez por Massot, lo que posibilitó que el propietario del solar pudiera pedir, en enero de 2001, una licencia para ejecutar el proyecto básico de 'rehabilitación y reforma de vivienda unifamiliar aislada existente'.
Un certificado que, han reconocido los acusados, faltó intencionadamente a la verdad por cuanto hacía constar numerosos datos y elementos inveraces a fin de falsear la verdadera situación y posibilitar una cierta apariencia de legalidad para que los promotores consiguieran licencia administrativa donde legalmente no se podía obtener. Así, se simuló que preexistía una antigua vivienda donde únicamente había restos de una construcción que llevaba más de sesenta años derruida.
Construcción llevada a cabo entre 2002 Y 2005
Una vez presentado este proyecto básico, Massot informó favorablemente de la licencia un mes después, a sabiendas de que se trataba de una autorización contraria a derecho. Entre los años 2002 y 2005 se llevaron a cabo así las obras necesarias que derivaron en la construcción de un chalet de nueva planta, al que se sumaron, al margen de lo previsto en la licencia otorgada, unas terrazas de 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros.
Cabe recordar que por esta misma causa se encuentran en prisión, además de Massot, el propio Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad conllevó la apertura de hasta un total de 77 piezas separadas.
* 20 Minutos - EP - 17.2.14
Foto: Andratx (Mallorca), juicio anterior Massot, Mir y Gibert - ep
La Comunidad Murciana exime al Parque Paramount de la evaluación de impacto ambiental
La Comunidad de Murcia, siguiendo con su espíritu depredador del terreno, autoriza la realización del gran complejo de ocio de la Paramount sin necesidad de la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Para ello se basa en una Ley Especial autonómica redactada para tal efecto, pero que como hemos visto en el caso de Castilla y León con la Ciudad del Medio Ambiente, la justicia terminó anulando por su efecto discriminador claramente político. Además, en este caso, el 21% del terreno destinado al complejo de la Paramount está incluido en un restringido Parque Regional, lo que hace aún más evidente el carácter especulador de los dirigentes de la Comunidad ya que están faltando a su propia normativa medioambiental.
"MIGUEL ÁNGEL RUIZ* : El Parque Paramount no tendrá que someterse a evaluación de impacto ambiental, pese a que parte de su superficie –3,36 hectáreas ocupadas por la zona de aparcamientos– está incluida en el parque regional El Valle-Carrascoy. Así lo ha decidido la Dirección General de Medio Ambiente, que se agarra a una disposición de la Ley de Protección Ambiental Integrada que permite a la Administración eximir de este trámite a determinados proyectos, previa consulta con entidades públicas y agentes sociales interesados.
El Boletín Oficial de la Región publicó ayer la resolución que sirve para acelerar este proyecto de parque temático, promovido en Alhama por el empresario Jesús Samper con el respaldo de la Comunidad Autónoma y en especial del consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz. Después de varios retrasos sobre otras fechas anunciadas anteriormente, se espera que las obras comiencen antes del verano.
La Dirección General de Medio Ambiente da por buenas las medidas preventivas «para la protección y conservación de los recursos naturales» que la empresa promotora Premursa propone en la memoria ambiental de su proyecto de parque temático, aunque advierte de que deberá tener en cuenta especiales precauciones «en la zona perteneciente al parque regional». En resumen: la Comunidad Autónoma libera al parque de ocio de la evaluación de repercusiones en el medio natural a cambio de que durante las obras de construcción se cumplan una serie de exigencias referidas a protección frente al ruido, protección de la atmósfera y del suelo, gestión de residuos y aguas grises, prevención de incendios y vigilancia ambiental.
Esta decisión de Medio Ambiente se basa en sendos informes del Servicio de Información e Integración Ambiental y del Servicio de Planificación y Evaluación ambiental. El primero de estos departamentos descarta «afecciones significativas» a la flora y la fauna puesto que «la naturaleza del terreno afectado por el proyecto es de carácter agrícola»; tampoco a la Red Natura 2000 ni a hábitats de interés comunitario. Este estudio de la Dirección General de Medio Ambiente recuerda además que hay previsto un «plan de actuación específico» para la tortuga mora. De acuerdo con el segundo informe –en el que se detalla que el parque generará menos de diez toneladas de residuos peligrosos al año–, «no se prevé» que Paramount «pueda tener efectos significativos en el medio ambiente», siempre y cuando se lleven a cabo las medidas correctoras propuestas por Premursa, más las adicionales impuestas por la Comunidad Autónoma.
Sin impedimentos ‘oficiales’
Las entidades consultadas antes de exonerar a Paramount del examen de afecciones ambientales son el Ayuntamiento de Alhama de Murcia; Confederación Hidrográfica del Segura; Delegación del Gobierno; seis direcciones generales de diferentes consejerías; Consejería de Cultura y Turismo; Asociación de Naturalistas del Sureste; y Ecologistas en Acción.
Las administraciones públicas no ponen impedimentos, pero sí las organizaciones conservacionistas. Para Ecologistas en Acción, el proyecto en su conjunto debe ser invalidado puesto que «el 21% de sus más de 476.000 metros cuadrados están dentro del parque regional, y por tanto no son urbanizables», en opinión de Rubén Vives. Para el secretario de Ecologistas en Acción, es «imprescindible» que Paramount se someta al trámite ambiental, pese a que se trata de una infraestuctura que puede ser eximida por ley, por su situación «dentro del parque regional» y «tan cerca de zonas sensibles y protegidas». Rubén Vives destaca la contaminación lumínica «severa», el «ruido y vibraciones», el «flujo de tráfico rodado», y el «enorme aumento del consumo de agua», y se queja de que «no hay ninguna referencia a los impactos derivados de la contaminación atmosférica».
El director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, considera también «ineludible» que se determine el impacto ambiental de Paramount, y advierte sobre la «enorme presión» que soporta ya el parque regional El Valle-Carrascoy: «Canteras, Ciudad del Aire, aeropuerto de Corvera...».
* La Verdad - Los pies en la tierra - 15.2.14
Foto: Trabajos de desbroce de los terrenos en los que se ubicará el parque temático, en octubre pasado.- VICENTE VICÉNS
El asfalto gana en gasto y pierde usuarios
El despilfarro delictivo en infraestructuras públicas (autopistas de pago, Aves o aeropuertos) es algo ya conocido desde hace más de 15 años. El Gobierno Central y las administraciones autonómicas o municipales se subieron al carro del gasto electoralista e inútil, ya que lo que se ponía 'interesadamente' por un lado se quitaba de otras necesidades más preocupantes para la población, por ejemplo en los temas de educación y sanidad. En Andalucía lamentablemente sigue ocurriendo todavía, ya que mientras el tráfico rodado ha descendido en los últimos años un 15%, la obra pública del Ministerio de Fomento ha crecido en un 22,9% gracias a que los contratos para carreteras se cuadruplicaron. Algo inexplicable y delictivo, una vez más.
"ELPAÍS* : El tráfico de vehículos, tanto ligeros como pesados, por las carreteras andaluzas descendió desde 2008 un 15%, según los datos del Plan General de Aforo de Fomento, que mide la intensidad media diaria de las vías autonómicas de carácter básico e intercomarcal. Sin embargo, el Gobierno central sigue apostando por la inversión en carreteras, como la nueva circunvalación de Sevilla, a la que ha destinado recientemente 114 millones de euros para un arco de un anillo que quedará incompleto durante décadas porque los túneles del río están “reprogramados” sine die. La Junta y organizaciones y partidos ecologistas piden que se reoriente la inversión hacia el transporte colectivo.
La licitación de obra pública creció un 22,9% en 2013 por primera vez desde hace siete años, en parte, gracias a que los contratos para carreteras se cuadruplicaron. El plan estatal de infraestructuras plantea inversiones de entre 119.720 y 145.000 millones de euros de los que el 29% irá a carreteras antes de que acabe la década.
Toda la nueva SE-40 costará, si se culmina, por encima de los 1.500 millones. Los dos tramos ya en servicio no superan el paso de 7.000 coches diarios, cuando se considera que 20.000 es el mínimo que deberían registrar. Por su parte, los cuatro metros de las áreas metropolitanas más pobladas de Andalucía supondrán un gasto de 2.200 millones y llevarán a 53 millones de viajeros al año. Ambas infraestructuras tendrán una longitud similar: 72,3 kilómetros, los metros; y 77, la SE-40.
El pasado miércoles, representantes de asociaciones conservacionistas, de la Junta y de la universidad se reunieron en Camas (Sevilla), de la mano de Equo, para analizar los problemas de movilidad. Y las cifras volvieron a poner en evidencia la eficacia del gasto en servicios colectivos. “Invertir en transporte público y sostenibilidad repercute en nuestra calidad de vida y supone un importante yacimiento de empleo frente al urbanismo descontrolado”, afirmó el profesor de la Escuela de Arquitectura y coportavoz de Equo, Esteban de Manuel.
De la misma opinión es Juan Antonio Morales, presidente de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), quien expuso que por el coste de un kilómetro del último tramo licitado en la SE-40 se ponen en marcha miles de metros de carriles de servicio de autobuses rápidos de alta capacidad, conocidos como BRT, implantados con éxito en Curatiba (Brasil) e imitados en otras ciudades.
La caída de tráfico rodado se ha mantenido desde 2008, cuando bajó un 1%. Los años posteriores se registraron descensos medios del 3% y el acumulado supera ya el 15%. Por el contrario, desde 1994 hasta 2007, los tráficos por las redes andaluzas de carreteras se duplicaron.
En los últimos años, cuatro provincias registraron una reducción total del tráfico en su red en relación con 2007 superior al 15%: Almería (18,2%), Córdoba (17,2%), Sevilla (16,4%) y Granada (16,7%). En cambio, Jaén (9,2%) y Huelva (7,6%) mantuvieron una caída que no superó en ninguno de los dos casos el 10%. En Cádiz y Málaga el descenso fue del 13,8% y del 14%, respectivamente.
