Un estudio realizado por la Universidad de La Laguna (Tenerife) da esta cifra escalofriante que, sin embargo, da la impresión de quedarse algo corta después de haber visto otras informaciones al respecto. Lo que es indudable es que en la gran mayoría de autonomías la corrupción urbanística de la clase político financiera ha conseguido transformar a peor el paisaje territorial, con grave perjuicio, además, para las arcas públicas.
"ELPAÍS* : No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13 años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.
Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que seguir investigando.
Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000 y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.
El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año 2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006). Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100 agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.
El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un 63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de 2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.
Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals, voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007, complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565 municipios”.
En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.
“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos Ballena Blanca y Malaya.
Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su despacho exclusivamente a letradas.
El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se acreditaron 176 periodistas.
Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio, solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados y casi año y medio de duración?
La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.
La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.
Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos, una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los macroprocesos.
Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.
Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88% de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo (el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.
* El País - LUIS GÓMEZ - 17.6.13
Foto: Mapa de la corrupción - elpais
La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década
Salamanca.- La sombra de 'Gürtel' también planea sobre el Parque Empresarial de Las Malotas
Entre los propietarios de los terrenos se encuentran la empresa y el constructor que levantó 'El Algarrobico' y al que se ha relacionado con la rama madrileña de este entramado de corrupción política. Así que los tentáculos de la trama 'Gürtel' se siguen extendiendo, mientras la justicia parece que no es capaz de descabezar ni enjuiciar a esta poderosa mafia urbanística.
"TRIBUNA* : Las actividades de los empresarios implicados en el proyecto de urbanización de Las Malotas, en el que pese a la repulsa general en la ciudad parece estar empeñado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, no dejan de deparar sorpresas. Hace unos días TRIBUNA publicaba las vinculaciones de algunos de estos propietarios de los terrenos con una de las tramas urbanísticas de corrupción más destacadas de la última década, como es el denominado ‘Caso Malaya’.
La empresa Área Logística Oeste S.L. se encuentra directamente relacionada a través de su entramado de sociedades con nombres que figuraron en el sumario, alguno de los cuales prestó declaración incluso en el procedimiento judicial. También publicaba este diario que entre los dueños de una buena porción de los terrenos se encontraba Pedro Díaz, el presidente de Gruposa, editora del periódico La Gaceta Regional de Salamanca, en este caso a través de otra empresa denominada Los Llanos de Valdelobos S.L.
Pues bien, dentro del entramado societario de Área Logística Oeste S.L., aparece una empresa denominada Azata Patrimonio S.L., propiedad de José Domingo Rodríguez Losada. Este afamado constructor lo es, en gran parte, por haber desarrollado su labor e ingente patrimonio al abrigo del boom urbanístico en la localidad malagüeña de Marbella, epicentro de la operación Malaya.
Pero Rodríguez Losada es mucho más conocido por otras cuestiones relacionadas siempre con el ámbito urbanístico, en otros puntos del país. Así, AZATA del Sol, otra de sus empresas, fue la promotora del macrohotel denominado El Algarrobico, que durante la última década ha sido fruto de una agria polémica urbanística y social en España, en el ámbito de la discusión de la Ley de Costas y de la invasión del litoral español por la burbuja inmobiliaria.
Finalmente, el hotel levantado en la playa de Carboneras, en pleno Cabo de Gata, cuya demolición fue solicitada por movimientos ecologistas y sociales durante más de una década, y que en algunos trámites judiciales llegó a ser ‘indultado’ parcialmente, será demolido.
Con antecedentes como este, no es de extrañar que los tentáculos de Rodríguez Losada se hayan extendido por otros puntos de la geografía española. Entre ellos, y especialmente en los últimos años de la década pasada, en el conocido como ‘cinturón madrileño de la Gürtel’, integrado por los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo, Arganda y Valdemoro, entre otros.
Su proyecto estrella en Boadilla del Monte, cuyo alcalde Arturo González Panero es uno de los primeros imputados en la rama madrileña del caso Gürtel y tuvo que dimitir de su cargo e ingresar en prisión, fue la urbanización de lujo denominada inicialmente ‘La Alcazaba de Boadilla’, que también levanto la repulsa social de diversos movimientos en el municipio al afectar su construcción al bosque mediterráneo que da precisamente nombre al municipio. La celeridad en su tramitación municipal y el aprovechamiento de algunos cambios normativos aplicados por el ayuntamiento madrileño que bordeaban la legalidad, alentaron la promoción de una urbanización de ‘altos vuelos’ y 219 chalets de lujo.
Curiosamente, el desarrollo del sector en el que se encontraba esta promoción fue promovido por el Ayuntamiento de Boadilla a través del mismo mecanismo urbanístico que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, pretende hacer también efectivo en Las Malotas.
Por la documentación que en estos momentos sigue analizando TRIBUNA también se desprende que no es este el único vínculo existente entre los propietarios de Las Malotas y el entramado Gürtel, cuyo sumario aún sigue abierto, y así lo irá revelando este diario próximamente.
El SUEGRO DE UNA PROMESA 'FUGAZ' DEL PP
Se da la circunstancia de que José Domingo Rodríguez Losada fue en su día suegro de una de las grandes promesas del PP de aquellos años, Juan José Güemes, que se casó en primeras nupcias con la hija del constructor. En el segundo intento, Güemes formalizó matrimonio con la también diputada popular Andrea Fabra, hija del ínclito Carlos Fabra y conocida por su expresión grabada por las cámaras en el congreso “¡Que se jodan!”, en pleno anuncio de Rajoy de nuevos recortes a los desempleados por parte del Gobierno.
Juan José Güemes, que llegó a ser consejero del gobierno de Esperanza Aguirre en varias ocasiones y secretario general de Turismo pese a su juventud, pasó a la empresa privada en 2010, aduciendo ‘motivos personales’ y abandonó la política activa.
* La Tribuna Salamanca - 17.6.13
Foto: Salamanca, futuro parque empresarial Las Malotas - salamanca24horas
Roquetas.- Gabriel Amat, 'el hermano mayor' de Arenas, investigado por presunta corrupción urbanística
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El alcalde Roquetas de Mar (Almería) y presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, lleva largo tiempo en la picota de la corrupción urbanística, ya que participa en varias empresas inmobiliarias de la zona, y muchas decisiones municipales o provinciales le han favorecido de una forma u otra. Aún así, gracias a sus apoyos, ha conseguido librarse hasta el momento de una acción judicial seria.
"ELCONFIDENCIAL* : Javier Arenas define a Gabriel Amat como su “hermano mayor”. Es el indiscutible hombre fuerte y de absoluta confianza de Arenas en Almería, la provincia por la que el expresidente del PP andaluz se ha presentado dos veces como número 1 al asalto (frustrado) a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Amat, presidente del PP de Almería, presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Roquetas de Mar desde hace 17 años, sufre ya el cerco de la Justicia.
La Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Financieros del Cuerpo Nacional de Policía ha pedido que se investigue a Amat tras la denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT) por “presuntamente beneficiarse él y sus familiares directos y socios de las decisiones adoptadas en materia urbanística en este municipio del Poniente almeriense”. Una parte de lo denunciado por AMAyT ya lo investiga el Juzgado número 1 de Roquetas de Mar (Almería). La Fiscalía del TSJA ha remitido la denuncia de esta asociación al juzgado de Roquetas “para ver si lo investiga todo o no”, según confirmaron a El Confidencial fuentes de la propia Fiscalía.
El clan Amat, como así lo denomina el escrito presentado por este colectivo, está compuesto por más de 108 sociedades familiares y relacionadas entre sí con más de 315 órganos sociales distintos. El alcalde de Roquetas de Mar, que gana 70.000 euros anuales, “se habría beneficiado de las decisiones municipales adoptadas por el ayuntamiento durante su pasado y actual mandato como alcalde y sobre todo su familia”, según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, en la que se pide a la Fiscalía si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, firmó el pasado 28 de enero un escrito en el que ordenaba el traslado de la denuncia a la Unidad de la Policía Judicial adscrita a esta Fiscalía para que elaborara un amplio informe sobre los hechos y las personas intervinientes. El decreto también comunicó a Gabriel Amat (Albuñol, Granada, 1944) el inicio de las diligencias de investigación penal. El Ministerio Fiscal aún debe determinar la participación en los hechos de personas aforadas que decidan si la competencia corresponde a la Fiscalía Superior de Andalucía o a la propia Fiscalía de Almería.
Presuntamente, Amat no habría actuado en solitario. En primer lugar, la asociación remarca una “actividad supuestamente delictiva y con continuidad en el tiempo” en coordinación con José María González Fernández, el concejal de Urbanismo, ya imputado por la Fiscalía almeriense. “Los casos de corrupción que se han dado y están dando en ese municipio apuntan, directamente y en principio, a las dos personas anteriormente indicadas como los máximos responsables, pero no únicos, de la corrupción urbanística en Roquetas de Mar”, como indica AMAyT.
Negocios inmobiliarios
La excelente cosecha de los años del boom del ladrillo ofreció beneficios para Amat. El alcalde de Roquetas de Mar participa en el negocio del sector inmobiliario a través de sociedades al frente de las cuales se encuentran tanto él como sus familiares más directos o socios del primer edil. Según la asociación denunciante, en la mayoría de las operaciones que podrían beneficiar a alguna de estas empresas se ausentaba de los plenos municipales dejando en el concejal González la aprobación de los actos, “aunque, todo hay que decirlo, no en todos los casos se ausentó el alcalde”. En Roquetas de Mar altos cargos del PP almeriense disfrutan de propiedades inmobiliarias.
