El acceso a una vivienda digna está incluido en la Constitución española, a pesar de ello ha sido algo prácticamente imposible para una gran parte de familias durante años. Los precios disparatados, producto de unas entidades financieras avariciosas y de una mayoría política que decía que esto era 'jauja', mientras cerraba los ojos a cualquier iniciativa alternativa, han sido los culpables de esta situación criminal, donde existen 'millones' de pisos vacíos y otras tantas personas sin cobijo mínimo.
"ELPAÍS* : La dificultad para acceder a una vivienda lleva camino de convertirse en un mal endémico en España. Lo era en época de bonanza y lo es en plena recesión. La lucha de muchos ciudadanos ya no es ni para hacerse con un techo donde vivir, sino para mantenerlo o no quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Solo el año pasado, 30.000 primeras viviendas fueron a parar a manos de la banca acreedora. Un desahucio cada 15 minutos. La gran paradoja es que las necesidades de alojamiento han crecido sin cesar a la par que también lo ha hecho el número de viviendas vacías, que fuentes del mercado sitúan en cerca de seis millones, el doble que hace una década, y el 20% de todo el parque de casas de España.
La Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, ha decidido apuntar hacia las entidades financieras, que acumulan miles de viviendas en sus balances, para tratar de paliar una situación que considera de “emergencia social”. El decreto ley, en vigor desde el jueves, faculta al Gobierno autónomo a expropiar durante tres años viviendas que se hallen en un proceso de desahucio por impago de la hipoteca para evitar el lanzamiento. Los detractores de esa medida apelan a que la Constitución consagra la propiedad privada. Los partidarios, en cambio, recuerdan que la propiedad privada está ligada a su función social y la justifican en la urgencia social en la que se halla España.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), ha defendido la constitucionalidad de la norma, que ha justificado en las situaciones de “marginalidad social” que está provocando la pérdida de la vivienda. “Decimos basta, hasta aquí hemos llegado”, ha señalado con más contundencia la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). La respuesta del Gobierno central fue in crescendo a lo largo de la semana pasada. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que evaluaría con rigor el decreto ley andaluz, mientras que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que las medidas de su Gobierno eran más amplias y apuntó a un recurso al Constitucional. La Asociación Española de la Banca, por su parte, prefiere no hacer comentarios.
No es la primera vez que la posibilidad de expropiar viviendas desocupadas se discute en España. El Parlamento catalán aprobó en 2007 con los votos de la izquierda una ley de vivienda que incluía el alquiler forzoso de las casas vacías. Como en aquel momento, el primer debate que surge es el jurídico. “Constitucionalmente es posible. Las comunidades tienen las competencias en materia de vivienda. Otra cosa es la medida en sí, de cuya eficacia albergo dudas”, asegura José Ignacio Navas, coordinador del Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado. “La expropiación forzosa la pueden emprender las Administraciones siempre que haya utilidad o interés social, y en este caso no hay duda de que la hay”, añade. De hecho, los expertos consultados recuerdan que el precedente más parecido lo constituye la Ley Agraria de Andalucía, que también contemplaba expropiaciones. Y estas fueron avaladas por el Constitucional en 1987 por cumplir con los principios de utilidad e interés social.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Juli Ponce asegura que la expropiación del derecho de uso de la vivienda se ajusta a la ley. “Legalmente es posible mediante una ley. Sin embargo, su efectividad es desconocida porque en Cataluña no llegó a aplicarse”, apunta el profesor, quien recuerda que en algunos países se ha llegado aún más lejos que en Andalucía. Es el caso de Escocia o Francia, que han fijado por ley que cualquier persona pueda reclamar a un juez su derecho a la vivienda, lo cual obliga a un despliegue de políticas de alojamiento de sin techo.
La norma ha levantado polvareda también al plantar cara a la banca, contra la cual se han dirigido los movimientos sociales que luchan por la generalización de la dación en pago a través de una ley. “Es cuestión de voluntad política el hecho de empezar a poner límites a las entidades financieras”, dijo la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, tras conocer el anuncio de la Junta.
El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona José María Fernández Seijo, que propició recientemente un sonado varapalo del Tribunal de la Unión Europea al Gobierno central por su legislación sobre desahucios, opina que la medida es constitucional y recuerda que las comunidades autónomas ostentan las competencias en vivienda. “Nadie cuestiona la facultad de expropiar un terreno para construir una carretera y, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece esa posibilidad para algunas excepciones, como inmuebles en estado de ruina”, explica el magistrado.
Fuentes judiciales consultadas admiten que las competencias de vivienda son autonómicas, pero consideran que el derecho de la propiedad debe ser “en esencia” parecido en todo el territorio. Eso mismo planteó el ministro Ruiz-Gallardón, quien dijo que los derechos deben ser idénticos para todos los españoles. Desde la otra orilla, el PSOE ha anunciado que llevará esa propuesta al Congreso para que se aplique en toda España.
Cataluña emprendió el mismo camino que Andalucía en 2007, sin que nunca haya podido terminar de explorarlo porque una de las primeras decisiones del primer Gobierno de Artur Mas fue desmantelar la política de vivienda de los Ejecutivos tripartitos, en manos de ICV-EUiA. El alquiler forzoso quedó enterrado en 2011. En cualquier caso, se puso encima de la mesa en un contexto muy distinto. Entonces los precios no hacían sino escalar a un ritmo anual de dos dígitos y quienes querían acceder a un piso debían pedir hipotecas de hasta 50 años. Fueron, en parte, las particulares subprime españolas.
A la vez que ello sucedía, los inversores se lanzaban a acumular pisos. No para alquilarlos, sino para especular: los compraban, aguardaban a que se revalorizaran un 20% en un año y lo revendían con jugosas plusvalías a veces sin haber puesto ni un euro en metálico, sino a crédito. Y así sucesivamente, lo que encarecía la vivienda. La Generalitat trató de frenar entonces esa espiral con la amenaza del alquiler forzoso, restringido a “zonas con una fuerte demanda acreditada”.
La ley catalana no surgía de la nada. Los responsables se inspiraron en otras legislaciones europeas, en especial la danesa. Según fuentes de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la asociación internacional de tasadores, la expropiación de viviendas vacías para alojar a familias sin techo también está prevista en la normativa francesa o británica, por ejemplo. El responsable de mercados residenciales de RICS, Peter Bolton-King, aplaude la medida de Andalucía, que califica “un gran paso valiente por parte de las autoridades andaluzas”. “El problema de los sin techo es una realidad trágica para muchas personas en todo el mundo y cualquier medida para paliar este problema es más que bienvenida”, afirma Bolton-King, que recuerda que las entidades financieras españolas, como las de Irlanda o Estados Unidos, tienen “un número considerable de propiedades vacías en su poder”.
En esa dirección apunta la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, quien considera que el derecho de uso puede ser expropiado por un procedimiento legal. “Lo importante es que las familias no se vayan a la calle. El drama es tan grande que algo hay que hacer. No se puede consentir que una familia se quede en la calle desamparada”, remacha.
Ahora bien, ¿con qué obstáculos puede toparse la medida? Uno de los principales problemas que tuvo la Generalitat fue el de hallar una definición para “piso vacío”, lo cual resolvió valiéndose de una serie de supuestos y pruebas: desde los consumos de la luz y el agua hasta el testimonio de un vecino. El decreto andaluz ahí lo tiene mucho más fácil, porque se focaliza en las entidades financieras o sus filiales y en los procesos de ejecución hipotecaria.