La disminución de la demanda en las carreteras andaluzas, desde 2008, coincide con una desaceleración del crecimiento del parque de vehículos de la comunidad. Además, ha sido superior a la contracción sufrida por el Producto Interior Bruto de Andalucía (PIB) en ese intervalo temporal, e inferior a la curva experimentada en el consumo de combustible.
Pese a esta realidad, el Ministerio de Fomento ha retomado su apuesta por las carreteras con la reciente adjudicación del tramo de 8,1 kilómetros de la autovía SE-40 entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, por 114.846.758 euros. Esta inversión se suma a la de 260 millones ya ejecutada para completar un arco de una circunferencia aún imaginaria presupuestada en 1.446 millones y cuya ejecución está en el aire por el elevado gasto que supone cruzar el Guadalquivir.
Fomento también autorizó en el último trimestre del pasado año obras complementarias en el tramo Carchuna Castell de Ferro, de la autovía del Mediterráneo A-7, en la provincia de Granada, por 14.113.602 euros o abrió el tercer carril de un tramo de 4,4 kilómetros de la A-49, entre Huelva y Sevilla, tras gastar 24,89 millones de euros.
La Junta de Andalucía coincide en que el transporte colectivo reduce “el excesivo peso del vehículo privado en la movilidad de estas áreas y minimiza las consecuencias negativas de un uso masivo y poco racional del coche en términos ambientales, energéticos, de seguridad vial o de ocupación del viario público”. También resalta la Consejería de Fomento la eficacia de estas obras frente a otras líneas, como el AVE de Alicante, que con una inversión idéntica a la que suma los cuatro metros ligeros andaluces, solo prevé una estimación de demanda de dos millones de usuarios al año.
Infraestructuras a la intemperie
Mantener unas infraestructuras paralizadas es costoso, peligroso e inseguro. Pero la coyuntura económica ha dejado grandes obras a la intemperie. Una de ellas es la del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que cuenta con el 80% de la ejecución terminada y que registraría cinco millones de desplazamientos diarios. Para verla culminada se necesitarían alrededor de 80 millones de euros más, aunque el presupuesto de la Consejería de Fomento para 2014 está cerrado y no prevé avanzar en este proyecto. No obstante, las obras —aun sin presupuesto de la Junta— podrían llegar a terminarse. Según fuentes del Gobierno andaluz, a la nueva empresa que ha entrado en el accionariado de Metro de Sevilla, Glovalvía, le interesa ponerla en marcha. “No solo se enriquecería la zona industrial, también favorece la comunicación y por supuesto el medio ambiente”, afirma el socialista Rafael Chacón, teniente de alcalde de la localidad.
La obra que sí avanza es la de tráfico rodado, que depende del Ministerio de Fomento. El pasado 10 de enero salió publicada en el BOE la licitación por 115 millones de euros de los contratos de obra de la autovía SE-40 entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. “Cuando se culmine estaremos a 10 minutos del Puerto de Sevilla y a otros 10 del Aeropuerto”, detalla Chacón, que destaca que lo dos avances son necesarios, pero que sería muy interesante conseguir un servicio de transporte público cómodo, barato y eficiente para que cambien las preferencias del ciudadano, así como una buena red ciclista.
Y en Mairena del Aljarafe, donde llega el Metro de Sevilla desde su puesta en marcha en 2009, también cuenta con instalaciones a la intemperie. “Tenemos un intercambiador cerrado que no se pone en marcha por la falta de capacidad de gestión de la Junta, y queremos ya una solución”, reclama el alcalde de la localidad, Ricardo Tardón (PP). “Y el tranvía que estaba previsto ni está ni se le espera”, añade. Parte de las obras del tranvía de la localidad sevillana de Bormujos también están a la intemperie.
Las cifras de los metros
Una vez completadas todas las actuaciones, los cuatro ferrocarriles metropolitanos andaluces transportarán 53 millones de viajeros al año y habrán requerido una inversión total de 2.248 millones de euros, de la que ya se ha ejecutado un 80%.
Las 90 estaciones y paradas presentes en los 72,3 kilómetros de trazado que suman estos cuatro ferrocarriles metropolitanos atenderán a 808.000 ciudadanos que residen en sus áreas de influencia, lo que se denomina población servida.
Para este año, los presupuestos prevén una inversión de 357 millones de euros para los metros de Granada, Málaga, Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, más la subvención de explotación prevista para la Línea 1 de Sevilla.
Antes de la puesta en marcha del metro en Sevilla los desplazamientos metropolitanos en transporte público ascendían a 19,3 millones de usuarios. En 2010, primer ejercicio anual completo y con las estaciones operativas, esta cifra se incrementó en un 65,4%, hasta 31,98 millones de viajeros.
* El País - RAÚL LIMÓN / ÁNGELES LUCAS - 9.2.14
Foto: Vista aérea de la situación actual de las obras de la SE-40. / PACO PUENTES
Granada.- El Fiscal denuncia a 5 altos cargos de Urbanismo por la construcción de una discoteca en el Serrallo
Un nuevo caso de corrupción urbanística que sale ahora en Granada, 8 años después (ocho) de que sucedieran los hechos. No se sabe que ha estado haciendo la Fiscalía en todo este tiempo, pero al fin denuncia a altos cargos municipales de Urbanismo por permitir la construcción ilegal de un gran complejo de ocio en una zona verde, según figura en el Plan General. Hasta ahí llega la denuncia ya que no continúa con el concejal de Urbanismo ni con el alcalde, a pesar que, lógicamente, estos debían estar al tanto de las irregularidades de su propio equipo. Es decir estamos, una vez más, ante un caso delictivo grave de privatización de un espacio público.
"EUROPAPRESS* : La Fiscalía ha denunciado a un promotor inmobiliario y a cinco cargos del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, concretamente junto al centro comercial Serrallo Plaza.
En principio, según señala el fiscal en su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, no existen datos para atribuir estos posibles delitos al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni a la concejal encargada del área, Isabel Nieto, puesto que actuó conforme a los informes técnicos favorables.
Así, y "sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción judicial decaigan los indicios respecto de alguno de los denunciados" o, por el contrario aparezcan indicios de la posible responsabilidad criminal de otras, la denuncia se dirige contra el representante legal de 'Inversiones Área Sur', y cinco altos cargos de Urbanismo, concretamente contra el director general de Licencias en el Ayuntamiento, el director Técnico de Obras, el arquitecto jefe del Servicio, la directora general de Urbanismo, y el coordinador del Área de Urbanismo y Obras.
El Ministerio Público, que interesa la apertura de diligencias previas en un juzgado de instrucción de Granada, abrió una investigación por este caso en agosto del pasado año, después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización" que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello".
ARRANQUE DE ÁRBOLES
Con posterioridad, a través de licencias de obra menor se cubrió la pista de patinaje y se adecuaron interiormente los dos pabellones destinados a restauración, procediendo igualmente al arranque de ejemplares de árboles situados dentro de la zona verde para realizar determinadas obras que permitieran el acceso de vehículos al interior del parque.
Todas estas actuaciones fueron "cercenando paulatinamente el uso propio y público a que se ha ido orientando la utilización y protección de las zonas verdes en el urbanismo".
Una vez finalizadas las actuaciones, el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, con fecha 29 de enero de 2013, suscribió escrito en el que ponía de manifiesto la "ilegalidad de las actuaciones".
Ante ello, se presentaron diversos informes en los que se pretendía "argumentar la legalidad de las actuaciones" a través de una interpretación de una norma, favorable a flexibilizar la introducción de usos ajenos a los espacios libres en dichas parcelas.
Según la Fiscalía, ciertamente, la redacción de ese artículo "no resulta muy afortunada", pero las interpretaciones efectuadas "resultan contrarias a la preponderancia de los espacios libres frente a los restantes equipamientos que propone la LOUA, la jurisprudencia así como la doctrina del Consejo Consultivo; interpretación que implicaría asimismo posibilitar directamente la alteración del uso de parques, jardines o espacios libres sin tramitar la oportuna modificación del planeamiento no requerir el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo".
"PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO"
Según el fiscal, la actuación mediante plataformas en un terreno de gran pendiente "ha devenido en que las únicas zonas accesibles e idóneas para el paseo o la estancia se hayan ocupado con las distintas construcciones" que además, a través de vallados, "han procedido a una privatización del espacio público".
"Ello se agrava con la banda perimetral al centro comercial, ya que de no existir ésta, las pendientes habrían sido más suaves y más accesible el conjunto del parque. Peor aun cuando se comprueba que esa banda no se destina al uso peatonal autorizado sino al tráfico rodado y aparcamiento", indica en su denuncia.
En definitiva, a través de interpretaciones contrarias a la defensa de los espacios públicos se ha autorizado, "a través de un procedimiento no ajustado a derecho, una extensión del centro comercial adyacente a través de la implantación de usos lucrativos (algunos incompatibles con el planeamiento) que exceden incluso de la ocupación máxima permitida".
En el presente caso, el proyecto de urbanización aprobado por la Comisión Ejecutiva de 20 de diciembre de 2011 y 20 de marzo de 2012 fue sometido "exclusivamente" a informe del Arquitecto municipal, siendo así que modificó las características de la instalación "sin tomar a consideración los aspectos jurídicos administrativos de la modificación contractual y la concurrencia de los requisitos exigibles legalmente y en el propio Pliego de Condiciones".