A pesar de que Amat en su declaración de incompatibilidades reduce el objeto de las sociedades en las que participa a expresamente las actividades de la agricultura y a la venta (concesionario de vehículos) de las marcas Audi y Volkswagen, el presidente de la Diputación Provincial de Almería mantiene acciones en las sociedades Complejos Apocalipsis, con el 100% de las acciones, Industrias Químicas del Beiro, con el 25% del accionariado y Vallparis, con el 10% de participación accionarial.
En esta presunta falsedad en su declaración de incompatibilidades como cargo público, destaca cómo sociedades controladas por Amat como Complejos Apocalipsis, el objeto social se circunscribe a la construcción de cubiertas y a la promoción inmobiliaria. Además, la sociedad Industrias Químicas del Beiro también se dedica a la promoción inmobiliaria. En esta misma sociedad aparece el propio Gabriel Amat como consejero delegado. ¿E Inmuebles del Poniente? Igualmente, el objeto social es el de la promoción inmobiliaria, construcción de edificios residenciales y contratista. En esta sociedad el presidente del PP de Almería es administrador único desde septiembre de 1994.
AMAyT, la asociación denunciante, nació en enero de 2013 para “trasladar a la Fiscalía todos y cada uno de los casos de corrupción de los que tengamos conocimiento. Casos en que los ciudadanos conocedores y víctimas de ellos no se atreven o no pueden denunciar por miedo a represalias. Ese es nuestro primer objetivo y principal función”.
Acosado por las deudas
“En Almería no se mueve una mosca sin que don Gabriel dé su aprobación. Tiene el poder absoluto del partido tras haber liquidado a su principal adversario, Juan Enciso [exalcalde de El Ejido] en 2008, destapándole la extrañamente paralizada Operación Poniente”, relata el periodista Pepe Fernández, exdirector de Onda Cero Andalucía, en un post de su blog titulado "Las claves de la Operación Tres Reyes en Almería".
Enciso y Amat, máquinas de ganar elecciones y arrancar votos, se acabaron peleando. Arenas perdió la confianza en el ex primer edil de El Ejido y decidió concentrar todo su apoyo en su “hermano mayor”. A principios de la década de los noventa el hoy alcalde de Roquetas de Mar era un empresario que ejecutaba obras agrícolas para Tierras de Almería, vinculada a Javier de la Rosa, cuyas inversiones supusieron la parte más relevante del agujero de más de 100.000 millones de pesetas en la Banca Garriga Nogués, según publicó El País en diciembre de 1992.
Es la misma época en la que Arenas llegó a la dirección del PP andaluz para sustituir a Gabino Puche, por aquel entonces presidente de los populares sureños. Cuando Amat llega a la política está acosado por las deudas. En apenas un año logra cancelar todos los préstamos que había solicitado, según aseguran a El Confidencial distintas fuentes próximas al PP de Almería.
* El Confidencial - Agustín Rivera - 17.6.13
Foto: Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat alcalde y presidente Diputación - teleprensa.net
El AVE a Alicante llega cargado de incógnitas
El nuevo AVE a Alicante llega con todos los indicios de otro despilfarro y fracaso más en las nuevas líneas, además, se ha realizado con deshechos de hace 20 años. Pero el principal problema es su falta de conexión, por inexistencia, con líneas de cercanías para todo el posible turismo de la comarca. Es decir, a pesar de las palabras grandilocuentes habituales de políticos y empresarios, se siguen planificando mal, muy mal, las infraestructuras.
"ELPAÍS* : El tren Alsthom que hizo el primer trayecto del AVE Madrid Alicante se fabricó en 1992 y se reformó en 2009. Un detalle que no impidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmar que la nueva línea de alta velocidad es el “fruto de las ambiciones comunes y superación de dificultades”. El presidente valenciano, Alberto Fabra, lo presentó como “la punta de lanza de la recuperación económica”. Pero el tren de alta velocidad llega cargado (además de años) de incógnitas, y con más preguntas que respuestas. ¿Qué impacto real tendrá sobre el turismo? ¿Qué efecto económico? ¿Cuándo se hará el trayecto en menos de dos horas? ¿Qué conexiones directas tendrán los turistas para ir a Benidorm, Torrevieja o Santa Pola?
Las consecuencias de la puesta en marcha de los 165 kilómetros de vías entre Albacete y Madrid, con una inversión de 1.920 millones de euros, lo que supone 11,6 millones por cada kilómetro, se conocerán con el paso del tiempo. Los empresarios se muestran contentos pero cautos. Alicante llega tarde a la red de ciudades conectadas al AVE y la clientela turística mayoritaria, tal y como dijo el presidente de los hoteleros de Benidorm, Antoni Mayor, viene en coche en el caso del turista nacional, y en avión, si son extranjeros. La presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles, Cristina Rodes, admitió que “los tiempos no son ideales, pero si se recortan 50 minutos se potenciará al cliente nacional”. En la misma línea, José Enrique Garrigós, presidente de la Cámara de Comercio, insistió en que en cuatro meses “debemos de trabajar para que llegue más rápido”, y pidió que el tiempo de viaje fuera de 1,50 horas. Un estudio, encargado por la Generalitat, cifra en 70 millones de euros anuales y más de 700 empleos el impacto que el AVE tendrá en la provincia, cuyos trenes aumentará en un 40% el número de pasajeros.
Cuando se inauguró la línea en Valencia también se plantearon objetivos ambiciosos que luego toparon con la realidad. Se cifró en 3,6 millones los viajeros previstos, pero en su primer año apenas llegó al 1,9 millones y al año siguiente bajó a los 1,7 millones. Los estudios oficiales pronosticaron que el AVE Valencia-Madrid crearía 136.000 nuevos empleos. Pero el único dato cierto es el incremento del paro. Y en Requena bajan 50 viajeros al día, cuando se presumía que el tren iba a ser el motor económico de la comarca.
Villena corre el riesgo de acabar igual que Requena. La estación de Villena, que ha costado más de 11 millones de euros, está ubicada en medio de la nada y con unas pésimas comunicaciones por carretera. Y en Alicante está por resolver el conflicto entre la capital y los municipios turísticos que exigen que las líneas de autobús regulares tengan parada en la nueva estación.
La puesta de largo del AVE desde Madrid a Alicante este lunes fue descafeinada y destapó dos realidades: la oficial y la indignada. Dentro de la estación un elenco de políticos y empresarios con traje y corbata escucharon y aplaudieron los discursos oficiales. Fuera, medio millar de personas se hacían oír: republicanos, afectados de Bankia, de Afinsa, profesionales de la educación, Stop Desahucios, gente en defensa de los discapacitados, de la sanidad, asociaciones vecinales, en definitiva, un popurrí de toda la indignación social.
Hacía tiempo que no se veía un dispositivo policial semejante: hasta 20 furgonetas de la Policía. Nadie sin acreditación de un medio o con billete de viaje podía acceder, había diez policías en cada puerta. Decenas de personas con banderas republicanas se agolparon en las puertas de la estación fuertemente vigiladas. El ruido de los gritos y las bocinas se colaron en el acto. Durante el discurso del Príncipe sonaron tres petardos.
Al final del acto inaugural se vivieron momentos de tensión. Un coche oficial intentó salir del aparcamiento de la estación para encontrarse con una muralla de personas que sujetaba una pancarta pacíficamente. La policía, sin cargar, comenzó a empujar a la gente, lo que desató momentos de nerviosismo. Entre la confusión del barullo, varios manifestantes lanzaron grava proveniente de un jardín cercano que cayó sobre el coche oficial y un agente policial se lanzó solo a dispersar a la gente hasta el punto de quedarse solo y verse rodeado de manifestantes, que han contestado la agresión golpeando al policía, al que han llegado a romper las gafas. “A él se le rompió la porra de tanto dar”, señalaban varios jóvenes que se acercaban a la prensa a enseñar vídeos de lo ocurrido.
El primer trayecto oficial estuvo exento de alharacas. El príncipe Felipe, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dos de sus ministros, Pastor y Margallo, y una reducida representación de dirigentes de Renfe y Adif. En Albacete paró el tren unos minutos para que subiera María Dolores de Cospedal, y en Villena se sumó a la comitiva, Alberto Fabra, presidente valenciano.
El AVE en cifras
En 1999 se programa el AVE a Alicante, en 2001 se incluyó en la red de la alta velocidad. El gobierno de Zapatero anunció su inauguración para finales de 2012, pero llegó el PP y se retrasó a junio de 2013.
Se ha inaugurado el tramo de Alicante-Albacete, de 165 kilómetros de longitud, que ha supuesto una inversión de 1.920 millones de euros, de los que 231,8 millones han sido cofinanciados por la UE. Cada kilómetro costó 11,6 millones de euros.
El precio general del billete en turista es de 64,9 euros y el Bono AVE de diez viajes fija el precio en 42,2 euros sin necesidad de anticipar la compra. El máximo descuento que se podrá obtener es el de un 70% sacando el billete con mucha antelación y cuando salgan ofertas especiales, lo que deja el precio en 19,45 euros. Como oferta especial de lanzamiento, entre los días 18 y 25 de junio, todos los billetes de clase turista se comercializarán con un 50% de descuento (32,45 euros por trayecto).
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ / RUBEN ESQUITINO - 17.6.13
Foto: Alicante, estación AVE - informacion
Barcelona.- El fiscal concluye que el partido de Mas cobró 6,6 millones en comisiones ilegales
El caso del expolio económico del Palau de la Música sigue dando que hablar y, parece que ya se empieza a dar por hecho la responsabilidad político-económica del partido CDC, aunque ahí siga en el poder como si tal cosa. El famoso 4% del que se está hablando por comisiones en obras, ya de por sí delictivo, sin duda debe ser más alto, como ha pasado en otras ocasiones en Catalunya.