El texto legal contempla un justiprecio y unos requisitos que debe reunir la persona que será desahuciada para que los mecanismos de expropiación se activen. Del texto se desprende que la expropiación se realizará una vez se haya producido el lanzamiento. El momento no es una cuestión baladí, puesto que Fernández Seijo recuerda que si se efectúa antes el expropiado no sería el banco, sino el consumidor, por lo que se trataría de una interferencia en los derechos del crédito de las entidades financieras. La Junta también impondrá sanciones a los bancos que no saquen al mercado sus pisos. En este caso, Corredor advierte de que muchos de los pisos que siguen sin vender no reúnen las “condiciones adecuadas” por “situación o estado”.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo no es partidario ni de la expropiación temporal ni de la dación en pago general y retroactiva para poner fin a los desahucios. “Si es general, una persona que pueda pagar su hipoteca, pero que no quiera hacerlo, podrá dejar de abonarla, lo cual agrandará el agujero de la banca y costará más dinero al contribuyente”, sostiene el catedrático, quien apuesta por “incentivos” o, en último caso, penalizaciones para movilizar el parque de viviendas que está en manos de la banca.
“Los costes anuales de gestión, administración y financiación de un inmueble oscilan entre el 12% y el 13%. Si la Administración añade un recargo para penalizar las que están vacías, los bancos posiblemente responderán”, señala el profesor. Algunos Ayuntamientos, como Estrasburgo (Francia) o los de Portugal han impuesto tributos más altos para los inmuebles vacíos. Según la Federación de Municipios y Provincias, en España no hay una norma general que imponga un recargo a los pisos desocupados. García Montalvo también señala que parte del parque público de viviendas está vacío, pero la Junta dice que no es el caso de Andalucía.
La inseguridad jurídica es otro de los argumentos contra el decreto ley. Como en la dación en pago con efectos retroactivos, esta figura traspasa la relación contractual entre el cliente y el banco, puesto que muchas de esas hipotecas están titulizadas y en manos de inversores internacionales. “Al final, todo esto puede repercutir también en la capacidad de financiación de las instituciones y, en este caso, a la Junta de Andalucía cuando pueda volver a acudir a los mercados”, opina el director de Estudios de Idealista.com, Fernando Encinar.
El decreto ley de la Junta, pues, pone sobre la mesa por enésima vez el problema de alojamiento que sufre España, pese a que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. “Espero que haga que algo se mueva”, dice Navas. García Montalvo propone facilitar que las familias que arrastran deudas que no pueden afrontar acudan al juzgado para pedir el concurso de acreedores —que debe abordar la hipoteca—, creando juzgados especializados si es necesario. “Con la ley actual, estos procedimientos están pensados para las empresas. Se trata de que un juez pueda examinar cada caso y decidir, por ejemplo, la quita que se aplica a las deudas de cada familia”, propone. Navas respalda esta posibilidad, mientras que a Fernández Seijo le parece “la más razonable”, puesto que ahora el procedimiento judicial no paraliza la ejecución hipotecaria ni los pagos de estos préstamos.
La picota pasa por Irlanda
Ni Andalucía ni Cataluña son los primeros territorios donde se aplica el alquiler forzoso. Según fuentes de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la asociación internacional de tasadores, la expropiación de viviendas vacías para alojar a familias sin techo también está contemplado en la legislación de países como Reino Unido o Francia. En Reino Unido, donde hay 710.000 viviendas vacías, las Administraciones locales pueden ejercer una orden de gestión de viviendas vacías para apropiarse del uso de la casa “en circunstancias excepcionales”. El pasado 1 de abril, según la misma institución, el Gobierno introdujo nuevas medidas para que los consejos puedan recargar el IBI en un 150%. “Muchos están aplicando esa medida cuando la casa lleva dos años vacía”, afirman fuentes de la entidad.
Reino Unido no es el único país. El RICS señala Francia —con un millón de propiedades vacías—, que deja que los consejos expropien temporalmente los pisos para alojar a los sin techo. Aunque raramente se ha hecho, esa idea empieza a tomar cuerpo dada la escasez de vivienda social disponible y las necesidades que hay.
Hoy, según esta entidad, esa posibilidad está sobre la mesa de Irlanda. Este país, de 4,5 millones de habitantes, cuenta con 300.000 viviendas vacías. El profesor de la National University of Maynooth (Irlanda), Cian O’Callaghan, explica que muchas de ellas están en grandes urbanizaciones hoy prácticamente deshabitadas que se conocen como ghost estates (polígonos fantasma). El verano pasado algunos propietarios decidieron derribar algunos de esos edificios para dar otro uso a los solares, como ya ha sucedido en Estados Unidos. “A causa de que esos polígonos están en manos de diferentes grupos, no hay una política nacional sobre qué hacer con ellos”, explica el profesor.
Según el RICS, ahora el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de “usar propiedades nuevas que están vacías para alojar a familias”, aunque la fórmula que se está barajando es arrendarlas a los bancos o a los promotores. El profesor de Urbanismo en el University College de Dublín Brendan Williams explica que, como también sucede en España, un problema es “la ubicación de viviendas vacías”. “Las tasas de desocupación más bajas, de alrededor del 10%, están en los centros urbanos con mayor crecimiento y demanda, como Dublín y Galway, y la más alta se da en los condados rurales, donde no hay demanda. Allí es de más del 20%”, sostiene. Además, en las zonas urbanas, añade, la vivienda se halla en áreas mal conectadas. “Eso hace que una actuación como la de Andalucía merezca una menor consideración aquí”, apunta. “Muchos de esos polígonos están en áreas rurales, mientras que la población sin techo se halla en centros urbanos”, añade O’Callaghan, quien apunta que la principal diferencia es que pese a la demanda de vivienda social, no ha habido un gran volumen de desahucios.
* El País - LLUÍS PELLICER 14 ABR 2013
Foto: Juan Benito Gañán y su esposa Engracia Lucena tras el desahucio paralizado el pasado noviembre de su casa, en Valencia. / CARLES FRANCESC
Guerra al piso vacío
Uno de cada cuatro trayectos del AVE solo tiene un pasajero al día
El despilfarro estatal en el AVE es evidente y ha sido reconocido incluso en Europa. No es de recibo que un país mediano en número de habitantes y con una débil economía sea líder en esta superestructura de transporte de pasajeros; además de su enorme coste territorial y social, no sirve como transporte de mercancías, algo que parece vergonzoso dadas las alternativas posibles.
"ELDIARIO* : En el breviario de los tópicos que se han ido acuñando a lo largo del quinquenio de crisis que nos asola hay uno que se refiere a los tiempos de vacas gordas y asegura que “cada pueblo de España quería tener su AVE”. Con la perspectiva del tiempo se puede comprobar que muchas localidades lo consiguieron. El resultado de aquel empeño es que, a día de hoy, el 23% de los trayectos de un total de 206 conexiones que se explotan entre las 22 estaciones del tren veloz en activo en 2012, han sido lo que podemos calificar de “los trayectos unipersonales del AVE”. Según datos facilitados por Renfe, en 48 rutas de las 206 para las que la operadora ofreció horarios y vendió billetes, viajaron uno o menos de un viajero por día. Más aún, 10 de ellas fueron utilizadas por menos de 10 pasajeros a lo largo de los 12 meses".
Entre las estaciones en las que existieron relaciones con menos de diez pasajeros al día está la de Tardienta en Huesca; de los diez trayectos de ida o retorno con parada en este apeadero sólo dos logran un pasajero por día. De los ocho restantes, dos suman poco más de 30 pasajeros a lo largo del año y seis no llegan ni siquiera a diez viajeros en los 12 meses.