Según el fiscal, la documentación presentada que contenía las modificaciones operadas debió ser remitida a la Subdirección de Gestión a la vista de que afectaban a la concesión del parque de atracciones infantil y, en tal caso, "se podría haber sometido al procedimiento de modificación contractual establecido legalmente con carácter obligatorio" y con ello "proceder a comprobar si estaba justificada por razón de interés público y si dichas modificaciones eran consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas".
Así, el acuerdo municipal de aprobación del proyecto de urbanización "no es el instrumento idóneo para llevar a cabo la modificación contractual", y, por tanto "resulta imprescindible la retroacción de las actuaciones en la parte que afecta al parque de atracciones infantil".
Todo lo anterior "se hubiera evitado de haberse efectuado el preceptivo control por las Unidades o Servicios responsables del expediente de la concesión administrativa e incluso por las Unidades o Servicios responsables de la tramitación administrativa y control de la legalidad de los proyectos de urbanización", concluye el fiscal.
Finalmente, el Ministerio Público solicita que se tome declaración a los denunciados en concepto de imputados, que se recabe también el testimonio de los responsables de la elaboración de un informe pericial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y que se designe perito experto en urbanismo para que informe sobre el perjuicio económico ocasionado a los intereses municipales y el beneficio patrimonial obtenido por el promotor, además de documentación urbanística relacionada con el caso.
* Europa Press - 14.2.14
Foto: Granada, centro Serrallo y Parque Nevada - ideal
Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza en España
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Un tema del que a lo largo de los años hemos tratado ampliamente en este blog, ya que la Naturaleza y el Medio Ambiente han sido ninguneados por una casta política ignorante, saqueados por empresarios sin escrúpulos y todo ello con la complicidad judicial que, hasta hace poco tiempo consideraba a los ciudadanos defensores, casi como terroristas y, por tanto, demoraba al máximo la resolución o no hacía caso de estos graves delitos. Algo se ha avanzado desde entonces, algunos casos son ya sentenciados, pero se hace de mala manera y demasiado tarde, así que, cuando la justicia se aplica por fin, el daño medioambiental está ya realizado y con escasa posibilidad de retorno a la situación precedente. Es decir, la justicia parece no entender lo que es la suspensión cautelar, como también ocurre lamentablemente con otros casos urbanísticos o de construcciones ilegales.
"ELDIARIO* : La justicia llega muchas veces tarde cuando se trata de proteger el medio ambiente. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Supremo confirmó que el complejo turístico Marina de Valdecañas (en Cáceres) es ilegal. La sentencia llega tras ocho años de vericuetos judiciales y con buena parte de las edificaciones levantadas en una isla que cuenta con tres figuras legales de protección medioambiental. "Al final existe casi una impunidad para las administraciones respecto a la vulneración de las leyes medioambientales", analiza José María Trillo-Figueroa, el abogado de Ecologistas en Acción que ha ganado el caso de Valdecañas contra la Junta de Extremadura.
Desde que se anuncian los proyectos hasta que los jueces firman las sentencias, la política de hechos consumados arrasa con el patrimonio natural. La cuestión llega en ocasiones tan al absurdo que se realizan –y se pagan con dinero público– estudios de impacto ambiental de infraestructuras que llevan lustros funcionando. En la Comunidad de Madrid, una carretera convertida en autovía por decreto del Gobierno de Esperanza Aguirre está siendo evaluada ahora mismo. Fue declarada ilegal en 2008. El Supremo confirmó ese veredicto en 2011, año en el que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por esta carretera. Los coches circulan desde hace más de cinco años. Y sumando.
En la promoción de Valdecañas, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue el 9 de marzo de 2011. "Ya habíamos pedido una suspensión cautelar de la obra y, al ganar, solicitamos la ejecución provisional hasta que se viera el recurso". Los magistrados admitieron la petición, pero con el depósito de una fianza.
Los jueces reconocieron no tener "criterio alguno, tan siquiera orientativo, para fijar el importe de la fianza". Así que convocaron a las partes. El Gobierno extremeño, en defensa de la construcción, pidió que Ecologistas en Acción aportara 39 millones de euros, ya que la promotora Marina Isla de Valdecañas había presentado un informe de daños que ascendía a 175 millones.
Los jueces impusieron el 14 de marzo de 2012 una caución final de 41 millones de euros. No hubo demolición. "También pedimos que no se siguieran dando licencias para las viviendas con el objetivo de no seguir generando derechos de terceros que complicarán todavía más la ejecución, sin éxito", remata el abogado.
La fórmula se repite. La autovía madrileña se inauguró recién publicada la primera sentencia que exigía "la restauración" de la zona a su estado anterior. Mientras la Comunidad de Madrid recurría al Supremo, la ejecución de la sentencia exigía una fianza de 497.367 euros, que no se materializó.
En el Puerto de Santa María (Cádiz) las promotoras Jale Construcciones y Las Beatillas aprovecharon una licencia municipal para ampliar un cortijo con fines hosteleros para construir un palacio de congresos con 1.700 metros por planta más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de pádel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento de 4.500 metros cuadrados y una urbanización de 11.684 metros.
"Sólo se concedió licencia para la ampliación del cortijo", explicó en su momento el Tribunal Supremo. Los magistrados describieron así la situación: "Nos descubre una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente era inviable. Un alarde de antijuricidad urbanística".
El Ayuntamiento del Puerto de Santa María había concedido el permiso de obras en 2001. La Junta de Andalucía decretó la demolición del complejo en septiembre de 2003. El Tribunal Superior de Justicia andaluz dio el visto bueno al desmantelamiento en 2005 y el Supremo, el 2 de febrero de 2011.
El complejo, ahora abandonado, sigue en pie."Es como un pueblo fantasma", cuenta hoy a eldiario.es Juan Clavero, ecologista de la zona. La Junta tuvo que convocar un concurso para la demolición en 2005 que nunca llegó a concretarse. "Jale desapareció. Pretendía aprovechar la ampliación del cortijo para que se recalificara todo el pelotazo anexo", recuerda Clavero.
Al otro lado de la península, en Cantabria, el Gobierno regional ha decidido recientemente adelantar el dinero (tres millones de euros) para echar abajo una urbanización ilegal nacida hace casi diez años. El Ejecutivo firmó un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos, la promotora Fadesa y la Sareb para dar ese paso.
En un ya lejano 23 de marzo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el plan para construir 395 viviendas en las laderas del monte La Picota, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres. Tres años después y con 140 viviendas construidas, los jueces cántabros calificaban el plan de "dentellada al monte" y de "ruptura de armonía del paisaje que no ha hecho sino contribuir a su degradación".
"La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota y las forzadas soluciones para poder implantar 395 viviendas" eran, según el TSJC, "una clara vulneración de la Ley del suelo".
El consistorio y Fadesa alargaron el proceso hasta el Supremo, que dictó sentencia en noviembre de 2011. La urbanización todavía está en el monte. 124 de las viviendas son ahora propiedad de la Sareb. El Gobierno cántabro asegura que, una vez que se los cedan, entrará en los terrenos este año para demolerlas. Pero el convenio para esa operación recoge que, destruidas las casas, la parte más baja de la montaña pueda ser urbanizada con 100 viviendas. El alcalde, Enrique Torre (PP), lo justifica: "La sentencia anuló el Plan Parcial anterior, pero el suelo sigue siendo urbanizable".
En Valladolid, hace más de seis años, las Cortes de Castilla y León aprobaron una ley –de 28 de marzo de 2007– llamada Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente. Con la ley se trasmutaba un terreno en la ribera del río Duero, y que caía dentro de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Red Natura 2000, en suelo urbanizable para 780 viviendas, hoteles, instalaciones deportivas, zona industrial y edificios institucionales en el Soto de Garray en Soria.
Al redactar una ley singular, el Ejecutivo, promotor del proyecto al que pensaba dedicar unos 100 millones de euros, se saltaba el control de los jueces sobre la legalidad de su plan. Sólo el Tribunal Constitucional podría opinar sobre este movimiento. Y sentenció en su contra el 5 de diciembre de 2013. Declaró la ley nula por no ser "medida razonable ni proporcionada".
Eso sí, durante seis años, las grúas y las constructoras ya habían levantado una buena parte con cargo al erario público. La impulsora de esta idea fue la entonces vicepresidenta regional María Jesús Ruiz (PP), que ahora pertenece al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Legalización a posteriori
Y si esta manera de funcionar se agota y las leyes imponen la extinción de proyectos, la dilación en los palacios de justicia permite cambiar la ley. Ante una sentencia negativa, da tiempo a modificar las leyes para salvar empresas.
El Parlamento regional de Extremadura aprobó con fecha 29 de marzo de 2011 –sólo 20 días después de que los magistrados declararan ilegal la promoción de Valdecañas– una modificación de la Ley del suelo. En su exposición de motivos señala: "Los recientes pronunciamientos judiciales han venido a plantear algunas consideraciones acerca del contenido regulador de la vigente redacción".
El cambio introducido en el artículo 11, que se dedica al "suelo no urbanizable", especifica que "la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determina por sí sola su clasificación como terreno no urbanizable pudiendo ser objeto de una transformación urbanística". Además, permite que a los Planes Generales se les incorpore esta cláusula. "Las Administraciones tratan de homologar a posteriori los proyectos tras las sentencias que, de esa manera, no se cumplen", cuenta el abogado Trillo-Figueroa.
En mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba una licencia de actividad de la Fundación Pardo-Valcarce que, bajo el paraguas de prácticas formativas para personas con discapacidad, celebraba eventos en una carpa montada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La ley del parque prohibía estas actividades. La Fundación ni se inmutó. Y replicó que una ley de 2012 le permitía desarrollar actividades para "el desarrollo rural sostenible". La sentencia subrayaba que sólo podría hacer estas acciones de integración social "sin instalaciones".