"PÚBLICO* : El fiscal Anticorrupción de Barcelona ha concluido que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del president de la Generalitat, Artur Mas, se financió irregularmente y que presuntamente cobró en total 6,6 millones de euros en "comisiones ilícitas". Se trataría de unas comisiones satisfechas por la constructora Ferrovial a cambio de varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.
En el escrito, de 36 folios, remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona solicita el fin de la instrucción y la apertura de la fase intermedia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled concluye que Ferrovial pagaba un 4% en comisiones de las obras que le adjudicaban, que se repartía entre CDC (2,5%) y los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull. Concretamente, según el fiscal, las comisiones que "se hicieron llegar a la órbita de CDC" ascienden a 6.607.605,58 euros.
Un portavoz de Ferrovial dijo que la constructora se limitó a hacer pagos de patrocinios de actos que tuvieron lugar en el Palau de la Música.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que la trama de sociedades ilícitas gestadas en torno al Palau de la Música de Catalunya pagó a personas "con ascendencia política" para influir en los organismos que adjudicaron obras públicas de envergadura Entre 1999 y 2009. En concreto, el fiscal cree comprobado que, a través de los dos principales imputados en el caso Palau, Ferrovial pagó comisiones que ascendieron a 6,6 millones de euros al partido presidido por Artur Mas a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o una línea de metro en Barcelona.
El escrito detalla los delitos presuntamente cometidos hasta 2009 por el que fue presidente del patronato del Palau, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste, Gema Montull, directora financiera de las entidades, todos ellos acusados de falsedad documental y desvío de fondos públicos de la institución en beneficio propio. El fiscal dice que, junto con el desvío de dinero para enriquecimiento propio, existió una trama de comisiones ilícitas para influir en la toma de decisiones de adjudicación de obra pública.
"La empresa privada FERROVIAL-AGROMAN efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública por parte de los organismos competentes de la Generalitat de Catalunya u organismos públicos locales regidos por responsables de la formación política Convergència Democràtica de Catalunya", señala el escrito.
El fiscal dice que los pagos por parte de Ferrovial los realizaron los imputados Pedro Buenaventura Cebrián, director territorial en Catalunya hasta 2000 y luego director general de la división de construcción de la compañía hasta 2006, y Juan Eliazaga Corrales, director de relaciones institucionales de la firma. "Dichos imputados, sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de la entidad, y siempre sin conocimiento del cuerpo de accionistas, como mínimo a partir de 1999-2000, dispusieron todo lo necesario para que cuantiosos fondos de Ferrovial (..) se aplicaran a la financiación de CDC, formación tradicionalmente en el poder autonómico y local catalán", señala el escrito de Anticorrupción. Con esos pagos pretendían "establecer una relación privilegiada con la misma en beneficio mutuo pero en perjuicio de la debida imparcialidad de los poderes públicos".
Tres mecanismos
Para hacer llegar las comisiones a CDC la trama utilizó tres mecanismos: entregas en efectivo al tesorero del partido, que según el fiscal ascendieron a 3,7 millones entre 2000 y 2008; facturación "mendaz" de las empresas de impresión y buzoneo Altraforma, Hispart, Publiciutat, New Letter y Letter Graphic, y a través de convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas (directamente vinculada a CDC en el aspecto orgánico y financiero). Con todo, el fiscal considera a CDC como partícipe a título lucrativo para que pueda defenderse de la petición de decomiso de fondos que se formule en el escrito de conclusiones provisionales, y también a la Fundación CAT-DEM.
Según el Ministerio Fiscal, en este "mecanismo ilícito" participaron los extesoreros de CDC Carles Torrent (fallecido en 2005), Daniel Osàcar y el exdiputado de CDC Jaume Camps, y constata que altos responsables del partido debieron necesariamente intervenir, aunque no han podido ser debidamente identificados.
Expolio al Palau de 18 millones
En su escrito, el fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, cifra en 18 millones de euros el "expolio patrimonial" que cometieron Millet y Montull en el Palau de la Música en su beneficio personal o a otras finalidades desconocidas nunca relacionadas con la institución. Concretamente, Millet se apropió de 7 millones de euros de la Fundación y de la Asociación del Palau, 1,3 millones se los quedó Montull, y de los 9,6 millones restantes "han desaparecido sin dejar rastro alguno", y para cometer el delito contaron con la colaboración de la exdirectora financiera Gemma Montull y con el conocimiento y asentimiento de Rosa Garicano.
Parte del dinero se utilizó en obras "suntuarias" en viviendas particulares de Millet, Montull y Gemma Montull mediante facturación mendaz entre 2005 y 2009, a bodas de las hijas de Millet y viajes exóticos a Tailandia, Polinesia, Kenya, Dubai, Maldivas y México, entre otros.
En el escrito también se incluye que Millet pagó a terceros sin ninguna relación con finalidades del Palau como al presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, a quien entregó 75.000 euros (que el propio Colom ya ha pactado que devolverá) y 13.000 euros a Esteve Escuer, militante de CDC en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).
* Público - Agencias - 14.6.13
Foto: Artur Mas y Oriol Pujol, en una reunión de la direción de CDC.-EFE
El Gobierno permitirá el turismo en los parques nacionales
En principio que un parque nacional admita una actividad 'controlada' como el turismo no debería causar temor, pero la nueva ley que se anuncia permite llegar un poco más allá, hasta convertir esos espacios protegidos en una especie de parques temáticos de la naturaleza, con actividades problemáticas para el bien a proteger. La filosofía que está detrás parece ser, una vez más, la rentabilidad económica pura y dura.
"PÚBLICO* : La navegación o el sobrevuelo sin motor pueden conventirse en actividades autorizadas en los parques nacionales, según se contempla en el anteproyecto de la nueva ley que prepara el Gobierno. El borrador, que analiza hoy el Consejo Asesor de Medio ambiente donde participan las organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales y agrarias, contempla por ejempo que se permita "excepcionalmente" la navegación en el interior del parque con fines turísticos o recreativos siempre que la actividad contribuya "de forma notable" al desarrollo socieconómico del entorno y sea "completamente compatible" con la conservación de los valores y sistemas naturales, según el texto.
Aunque entre las actividades incompatibles figura el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, el texto incorpora una excepción siempre que se obtenga una autorización expresa o por causa de fuerza mayor. Además, una disposición adicional del borrador señala que "serán objeto de estudio" las actividades "tradicionales" de vuelos de aeronaves no impulsadas a motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Será el plan rector de uso y gestión del parque el que determinará las cotas, periodos y zonas donde tal actividad no resulte incompatible con la conservación de los recursos.
La nueva Ley de Parques Nacionales mantiene como actividades prohibidas la caza, la pesca deportiva, recreativa y comercial, la tala con fines comerciales o la edificación. No obstante, el texto contempla que se puedan realizar acciones de control de poblaciones (en las que se eliminan a conciencia un número determinado de ejemplares) al entender que esta actividad es "necesaria para la gestión". Contempla asimismo acciones para ordenar las masas forestales y para erradicar especies exóticas de restauración de hábitats.
Las agrupaciones ecologistas, que se reunieron el martes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, se han mostrado en cambio escépticas y han pedido que se retire una enmienda instroducida en el Senado que podría abrir la puerta a actividades de caza al permitir los usos "tradicionales" de la zona.
Excepciones a la norma
Asimismo, el borrador manifiesta que será incompatibles los aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos, las vías de comunicación y las redes energéticas, "salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas" por razones de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria. En este contexto, subraya que los planes de cuenca asegurarán los recursos hídricos adecuados "en cantidad y calidad".
Respecto al suelo, el proyecto de Ley establece que el terreno que pueda ser declarado Parque Nacional "no podrá ser susceptible" de urbanización ni edificación y que, en todo caso, estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, sin aprovechamientos de carácter agrícola, forestal o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.
En este sentido, el texto añade que un Parque Nacional no podrá contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas al uso deportivo, industrial o de ocio. En el caso de que se encuentren elementos artificiales en el espacio que se proponga como Parque Nacional estos deberán guardar vinculación histórica y cultural y estar "integrados en el medio natural, salvo casos debidamente justificados".
Hace pocos meses que el Gobierno, sin embargo, aprobó un proyecto para la producción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Todos los parques nacionales en España:
-Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
-Archipiélago de Cabrera
-Cabañeros
-Cadera de Taburiente
-Doñana
-Garajonay
-Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
-Monfragüe
-Ordesa y Monte Perdido
-Picos de Europa
-Sierra Nevada
-Sierra de Guadarrama (Aprobado hoy)
-Tablas de Daimiel
-Teide
* Público - EP - 13.6.13
Foto: Humedales del parque nacional de Doñana. EFE
Banderas Negras Andalucía 2013
El informe anual que realiza Ecologistas en Acción sobre 'Banderas y Puntos Negros' es muy importante para saber realmente la situación de la costa en el país. Aquí se presenta, sin detallar excesivamente, el correspondiente a Andalucía 2013.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* viene prestando una especial atención a la conservación del litoral y a sus ecosistemas. Por ello en 1999 se comenzó la elaboración anual del informe Banderas Negras, que de forma periódica analiza la situación de los diferentes tramos del litoral detectando las actuaciones humanas que están provocando su deterioro o destrucción. Por decimoquinta vez consecutiva presenta esta campaña, que viene a denunciar públicamente a aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida ambiental del litoral y que en esta edición concede un total de 80 Banderas Negras y 96 Puntos Negros.