Pero este pequeño pueblo aragonés no es un caso único. Poblaciones con mucho más empaque como Guadalajara (2 trayectos), Huesca (1) Calatayud (2), Antequera (2), Puertollano (2), Cuenca (1), Utiel-Requena (2) o Puente Genil (2), explotan alguna relación con menos de 10 pasajeros al año. Si a estas estaciones le sumamos de ciudades como Ciudad Real o Lleida, habremos identificado las poblaciones desde las que se explotan la práctica totalidad de los 48 trayectos del AVE a los que calificamos de “unipersonales” porque tuvieron uno o menos de un pasajero por día. Por ejemplo, entre Puente Genil y Córdoba viajaron en todo el año 295 personas; entre Guadalajara y Calatayud, 127; entre Antequera y Puertollano, 108.
La cifra de 48 rutas infrautilizadas se eleva hasta 88 si ponemos el listón un poco más alto y contabilizamos la relaciones que tuvieron cinco o menos de cinco pasajeros al día en 2012. Prácticamente las 22 estaciones de la red del AVE que durante el pasado ejercicio estuvieron activas tienen algún trayecto con estos ratios.
Mayor uso
Si le damos la vuelta a los datos y analizamos los trayectos con mayor afluencia de usuarios comprobamos que las cifras tampoco son como para echar las campanas al vuelo. Únicamente 16 trayectos cuentan con más de 100.000 pasajeros a lo largo del año y, entre ellos, solo dos superaron el millón de viajeros en el ejercicio. Estas rutas son Barcelona-Madrid (con 1.309.862 pasajeros); Tarragona-Madrid (137.246); Córdoba-Madrid (305.573); Lleida-Madrid (112.076); Madrid-Barcelona (1.304.697); Madrid-Tarragona (138.013); Madrid-Córdoba (305.971); Madrid-Lleida (112.375) Madrid-Málaga (688.172); Madrid-Sevilla (982.258); Madrid-Valencia (828.933); Madrid-Zaragoza (538.967); Málaga-Madrid (687.041); Sevilla-Madrid (966.615); Valencia-Madrid (822.592); Zaragoza-Barcelona (252.699); y Zaragoza-Madrid (539.627).
Trayectos unipersonales
Alguien podría afirmar que es lógico que en las pequeñas estaciones, y en los trayectos entre ellas, se contabilicen pocos viajeros, ya que el tren de alta velocidad está pensado para transportar grandes masas humanas entre grandes núcleos de población. El razonamiento es cierto, pero obvia que estaciones como las de Antequera, Cuenca, Guadalajara, Puente Genil, Puertollano o Requena-Utiel, con un número ínfimo de pasajeros son todas de nueva planta, y en cada una de ellas se han invertido decenas de millones de euros.
En el mismo sentido, hay que recordar que del parque de 195 trenes de alta velocidad con que cuenta Renfe, (en el que se han invertido 5.000 millones de euros) sólo 86 han sido diseñados para los trayectos directos o semi directos entre grandes capitales del país. Las restantes 109 unidades fueron adquiridas para los servicios Alvia y Avant. En los primeros se aprovecha el sistema de cambio de ancho de ejes, para unir poblaciones menores enlazadas por vías de la red convencional con las infraestructuras de la red AVE. Los servicios Avant, con trenes de menor rango que los AVE, se utilizan para unir las grandes capitales con las poblaciones de menor tamaño que ya están conectadas con tren de alta velocidad. No parece que un esfuerzo en inversiones e infraestructuras haya tenido la recompensa que se buscaba.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 14.4.13
Foto: tren AVE - diagonal
Moaña y Xilxes, dos municipios más para la lista de amnistías
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La nueva Ley de Costas ha sido criticada desde casi todos los ámbitos, profesionales, sociales o políticos, por la privatización del litoral y la legalización de numerosos núcleos urbanos que están demasiado cerca de la línea costera, con el perjuicio evidente para el resto de ciudadanos y el medio ambiente. Así ocurre en estos dos casos particulares.
"ELPAÍS* : Hay un principio urbanístico en Galicia que durante décadas se impuso a una normativa titubeante y que todavía hoy persiste en cierta medida. Es el ti vai facendo [tú ve haciendo] con el que se solían despachar las dudas sobre la legalidad de una actuación. Ante la despreocupación o la complicidad del Gobierno local de turno, la obra se hacía. Si alguien protestaba, ya se comprobaría si era legal o no y si, en tal caso, había una Administración dispuesta a tirarla. En el litoral siguen quedando retazos de aquellos tiempos".
Moaña, una villa costera en la ría de Vigo (Pontevedra) con algo menos de 20.000 habitantes, tiene a unas 200 familias pendientes de que la reforma de la Ley de Costas legalice sus viviendas, construidas a menos de 100 metros del mar en lo que desde 1988 es servidumbre de dominio público. El núcleo, junto con Xilxes (Castellón), elevan a 12 el número de zonas amnistiadas por el PP. La nueva ley todavía debe debatirse en el Senado, por lo que no se descartan nuevas inclusiones, como la del poblado marinero del Puerto de Aiguadol, en Sitges (Tarragona), propuesta por CiU, o algún núcleo de Canarias, con cuyos senadores el PP se ha mostrado especialmente receptivo esta semana.
Moaña creció descontroladamente el siglo pasado ladera abajo a partir de su núcleo original en el monte. Ahora es un rompecabezas entre Administraciones que se disputan su línea de costa, desde el Puerto de Vigo a la administración portuaria gallega, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento. A ello hay que sumarle un peculiar deslinde que data de los años sesenta y que ha supuesto que bloques de viviendas contiguos a otros legales, o incluso más alejados de la costa que estos, estén fuera de la ley. Otros ni siquiera pueden escudarse en el agravio comparativo, caso del llamado edificio Salitre, un mamotreto de cinco alturas más ático que toma el nombre de la discoteca que hay en el bajo y que está prácticamente pegado al agua. Maribel, mariscadora, porta un paraguas caoba a juego con el pelo mientras agita las llaves junto al portal. “Nosotros compramos el piso sobre terreno hace unos 34 años. Nos dijeron que todo estaba bien”, afirma.
José Gallego es el presidente de la plataforma local de afectados. “Los edificios se hicieron con licencia municipal y antes de la ley de 1988”, señala, y critica que si la obra era ilegal no se parase mientras se estaba construyendo. “Costas es como un extraterrestre que baja a la tierra cada 25 años. Yo no digo que estas casas no estuviesen mejor en otra zona, pero cuando se levantaron no fue en 24 horas. Cuando yo hago una obra junto a la carretera y tiro un muro los técnicos no tardan ni dos días en venir”, compara, al tiempo que echa pestes de aquel deslinde “caciquil” dibujado en el franquismo. “Venía alguien de Pontevedra con el concejal de turno y hacían lo que querían”, recuerda.
El Salitre ni siquiera tenía garantizada su supervivencia con la moción del PP en el Senado que rebaja la servidumbre de protección a 20 metros con requisitos más livianos que hasta ahora, porque está casi encima del mar. Los populares han optado por excluir al núcleo del dominio público. “Esto era un tema político y alguien tenía que arreglarlo; aquí pagamos justos por pecadores”, concluye el portavoz.