La Fundación Pardo-Valcarce está presidida por la exconsejera de Caja Madrid Carmen Cafranga. Cafranga comparte un negocio en Subastas Segre con Lourdes Cavero, la esposa del presidente de Madrid, Ignacio González. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid salieron en ayuda de la fundación y presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia.
En un auto de septiembre de 2013, los seis magistrados encargados resolvieron no sólo rechazar esta petición porque "en realidad está manifestando su disconformidad con la fundamentación [de la sentencia firme] [...] que entiende desfavorable", sino que, además, la Comunidad de Madrid actuó en defensa de "un interés netamente privado", el de la fundación presidida por Cafranga, por lo que le multó "por temeridad".
¿Fin de la actividad? En absoluto. Con este panorama, la Asamblea de Madrid aprobó en su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2013 una modificación directa de la Ley del Parque Regional donde se ubica la finca de la fundación. Se levantaba la prohibición de instalaciones en las zonas en las que cae la celebración de estos eventos sin licencia.
* El Diario - Raúl Rejón - 11.2.14
Foto: Modificación del monte La Picota con su urbanización, declarada ilegal.- eldiario
Madrid vendió pisos públicos por 63.000 euros a empresas que ahora exigen a sus inquilinos 160.000
Continúan los escándalos urbanísticos en la Comunidad madrileña, ahora bajo la presidencia del discípulo aventajado I.González. En la venta 'ilegal' el pasado año de 3.000 viviendas de protección oficial, muy contestada a nivel ciudadano, se empiezan a ver las consecuencias nefastas y la pronta llegada de la acción judicial. El fondo buitre de inversión de Goldman Sachs-Azora es ahora el propietario y está aumentando la presión sobre los vecinos que allí viven, exigiéndoles cantidades abusivas en la opción de compra en relación con el precio que él tuvo que pagar para la adquisición irregular de esas viviendas. Habrá que esperar hasta que la justicia se digne a actuar.
"ELDIARIO* : La venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en agosto, alivió algo las arcas regionales. Pero amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales. Aunque el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar a los inquilinos afirmando que se mantendría el precio del alquiler, ahora ha matizado sus palabras para señalar que las condiciones "se mantendrán durante el tiempo establecido" en el contrato.
Es decir, una vez que finalicen esos contratos, será el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, el actual dueño de esas viviendas, quien decida en qué términos podrán continuar –si pueden hacerlo– los inquilinos en esas viviendas. "Hemos creado un clima de seguridad jurídica, respetando la libertad de los propietarios a utilizarlos como deseen", ha explicado Cavero.
Si bien la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) interpusieron en noviembre un recurso ante lo que califican como un "desmantelamiento y expolio de la vivienda pública", ahora es el PSOE quien ha optado por acudir a los tribunales. Pero esta vez, por la vía penal, al considerar que la Comunidad está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.
Según el socialista Antonio Fernández Gordillo, los inquilinos para los que "empiezan a vencer las opciones de compra" han comenzado a "sufrir mobbing" por parte de los nuevos propietarios de las viviendas. Según el diputado autonómico, sólo hay dos opciones: "O compras o a la calle". El negocio es redondo. Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno -201 millones en total-, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) no ha variado: oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros.
Esto está sucediendo ya, según explica Gordillo, en urbanizaciones de La Ventilla y el PAU de Vallecas. En Villalba y Torrejón de Ardoz se están dando las primeras muestras de otra problemática. El decreto 226/1998, actualizado el 22 de julio de 2013, apenas unos días antes de la venta, intenta proteger a las "personas y familias más necesitadas" con una reducción en el alquiler durante un máximo de dos años, pero con posibilidad de prórroga si las condiciones se mantienen. No obstante, uno de los requisitos es ser ya inquilino de una vivienda del Ivima. Algo que ahora no ocurre con las 2.935 casas vendidas a lo que desde la PAH denominan "fondos buitre".
"¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?"
No obstante, durante su comparecencia de este jueves en el pleno de la Asamblea, Cavero ha optado por hacer balance del parque de viviendas públicas de la Comunidad. Según el consejero, hasta el tercer trimestre de 2013 el 40% de las promociones que comenzaron a construirse en España se encuentran en la Comunidad de Madrid. El IVIMA tiene 20.000 viviendas públicas en alquiler, desde 2007 hasta ahora se han construido más de 14.000 pisos dentro de planes jóvenes y una retahíla de cifras que pretendían evitar las preguntas de la diputada de IU, Isabel Moreno, sobre los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas: "¿Prodán permanecer en alquiler? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué situación se quedan los que recibían algún tipo de subvención?". Finalmente, la respuesta fue clara: "Se mantendrán las condiciones durante el tiempo establecido".
El consejero se ha felicitado por "crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados", que crean "tres puestos de trabajo por vivienda construida". "La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la administración pública", ha defendido. Además, se ha respaldado en la creación de 1.000 nuevas viviendas públicas por parte del Gobierno de Ignacio González.
"Ayudas, beneficios sociales y fiscales, ayudas a los jóvenes y acompañamiento social. Reducción fiscal y congelación de tarifas del agua y el transporte público para este 2014", continuó relatando Cavero para finalizar preguntándose: "¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?".
También el grupo de UPyD se ha mostrado en contra de esta venta. En palabras de la diputada Loreto Ruiz de Alda, "el Ivima no está para vender viviendas a ningún fondo de inversión" por las "necesidades financieras" de la Comunidad. Y en esa línea ha exigido también que se modifique "el decreto que regula las ayudas" a los colectivos más vulnerables.
* El Diario - David Noriega - 13.2.14
Foto: IVIMA, viviendas en Madrid - pueblos-espana.org
El plan que legaliza el chalé del presidente de La Rioja cuesta casi cinco millones de euros
La Comunidad riojana no ha dado grandes noticias en estos años en cuanto al urbanismo depredador, lo cual no quiere decir que no lo haya habido también. Ahora se destapa el caso de la vivienda ilegal del presidente PP de la Comunidad que para legalizar su vivienda ha necesitado de un Plan urbanístico que va a costar la friolera de casi 5 millones. Fue construida en suelo rústico, en Villamediana, donde lógicamente no se podía edificar, pero la influencia política primó sobre el sentido común y las leyes, una vez más, con evidente resultado delictivo.
"ELDIARIO* : La modificación del plan urbanístico que ha permitido legalizar la construcción del chalé del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, cuesta a la localidad de Villamediana de Iregua casi cinco millones de euros. La nueva urbanización del municipio supone un gasto total de 4.666.998 euros. "Una parte será pagada por el Ayuntamiento a fondo perdido y otra en cuotas de participación de los vecinos", señala el dirigente socialista Vicente Urquía. De esos casi cinco millones de euros, el Ayuntamiento invertirá a fondo perdido un total de 1,5 millones. Esto supone que a cada vecino le costará la nueva urbanización unos 235 euros. La cantidad restante –unos tres millones de euros– tendrán que pagarla los vecinos que poseen los terrenos afectados por el plan.
Pedro Sanz construyó una vivienda de 155 metros cuadrados en un terreno rústico en el que, según la ley, no se podía urbanizar. El dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores, que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones.
Estos hechos fueron calificados en un principio como infracciones graves por el expediente tramitado en el Ayuntamiento a raíz de la petición de la oposición, pero un cambio en el Plan General Urbano legalizó las obras realizadas por el presidente riojano y redujo la valoración de las infracciones a leves. Este tipo de transgresiones –sancionadas con el pago de una multa– prescriben en el plazo de un año.
La oposición solicitó el expediente sobre la legalidad de la vivienda de Sanz en enero de 2013. En medio de su tramitación, y tras haber recibido los informes de los peritos que acreditaban la gravedad de las infracciones cometidas por el presidente regional, el Consistorio aprobó el nuevo plan urbano –por el que el terreno de Sanz pasaba de rústico a urbanizable delimitado–. Entonces el alcalde solicitó nuevos informes, que redujeron la tipificación de las infracciones a leves. Hasta noviembre de 2013 el Ayuntamiento no emitió el informe definitivo.
Denuncia contra el alcalde por prevaricación
El dirigente del PP riojano finalizó las obras en marzo de 2012 y la oposición solicitó la investigación tan sólo unos meses más tarde. Los socialistas consideran que los hechos prescribieron porque el Consistorio no actuó durante un tiempo. "Está claro que el Ayuntamiento esperó que transcurrieran los meses para decir que había pasado un año y, por tanto, prescrito", apunta el socialista Vicente Urquía.
Los socialistas se plantean denunciar al alcalde de Villamediana (del PP) por prevaricación porque "no inició la tramitación del expediente hasta que la falta había prescrito, con el agravante de que, mientras lo tramita, cambia el plan urbanístico", señalan fuentes de la formación.
El PSOE ya recurrió ante los tribunales el expediente que exime al presidente riojano de responsabilidad urbanística al entender que el Consistorio tuvo una dejación de funciones al no inspeccionar la edificación del chalé de Sanz. El juzgado de lo contencioso-administrativo ha comenzado la instrucción del caso y Pedro Sanz, que intentó evitar que el Ayuntamiento tomara en consideración a la oposición en el expediente por sus obras, argumentando que la actuación se debía únicamente a su cargo político y no a la infracción urbanística, se ha personado en la causa.
* El Diario - Irene Castro - 12.2.14
Foto: El presidente de La Rioja, junto a la alcaldesa de Logroño, visita unas obras.- el diario
Comunidad Valenciana.- El urbanismo salvaje, en el banquillo
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Ahí están los datos en la Comunidad Valenciana: los tribunales han suspendido siete planes generales y 14 PAI en solo dos años. La falta de informes medioambientales o recursos hídricos han sido las principales causas. Sin duda es una noticia positiva ante el avance inexorable del urbanismo salvaje, el que no piensa más que en los beneficios empresariales sin tener en cuenta las necesidades de la población o del medio ambiente donde se desarrolla. Pero algo fundamental ha obviado la justicia y ha sido el sancionar debidamente a los culpables de tales delitos, tanto políticos como empresarios o financieros se han ido 'de rositas' en esta película de terror, lo cual deja a medio hacer su función de perseguir la corrupción, lamentablemente.