Con este distintivo, Ecologistas en Acción quiere hacer ver la otra realidad del litoral andaluz y criticar el modelo de desarrollismo y la pérdida de biodiversidad de nuestras costas.
Tras este examen podemos decir que en mucho de los casos no se han subsanado los problemas que presentaba la costa andaluza en ediciones anteriores.
El litoral sufre agresiones desde distintos flancos. Por un lado tenemos el urbanismo, entendido desde los gobernantes como una moneda de cambio, que se ha ido comiendo poco a poco nuestros recursos naturales y paisajes costeros. La desplanificación urbanística nos muestra zonas como la provincia de Málaga como claro ejemplo de irracionalidad y que cada vez más se reitera en otras provincias andaluzas.
Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la nueva Ley de Costas que consagra definitivamente la privatización real de zonas de dominio público, en beneficio de ocupaciones eternas por construcciones residenciales y chiringuitos, con mayor invasión y privatización del espacio público, cada vez más ocupado también por sombrillas y hamacas de instalaciones hosteleras que delimitan y privatizan de hecho espacios públicos. La ampliación de la concesión en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.
Puertos deportivos y amarres invaden las desembocaduras de buena parte de ríos y caños, destacando los casos de Punta Umbría y la desembocadura del Ríos Piedras, donde la orilla y la lámina de agua se va privatizando a gran velocidad. Como hemos señalado en años anteriores, es triste que sea la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) la que impulsa y propicia esta privatización práctica de la lámina de agua y de suelos marinos ubicados muchas veces en Espacios supuestamente protegidos por la propia Junta de Andalucía.
La reforma de la Ley de Costas de 1988 aprobada por el Congreso de los Diputados rompe definitivamente el valor de la costa como bien público, crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos que despilfarrará los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, posibilitando otro proceso de burbuja inmobiliaria en la costa, desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística, permitiendo fiestas privadas, colocación de publicidad, instalaciones de chiringuitos por 4 años. Y para mayor agresión, todo este cúmulo de despropósitos se reviste de “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral”, con graves repercusiones en nuestro litoral.
Asimismo, la instalación de chiringuitos en las playas es una máxima que su cumple en toda la costa andaluza y vemos como cada día invaden el espacio de dominio público con hamacas y sombrillas quitando el espacio a los ciudadanos.
Además de la presión urbanística, nuestro litoral también tiene la asignatura pendiente de los vertidos, nos encontramos que Andalucía aún incumple la normativa y en son algunas localidades las todavía vierten sus aguas sin depurar al mar, como Nerja, Tarifa u otras localidades.
Haciendo un recorrido por el litoral andaluz, en la costa de Huelva cabe destacar la presencia de instalaciones que invaden y privatizan el espacio público, siendo esto un fiel reflejo de la cesión de competencias a la Junta de Andalucía para la gestión del dominio público. Otro problema es la depuración de las aguas, que a pesar de ocultar la información se sabe el nulo funcionamiento de depuradoras como la de Matalascañas.
Cádiz al igual que en las citadas provincias andaluzas tiene zonas que son un ejemplo claro del modelo insostenible de crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación y destrucción de zonas de alto interés ecológico y paisajístico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda residencia o proyectos urbanísticos como el de Valdevaqueros que es otro golpe brutal contra la sostenibilidad de nuestro litoral.
Otro gran problema de la bahía gaditana es el “Bunkering”, gasolineras flotantes fondeadas en la Bahía. El trasiego de hidrocarburos se hace de un barco a otro para evitar el pago de impuestos, se estima que se traspasan 5 millones de toneladas de combustible al año.
Málaga es quizás donde nos encontramos el paisaje más desolador, como ya se denunciaba en anteriores ediciones, el entorno se halla prácticamente urbanizado en la totalidad; ocupando las urbanizaciones, chalets y restaurantes casi toda la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo y Terrestre, que cuenta con 100 metros de anchura, a partir de la línea de costa; constatándose que en muchos puntos la propiedad privada invade totalmente esta zona pública, llegando a tener que construir espigones para defensa contra la acción del mar, donde legalizan construcciones ilegales en los nuevos PGOUs en connivencia de los grandes partidos políticos.
La provincia de Granada, sigue un tanto de lo mismo, el abandono que sufre el litoral granadino en cuanto a limpieza, conservación, respeto al medio ambiente y urbanismo desastroso.
Otro dato a destacar es la falta de observancia de la legislación ambiental por parte de las autoridades responsables en zonas de especial protección.
La provincia de Almería, sigue estando afectada por obras de impacto como la urbanización en zonas Lugar de Interés comunitario (LIC), el destrozo de playas vírgenes, sigue en pie la aberración urbanística del Hotel Algarrobico en pleno Parque Natural, o los proyectos de ampliaciones de puerto que van a afectar reservas marinas de alto valor ecológico, y que un año más, siguen siendo la constante en este tramo del litoral andaluz.
De manera positiva cabe destacar, que en esta parte de la costa andaluza la crisis económica ha dado unos años de respiro. Pero no ha posibilitado que haya motivo para que el número de banderas negras disminuya.
Desde Ecologistas en Acción denunciamos una vez más que las Administraciones Públicas y los gobernantes políticos, lejos de cumplir con la Constitución en diversas materias y con su deber para con el pueblo, se pasean de la mano de especuladores, corruptos e intereses privados y financieros, que buscan únicamente su beneficio personal. Y todo, a costa de la conservación del medio ambiente y del incumplimiento sistemático de las Leyes, que son modificadas al antojo de cada cual y en función del interés económico, obviando intencionadamente el social.
* Ecologistas en Acción - 7.6.13
Foto: Algeciras, contaminación bahía - diagonal
Alcaucín.- Procesan a 51 personas por el 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística
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Este pueblecito de la Axarquía malagueña, al igual que otros cercanos, tiene un elevado número de viviendas ilegales por todo su territorio, lo que convierte a esta comarca en un importante centro del salvajismo urbanístico que se ha acrecentado en los últimos años por todo el país. La culpa es de los que tienen la autoridad, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones y autonomías, que 'a sabiendas' no cumplen su cometido de control de la ordenación territorial.
"SUR* : La jueza del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía, ha procesado a 51 personas en esta causa, entre ellas el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba. El auto de procesamiento abreviado dictado por la jueza, cuenta con trescientos folios, y también establece el sobreseimiento de quince personas, según fuentes cercanas a la investigación.
Múltiples presuntos delitos contra la ordenación del territorio, supuestos cohechos, prevaricación urbanística y falsedad documental se le imputa al exregidor Martín Alba, que dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después de hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.
En esta causa también se ha visto implicado el que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quien también pasó por la prisión y quedó en libertad unos meses después tras el pago de la misma fianza que el exalcalde.
La supuesta red de corrupción política-empresarial tiene su origen en asuntos vinculados al urbanismo y va a sentar en el banquillo de los acusados además de Martín Alba y José Francisco Mora a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas, vecinos del municipio y algunos extranjeros.
Según se desprenden de las investigaciones, a las que ha tenido acceso Efe, el exregidor podría haber dado sistemáticamente licencias ilegales sin informes técnicos y jurídicos, algunas de ellas el mismo día que eran solicitadas y sin estudio de su viabilidad.
Las fuentes han explicado a Efe que en algunos casos se trata de promociones grandes y en otras de construcciones aisladas, donde grandes constructores compraban solares no urbanizables y los vendían.
En otras ocasiones los beneficiarios eran vecinos que vendían, otros compraban y luego se revendían los terrenos.
De la investigación se desprende una trama que construía y posteriormente legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía.
Ya en septiembre de 2008 en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se advertía de que de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".
El municipio de Alcaucín estuvo durante varios años en el punto de mira de los ecologistas, hasta que saltó el caso de supuesta corrupción, que denunciaban el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se ha construido unas 20.000 viviendas.
El sumario cuenta con unos 50.000 folios, donde 25.000 son autos principales, 19.000 son atestados policiales y el resto piezas documentales y periciales.
Durante los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en el 2009 en la casa del exregidor, quien se negó a dar la llave de la caja fuerte, se encontraron más de 150.000 euros bajo un colchón.
* Sur - EFE - 11.6.13
Foto: Alcaucín (Málaga), ayuntamiento - diariosur.es
Miles de madrileños viven en casas levantadas ilegalmente por toda la región
La dejadez en el cumplimiento de las normas urbanísticas durante lustros ha terminado produciendo la saturación de viviendas ilegales en todo el Territorio, no solo madrileño. Evidentemente en esta Comunidad, con la complicidad y, a veces apoyo implícito de sus autoridades, el asunto se ha desmadrado totalmente con la enormidad del número de estas viviendas construidas en grandes zonas rústicas protegidas.
"20MINUTOS* : Comprar una parcela, levantar una casa y esperar a que, como contempla la ley, la infracción prescriba a los 4 años. Eso es todo lo que tiene que hacer un particular en Madrid para tener un chalé con piscina en medio del campo. Ni permisos, ni pago de impuestos, ni engorrosos trámites administrativos. El descontrol y la falta de vigilancia es tal que, según el Cuerpo de Agentes Forestales, "muy mal se tiene que dar" para que el delito no se archive antes de que se levante acta y el caso llegue a un juzgado. Las edificaciones fuera de planeamiento urbanístico en la Comunidad se cuentan por miles, según los datos recogidos por los forestales, Ecologistas en Acción e investigadores ambientales.