En Castellón, Juana Estellés, una vecina de Xilxes, de 65 años, se prepara para trasladarse a vivir a su casa de primera línea de playa. Su vivienda es una de las 96 de este municipio que el PP prevé amnistiar en la nueva Ley de Costas. Se trata de modestas viviendas unifamiliares levantadas la mayor parte entre los años veinte y cuarenta y que han consolidado una tradicional forma de vida en la costa castellonense. Durante todo el año, la zona es un pueblo fantasma y, con la llegada del verano, los vecinos de este municipio o de alrededores se trasladan a vivir allí. Juana se encuentra en este proceso. El resto de casas que serán indultadas están cerradas a cal y canto.
Su residencia (y las otras 95) no se levantó en primera línea de playa. Juan Antonio Montesinos, presidente de la asociación de afectados, explica cómo, con un fuerte despliegue policial, se tiró el primer frente en 1989. “Tras estos derribos se trasladó la zona de deslinde a todas estas viviendas que estaban detrás”, dice. Pero también se construyó un paseo marítimo por delante y se les prometió, asegura, que el dominio público se quedaría a las puertas de sus casas. Hasta que la ministra Cristina Narbona (PSOE) anunció el derribo de estas 96 y otro medio millar en toda la costa castellonense y la población reaccionó. “Llevo una batalla de siete años, nuestras casas están, de media, a 110 metros del mar y, además del paseo, se hicieron dos escolleras que protegen la zona”, explica Montesinos.
Para Mario García, diputado provincial de Medio Ambiente, la inclusión de Xilxes en el listado de amnistías es más bien “una corrección de errores”. García cuenta que contactaron con el ministerio para informarles de que cumplían con los requisitos. “Lo comprobaron y por eso ha entrado ahora”, dice.
* El País - VÍCTOR HONORATO / LORENA ORTEGA - 14.4.13
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
Córdoba ignoró su propio plan general para beneficiar a Sandokán
Rafael Gómez 'Sandokán' es un empresario conocido en los ambientes de la especulación urbanística andaluza, así ha estado implicado en la Costa del Sol y, ahora, también en su ciudad, Córdoba, de donde es edil del ayuntamiento. Por eso, clama al cielo que se beneficie de legalizar turbiamente unas grandes naves industriales en la ciudad.
"ELPAIS* : Cuando en diciembre el Ayuntamiento de Córdoba aprobó el plan para amnistiar buena parte de las naves ilegales construidas por Rafael Gómez Sandokán en 2005, estaba dando luz verde a unos usos que prohíbe el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Este es uno de los argumentos de mayor peso que esgrime el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que, la semana pasada, anunció que iba a impugnar el plan especial que legaliza esos enormes almacenes levantados en terrenos de especial protección".
El plan que se ha venido abajo fue gestado por el anterior equipo de gobierno municipal, liderado por IU y PSOE —bajo el amadrinamiento de la exalcaldesa, Rosa Aguilar, que le dio forma cuando estuvo en la Consejería de Obras Públicas— y aprobado por unanimidad hace cuatro meses. Ha sido la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que guarda las competencias de Urbanismo, la que ha echado atrás el plan.
Los servicios jurídicos son taxativos. Los usos que plantea el plan especial que aprobó el Ayuntamiento de Córdoba para las naves “ni están permitidos, ni son autorizables, tratándose, por tanto, de usos prohibidos”. Según la Junta, los usos previstos para esas macronaves, levantadas por la empresa constructora de Sandokán, Arenal 2000, en 2005 dos años después de que se aprobara el plan urbano son “un híbrido entre gran industrial y, al mismo tiempo, como industria compatible con el medio urbano”, algo que es “inexistente en la regulación general de usos que el PGOU contiene”.
Este aviso de recurso que la Junta de Andalucía ha remitido a través de su gabinete jurídico todavía no es el recurso en sí que va a presentar a la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En este aviso se pide la paralización del plan especial. Los abogados de la Junta consideran que si comienza a desarrollarse el plan, “se producirían perjuicios de imposible o, al menos, muy difícil reparación”.
En todo el escrito ya se va perfilando el armazón en que se va a basar la impugnación. “Tal edificación, por sus dimensiones y el uso que es susceptible de albergar, suponen una manifiesta contradicción con los criterios del PGOU relativos a la defensa del patrimonio industrial y de actividad”.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 11.4.13
Foto: Córdoba, naves Colecor - terra.es
A Coruña.- La instrucción de la Operación Orquesta concluye con tres alcaldes procesados
Tres alcaldes de la Costa da Morte encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores procesados por corrupción en la Operación Orquesta. Incluso hasta a la olvidada costa coruñesa ha llegado la corrupción generalizada por medio de una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas. Lo de siempre.
"ELPAÍS* : Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte procesados por corrupción en la denominada Operación Orquesta. Tras tres años de pesquisas judiciales, que incluye miles de folios de escuchas policiales, el juez instructor cerró la investigación con un auto que propone sentar en el banquillo de acusados, en el juicio que habrá de celebrarse en la Audiencia de A Coruña, a un total de 26 personas por participar supuestamente en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y desvío de dinero destinado a la organización de fiestas locales".
Tráfico de influencias, prevaricación y cohecho son los delitos que se les imputan a los regidores José Manuel Traba (Fisterra) y José Manuel Santos (Mazaricos), ambos del PP y en libertad provisional desde febrero de 2011. Procesado por los mismos cargos también está el mandatario de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema. El exalcalde de Cee y ahora portavoz en la oposición, el independiente Ramón Vigo, sigue apareciendo, según el auto judicial, como uno de los principales encausados en este entramado. Además de los tres mencionados delitos, también se le achaca el de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Idénticos cargos pesan contra Pilar Iglesias, también edil de Cee y esposa de Vigo. Éste último, desbancado de la Alcaldía hace un año mediante una moción de censura promovida por PP y nacionalistas, tuvo que pagar una fianza de 29.000 euros para evitar la cárcel tras su detención en febrero de 2011, cuando el entonces titular del juzgado número dos de Corcubión, Andrés Lago Louro –el viernes pasado cambió de destino- ordenó una operación de registro y detenciones en los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Los Ogando, padre e hijo constructores de Muxía, encabezan igualmente la lista de acusados por esta trama corrupta destapada por casualidad en 2010, a raíz de escuchas policiales para una investigación sobre una trama de tráfico de drogas en la comarca. Todo partió de conversaciones de Vigo con el representante de orquesta, Jorge López, imputado por varios delitos. Los de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos también pesan contra empleados públicos de los ayuntamientos afectados.
Por el contrario queda fuera y libre de imputación el funcionario del juzgado de paz de Muxía, Carlos Rey Paz, que figuraba en este abultado sumario acusado de “poseer, dirigir y protagonizar su propia actividad defraudatoria” al margen de los manejos de los alcaldes y constructores implicados. Se le imputó por “falsificar facturas para obtener subvenciones de forma fraudulenta” de la Xunta, “en clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura”, y buscar un reedito electoral del PP de Corcubión. Pero el juez instructor considera ahora que no hay indicios suficientes contra Rey Paz.
La Fiscalía, única acusación en esta causa, se había sin embargo opuesto hace un año a sobreseer las diligencias contra este funcionario por considerar que “eran numerosísimas las cuestiones a juzgar”. El Ministerio público deberá ahora, una vez recibido el auto que cierra la instrucción para la apertura de juicio oral, presentar su escrito de acusaciones contra cada uno de la casi treintena de imputados. Sus abogados también remitirán sus escritos de defensa y el caso se trasladará entonces a la Audiencia de A Coruña, que tiene la última palabra sobre quienes finalmente se sentarán en el banquillo de acusados en el juicio.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - 13.4.13
Foto: fisterra - centros.edu.xunta.es
Entra en vigor el decreto que permite a la Junta de Andalucía expropiar el uso de viviendas
"20MINUTOS* : El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes ha entrado en vigor este viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
Casi doscientas familias andaluzas podrían beneficiarse en una primera fase de la expropiación temporal del uso de la vivienda, ya que son las que hasta ahora han demandado protección contra los desahucios en las oficinas abiertas por la Consejería de Vivienda de la Junta desde octubre. Las primeras cuatro familias en solicitarlo, de Jerez de la Frontera, lo hacían este mismo viernes.