"ELPAÍS* : Primero fue la crisis la que paralizó el sector de la construcción, y luego los tribunales han ido enterrando varios macroproyectos urbanísticos se gestaron con el auge del ladrillo. En los últimos dos años en se han anulado siete PGOU (Benissa, Dénia, San Miguel de Salinas, Monforte del Cid, Castellón, Les Useres y Enguera) y 14 PAI en otras tantas localidades valencianas, según los datos de la Consejería de Infraestructuras. Entre los planes parciales cuestionados destacan el de Rabassa en Alicante, con cuatro sentencias en contra, el Plan Parcial Marina Golf de Cabanes o el de Benicàsssim Golf.
“El poder judicial se ha despertado, después de la época en la que la consejería aprobaba planes sin los requisitos necesarios, ahora se empieza a poner orden”, asegura Carlos Arribas de Ecologistas en Acción, una asociación que ha impulsado varios contenciosos administrativos en los tribunales que han permitido frenar estos proyectos. Distinta es la opinión de Ángel Sáez, alcalde de San Miguel de Salinas, del PP. “El pasado de este pueblo fue negro, pero ahora se han cargado el futuro”, sentencia tajante un regidor dolido porque desde que en 2007 comenzara a tramitarse el PGOU, con un máximo de 40.000 nuevas viviendas, todo han sido trabas. Según el alcalde cuando se inició la tramitación del PGOU no estaba vigente la normativa europea de la Ley Estratégica Medioambiental, pero cuando se aprobó, sí. “Los ecologistas nos denunciaron y han ganado”, admite el regidor que recuerda que un municipio “sin un PGOU no tiene norma urbanística y es una ciudad sin ley”. El Ayuntamiento y los técnicos de la consejería preparan un recurso que presentarán antes el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJ valenciano de anular este PGOU, que carecía de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Estoy muy disgustado, me preocupa el futuro de mi pueblo y pienso en mi hija y mis nietos”, confiesa Sáez.
Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, atribuye estos varapalos judiciales a que “había en la calle un clamor popular contra el urbanismo salvaje, y los jueces se lo tomaron en serio”. La falta de información pública, la ausencia de recursos hídricos o de estudios de impacto medioambiental son los principales motivos por los que se han anulado la mayoría de estos proyectos. Los constructores observan con preocupación esta situación. Jesualdo Ros, secretario de Provia, la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante, solo pide un “marco estable para poder desarrollar” proyectos. “Los empresarios necesitamos certeza, no es posible que se tarde 15 años en tramitar un PAI y luego lo tumben”, se queja el representante de los constructores.
Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental de la consejería de Infraestructuras, atribuye tal cantidad de reveses judiciales a la “época en la que se politizaron las confederaciones que siempre cuestionaban la falta de agua”, comenta en referencia a la etapa socialista. Giner destaca además que todas estas sentencias “solo cuestionan aspectos técnicos, pero ninguna incide en el modelo territorial valenciano”. Por su lado, Moisés Cruz de la Plataforma Anticorrupción Salvemos la Huerta de Almoradí, considera que estos PAI se aprobaron “con un claro afán especulador” para urbanizar el vasto territorio de La Vega Baja. En Almoradí, municipio con 20.000 habitantes, el PGOU contempla otras 11.000 nuevas viviendas, y ahora los técnicos de la consejería han tumbado la propuesta por “no ajustarse ni a la demanda inmobiliaria real ni a la previsible evolución demográfica”.
El alcalde, Antonio Ángel Hurtado, del PP está muy molesto. “Siempre hemos ido de la mano de la consejería, hemos hecho lo que nos han pedido los técnicos de ordenación del territorio y ahora los de medio ambiente ponen pegas”, se queja el regidor que el próximo viernes tiene previsto reunirse con la consejera, Isabel Bonig, para buscar una salida.
Los alcaldes consultados también apuntan otro problema: los constantes cambios normativos. En el caso de Almoradí el PGOU se empezó a diseñar siguiendo los criterios de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), al año siguiente se aprobó la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y en pocos meses una normativa europea obligaba a incorporar una memoria de la estrategia medioambiental.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 9.2.14
Foto: El plan general de San Miguel de las Salinas, en la imagen, preveía la construcción de 40.000 viviendas y el TSJ lo anuló. / DAVID RODRÍGUEZ
El 'caso Gürtel', cinco años y 700.000 folios después
El inabarcable caso Gürtel lleva camino de convertirse en un rancio culebrón de seguir con esta indiferencia judicial que ya empieza a rayar con la complicidad descarada. El asunto de la trama corrupta urbanística (entre otras) es gigantesco y abarca a cientos de implicados políticos y financieros en las Comunidades Valenciana, de Madrid, de Castilla y León, etc. Pero la tardanza de la justicia en aclarar mínimamente el tema ya huele a chamusquina, porque si algún día se llega a celebrar el juicio, sin duda habrá hechos que ya hayan prescrito. Aquí se presentan nuevos datos y perspectivas de lo sucedido.
"ZOOMNEWS* : Los capos de la trama Gürtel utilizaron el oficio más antiguo del mundo para "estrechar" lazos con los políticos. "Si te llevas de putas a un alcalde, o a un concejal, o a un periodista, ya le has enviciado, le tienes cogido", cuenta uno de los investigadores de la trama. Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, llamaban "las chicas de la ofi" a las mujeres del Club Pigmalión, del que eran clientes asiduos. El sexo fue un ingrediente esencial en la estrategia que pergeñaron Correa y el El Bigotes para conseguir favores de políticos: "Hay que buscar chicas españolas, con algún tipo de titulación y, sobre todo, que follen como ángeles", pide Álvaro Pérez a sus socios antes de una reunión importante en Barcelona.
Estas, y otras perlas que aparecen en la investigación judicial de la trama, las publica en su último número la revista Interviú, que acompaña la información con elocuentes imágenes de las fiestas que organizaban los jefes de la red de corrupción.
"No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas"
La publicación del Grupo Zeta, en un suplemento que resume los cinco años de investigación policial y judicial del caso, relata asimismo las dificultades con las que se han encontrado los policías que han seguido el rastro de las operaciones ilegales de la trama."No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas ni registrar su casa. Imagina lo que se habría escuchado ahí", comenta al semanario uno de los agentes que más tiempo ha dedicado a investigar el caso.
La misma fuente define muy gráficamente las diferencias de trato del anterior gobierno socialista y el actual. "Antes, con el otro gobierno, llamábamos para comunicar novedades. Que habíamos encontrado, por ejemplo, dinero en Suiza. Nos felicitaban y nos animaban. Eso sí, al día siguiente, no sabíamos cómo, salía en la prensa. Ahora, cuando llamamos y decimos que hemos encontrado dinero, nos preguntan: pero ¿cuándo termináis?".
Las presiones políticas han sido constantes en la investigación de la Gürtel. Incluso el juez Pablo Ruz se ha quejado en varias ocasiones a los distintos organismos que han escudriñado en las actividades de Correa, Bárcenas y compañía -Policía y Agencia Tributaria, principalmente- por la lentitud a la hora de realizar determinadas diligencias. De hecho, la Policía ha tardado más de un año en determinar que hay indicios suficientes para identificar a Francisco Álvarez-Cascos como uno de los beneficiarios de la trama, a pesar de que en distintos documentos incautados a los cabecillas aparecen múltiples referencias a PAC, Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos o Paco A.C.
En uno de los reportajes que incluye Interviú en el suplemento sobre la Gürtel, los investigadores estiman en 140 millones de euros el dinero recaudado irregularmente por la trama durante los años de mayor actividad, cantidad similar a las fianzas reclamadas para hacer frente al presunto desfalco de las arcas públicas. La Gürtel atendía a cualquier necesidad: hoteles de lujo para dirigentes políticos, organización de actos electorales, compra de coches oficiales para el PP valenciano, pago de la factura de un detective privado que investigaba un escándalo sexual en el que se había visto envuelto un diputado autonómico, etcétera, etcétera.
Incluso al terrorismo le sacaron tajada. Cuando el PP movilizó en 2007 a todos sus militantes contra la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero, la Gürtel organizó el acto central de la madrileña Puerta de Alcalá cobrando un sobreprecio del cien por cien sobre el coste real del evento: 42.724,64 euros fue el coste real; 92.964,84 euros lo facturado.
Puros, vinos, hoteles de lujo...
El último reportaje de la revista es un álbum gráfico de las propiedades de Francisco Correa (de las que se conocen): Marbella, Ibiza, Sotogrande (Cádiz), Majadahonda y La Finca (Madrid), cuatro yates, cuatro amarres... Un tren de vida del que se beneficiaron políticos, empresarios y periodistas.
Así se desprende también del último informe conocido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez instructor, en el que se detallan los regalos que la trama hizo a algunos destacados dirigentes. Por ejemplo, al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la policía asegura que Correa le abonó los 1.000 euros que costó cuatro noches en un lujoso hotel de Madrid en diciembre de 2003; al extesorero del PP, Luis Bárcenas, le regalaron puros habanos y a su antecesor en ese cargo, Álvaro Lapuerta, vinos de 500 euros; como en el caso de la ministra de Sanidad Ana Mato, al diputado del PP Juan José Matarí también le pagó la factura de casi 5.000 euros por un viaje a EuroDisney una de las empresas del supuesto cabecilla de la Gürtel. Y a varios cargos vinculados al Gobierno autonómico y municipal de Madrid en los años 2001 y 2002 se les pagó lujosos viajes a Kenia, Cancún y Nueva York
En definitiva, una historia de impunidad y excesos de la que aún queda mucho por contar.