Muchas de ellas corresponden a urbanizaciones hechas ilegalmente en suelo rústico, forestal o protegido que se desarrollaron durante los años 80, hasta 137 núcleos según el catálogo de la época. Otras son fruto del boom de la construcción vivido entre 1996 y 2008. La mayoría nunca fueron legalizadas y hoy, a pesar del estallido de la burbuja del ladrillo, el negocio continúa a menor escala.
Zonas más afectadas
La vega del río Tajuña, con unas 700 construcciones y no menos de 300 piscinas, es una de las zonas más afectadas. Acumula más de 150 denuncias de los agentes forestales, pero de nada sirve que los suelos sean rústicos o que muchas de ellas se encuentren en las zonas protegidas.
Chinchón se sitúa a la cabeza. En su término municipal se sitúan enclaves como Valbosque y Valromeroso, con decenas de casas que siguen ampliándose; o Las Cubillas, donde un grupo de feriantes ha creado su particular barrio. La alcaldesa, Luisa Fernández (PP), asegura que la "falta de medios" le impide controlar su término municipal. Lo mismo ocurre en el vecino Morata de Tajuña, apunta la organización Arba Bajo Jarama.
San Martín de la Vega alberga la urbanización Pingarrón, situada en zona inundable. Según su alcaldesa, Carmen Guijorro (PP), el núcleo está en proceso de legalización a pesar de que en una de sus calles aún se mantiene un cartel en el que la Consejería de Medio Ambiente advierte que cualquier construcción en terreno rústico será demolida. Este ayuntamiento permite la existencia de un complejo con dos viviendas, huerto, piscina y un aparcamiento para maquinaria de obra que ha levantado irregularmente una conocida familia del pueblo en pleno Parque del Sureste.
En El Molar, la vía pecuaria que enlaza las casas del Camino Viejo de Madrid a Burgos ha sido asfaltada con el consentimiento del Ayuntamiento. Otras 200 casas se desperdigan aquí repartidas, en ocasiones, en terrenos arcillosos de poca estabilidad. "Es un peligro. Y también pasa en Valdetorres, Talamanca, Pedrezuela...", denuncian los geógrafos Daniel Devesa y Antonio Romero, autores de la web pensandoelterritorio.com.
La Cañada Real de Madrid, con 2.500 viviendas entre Madrid, Coslada y Rivas, también es un ejemplo de urbanismo descontrolado.
La ley no funciona
Ecologistas en Acción acusa a la Comunidad de Madrid de desentenderse de la problemática (en incluso de fomentarla con la nueva ley que permite contruir en suelo rural) y a los ayuntamientos, que tienen las competencias en materia disciplinaria, de obviarlo la mayor parte de las veces. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente aseguró a 20minutos que cada denuncia que llega se tramita, aunque responsabilizó a los ayuntamientos de hacer cumplir la normativa.
Según la ley autonómica del suelo, tanto las infracciones como las sanciones prescriben a los 4 años de cometerse. Las multas van de 600 a 3.000.000 de euros, pero estas raramente se ejecutan y no disuaden a los infractores. Medio Ambiente asegura que tramita todas las denuncias que le llegan, pero la maraña normativa, la tardanza judicial y la propia ley del suelo benefician a los incumplidores.
Empresas se ofrecen a construir casas desde 50.000 euros.Para eludir la norma que impide subdividir parcelas, los terratenientes venden pequeñas porciones de suelo rústico de una misma unidad a varios propietarios mancomunados por un precio de entre 6 y 20 euros el metro cuadrado, mucho más barato que el suelo urbanizable.
Una vez hecho, los compradores instalan casas prefabricadas o se construyen la suya propia. Incluso hay empresas que se ofrecen a hacer chalés por unos 50.000 euros. Una vivienda móvil o un bungalow va desde los 3.000 euros de las más modestas a los 65.000 o más, dependiendo del número de habitaciones y los extras.
Dado que se construyen sin permiso, la mayoría de las viviendas cuentan con paneles solares o generadores de gasoil para conseguir electricidad. El agua se saca de pozos. Las confederaciones hidrográficas permiten hacerlos, aunque la mayoría de los consumidores ni siquiera lo comunican. Los desechos se tiran a fosas sépticas o pozos negros que ninguna autoridad supervisa.
Si no hay denuncia ni procedimiento administrativo o judicial iniciado, la infracción no tiene consecuencias. Como los ayuntamientos no incluyen estos núcleos en el planeamiento, quedan en situación alegal, en un limbo. Muchas corporaciones ni siquiera las tiran para evitarse la demolición, que puede rondar los 60.000 euros en caso de que el propietario se niegue a hacerlo. Cobrárselo después es una odisea, admite la alcaldesa de Chinchón.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 11.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en Chinchón - AC
Cartagena.- Un juzgado cita a declarar a la cúpula de Urbanismo en un caso de posible prevaricación
Este caso viene de 2006 y es ahora cuando la justicia cita a declarar a los principales implicados municipales. Parece mucho tiempo para otra 'posible' corrupción urbanística, al expropiar el ayuntamiento unos terrenos con el fin de la construcción de un centro cívico, algo que nunca sucedió.
"LAVERDAD* : El juzgado de Instrucción nº2 de Cartagena comunicó ayer la admisión de la querella de la empresa promotora de unos apartamentos turísticos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía contra el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y dos altos funcionarios por presunta prevaricación y expropiación ilegal de esos terrenos para hacer un centro cívico que finalmente no se ha construido.
Por estos hechos, el juzgado remitirá a los querellados la citación correspondiente para tomarles declaración en próximas fechas.
Los hechos objeto de la causa se remontan a julio de 2006 cuando la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía SL pidió la licencia de obra para edificar un complejo de dos alturas con 24 alojamientos. Eligió para ello el solar del viejo cuartel de la Benemérita. Esa parcela está dentro del Plan Parcial de la Chapineta, amparado por el planeamiento urbano de 1987. En él, ese terreno estaba catalogada como de uso comercial y hotelero, compatible con el de equipamiento privado.
Según la sociedad querellante, tras la petición de licencia de obra y la inspección previa de los técnicos municipales, solo quedaba su expedición a partir de 2009. Pero en la querella se denuncia que el permiso nunca llegó y fue anulado del nuevo plan general que cambió el uso por el de equipamiento público. Apartamentos Turísticos La Azohía SL acusa a la cúpula de Urbanismo de hacer caso a una asociación local que estaba en contra de su proyecto por unos intereses medioambientales que a los demandantes les parecen guiados por cuestiones privadas.
La petición de responsabilidades se divide entre Segado (por presunta prevaricación y expropiación ilegal), el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, (lo mismo) y la que entonces era jefa jurídica de Urbanismo, Paloma Rodríguez (solo por prevaricación).
* La Verdad - ERK - 12.6.13
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es
Mantienen la imputación a 17 personas en el caso Arona
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El caso de corrupción urbanística en Arona (Tenerife) lleva ya desde 2007 en manos judiciales y parece que aún queda bastante para que se celebre el juicio y se ejecute la sentencia. Arona es un gran municipio turístico con antecedentes numerosos de ilegalidades urbanísticas, pero se merece una justicia más ágil y efectiva.
"DIARIODEAVISOS* : El caso Arona, que cursa la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tras haber practicado la instrucción el Juzgado 2 de Arona, mantiene la imputación a 17 personas, tras desestimar un recurso de apelación de éstas, cuyos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por presunta corrupción urbanística, relacionada con la concesión irregular de licencias, favores y otras cuestiones que implican a la administración local de Arona y más personas.
Sin embargo el caso, en esta parte, ha quedado “reducido” en el número de imputados tras el sobreseimiento libre y archivo de otras doce personas, entre las que se encuentran el consejero de Carreteras del Cabildo, José Luis Delgado, tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS. También quedan fuera del este proceso judicial la actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Clara María Pérez, ya que no se halla delito de tráfico de influencias alguno al acusarla de haber creado y ofertado una plaza en la oficina de atención a las víctimas de delito de Arona para “colocar a una recomendada”, dice el documento, por el que fuera alcalde, José Alberto González Reverón.
Tampoco se aprecia el mismo delito, ni igualmente prevaricación, en el concejal de Seguridad, Manuel Reverón, porque no influyó para modificar puntualmente el plan insular de ordenación en Cabo Blanco para evitar la demolición de su casa. Sin embargo, el auto no estima el recurso de apelación del actual edil de Medio Ambiente, Antonio Sosa, y también de Urbanismo entre 2007 y 2011, ya que “en contra de lo que él alega”, dice dicho auto, “sí que existen vestigios de la posible comisión por su parte, por lo menos de prevaricación, como fue la contratación de cuatro personas que solían trabajar en las dependencias municipales sin formar parte del personal laboral, según escuchas telefónicas y según Administración de Personal del Ayuntamiento, donde se corrobora que no estaban contratadas y cobraban mensualmente por estudios realizados, explica el auto. También se le acusa al edil de no paralizar las obras del hotel Sir Anthony a pesar de saber que carecía de la licencia municipal.
Igualmente se desestiman las objeciones de Hortensia García citada como subinspectora de la Policía Local de Arona a la que se le achaca tráfico de influencias y prevaricación por mediar a favor de un opositor a un puesto de Policía Local. El Juzgado mantiene igualmente la imputación al cabo de la Guardia Civil, José Rodríguez, por un supuesto tráfico de influencias.