En dicho decreto ley se establece también que en el plazo de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de firma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".
Dicho plan de inspección contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo, así como el orden de prioridades que vayan a servir para selección los ámbitos, objetivos inmuebles y viviendas. El plan tendrá una vigencia máxima de dos años.
El decreto estipula asimismo un orden preferente de tramitación para la expropiación temporal. De esta forma, considera que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento "afecta a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación". Estos colectivos tendrán un orden preferente de tramitación, al igual que ocurre con las personas cuya vivienda esté sometida a algún régimen de protección pública.
Este decreto ley fija los requisitos para poder optar a dicha expropiación temporal de uso, incluidos datos fiscales y de la vivienda, así como define el concepto de vivienda deshabitada.
Esta norma establece la necesidad de un programa de bolsas de viviendas en alquiler destinado a asegurar la "efectiva ocupación" y, en materia sancionadora, apunta que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de procedimientos sancionadores en materia de VPO será de un año.
Asimismo, las entidades financieras, inmobiliarias y entidades de gestión de activos se verán obligadas en el plazo de un mes a comunicar un inventario de las VPO ubicadas en Andalucía que integren su balance.
El decreto se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.
Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas.
Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.
En materia de incentivos, uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y arreglaría desperfectos".
En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Requisito para la expropiación temporal
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.
El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).
Asimismo, las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25% de la renta familiar para pagar el 2% del justiprecio de dicho inmueble.
Penalización de hasta 9.000 euros
En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial.
Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.
La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.
De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista. La nueva regulación prevé un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.
Griñán: "Razón a la sinrazón"
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado este viernes que el nuevo decreto-ley sobre función social de la vivienda pone "un poco de razón en la sinrazón" de los desahucios y ha incidido en que la norma tiene "precedentes constitucionales y legislativos" en la reforma agraria.
Griñán ha asegurado que el decreto-ley pretende dar respuesta a la "marginación social" que se está produciendo, también en las clases medias, como consecuencia de la crisis.
"Se trata -ha explicado- de una medida que viene a poner un poco de razón en la sinrazón que supone el que haya miles y miles de pisos vacíos en Andalucía y España, y miles y miles de familias sin acceso a la vivienda o que tienen riesgo de perder la que tienen".
Griñán ha incidido en que el decreto-ley tiene "precedentes constitucionales y precedentes legislativos" en la reforma agraria promovida en su día por el Gobierno andaluz, que contemplaba la expropiación temporal de uso de las fincas no cultivadas.
* 20 Minutos - EP - 12.4.13
Foto: Hipotecas, protesta Plataforma afectados - afectadosporlahipoteca
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Un nuevo ladrillazo para el litoral
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Análisis de varios autores de la Ley de Costas de 1988 sobre la nueva Ley, que está a punto de entrar en vigor, con sus modificaciones de última hora. La opinión es unánime en el sentido de que va a desproteger la costa en todo el país, dando la posibilidad de edificar muchos tramos para usos residenciales que ahora no son edificables.
"ELPAÍS* : Tres padres de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, ven en los cambios introducidos por el PP en esta norma una oportunidad clara para rellenar de cemento los pocos huecos que quedan en el litoral español. Los autores de la norma actual, creada durante un Gobierno socialista, advierten de que se está desprotegiendo una franja de 80 metros, casi la longitud mínima de un campo de fútbol, y que se abrirá la posibilidad de edificar muchos tramos de costa para usos residenciales que ahora no son edificables. Los guardianes de esta nueva oportunidad de negocio serán los Ayuntamientos, eso sí, con el control de las comunidades.
Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas “esconden en cada palabra un juego” y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en práctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposición transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protección, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja están sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus dueños prácticamente no pueden modificarlas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cuántas viviendas quedarán fuera de protección. “No hay cálculos, pero entre los 600 municipios costeros será un porcentaje no pequeño”, estima. La zona más beneficiada, según el ministerio, será Galicia.
La futura norma se debatirá y votará los días 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotección afectará a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumplían con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. “Ahora basta con acreditar que en 1998 había edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar”, explica Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Autónoma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es “mucho más permisivo” que el de la legislación urbanística autonómica, que exige la consolidación de la edificación en 2/3 de la superficie (en algún caso ½) para que el suelo se pueda considerar urbano.
“El legislador está abriendo la mano de forma tácita a una clasificación de suelo encubierta”, deduce Miriam García, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situación solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. “Lo que dicta el sentido común es que el silencio sea negativo”, contempla.
El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podrán hacer reformas y no obra nueva. También que la fotografía se detendrá en 1988, por lo que no se regularizarán aquellas que estén en situación similar y se hayan construido después de esta fecha. Pero quien tendrá las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. “Un Ayuntamiento puede chapucear muchísimo (...), a ver quién es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988”, considera Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.
“Es de esperar que la Administración de Costas no será demasiado exigente con la certificación de que los terrenos tenían todos los servicios hace 25 años”, añade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. “No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido más en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales”, subraya. El también exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedarán fuera de la zona de servidumbre se podrá además edificar, “de acuerdo con los planes urbanísticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislación de Costas”.
“Va a ser muy difícil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisión si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha”, aporta José Fernández, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). “Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los últimos 25 años, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gestión de la zona de protección, es fácil prever cuál va a ser el resultado”, vaticina.
Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa española. En este cálculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urbanísticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio público.
Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y también autor de la norma de 1988, vaticina más “caos” para el litoral español. “Todos los catedráticos están indignados”, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. “El Gobierno tiene el síndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los demás están locos”, añade.
Una reforma orgullosa de la "tolerancia cero"
· ‘Antialgarrobicos’. La reforma a la Ley de Costas vigente, de 1998, presume de “tolerancia cero” ante las agresiones al litoral esgrimiendo su cláusula antialgarrobicos, en referencia al famoso hotel de Carboneras (Almería), y que permitirá a la Administración parar obras contrarias a la ley.
· Amnistías. Sin embargo, la norma, actualmente en el Senado, incluye otras muchas medidas que consolidan los desmanes vigentes o abren la puesta a otros. Por ejemplo, salva a 12 núcleos de viviendas que invaden dominio público: Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Las dos últimas en formar parte del grupo son Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra).
· Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, y para dar buena imagen de España, se establece un sistema de concesiones hasta 75 años para unas 10.000 viviendas levantadas dentro del dominio público y que deberían comenzar a demolerse en 2018.
· Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 14-4-13
Foto: Moaña (Pontevedra), costa conflictiva - elpais
Valladolid.- El TSJ anula la modificación del PGOU para el centro comercial 'Prado Palacio-Berrocal'
De nuevo el Plan General de Valladolid está en las noticias, ahora por exceso de edificación y no justificar la implantación de un gran establecimiento comercial. Además, esta modificación no cuenta con la preceptiva evaluación ambiental.
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* anuncia que por sentencia de 27 de marzo de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en la denominada Área Homogénea 11 “Prado Palacio-Berrocal”, situada entre las carreteras de León y Fuensaldaña y la Ronda Oeste, donde estaba prevista la construcción de un gran centro comercial de 250.000 metros cuadrados, un polígono industrial y 2.700 nuevas viviendas".