* Zoom News - 5.2.14
Foto: Gürtel, capo Correa - burbuja.info
El alcalde de Valladolid imputado por desobediencia al no corregir las irregularidades de su vivienda
Las causas sobre ilegalidades urbanísticas se acumulan en Valladolid y alrededores. El tristemente machista alcalde pucelano, León de la Riva, continúa haciendo lo que le da la gana en esta materia, por encima de leyes y normas de Urbanismo. Cuando queda por resolverse judicialmente el gravísimo tema del 'cambiazo' en el Plan General municipal de hace años, él sigue a lo suyo, incluso tras ser sentenciado culpable por su propia vivienda ilegal. La débil justicia parece que, por fin, le imputa por desobediencia reiterada, pero ya veremos si es capaz de llevar adelante este asunto ante la fuerte presión política que la rodea.
"ELDIARIO* : El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, deberá responder sobre un presunto delito de desobediencia. Y lo hará desde el banquillo de los acusados, porque la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía que solicitaba su imputación. Según el Ministerio Público, León de la Riva, habría incumplido reiteradamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afecta al edificio donde el tiene su vivienda habitual y que está en situación ilegal. Los hechos se remontan al año 2008, cuando el TSJCyL anuló las licencias de obras y primera ocupación del edificio y obligó a demoler los áticos, ya que estos se crearon a partir de un trasvase de edificabilidad y de unas carboneras que se convirtieron en viviendas. Además, la rehabilitación no respetó elementos protegidos y los porcentajes legales de viviendas.
A pesar de la "demoledora" sentencia del TSJCyL, el Ayuntamiento intentó esquivar el fallo que, no sólo le obligaba a derribar los áticos resultantes del trasvase de edificabilidad, también debía convertir oficinas en viviendas. Así, el Alto Tribunal instó a León de la Riva "bajo su directa y personal responsabilidad" a ejecutar la sentencia. Y lo hizo en sucesivos autos en junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012.
La actitud "obstinada y recalcitrante" del alcalde a la hora de acatar el mandato judicial motivó que la Fiscalía denunciase al regidor. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 2, sobreseyó provisionalmente la causa el pasado mes de noviembre de 2013 al considerar que no se había acreditado la "concurrencia de conducta criminal".
Según argumentó la Fiscalía en su recurso, León de la Riva, tras haber sido designado como responsable para asegurarse de que se cumplía la sentencia, no estuvo presente en las juntas de gobierno local cuando se iba a tratar la restitución de la legalidad del edificio a través de distintos proyectos (dos de ellos rechazados por el TSJ) para no participar en las votaciones. Sin embargo, la Fiscalía también recuerda que el alcalde no se abstuvo cuando se aprobaron las licencias de obras y primera ocupación a pesar de que en ese momento León de la Riva ya estaba en trámites para adquirir su vivienda, en el séptimo piso, justo debajo de los áticos ilegales. Según reveló el concejal socialista, Javier Izquierdo, León de la Riva obtuvo la hipoteca de su casa tan sólo unos días después de haber otorgado la licencia de primera ocupación.
En su auto, la Audiencia Provincial es contundente: "No nos encontramos ante una mera posibilidad o sospecha de que se haya podido cometer por parte del imputado un delito desobediencia, si no que su actuación (documentalmente acreditada), sí es probable de ser considerada como delictiva",asegura. Sin embargo, la sala no estima la otra peticion de la Fiscalía, la de imputar al regidor un delito de prevaricación. Según el auto, si estimase la prevaricación y la desobediencia se vulneraría el principio de 'non bis in idem' (no dos veces por lo mismo).
Pero la Sala sí que entiende que el juez que instruyó la causa y que la archivó el pasado mes de noviembre, debe pronunciarse sobre los dos arquitectos que redactaron sendos proyectos de legalización rechazados por el TSJ, ya que ambos declararon en calidad de imputados. Uno es el arquitecto municipal, Luis A.A, también imputado por el caso de la manipulación del PGOU, mientras que al segundo se le contrató para la segunda intentona de legalizar el histórico edificio.
* El Diario - Laura Cornejo - 11.2.14
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Murcia paga casi 22.000 euros al día por otro aeropuerto sin aviones
Siguen los numerosos despilfarros delictivos públicos. En este caso se trata del el aeropuerto internacional de Corvera en la Comunidad Murciana, que ya lleva prácticamente terminado desde hace más de 2 años (dos), pero que, debido al escándalo de la corrupción, continúa cerrado al día de hoy tras un gasto multimillonario. La política nefasta en infraestructuras del turbio presidente 'popular' de la Comunidad, Valcárcel, ha permitido esta situación desastrosa en un intricado proceso de concesionarias y amiguismo descarado. Sin embargo este político denostado y fraudulento no ha sido todavía inculpado, como debería, por la habitual justicia servil.
"ELDIARIO* : Los ciudadanos de Murcia están pagando unos 21.917 euros al día por el aeropuerto internacional de Corvera, que se licitó hace siete años y que, a pesar de estar prevista su apertura para hace meses, está sumido en un complicado conflicto que llega a los tribunales. Por el momento, la comunidad autónoma se ha hecho cargo del préstamo que ha pedido para hacer frente al aval: se trata de un crédito por 182 millones de euros, con un interés del 4,3% a tres años, que supone al erario regional unos ocho millones de euros anuales.
En 2006, se aprobó el plan director para el aeropuerto internacional y un año después se creó la sociedad de construcción y gestión de la instalación, Aeromur, formada por Sacyr (60% de las acciones), Cajamurcia, la CAM, Cementos La Cruz, Grupo Fuertes, Inocsa y el grupo Monthisa. La concesionaria se comprometió por contrato a no recibir ayudas públicas en el caso de que tuvieran pérdidas y la región avaló el proyecto con 200 millones de euros que salieron de las arcas públicas.
A pesar de estar terminado desde enero de 2012 y de que el Ejecutivo regional se ha gastado unos 60 millones de euros en las infraestructuras aledañas, la situación cambió: Aeromur pidió un reequilibrio financiero para que la Comunidad le garantizara el apoyo económico en caso de pérdidas y el cierre del aeropuerto de San Javier (a escasos 35 kilómetros). El Gobierno de Valcárcel se negó a cumplir esas nuevas condiciones y el litigio comenzó convirtiéndose en otro de los aeropuertos españoles que no tiene aviones, como el famoso de Castellón, también con gastos millonarios y sin funcionar.
El Gobierno decidió rescindir el contrato con Aeromur alegando que lo había incumplido. Valcárcel pensó que la situación sería fácil y podría sacar de nuevo una licitación. Pero el consorcio que lidera Sacyr recurrió la rescisión del contrato ante los tribunales.
Desde octubre de 2013 el proyecto está paralizado, pero recientemente el Gobierno regional ha presumido de estar negociando con Aeromur y encontrarse cerca de un acuerdo. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas señalan que este paso se ha dado gracias a que la "concesionaria manifestó su intención de abrir la instalación" y apuntan a un "cambio de actitud" del consorcio, así como la voluntad de cumplir el contrato. De hecho, insisten en las mismas líneas rojas: ni el cierre de San Javier, ni el equilibrio financiero, y aseguran que las empresas lo han aceptado. Incluso han comunicado en los tribunales sus buenas intenciones, pero el juez seguirá adelante con el recurso.
Un acuerdo difícil
Lo cierto es que la Comunidad ha pedido un préstamo participativo a Bruselas, una fórmula que, en palabras del consejero, Antonio Sevilla, consiste en que la Comunidad "hace un préstamo que están obligados a devolver, y con unos intereses. Los incumplimientos, lógicamente, están penalizados".
De momento, Murcia se hace cargo de los intereses que tiene que pagar a las entidades bancarias por el préstamo que le dieron tras la rescisión del contrato, que conforman ocho millones de euros anuales. Además, ese aval del aeropuerto engorda casi 200 millones su cifra de déficit.
Según el PSOE, llegar a un acuerdo que desbloquee la situación no es fácil: "El contrato no existe porque está rescindido y están negociando con una empresa que tenía el contrato". "La Comunidad, para poder retrotraerse, tiene que darle de nuevo la concesión, y eso sólo pueden hacerlo si reconocen errores en la resolución del contrato o avalan la denuncia de Aeromur", defienden fuentes socialistas.
Sin embargo, el Gobierno confía en llegar a un acuerdo con la concesionaria, pese a que ya no tiene el contrato. Si no, pretenden sacar a concurso de nuevo la concesión y no consideran que no haya licitadores.
* El Diario - Irene Castro - 6.2.14
Foto: Murcia, aeropuerto cerrado de Corvera - elpais
Lanzarote: el paraíso de los 200 imputados
"ELPAÍS* : Caboandrés, la goleta de Pedro de Armas, continúa anclada junto al dique de Puerto Calero, en Lanzarote. Las olas la golpean a estribor, y en popa luce un cangrejo rojo, el animal que lleva por sobrenombre su dueño, Pedro el Cangrejo, un político y empresario singular. Aparatoso, fanático de los Beatles, hace un año su fama arribó a la Península al convertirse en el concejal fugado al Caribe. Desapareció de Arrecife cinco meses sin avisar de que disputaría con el Caboandrés una regata en la Martinica. La travesía fue tan absorbente que ni volvió por su Ayuntamiento cuando dimitió el alcalde. Lo delataron sus fotos en Facebook y 1.200 euros de factura del móvil corporativo.