Con respeto al exalcalde se mantiene que existen posibles delitos contra la ordenación del territorio al conceder licencias de obras con informes desfavorables de los técnicos de Urbanismo. También, testigos “clave”, como Ansorena Carrera, dieron lugar , mediante grabaciones de conversaciones a otras “conductas delictivas” de funcionarios de la administración local que en principio “nada tenían que ver con los hechos investigados”,dice el auto.
El aparejador del Consistorio Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal o Jorge Menéndez y Zenón Rodríguez, también arquitectos, siguen imputados en la causa.
Cabe citar que todas estas diligencias se derivan de febrero de 2007, cuando se efectuó una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado Decano de la instrucción en Arona para que se investigase un presunto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y cuyos denunciados eran el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno 2003- 2007. La denuncia fue formulada a raíz de la que puso en enero de 2007 en Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid el edil del PSOE en Arona, Francisco Santamaría, y que se remitió a la Audiencia Provincial.
Luego vinieron las diligencias previas en marzo de 2007 hasta este último auto, fechado el pasado 5 de junio.
* Diario de Avisos - NICOLÁS DORTA - 8.6.13
Foto: Arona (Tenerife), juzgados - diariodeavisos.com
Madrid.- Demolida una casa blasonada del XVII
"ELPAÍS* : Madrid tiene desde marzo una casa solariega del siglo XVII menos y un solar más. El Ayuntamiento ha demolido el edificio de su propiedad, situado en la calle de Embajadores 18, por amenazar ruina inminente. El inmueble tenía un nivel 2 de protección y formaba parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid, Cerca y Arrabal de Felipe II. “Desde que pasó a manos municipales no se ha hecho nada para su mantenimiento y, al cabo del tiempo, resulta que es irrecuperable”, critica Vicente Patón, presidente de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que lucha por conservar lo que todavía queda del legado histórico, artístico y cultural de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento indican que la casa ya tenía un expediente de expropiación por ruina de 1963. Además, añaden, en el Plan General de 1997 se obligaba a que pasara a manos del Consistorio por el mal estado en el que se encontraba. La tramitación de la expropiación se inició en 1999. Hace dos años se cedió el edificio al Área de Hacienda y pasó a formar parte del inventario de bienes del Ayuntamiento.
La vieja casona presentaba un blasón de los Osorio-Villalobos en la fachada, escudo de armas que podría haber desaparecido en las labores de derribo. El arquitecto Álvaro Bonet, también miembro de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, asegura que cuando preguntó a los operarios que estaban demoliendo el edificio por el destino del blasón, le contestaron que se había desplomado y “hecho añicos contra el suelo”. Les pidió los trozos, pero le respondieron que el Ayuntamiento se iba a hacer cargo de ellos.
Bonet describe la casa como un palacete castellano, “probablemente del XVII por su estructura”. Presentaba un amplio corral o patio interior donde crecían un par de robustos árboles. “Llamaba la atención la potente caja de escaleras, de esas que se alzan sobre recios pies derechos de madera, árboles que debieron crecer allá por el siglo XV o XVI, antes de ser convertidos en la estructura del inmueble”, describe. Como prueba de la solidez de la escalera, relata que en la demolición los trabajadores la usaron para subir y bajar durante las labores de demolición.
En algunos lugares los ventanales estaban tapiados y apuntalados. “Pero el resto del edificio, el que daba hacia la calle de San Cayetano, se veía muy sólido”, apunta el arquitecto. La propia demolición demostró, en su opinión, la fuerza de los muros. “El desmontaje se realizó a mano y tardaron unos tres meses. Si la ruina era inminente, no te entretienes en quitar ladrillo a ladrillo”. Admite que en puntos concretos podía presentar algún tipo de pudrición por efecto de las goteras. “Esa parte podría estar afectada, pero se puede llevar a cabo una intervención puntual, pero no se han molestado”.
Ahora, el solar resultante, de 712 metros cuadrados, se ha incluido en el Plan de Gestión Patrimonial, y se prevé construir un edificio moderno que albergue servicios municipales, bien de tipo administrativo, de equipamiento social o cultural. Pero habrá que esperar a que se disponga de los créditos suficientes para ello, según informó Isabel Pinilla, directora general de Gestión Urbanística a Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida, que preguntó en una comisión del 20 marzo sobre la demolición, que costó 250.000 euros.
En la misma intervención, Pinilla aclaró que el edificio lo había demolido la Dirección General de Control de la Edificación y que el solar se ha incluido en el Plan de Gestión Patrimonial, que pretende “optimizar los bienes inmuebles de propiedad municipal y reducir los costes de arrendamiento, entre otros”.
“Es incomprensible que en estos tiempos, porque ya no estamos en los años sesenta, se siga teniendo este concepto del patrimonio histórico artístico. Ha sido una barbaridad”, se queja Bonet. El arquitecto recuerda que no es el único caso. Entre ellos destaca el palacio de la duquesa de Sueca, en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, que data de 1850 y con el máximo grado de protección. El Ayuntamiento lo expropió en 1998 y lo abandonó, lo que condujo a que 15 años después se decretara su ruina y demolición. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación y ha paralizado el derribo. El edificio de Embajadores ha corrido peor suerte.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 7.6.13
Foto: Imagen de la fachada de la casa con el escudo de armas antes de su desaparición. / ENRIQUE F. ROJO
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El TSJC declara ilegal un edificio de 136 pisos en Sant Carles de la Ràpita
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Otro caso paradigmático de la forma ilegal de actuar de la clase político-financiera en cuanto a Urbanismo se refiere. Ahora en Tarragona. Se concede ilegalmente una licencia para un gran edificio, con apoyo de las distintas administraciones, luego la justicia llega tarde y dicta sentencia condenatoria cuando el edificio está terminado y vendido. Y ahora se pretende que dicha obra sea derribada. ¿A ver quién lo consigue y cómo se sanciona a los implicados en este atentado urbanístico?
"EFE* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado que la licencia urbanística que autorizó la construcción de un bloque de 136 pisos y 136 aparcamientos en Sant Carles de la Ràpita es nula de pleno derecho, han informado a Efe fuentes judiciales. El edificio afectado, situado en la manzana formada por las calles Alcañiz, Molí y Les Oliveres, se construyó a mediados de los 2000 por la promotora sabadellense Arriaz SA, a partir de una licencia concedida el 26 de enero de 2006 por el equipo de gobierno socialista, encabezado entonces por el alcalde y también concejal de Urbanismo, Miquel Alonso.
La construcción del bloque finalizó hace unos cuatro años y, según los cálculos del ayuntamiento, alrededor de un 30 % de las viviendas se encuentran ya en manos de particulares. La sentencia del TSJC, notificada a las partes el 18 de abril de 2012, es firme y no admite recurso.
El pasado 26 de marzo el juzgado contencioso administrativo de Tarragona ordenó en un auto al consistorio, por segunda vez, la ejecución de la sentencia en el plazo de dos meses, que ya han transcurrido.
El ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación contra este último auto, que deberá resolver el TSJC, para evitar el derribo y reclama abrir una vía para legalizar el edificio.
La sentencia es la consecuencia del litigio entre la propietaria de unos terrenos rústicos (en suelo urbano programado) adyacentes al bloque, Josefa Bernaltes, el ayuntamiento y la misma Arriaz, que entró en el proceso como parte codemandada.Bernaltes denunció el caso a los tribunales en abril de 2008, tras presentar 5 instancias al consistorio sin obtener respuesta y al constatar que en la construcción del bloque se pretendían ocupar de forma irregular hasta 284,05 m2 de sus terrenos.
El mismo día que el consistorio otorgaba la licencia, el alcalde, Miquel Alonso, y Pau Castro, en representación de Arriaz, firmaron un convenio para modificar "los volúmenes, la fijación de alineaciones y urbanización del entorno de la isla", un documento no sometido al "principio de publicidad" y que sería el desencadenante de una vulneración del Plan General, según la primera sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona.
El juez sustituto de esta sala, Ángel Elías Pérez Núñez, basó buena parte de su argumentación en el informe pericial que encargó al arquitecto Jose María Grandes Carreras, quien concluyó que "el solar resultado del convenio ocupa parcialmente el vial del Plan General", así como una plaza pública (que actualmente se encuentra enmarcada en el recinto del edifico) y "con la circunstancia que bajo la plaza pública existiesen dos plantas de sótano destinadas a aparcamiento, con lo que se ha edificado en suelo público".
El informe pericial constata, de hecho, que si bien el Plan General preveía en esta parcela la construcción de un edificio en forma de 'J', la ejecución final basada en el convenio firmado acabó dando un edificio en forma de 'S' para la modificación del trazado y la anchura de la calle Alcañiz y que incurriría en las irregularidades expuestas.
Tanto el contencioso administrativo de Tarragona como el TSJC han determinado la "nulidad de pleno derecho" tanto de la licencia urbanística como del convenio entre el ayuntamiento y Arriaz.
Pese a que el último auto requiere la ejecución de la sentencia en 2 meses, el consistorio asegura en la apelación que ha presentado ante el TSJC que la sentencia es "declarativa" y que por tanto "no es susceptible de ejecución, y que la ejecución no puede pretender nunca el derribo de lo construido al amparo de la licencia".
Admite, sin embargo, que "si se entendiera que la sentencia es susceptible de ejecución, habría que entenderlo en el sentido de iniciar el correspondiente procedimiento de legalización", siendo la orden de derribo "el último paso en caso de que fuera imposible la legalización de toda o parte de la edificación".