La sentencia del TSJ anula la modificación del PGOU aprobada en 2009 por el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a instancias del Ayuntamiento de Valladolid, así como la Decisión adoptada el año anterior por la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de no someter dicha modificación del PGOU a la preceptiva evaluación ambiental.
La Sala entiende que “no puede olvidarse que el terreno al que se le daba el nuevo uso terciario se aproximaba a los 250.000 metros cuadrados […], lo que excedía ya por sí de la superficie de venta al público máxima que […] podía ser objeto de licencia comercial específica en la Zona Básica de Valladolid”, de acuerdo a las previsiones del entonces vigente Plan de Equipamientos Comerciales de Castilla y León. Por lo tanto, la modificación del PGOU debió someterse a una evaluación ambiental, independientemente de que el Plan Parcial que la desarrolló se sometiera posteriormente a su propia evaluación de impacto ambiental.
Pero más allá de la omisión de la evaluación ambiental, resulta especialmente relevante la Sentencia cuando declara que “no se ha justificado que fuera necesaria la previsión de 120.000 metros cuadrados edificables de uso terciario y la implantación de un gran establecimiento comercial […], cuando la aplicación de la fórmula de impacto [del Plan de Equipamientos Comerciales] por debajo de un impacto alto daba como resultado una superficie de venta al público de 78.853 metros cuadrados, o sea, una superficie que ya por sí sola superaba la Modificación litigiosa, y ello sin tener en cuenta tanto el comercio ya existente como el que en aquel momento estaba en trámite de licencia comercial”.
La sentencia considera por lo tanto que la modificación del PGOU en el Área Homogénea 11 es contraria a la Ley estatal de Suelo y a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, dejando sin cobertura no sólo la gran superficie comercial que el Ayuntamiento de Valladolid ideó para pujar con el de Arroyo por IKEA, sino también el polígono industrial originariamente previsto para esta zona de la ciudad y las 2.700 viviendas que le acompañaban.
Con base en esta resolución y en la sentencia del pasado mes de febrero que anuló la modificación del PGOU en el Área Homogénea 5, Ecologistas en Acción vuelve a pedir que la revisión en curso del Plan General de Valladolid reclasifique las Áreas Homogéneas como Suelo Rústico, concentrando en la ciudad existente los crecimientos urbanos que se prevean, siempre complementarios de la prioritaria rehabilitación de los barrios. Dado de esta manera por cerrada en Valladolid la etapa del urbanismo salvaje y “a la carta” derivado del PGOU de 2003, que tantos daños ambientales, económicos y sociales ha causado en nuestro país y ciudad.
Muchas de estas Áreas Homogéneas se delimitaron sobre terrenos de alto valor agrícola y paisajístico, más allá de las rondas de circunvalación, en las vegas de los ríos Esgueva, Pisuerga y Duero. Ecologistas en Acción se felicita por lo tanto de que las Sentencias del TSJ permitan corregir este despropósito urbanístico y ambiental. Los ecologistas mantienen recurridas las otras dos Áreas Homogéneas aprobadas en estos años, la 1 “Prado Palacios” al noroeste de la ciudad y la 7 “Las Riberas“ al sur, con más de 1.000 hectáreas de superficie y capacidad para 23.000 nuevas viviendas. Las sentencias respecto a las Áreas Homogéneas 5 y 11 permiten pensar que las otras dos serán también anuladas judicialmente. En la actualidad, no se ha comenzado obra alguna en ninguna de las áreas homogéneas aprobadas por el Ayuntamiento de Valladolid.
* Ecologistas en Acción - 4.4.13
Foto: Valladolid, ayuntamiento en la plaza mayor - wikipedia
El TSJ insta a cumplir la sentencia que anula el PAI Armanello de Benidorm
Otro pelotazo más del conocido empresario Ortiz en la provincia de Alicante, ya que pretendía poner unas cargas de urbanización 'excesivas' a los propietarios del suelo sin su consentimiento. El programa, anulado por el TSJCV, iba a construir 3.600 viviendas en torres de más de veinte alturas.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto en el que insta al Ayuntamiento de Benidorm y a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos a adoptar las medidas necesarias para cumplir la sentencia dictada en mayo por este tribunal que anula la programación del Plan Armanello".
El auto, de 26 de marzo, desestima el recurso de reposición presentado por el consistorio, después de que no quedaran claros algunos extremos de la sentencia de mayo. El plan Armanello es el sector urbanístico más importante pendiente de desarrollo en Benidorm. El programa anulado por el TSJCV preveía construir unas 3.600 viviendas en torres de más de veinte alturas.
El alto tribunal anuló el programa de Armanello por considerar "excesivas" las cargas de urbanización impuestas por Ortiz a los propietarios del suelo sin su consentimiento y con las que pretendía cubrir la oferta complementaria de 17,5 millones de euros que hizo al Ayuntamiento para quedarse con la adjudicación del plan.
A raíz de la anulación del programa, el ayuntamiento aprobó en pleno el 2 de julio requerir a Ortiz que en el plazo de un mes aclarara si esa carga complementaria -en forma de canon- de 17,5 millones de euros la iba a asumir como agente urbanizador o si, por el contrario, estaban dispuestos a asumirla todos los propietarios del suelo.
En el mismo acuerdo se deslizaba la posibilidad de que si no se aclaraba esta cuestión o nadie asumía esa carga, el ayuntamiento podía retirarle la condición de agente urbanizador.
En agosto, la empresa envió un escrito al consistorio en el que afirmaba que era "inaceptable" asumir ese canon sin repercutirlo a los propietarios o sin que exista un "beneficio que compense esa inversión". Tras estos hechos, el ayuntamiento trasladó al TSJCV el acuerdo plenario y la respuesta del urbanizador.
El pasado 8 de enero, el TSJCV indicó que "no resulta en absoluto asumible" la resolución de la condición de agente urbanizador a Ortiz y reiterando que el programa está anulado y que, por tanto, hay que empezar de cero uno nuevo.
El ayuntamiento presentó un recurso de reposición al entender que no era congruente anular la programación del plan y la oferta hecha por Ortiz y mantener a éste como agente urbanizador, en lugar de sacar de nuevo a licitación el plan.
El TSJCV ha desestimado ahora este recurso, manteniendo a Ortiz como urbanizador porque ese aspecto no ha sido aspecto de litigio. Asimismo, expone que "no corresponde a esta sala determinar a priori los mecanismos" para cumplir la sentencia, "sino que deben ser el agente urbanizador" y "la corporación municipal" las que deberán "adoptar las medidas necesarias para que este fallo se ejecute en los términos señalado".
Situación desbloqueada
El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, ha declarado que la próxima semana se pedirá asesoramiento jurídico al letrado que ha representado a la administración en este pleito para ver cómo debe actuar ahora el ayuntamiento para cumplir la sentencia.
Ivorra ha considerado que este auto "desbloquea" la situación que había en Armanello y ha avanzado que el ayuntamiento y el agente urbanizador deberán empezar de cero toda la programación del plan. Según el edil, esto puede suponer una oportunidad para Benidorm de "redefinir" el modelo urbanístico previsto para Armanello, tal y como reclama el Consejo Asesor de Escena Urbana, que solicita que se extienda a este sector el modelo de Levante en el que se combinan zonas residenciales y comercios y que es el que "ha tenido éxito".