Hace dos semanas se hizo público que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha investigado un año y medio a De Armas. Le ha localizado 112 fincas (una de 13.000 hectáreas en Argentina), nueve barcos y 66 cuentas corrientes, además de donaciones millonarias a sus hijos y cobros de cientos de miles de euros en operaciones urbanísticas. El edil, fundador del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), nunca ha sido imputado, pero su presencia lleva tiempo planeando sobre los grandes sumarios judiciales de Lanzarote. Dimas Martín, su mentor y capo di tutti capi isleño, dejó caer su nombre en el caso Unión en venganza por una denuncia de De Armas que lo llevó a la cárcel. También en el caso Costa Roja fue sospechoso de cobrar una comisión de tres millones del empresario Lleó, miembro de una de las grandes familias de la isla y otro habitual en los sumarios conejeros. Y en la Operación Yate se asoma en detalles como una factura de material náutico encontrada en el coche de José Francisco Reyes -exalcalde de Yaiza, del mismo PNL y multimputado por corrupción-; dato sospechoso después de que Reyes le otorgara licencias de construcción ilegales.
Lanzarote se convirtió en un pandemonio judicial a partir del caso Unión, que arranca en 2008 con unas grabaciones que registran cómo Lleó usó de intermediario a Fernando Becerra (hermano de Juan Carlos Becerra, el otro líder del PNL) para intentar comprar a un consejero socialista del Cabildo a cambio de que desbloqueara el proyecto urbanístico de Costa Roja, iniciado con una licencia concedida por Reyes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) grabó la conversación entre Becerra y el consejero, y a partir de ahí los juzgados comenzaron a autorizar escuchas telefónicas. Se abría el vientre de la serpiente.
Para no levantar sospechas, los agentes de la UCO desembarcaron en la isla en 2009 entre la andanada de participantes en el triatlón Iron Man. Intervinieron el Ayuntamiento de Arrecife y el pánico cundió. Los más avisados podían sospechar cierta tendencia a la corrupción de parte de políticos y grandes empresarios, pero no de técnicos municipales ni de decenas de anónimos. Ciudadanos sin relación con la trama recuerdan cómo detenían a amigos que jamás habían sospechado que caminaran por los lindes de la legalidad; pero en Arrecife era muy sencillo mancharse: a menudo los contratos públicos no se regían por el derecho administrativo, sino por favores que los más poderosos otorgaban a quienes aceptaban pedírselos. Cinco años después, con la instrucción del Unión a punto de cerrarse, Lanzarote es la tierra de los imputados, con más de 200 repartidos entre decenas de causas, 11 de ellos alcaldes y exalcaldes de los siete municipios que componen la isla.
De Armas es un producto típico de este clima. De familia humilde, se sumó al desarrollismo en los setenta, cuando pedregales sin valor comenzaron a venderse por millones. A lo largo de los años ha entrado y salido de partidos: primero militó en el Partido Independiente de Lanzarote (PIL), luego creó el PNL, que se integró en Coalición Canaria (CC) para luego retomar su andadura en solitario y, luego sumarse a Nueva Canarias. Mientras, ha ido encadenando cargos públicos de la importancia de presidente del Cabildo, concejal de urbanismo de Arrecife y director de Gesplan, empresa pública de planeamiento del Gobierno de Canarias. Entre 2003 y 2005 ya desapareció del Ayuntamiento, y en 2002 se le había investigado porque saldó una deuda del pesquero Ocean King, arribado a Arrecife desde Mauritania con 20 inmigrantes irregulares.
La razón por la que ahora se revela la investigación a De Armas tampoco es reconfortante. En julio de 2013, el veterano juez Rafael Lis, recién llegado al juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, pidió a la policía que le informara de unas investigaciones aprobadas por sus predecesoras en el cargo. Tras recibir el informe con las posesiones de El Cangrejo, lo archivó por considerar que respondía a una persecución política “basada en suposiciones e intuiciones con una acreditación mínima”. La Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón, concluyendo que De Armas había reunido méritos para ser investigado.
Lanzarote tiene 150.000 habitantes y el 90% de su PIB procede del turismo. Su capital, Arrecife, es una ciudad muy humilde de casas blancas y bajas. Hombres maduros fotocopian sus currículos en los locutorios: “La cosa está muy dura”, explican desencantados. En un ordenador cercano un chico rellena un formulario para encontrar novia por Internet. “¿En trabajo, qué pongo?”. Un amigo se ríe: “Que estás parado, como todos”.
En las islas no suele ser fácil encontrar respuestas. La semana pasada De Armas explicó a este diario que tiene órdenes de su abogado de no hablar y que se encontraba fuera de la isla para un chequeo médico. En el 87 de la calle de León y Castillo, la sede del PNL ya no existe, y en la de Nueva Canarias, coalición en la que se ha integrado, no contestan. Es lo común en una isla en la que los partidos se fusionan y desaparecen a una velocidad muy superior a cualquier evolución ideológica conocida en la historia de la humanidad.
El último equipo de Gobierno que terminó unido la legislatura en Arrecife data de 1995. Esta legislatura el alcalde Cándido Reguera (imputado en la Operación Montecarlo) fue sustituido por Manolo Fajardo (CC) con apoyo de PSOE y Alternativa Ciudadana. Fajardo no quiso hacer declaraciones para este reportaje y dejó la decisión en manos de sus portavoces. En un homenaje al pactismo, CC y el PSOE discutieron el asunto y optaron por el silencio a pesar de que el consistorio lidia con la herencia de numerosas irregularidades, reconocidas incluso por informes del Tribunal de Cuentas.
Un profundo escepticismo con los políticos y la justicia recorre la isla. Hace una semana diariodelanzarote.com publicó que ha desaparecido de los juzgados la grabación que dio origen al caso Unión. Parece un escándalo inaceptable, pero la isla lo ha digerido con rapidez. Quizá porque no es el primer golpe a la investigación. También se han invalidado los autos de registro a la casa y oficina de Luis Lleó, y con ellos las pruebas conseguidas allí, como los correos electrónicos del empresario con dos exletrados del Tribunal Constitucional, Ángel Aguallo Avilés e Ignacio Sánchez Yllera (fugaz jefe de gabinete de la vicepresidenta Fernández de la Vega en 2004), que le asesoraban en materia fiscal, según la UCO.
Las sospechas en torno al proceso han sido siempre tan acendradas que César Romero Pamparacuatro, el juez que lanzó el Unión mientras esperaba que el Consejo General del Poder Judicial le diera un destino definitivo, decidió no introducir ninguna información en el programa informático de gestión de los juzgados. Su desconfianza se reveló fundada cuando la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, recibió el soplo de que iba a ser detenida. Déniz era hermana de la exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias y sospechosa de aceptar sobornos de empresas contratadas por su Ayuntamiento.
Recogida de basura, iluminación en las fiestas… Con los años los conejeros han ido descubriendo que todo era una oportunidad para que alguien se enriqueciera ilegalmente. También se han acostumbrado a que los nombres más importantes de la isla sean objeto de investigación. Estos días la novedad era la clausura de las bodegas Stratvs, un caso con 18 imputados y en el que vuelve a estar implicado Juan Francisco Rosa Marrero, el principal empresario local.
En el caso Stratvs, Rosa presuntamente cometió una serie de delitos contra el territorio que incluyen usurpación de terrenos. No es una novedad la laxa interpretación que hace el empresario de las regulaciones, a juzgar por su imputación en la Operación Jable, hija del Unión, en la que se perseguía el entramado de ocultamiento de bienes relacionados con el padrino Dimas Martín. Y aunque nunca se haya probado ningún delito en las actividades de Rosa, las investigaciones han desvelado que Martín vive en una casa del empresario y que fue inscrito como trabajador en uno de sus negocios para acceder al tercer grado penitenciario.
Rosa, que no ha respondido a los mensajes de este diario, posee dos hoteles ilegales y es protagonista de la que se considera historia seminal del descontrol urbanístico de Lanzarote: la del apartahotel Los Fariones. Y aquí se puede presentar a otro personaje fundamental en los sumarios de la isla: Felipe Fernández Camero, el abogado de todos.
En el litigio en torno a la legalidad de Los Fariones, Fernández Camero reunía la doble condición de defensor del apartahotel y asesor del Ayuntamiento de Tías, municipio donde se levantó. Esta ubicuidad es característica de la carrera de Camero (Granada, 1948), secretario del Ayuntamiento de Arrecife desde 1976 hasta 2004.
De los primeros funcionarios en llegar a la isla, Camero dominaba el derecho administrativo y el urbanismo, dos disciplinas que por entonces no contaban con la misma popularidad que hoy. Él mismo explica cómo eso lo colocó en una posición inmejorable para lograr el éxito profesional: “Tengo esos conocimiento y he estado mil años aquí solo. Ahora ha venido más gente, pero al principio me buscaba todo el mundo. El primero que llegaba me contrataba”.
“La mitad de la isla me tiene en los altares, la otra mitad en los infiernos”, abunda. Entre los detractores, la denuncia del caso Yate presenta a Camero como una figura clave en la profesionalización de la corrupción en Lanzarotes.
Mientras era funcionario en Arrecife, Camero se convirtió en asesor de la mayoría de Ayuntamientos de la isla y, por las tardes, en abogado de los promotores inmobiliarios. El pluriempleo terminó cuando en 2004 la Secretaría de Estado de Organización Territorial lo destituyó como secretario por incompatibilidad muy grave.
El mismo patrón se repitió hasta la extenuación: siempre que un Ayuntamiento (fuera del partido que fuera) era denunciado por conceder una licencia polémica, Camero defendía en los juzgados tanto al consistorio como a los promotores. La investigación ha tratado de determinar sin mucho éxito si estas coincidencias fueron fruto de un plan.
“Creo que ha habido una exageración conmigo”, protesta Camero. “Por mi personalidad y conocimiento a veces he hablado yo porque, si no, no lo hacía nadie, pero no me interesa el poder. He estado metido en todo por las circunstancias, pero nunca he hecho un negocio que no fuera mi sueldo”.