No lo entiende así la parte denunciante, que ha pedido la ejecución de la sentencia ante "la pasividad" del consistorio. "A la declaración de nulidad de una licencia de obras, sigue, como complemento material, el derribo", asegura Bernaltes en respuesta al recurso del ayuntamiento, y cree que el consistorio hace "una huida hacia adelante para no cumplir la sentencia".
Mientras tanto, en declaraciones a Efe, el alcalde de la población, Joan Martín Masdeu (CiU), explica que "desde el ayuntamiento se han iniciado los trámites para informar a los posibles afectados de esta situación y sobre las consecuencias que puede representar la sentencia".
* El País - EFE - 10.6.13
Foto: Sant Carles de la Rapita (Tarragona), aérea - turismo
Tres alcaldes y la patronal defienden un hotel ilegal en Pontevedra
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Este caso del Hotel Talaso es una muestra clara de cómo se realizan las ilegalidades urbanísticas en todo el país. Primero se construye 'por las buenas' un complejo hotelero en una zona rústica, con ayuda de las distintas administraciones amigas, luego se trata de obstruir a la débil justicia que, cuando por fin dicta sentencia, ya llega tarde. Y el remate de la jugada ilegal político-financiera es criticar, a través de los medios afines, a la propia justicia y a las normas urbanísticas existentes, forzando la no aplicación de la ley. Más claro, agua!
"ELPAÍS* : El dueño del Hotel Talaso Atlántico, J. Pérez Gil, salió ayer en rueda de prensa al contraataque ante las reiteradas resoluciones administrativas y judiciales contra el complejo, levantado junto a la costa de Oia en suelo rústico y pendiente de derribo desde que en 2009 el Tribunal Superior de Xustiza declaró nula su licencia de construcción. Estuvo acompañado del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), José Manuel Fernández Alvariño, que reclamó “soluciones urbanísticas” y el alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez. Los regidores de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, y Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, no pudieron asistir pero enviaron cartas de apoyo, según el propietario.
“Este señor invirtió con la legalidad por delante”, sostuvo Fernández Alvariño, que pidió “seguridad jurídica para los empresarios” y apoyó un centro “de gran importancia no solo para la zona donde se ubica sino para toda Galicia”.
El alcalde de Oia también defendió la supervivencia del hotel. Su apoyo no es una novedad; el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra le advirtió expresamente el pasado diciembre de que se expone a ser multado si no ejecuta el derribo antes de final de 2013. Las licencias son nulas porque se basan en una ordenanza que no se llegó a aprobar, un fallo administrativo, según justificó ayer, ante el que busca soluciones como una eventual legalización a través del nuevo plan de ordenación municipal, según recoge Europa Press.
“En este momento en el que estamos viviendo no se puede derribar porque los perjuicios serían enormes”, defendió más tarde el dueño, que dijo que su centro es “referencia en Europa” y es “la primera empresa del municipio en pago de impuestos”. También agitó el fantasma del paro: “Tenemos 60 empleos directos y 100 indirectos, mañana pueden ser unos más de los des desahuciados”.
El Talaso Atlántico abrió sus puertas en 2003. Fue el resultado de un proyecto visto con cariño por la Xunta, que lo regó con hasta 4,5 millones de euros, entre ayudas a la construcción e indemnizaciones por el desastre del ‘Prestige’. Desde entonces ha tenido un recorrido judicial y administrativo accidentado, que incluye una investigación por sus vertidos fecales y una seria amenaza de Costas del Estado, que amagó el pasado febrero con retirarle la concesión sobre el dominio público porque sus instalaciones exceden considerablemente lo autorizado. El propietario aseguró que las informaciones sobre sus problemas responden a filtraciones que buscan hundirlo y ofreció como indicio que salgan a la luz al inicio de las épocas de vacaciones.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 6.6.13
Foto: Oia (Pontevedra), aérea hotel Talaso ilegal - elpais
La liberación de viviendas vacías coge el testigo de la ILP antidesahucios
Vista la negativa del gobierno y parlamento 'populares' a aceptar la básica iniciativa (ILP) sobre el desahucio de viviendas, la PAH busca nuevas vías de actuación, como la ocupación de alguna de los millones de viviendas vacías que existen en el país. Y en esto sí somos campeones mundiales, todo un contrasentido.
"DIAGONAL* : La Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios se quedó atascada en la mesa de Economía del Congreso el 18 de abril, el mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicaba su censo de viviendas vacías. Mientras trascendía a la opinión pública que el número estimado de casas sin habitantes alcanzó en 2011 los 3,4 millones, el texto defendido en solitario por el Partido Popular llegaba al Senado sin incluir ninguna de las tres medidas defendidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social".
“Nos quedan las dos líneas de trabajo de desobediencia que ya hemos empezado: el Stop Desahucios por un lado, y por otro lado insistir en lo que no hemos conseguido por la vía legislativa: liberar los bloques y las viviendas vacías”, explica Pau Llonch, miembro de la PAH en Sabadell, una localidad que cuenta por sí sola con tres bloques enteros y varios pisos ocupados.
La campaña de recuperación de viviendas vacías, iniciada con el nombre paródico de “Obra Social la PAH”, va cobrando protagonismo y poco a poco se cuela en la agenda mediática y política. Catalunya (ocho bloques) y Andalucía (14, localizados en Sevilla y Málaga) encabezan esta campaña por la que personas en peligro de desahucio, o ya desahuciadas, entran a vivir en pisos o bloques enteros, por lo general fincas que con la crisis han pasado a formar parte del balance de invendidos de cajas y bancos.
Un encuentro de las distintas plataformas celebrado en enero ya fijó la recuperación y liberación de espacios como el siguiente objetivo del movimiento. Según explica Llonch, el grupo que coordina la campaña en Catalunya ya está trabajando en un dossier formativo sobre las “cuestiones técnicas, legales, organizativas y de comunicación” que se han mostrado más útiles en los bloques pioneros de la Obra Social.
Tras un encierro en la Consejería andaluza de Vivienda, los habitantes de uno de los bloques ocupados de Sevilla, la llamada corrala Utopía, conseguían reunirse el 16 de abril con la secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer. El Gobierno autonómico acababa de aprobar la expropiación temporal de las viviendas con procesos de ejecución hipotecaria pendiente y el registro de viviendas vacías, con sanción incluida.
Según una portavoz de la intercomisión de vivienda del 15M, el decreto abre la vía a que a las entidades, Ibercaja en el caso de la Utopía, “les salga más a cuenta conceder el alquiler social para las familias que han entrado a habitarlas que pagar la multa por tenerlas vacías”. Teniendo en cuenta la mayor de las sanciones previstas en el decreto (9.000 euros por piso vacío), Ibercaja tendría que pagar 324.000 euros anuales en sanciones por mantener vacío este inmueble.
Esta posibilidad se mantiene abierta a través de una mesa de negociación entre la Utopía, Ibercaja, la Junta, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo andaluz. No obstante, no existe ningún proceso de negociación entre el conjunto de las corralas y la consejería. Además, Meyer excluyó la posibilidad de expropiar estos bloques vacíos, ya que el Decreto sólo abre la posibilidad de la expropiación para los pisos habitados por personas con contrato hipotecario.
En Catalunya, las negociaciones con las entidades ya han arrancado el realojo de 14 familias por cinco años en otro edificio en Sabadell con un alquiler social de 150 euros. Dos bloques más en Sabadell y Terrassa tienen pendiente la firma del alquiler social. “Estamos haciendo un poco de para-Estado”, dice Llonch medio en broma. La entrada en escena del SAREB (el banco malo'), que solicitó el desalojo cautelar de uno de los bloques de la PAH en Sabadell, ha abierto otra vía para el conflicto y supuso por unos días una carga adicional para sus habitantes, que ya se encuentran en situación límite.
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 9.5.13
Foto: Una de las corralas ocupadas en Sevilla. En toda Andalucía son 14 los inmuebles mantenidos como ocupaciones colectivas. / HAZEINA RODRIGUEZ
Andalucía.- Seis líneas regionales y 16 trenes se han suprimido en apenas dos semanas
Ya ha empezado la criba mercantilista de Renfe, apoyada por el gobierno de las tijeras. En Andalucía se han suprimido 6 líneas regionales esenciales para el desarrollo de la zona por donde pasaban. Dicen que son poco rentables, pero las han dejado morir los mismos que las cierran y que, después, vendrán con la privatización del servicio con líneas de autobuses. Como si fuera lo mismo, porque ¿qué ocurrirá con las mercancías, por ejemplo? El suprimir una línea como Algeciras-Ronda deja desconectado por tren al mayor puerto español. ¿Alguien lo entiende?
"ELPAÍS* : En Andalucía, la mayor parte del plan de ajuste previsto por Renfe ya se ha ejecutado, al menos en lo concerniente a supresión de líneas. Y es que en las dos últimas semanas se han cerrado seis líneas y han dejado de circular 16 trenes. El pasado 19 de mayo se cerraron las líneas Córdoba-Bobadilla y Algeciras-Ronda, mientras que el pasado domingo 2 de junio dejaron de circular los trenes de las líneas Huelva-Jabugo-Zafra, Sevilla-Llerena y los que unían Linares-Baeza con Almería y con Granada.
La supresión de estas líneas ha supuesto la eliminación de 42 paradas, una medida que los sindicatos estiman que afecta a unos 30.000 usuarios. Sin embargo, Renfe se escuda en que ninguna de las líneas cerradas cubría los gastos de explotación ni su aprovechamiento alcanzaba el 15% exigido por el Ministerio de Fomento para declararlas como de obligado servicio público.