* El País - EFE - 8.4.13
Foto: Benidorm, terrenos PAI Armanello - elpais
“Nuestras denuncias han impedido la usurpación de suelo público”
La 'Ruta del Despilfarro' muestra la otra cara de Valencia. Es una actividad crítica pero constructiva, sin ánimo de lucro, para mostrar los 'agujeros negros' de la ciudad. El impacto de este proyecto activista y comunicativo ha llegado al Ayuntamiento del PP y a muchos ciudadanos de dentro y de fuera.
"DIAGONAL* : Miguel Ángel Ferris, profesor con 25 años de experiencia en la enseñanza pública y 35 en movimientos sociales, regresó “del exilio”, como él dice, en 2012 a Valencia con ganas de retomar el activismo. Teresa Galindo, nacida en Bogotá, Colombia, vive en Valencia desde 2000. Con 20 años de experiencia como periodista y tres como mediadora intercultural, en el año 2006 impulsó una iniciativa periodística pionera en la ciudad: Xarxa Urbana, un periódico 'vecinal, intercultural y participativo' en el que tenían especial cabida las voces migrantes y que tuvo que cerrar en 2009 debido a la crisis del sector editorial y publicitario y al debilitamiento financiero del tejido asociativo que apoyaba la iniciativa. Juntos han promovido la Ruta del Despilfarro".
¿Cómo surge la idea de crear la Ruta del Despilfarro?
Teresa Galindo: El 15M nos sirvió como antesala a su desarrollo. Las diversas propuestas de este movimiento nos hicieron pensar que era necesario ofrecer a la ciudadanía otro tipo de información para crear conciencia sobre la dimensión de la crisis/estafa. Y en Valencia coincidía todo: uno de los niveles de endeudamiento público más altos del país, corrupción política, despilfarro y mala gestión del dinero público, inversiones millonarias para beneficio de unos pocos, y manipulación mediática entre muchos otros problemas…
Un día, casi como en broma, pero con una preocupación social muy seria, nos propusimos diseñar un recorrido que pasara por los principales “agujeros negros” de la corrupción y del despilfarro que han protagonizado los políticos del PP de la Comunidad Valenciana, en el poder durante más de dos décadas. Así empezamos a documentar cada punto y tuvimos que descartar muchos antes de decidirnos por los 15 que denominamos “agujeros negros”. Cuando ya teníamos lista la ruta, una amiga nos envió un artículo sobre el Corrupt Tour de Praga y nos pareció que íbamos en la dirección adecuada.
¿Por qué habéis puesto en marcha más rutas ciudadanas como la Ruta Multicultural?
La singularidad y la fuerza vivencial e informativa de la primera ruta: la del Despilfarro y de la Corrupción, a la que acudieron medios de comunicación de diversas latitudes, nos hizo dimensionar la importancia de analizar los contenidos informativos para que la ciudadanía pueda reflexionar y ver en su conjunto el origen de los problemas que hoy tienen millones de personas. Lo que ha pasado en Valencia es tan gordo y hay tantos temas por abordar que vimos que se podrían tratar de forma temática, y por ello, además de la Ruta del Despilfarro, han surgido otras rutas como la Ruta del Abandono Cultural y Patrimonial, la ruta de la Cara Oculta del Centro Histórico, la Ruta por la Educación Pública, la Ruta Valencia Multicultural, y estamos diseñando la Ruta Valencia en Positivo, que se inaugurará en pocas semanas. Como colectivo de periodismo crítico Xarxa Urbana, estas rutas suponen para nosotros un avance en nuestra labor y compromiso social.
¿Cómo resumiríais los logros conseguidos a lo largo de este año?
Miguel Ángel Ferris: Los habitantes de Valencia, sus nuevos residentes e incluso los turistas ocasionales, todos tenemos derecho a conocer de primera mano los “puntos negros” de la ciudad por los que se han esfumado millones de euros. Esta situación contrasta con la falta de inversiones públicas para cubrir servicios esenciales como educación, vivienda y salud. Esta situación es fruto del saqueo sistemático de las finanzas, la liquidación de los servicios públicos para su inmediata privatización, la generalización de la corrupción institucional, así como la dejadez y la mala gestión de nuestro importante patrimonio cultural y arquitectónico. Reflexionar sobre ello y conectar a los ciudadanos en una ruta donde pueden establecer sinergias, conocerse y reflexionar sobre los cambios necesarios que requerimos, es de por sí un logro al que se suma la participación de asociaciones, de ciudadanos anónimos y entidades de diversa índole y filosofía.
En otro orden de cosas, hemos conseguido romper el cerco mediático que existe en Valencia respecto a los temas que perjudican a las élites corruptas, a través de multitud de televisiones extranjeras y La Sexta. Nuestras rutas son seguidas de cerca por los poderes políticos y nuestras denuncias han impedido la usurpación de suelo escolar público para su privatización, el reinicio de obras de rehabilitación de patrimonio público, la mejora de accesos a bienes de interés local y, sobre todo, romper el silencio y la complicidad mediáticos.
¿Qué críticas habéis recibido?
M.A.: Realmente, al igual que pasó con Xarxa Urbana, no hemos recibido críticas mínimamente coherentes. El periódico ABC, vocero de lo más ultramontano del PP, nos ha estado acusando de una suma de barbaridades que se le han vuelto en su contra. Igual que le pasó a Rita Barberá cuando nos acusó de ser “un montaje de Compromís” y de cobrar por desviar el turismo de Valencia hacia otros países, a raíz de la emisión del reportaje de la BBC sobre la Crisis en España, que tuvo más de dos millones de visitas y en el que se reflejaba nuestro trabajo periodístico.
¿Qué tipo de viajeros participa en las rutas? ¿Se consigue llegar a un público votante del PP?
T.G.: El público que viene es muy variado: desde abuelos republicanos que han luchado por conquistar la democracia y se sienten hoy impotentes frente a las medidas represivas e impopulares, hasta jóvenes universitarios que vienen en grupo para vivir en una mañana de sábado una propuesta novedosa que se filtra por las redes sociales. También participan personas que buscan trabajo y no lo encuentran; extranjeros que quieren conocer otra versión de la ciudad distinta a la que se vende en los recorridos turísticos; profesores que con sus alumnos buscan otra forma de acercarse a la realidad; periodistas extranjeros que vienen a comprobar “in situ” por qué Valencia es la ciudad de la corrupción y el despilfarro más conocida en los últimos años. Vienen también fotógrafos amateur que quieren tener un buen conjunto visual para hacer un reportaje, etc.
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Se puso en marcha a principios de los ‘90, durante el gobierno socialista, con un coste inicial previsto de 175 millones de euros. El PP tachó el proyecto de faraónico, hasta ganar las elecciones en 1995. Luego, modificó y amplió el presupuesto hasta 1.300 millones de euros, de los que se deben todavía 750. Entre las irregularidades, se han confirmado la adjudicación de obras sin el correspondiente concurso público y el pago de desorbitados sobrecostes por los que el arquitecto Calatrava se embolsó más de 90 millones. Sólo el Oceanográfico ha resultado rentable. En la actualidad, se está preparando la privatización total del famoso complejo.
Visita del papa en 2006
No hay datos exactos de lo que costó la visita de Benedicto XVI a Valencia porque la Generalitat no los proporciona. Sólo la cobertura realizada por Radio Televisión Valenciana costó más de 11 millones, según revelan las facturas y los contratos que tiene en su poder el TSJ de Madrid, que investiga una serie de irregularidades en la contratación, como la que benefició con tres millones a la trama Gürtel. Asimismo, se hicieron numerosos gastos superfluos, como construir un altar climatizado de 600.000 euros para luego desmontarlo, instalar más de 400 fuentes y mil baños y 40 pantallas gigantes por toda la ciudad.