Pero las investigaciones de De Armas, Rosa y Camero son solo la fumarola del volcán. Lanzarote se ha convertido en uno de los centros nacionales de la corrupción judicializada, un caso sobre el que se publican artículos en revistas académicas. En ellos se deja muy claro que para entender la situación hay que remitirse al pecado fundacional de esta isla: intentar limitar el poder del ladrillo.
A principios de los noventa, la sociedad de Lanzarote apostó por la contención del crecimiento. El movimiento lo patrocinaron las élites culturales, con César Manrique como profeta. Al regresar de Madrid y Nueva York en 1966, el pintor fue pionero en apostar por el turismo como factor de desarrollo y, al mismo tiempo, el primero que reaccionó al crecimiento excesivo. Pronto su discurso caló en la isla y se convirtió en hegemónico.
El Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991 fue el resultado legal de ese empuje. Limitó a las playas del sur la expansión urbanística y puso un techo de 110.000 camas turísticas, rompiendo la discrecionalidad de los Ayuntamientos para fijar su crecimiento. Lanzarote se convertía así en ejemplo para el resto del archipiélago y los defensores del desarrollo sostenible. Los promotores y los Ayuntamientos no se opusieron a los designios de Manrique (hubo solo seis recursos privados contra el PIOT, cinco de ellos defendidos por Fernández Camero), en parte porque el límite de 110.000 camas parecía aún lejano para una isla con 43.000.
Para premiar este experimento de defensa de un paisaje natural único, la isla fue declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1993. Los problemas comenzaron cuando en la década siguiente la explosión de la construcción demostró que las 110.000 camas podían ser un corsé más estrecho de lo pensado. Además, el Cabildo completó el PIOT con una ley de 2000 que limitaba la construcción a 10.000 camas en los 10 años venideros. El empresariado entró en ebullición y, rompiendo las normas, los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise comenzaron a conceder licencias sin permiso. El resultado son los 22 grandes complejos turísticos que hoy siguen siendo ilegales en la isla y cuya oscura gestación se ha revelado un nido de corrupción.
¿Cuáles serán las consecuencias de esto para Lanzarote? “No se puede pensar que un caso de corrupción vaya a cargarse la categoría de Reserva”, tranquiliza Aquilino Miguélez, coordinador del Observatorio de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. “El proyecto es impresionante, y por eso la Unesco lo distingue; lo otro, la corrupción y el intento de anteponer el bien personal al general, es coherente con ciertos aspectos de la naturaleza humana”.
Miguélez resume bien la confrontación que marca la isla. Se trata de la colisión de dos modelos encarnados en dos hombres: César Manrique y Dimas Martín En los años en los que el segundo ascendía al culmen de su poder, el primero moría en un accidente de tráfico.
Lanzarote no solo es una isla. Padece de la denominada doble insularidad. “Somos la colonia de la colonia: un mal perfume”, resume un poeta llamado Pablo Hernández en un café de Arrecife la distancia respecto a las grandes islas: Gran Canaria y Tenerife. Dimas Martín, un hombre del pueblo, supo explotar esa sensación de desamparo. Se envolvió en la bandera del insularismo en insumisión contra la Península y las familias de caciques que hasta entonces regían Lanzarote. De paso, también arremetió contra “la mafia verde”, los ecologistas que consideraba que trataban de limitar las posibilidades de enriquecimiento de las clases populares emergentes.
Las aventuras de este político, fundador del PIL, ya se han glosado mil veces. En los ochenta fue de los primeros políticos condenados por cohecho. En mayo de 2003 llegó a la presidencia del Cabildo por segunda vez y en diciembre fue encarcelado. Posteriormente se probó que dirigía redes mafiosas desde prisión y, a pesar de ello, el PIL organizó una campaña de liberación de Dimas, “preso político”. Ahora se le imputa en el Unión y la Operación Jable. Con cinco condenas, está en tercer grado cumpliendo.
Muchos piensan que Dimas no era peor que otros, pero que le hundió su carácter bravucón. Por ejemplo, retó a la UCO a que lo investigara, con el resultado de que estos presentaron una retahíla de pruebas contra él. “Toda una generación de políticos aquí son hijos de Dimas”, explica Saúl García, periodista considerado una constante en la investigación de la corrupción lanzaroteña, que la prensa local tiene a menudo demasiados reparos en enfrentar: “Pedro de Armas es un alumno aventajado y uno de sus enemigos íntimos, y a él también le pierde el carácter”.
La corrupción ha herido no solo al terreno y la economía de Lanzarote: también ha emponzoñado las relaciones sociales, especialmente desde el momento en que “la mafia verde” llevó a los tribunales la guerra contra los constructores de hoteles ilegales. Ninguna de las sentencias firmes de derribo se ha ejecutado. Moles como el Volcán, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas, Son Bou o Princesa Yaiza continúan desafiantes ocupando el litoral. El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, veranea regularmente en el Volcán.
Los imputados no son los únicos que no quieren hablar. Ni siquiera de los centros de más recalcitrante oposición al urbanismo es sencillo arrancar más que una declaración oficial. En Tahiche, donde los volcanes cambian de color cuando pasan las nubes y las plantas crasas crecen entre la ceniza, se levanta la casa blanca de César Manrique, sede de su fundación.
Esta institución privada de defensa del legado del pintor se presenta a todos los procesos judiciales contra delitos urbanísticos, organiza jornadas internacionales sobre corrupción y acoge a investigadores que estudian el tema. Sin embargo, sus portavoces solo aceptan emitir una escueta declaración: “La corrupción es un problema grave que afecta a la gobernanza de esta isla”.
Quienes conocen bien la fundación ven en esa parquedad una respuesta natural. Los costes de elevar la voz en Lanzarote son altos. Muchos de los que lo han hecho hablan de amenazas continuas. Un denunciante en casos de corrupción guarda en la cartera la impresión de correos electrónicos con amenazas para que retire sus demandas. Son amenazas elegantes, que invitan a respetar un orden establecido. En las propias oficinas de la fundación, una larga cita del escritor José Saramago sale en su defensa, denunciando en 2004 el linchamiento que sufrió en medios de comunicación subvencionados.
Esta dinámica de confrontación ha dado un papel relevante a colectivos como Transparencia Urbanística, personado en los casos Unión, Jable, Stratvs y en el Plan Parcial de Playa Blanca. Uno de sus miembros protesta: “No queremos mandar a la cárcel a media isla. Es un problema de convivencia, y aquí hay gente que pretende forrarse con cosas que son de todos. Cuando se les descubre y van a los juzgados, en lugar de negociar contratan abogados para tumbar los casos”.
Imputados como Felipe Fernández Camero también admiten lo insostenible de la situación. “Vivimos una guerra civil sin armas. Esta es una lucha de poder entre la oligarquía tradicional y las clases emergentes, de extracción humilde. No gana nadie. Y te das cuentas de que llevas muchos años, y así no se puede vivir”.
Fernando Jiménez Sánchez, especialista en corrupción de la Universidad de Murcia, ha estudiado a fondo el caso de Lanzarote. Su opinión es que la fuerza de las redes clientelares está en la base del problema. “Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad”, explica. “Cuando escuchas las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la tranquilidad que disfrutan”.
Tras destapar el Unión, en 2011 el CGPJ denegó al juez Pamparacuatro la prórroga que pedía y se trasladó a Tenerife; desde entonces el caso ha pasado por las manos de tres magistrados, retrasando la instrucción. En estos momentos en los que la causa parece comprometida por las irregularidades, la judicatura intenta tranquilizar a los ciudadanos. “El caso Unión atascó su juzgado, pero los refuerzos lo han relanzado”, asegura Glòria Poyatos, juez decana de Lanzarote: “Dos de las 11 piezas están listas para juzgar, y para el resto esperamos que termine la instrucción en 2014. La causa no se va a tambalear por la anulación de los registros”.
Sin embargo, la sensación de impunidad parece difícil de combatir. El Gobierno canario prepara una ley para regularizar los hoteles ilegales. La empresa Urbaser, investigada en la Jable por sobornos, ha presentado la oferta más baja en el concurso para la recogida de basura de Arrecife. En enero, unos días después del cierre de su bodega, el Ministerio de Agricultura concedió un premio a los quesos de cabra que produce Juan Francisco Rosa. Fernández Camero rige un gran bufete en Lanzarote. Pedro de Armas venía anunciando que se iba a retirar de la política, y el juez Lis ya explicó cuando quiso archivar la investigación lo que piensa de los informes que la policía elabora para él. Todos temen que cuando baje la marea en la red no vuelva a quedar ningún cangrejo.
Los grandes sumarios abiertos en Lanzarote
UNIÓN
Comienza en 2008 con un intento de soborno a Carlos Espino, consejero del Cabildo de Lanzarote (actualmente imputado en otra causa). Se divide en 11 piezas con decenas de encusados, por delitos de cohecho, comisiones ilegales, blanqueo...
YATE
Concesión de decenas de licencias ilegales a cambio de comisiones en el Ayuntamiento de Yaiza. Además del exalcalde José Francisco Reyes y sus familiares (sospechosos de blanqueo), están imputados políticos y trabajadores municipales.
JABLE
Tercera fase del caso Unión, investiga el pago de comisiones de empresas a políticos del Ayuntamiento de Arrecife a cambio del contrato de determinados servicios, como la recogida de basura.
MONTECARLO
Red de pagos inflados a empresas de José Montesinos por sus servicios de suministro en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva y Arrecife. Delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.
STRATVS
Último caso en sumarse a la lista. Dieciocho imputados por construir una de las bodegas más modernas de Europa presentando documentación falsa sobre su tamaño y ubicación.
* El País - JERÓNIMO ANDREU - 9.2.14
Foto: Lanzarote, mapa zonas protegidas - elpais
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