De cara a las próximas semanas, el plan de ajuste planteado por Renfe contempla la reestructuración de otras líneas que va a suponer supresiones de paradas intermedia. Es el caso, por ejemplo, del corredor Sevilla-Huelva, donde se propone la parada en la estación de Villarrasa, y en la línea Sevilla-Cáceres, donde podrían cerrarse las paradas de Cantillana, Brenes y La Rinconada.
De las líneas interregionales, hay previstos ajustes en el corredor Jaén-Madrid (con supresión de algunas paradas y cambios de horarios). Y en el corredor Málaga-Sevilla-Barcelona, la supresión de cuatro trenes se compensa con la creación de otros tantos adaptados a nuevos enlaces. También se proponen nuevas paradas, como la de Antequera en el corredor Sevilla-Almería, mientras que en la relación entre Madrid y Huelva se plantea una reestructuración importante con nuevos trenes y horarios, en especial en época veraniega.
* El País - GINÉS DONAIRE - 5.6.13
Foto: Algeciras, tren cerrado - turismo
Imputado un ex teniente de alcalde de Barcelona por el sobrecoste del Sant Pau
En el nuevo edificio del hospital de Sant Pau se incumplieron las normas públicas de contratación, lo que finalizó con un sobrecoste elevado en su construcción, por lo que ya hay más de 20 imputados de distintas administraciones y partidos políticos por delitos de malversación y prevaricación.
"ELPAÍS* : La investigación en marcha en el juzgado nº22 de Barcelona que trata de poner luz al cúmulo de adjudicaciones y pagos irregulares registrados en la última década en el hospital de Sant Pau salpica ya a prácticamente todos los gestores y políticos que intervinieron en la construcción entre 2001 y 2009 del nuevo edificio del centro sanitario, que registró un monumental sobrecoste desde los 216 millones de euros previstos inicialmente hasta los 293 millones, un 35%, según han revelado documentos internos del hospital".
En un auto dictado, el magistrado Juan Emilio Vilá Mayo llama a declarar como imputados por los delitos de malversación y prevaricación a otras nueve personas (que se suman a la docena ya imputadas), entre las que destaca el ex teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas y la del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech. La imputación de Casas se debe a que ocupaba en representación del municipio un sillón en la Muy Ilustre Administración (MIA) de Sant Pau, su máximo órgano directivo y en el que están representados la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento.
El auto destaca que entre 2001 y 2005 fueron adjudicados contratos por decenas de millones de euros sin la correspondiente licitación pública. Lo destacable del caso es que pese a era la Generalitat la que financiaba las obras, fue la MIA la que las adjudicó y supervisó, a menudo incumpliendo la normativa. Este hecho explica en buena medida el desaguisado registrado en el proyecto de construcción del hospital.
El juez detalla en las cinco páginas del auto la adjudicación por casi 100 millones de euros "sin acudir a ningún procedimiento de contratación", es decir, sin concurso público, de dos de las cuatro fases de construcción del hospital (la segunda y la tercera). El auto también recoge la adjudicación directa de contratos de jardinería a la empresa Green Project por 473.482 euros y de la asesoría del traslado de los servicios del hospital desde los antiguos al nuevo edificio a la empresa Consultoria i Gestió, filial del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).
Junto a Casas también han sido imputados como representantes de la MIA en los años investigados Joan Jarque Jutglar y Josep Anton Arenas Sampera. El juez también ha incluido en la lista de imputados a Malaquías Zayas Cuerpo, ya fallecido.
El auto también llama a declarar al exgerente Jordi Colomer (2004 a 2007) y a su antecesor en el cargo Josep Anton Grau i Reinés, que fue director del Institut Català del Sòl (Incasòl) con el primer Gobierno de Artur Mas. Asimismo ha sido imputado Jordi Bachs Ferrer, gerente de la fundación que gestiona el patrimonio de la institución.
El auto también llama a declarar al exconsejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Laporte, fallecido en 2005. El juez ha incluido a Laporte por su posición como presidente del patronato de Sant Pau en los primeros años de la pasada década.
Entre la lista de imputados destaca también la inclusión Josep Prat Domènech, quien está siendo investigado (fue detenido el pasado febrero) por varios delitos en la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova. Prat formó parte de los órganos de dirección de la fundación que gestiona el hospital.
La gran investigación judicial sobre la gestión del hospital de Sant Pau arrancó hace poco más de un año tras la querella presentada contra la cúpula del hospital por sindicatos y trabajadores del centro sanitario. El juez ha imputado ya a una veintena de personas por el caso y ha dividido la causa en tres líneas de investigación. La primera, la que justifica el auto de hoy, investiga el sobrecoste y las adjudicaciones irregulares en la construcción del nuevo edifico del hospital. La segunda indaga los contratos irregulares a personas como Ricard Gutiérrez Martí, quien estuvo siete años cobrando como gerente adjunto del hospital pese a que ya no trabajaba en el centro.
La tercera línea de investigación indaga si la estructura del hospital, dividida en tres fundaciones, perjudica a pacientes y trabajadores, como afirman los denunciantes. Según esta hipótesis, la fundación que gestiona el ingente patrimonio del hospital (formada por más de un millar de propiedades recibidas como donaciones) se queda con las rentas de estos bienes sin transferirlas a la fundación que gestiona el hospital, en contra de lo que habrían establecido los donantes.
La crisis que vive el hospital se ha visto agitada tras revelar EL PAÍS que el actual presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro sanitario, Xavier Pomés (ex consejero de Sanidad con los Gobiernos de Jordi Pujol, de CiU), es consejero en dos empresas privadas con importantes intereses sanitarios en Cataluña. La reacción de Pomés, negando tener relación económica con ambas compañías, provocó las críticas de buena parte de los partidos de la oposición, que pidieron su dimisión.
* El País - ORIOL GÜELL - 4.6.13
Foto: Nuevo hospital de Sant Pau en Barcelona. / CARLES RIBAS
Enladrillar a toda costa
Gracias a la retrógrada Ley de Costas aprobada por el gobierno y el parlamento 'populares' han salido ganando quienes cometieron ilegalidades urbanísticas, porque ellos lo valían, y nos quedamos con cara de tonto los ciudadanos que no incumplimos las normas. Una lección impagable de cómo se hacen las cosas en este país, con la justicia, como siempre, mirando hacia otro lado.
"ANDRÉS BOIX* : Si en enero ya avisábamos de que Generalitat valenciana y sospechosos habituales han decidido reactivar la economía encomendándose de nuevo a la gallina de los huevos de cemento, la reforma de la Ley de Costas (por medio de una ley llamada “de protección y uso sostenible del litoral”, por si queda alguna duda a alguien respecto de qué va la película) finalmente publicada ya en el BOE, deja muy claro que desde el Gobierno central tampoco hay más ideas. Lo de siempre, con los errores de siempre, a mayor gloria de los de siempre".
No voy a aburrirles reiterando una y otra vez hasta qué punto es suicida destrozar nuestro patrimonio natural para conseguir algo de riqueza a corto plazo. Vista la escasísima reacción crítica ante destrozos pasados y barbaridades presentes como la nueva reforma o la manera en que los lobbies ladrillísticos empiezan a cocinar esa “ley urbanística valenciana menos absurdamente respetuosa con el medio ambiente” está claro que tiene poco sentido. Por lo visto, necesitamos más evidencias, en forma de desastres futuros (económicos, ambientales, de modelo social, de igualdad…) para entender hasta qué punto son nefastos estos peculiares programas de reactivación económica basados en salir de la crisis en que estamos metidos por culpa del ladrillazo y del copazo sin control… con más ladrillazo y copazo (y mucho menos control sobre sus agentes privilegiados).
Sin embargo, de los efectos de este tipo de reformas, que amnistían miles de ilegalidades en nuestras costas y les dan carta de naturaleza jurídica futura, que amplían las posibilidades de privatización de bienes públicos, que degradan el medio ambiente de todos para disfrute y ganancia de unos pocos… ya sea en este ámbito o en el urbanismo, sí que vale la pena hablar analizando qué comportamientos incentivan y los correspondientes ganadores y perdedores:
-Ganan quienes cometieron ilegalidades porque ellos lo valían (casas ilegales, chiringuitos fuera de medida…) y nos quedamos con cara de tonto los ciudadanos que no incumplimos las normas, viendo cómo no sólo no obtuvimos ventaja pasando de la ley sino que ahora los pillastres consolidan para siempre el rédito logrado con su caradura.
-Ganan quienes controlan ciertos resortes económicos que les han permitido durante años usar y abusar de bienes públicos en perjuicio del resto de ciudadanos y además, para más escarnio, lo hacen invocando esos poblados de pescadores y de gente humilde que sirven como grotesca pantalla mediática para tapar una apropiación tremenda de bienes y espacios de gran valor (y de todos) en beneficio de ciertas oligarquías.
-Ganan actividades económicas que tienen cautivo el rendimiento de espacios y bienes públicos (y una sorprendente capacidad de control de las decisiones políticas), no se sabe bien por qué razón, y perdemos quienes deseamos una economía más dinámica en sectores abiertos o incluso en esos mismos pero en régimen de libre competencia, condenados por una economía esclerotizada y que drena recursos a favor de estas actividades de poco valor añadido.
Ganancias todas ellas amparadas en un discurso que apela a la “necesidad” de no desaprovechar ciertas oportunidades en tiempos tan duros como los presentes. Ocurre, sin embargo, que esas “oportunidades” no rentan igual a todos. A ver si vamos aprendiendo.
@Andres_Boix, blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/
* El País - Opinión - 2.6.13
Foto: Aguilas (Murcia) - bahía del hornillo - greenpeace 2006