La Copa América
La Marina Real Juan Carlos I fue el enorme espacio del puerto de Valencia en el que se invirtieron más de 300 millones de fondos públicos para realizar la Copa América de Vela y poner a Valencia en el mapa internacional del turismo náutico de élite. Entre las construcciones realizadas, se cuentan 800 aparcamientos subterráneos, más de 900 amarres de un puerto deportivo y doce modernos edificios (ahora vacíos) construidos al lado de los Tinglados modernistas (bienes históricos que se caen por falta de mantenimiento) para servir de base a los equipos participantes.
* Diagonal - LAURA NAVARRO GARCÍA - 2.4.13
Foto: Galindo, a la izquierda, y Ferris con una participante de la ruta Multicultural. / MERCEDES GRAU
Amnistían casas en la playa a sabiendas de la amenaza del mar
La nueva Ley de Costas amplía las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce el peligro por la existencia de los efectos del cambio climático. Además, las enmiendas del PP a la Ley prevén que el Estado asuma parte de las obras para protegerse del agua. Es decir, se hace una Ley mala y, encima, si pasa algo, lo pagamos todos. Vaya caradura!!
"ELPAÍS : Los cambios introducidos por el PP, en el Gobierno, a la nueva Ley de Costas siguen apostando por prorrogar las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce la existencia de una “amenaza por la invasión del mar o de las arenas” entre las que se incluyen “los efectos del cambio climático”.
Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente, calcula que hay unas 10.000 construcciones en dominio público en nuestro país. Sin embargo, apuesta por salvar de la demolición a unas 2.000, que debían derribarse en 2018, para evitar la mala imagen de España en el exterior. Organizaciones conservacionistas y juristas consultados coinciden en que, lejos de acabar con la inseguridad jurídica, se están fijando los mimbres para una avalancha de pleitos.
Las enmiendas del PP a la actual ley costera, vigente desde 1988, buscan adaptar la normativa a los efectos del cambio climático. Lejos de prevenirlo, tienen como punto de partida hechos consumados o graves amenazas. En ellas, concretamente en la 176, se establece que los “derechos de ocupación” de las construcciones que invaden dominio público se van a mantener “siempre que el mar no les alcance o exista un riesgo cierto de que lo haga”. Si se considera que la zona está en “riesgo de regresión grave”, algo que declarará una orden ministerial, el Estado podrá asumir parte de las obras de defensa para protegerlas o imponer contribuciones. Se trata de que “los concesionarios que están en el dominio público en riesgo se beneficien de las actuaciones de protección de la Administración (...) es una colaboración financiera con los particulares beneficiados”, reconoce una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. “Las ocupaciones se pueden mantener siempre que no exista riesgo de que el mar les alcance”, añade.
La reforma, denominada Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, apuesta por conceder permisos para negocios cada cinco años e ir revisándolos. Se contempla también la posibilidad de resolver las autorizaciones “unilateralmente” y “sin derecho a indemnización” cuando se establezca “cierto peligro” de que el mar les alcance.
Una delegación de la Eurocámara visitó España en marzo para investigar 76 quejas recibidas sobre la tramitación de esta ley. En esos encuentros —que mantuvieron con representantes del Gobierno, damnificados y asociaciones no gubernamentales— se interesaron por la situación de los extranjeros afectados, pero también por la vulneración de directivas medioambientales, como la de riesgo de inundaciones.
“Se trata el cambio climático de una forma frívola, si lo tomaran en serio optarían por retranquear la línea de costa y no perpetuar las instalaciones”, contempla Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG WWF. La organización ve “imposible” certificar lo que ocurrirá en los próximos cinco años y mucho menos “frenar el avance del mar” con obras de defensa. “No se está previniendo nada”, añade José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF.
Greenpeace acusa al PP de “falta de rigor”. “No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, ni la isla de Formentera, ni las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley”, subrayaron ayer. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar u ocurran catástrofes, como que el agua alcance viviendas. “Se choca con el más elemental principio de precaución”, advierten.
De momento no hay una memoria económica que analice el coste de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir sus efectos. “Estos tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre”, aconsejan en Greenpeace.
Medio Ambiente precisa que las medidas tienen todavía que concretarse en un reglamento que desarrolle la ley y presume de que su propuesta es “más ambiciosa y proteccionista del dominio público” que cualquiera de las presentadas por cualquier grupo parlamentario en el Congreso o en el Senado. El Gobierno garantiza que se utilizarán “criterios científicos” para determinar esos tramos en riesgo y “no discrecionalidad de la Administración”.
caso a caso", dice un exdirector de Costas
“Para empezar se considera propietarios a las personas que ocupan dominios públicos”, subraya el socialista Hugo Morán, secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. El diputado critica que se conceda un título de propiedad a un plazo que llega a los 75 años y al mismo tiempo el PP pretenda reservarse el derecho de suprimirlo sin exponerse a reclamaciones judiciales. “Todo esto va a dar lugar a un derecho indemnizatorio, es una irresponsabilidad con los afectados que alcanza un grado supino”, añade.
“Se va a macizar la costa al amparo de las infracciones urbanísticas”, aporta José Fernández, director de Costas en la etapa en la que Cristina Narbona (PSOE) fue ministra de Medio Ambiente. “El cambio climático no se puede dejar para ir viéndolo caso por caso, o dejas la costa como está o amplías la protección, no se puede reducir de ninguna manera”, aporta.
Los grupos parlamentarios presentan hoy sus enmiendas a la Ley de Costas en el Senado.
* EL País - Juana Viúdez - 10.4.13
Foto: Edificios en la costa de Moaña (Pontevedra), uno de los dos últimos núcleos que los populares proponen amnistiar. / Lalo R. Villar
Cuando la Iglesia registra a su nombre los edificios que han levantado los vecinos
Varios ayuntamientos en Navarra denuncian que la Iglesia ha registrado como de su propiedad bienes construidos con dinero o colaboración pública. Son casos evidentes de especulación urbanística al confundir el Patrimonio público con el privado.
"ELDIARIO* : Los consistorios reunidos en la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro vuelven a hacer un llamamiento a las entidades locales para reclamar al Arzobispado de Pamplona los bienes que este lleva inscribiendo a su nombre desde el año 1998, en lo que miembros de la plataforma consideran un "auténtico expolio" de patrimonio público".
En el origen de este conflicto que enfrenta al Arzobispado con algunos ayuntamientos y que se repite en todo el estado, está la percepción sobre la propiedad de muchos bienes sin inmatricular (primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad) que, hasta su registro por parte de la Iglesia, los pueblos consideraban como comunes.
Uno de los ayuntamientos que conforman la comisión integrada en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro es el del Valle de Baztan, regido por Garbiñe Elizegi. Considera que desde siempre, "el dinero que se ha invertido en la construcción y arreglo de las casas parroquiales o las iglesias del valle ha sido de los pueblos, bien a través de las aportaciones de los vecinos o del trabajo en auzolan".
Este auzolan, como se conoce en Navarra al trabajo comunitario llevado a cabo por los vecinos y vecinas, es el que está detrás de la limpieza de bosques municipales o la recogida de leña, pero también de la restauración de las casas de las hacedoras, el mantenimiento de cementerios o la construcción de muchas ermitas navarras. Eso, sumado a las aportaciones públicas a través de subvenciones, como por ejemplo, los 321.345 euros concedidos por el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de la ermita de San Martín en Izagaondoa, o a la documentación histórica sobre la titularidad de los bienes, lleva a muchos consistorios y poblaciones a considerar parte de estos propiedad municipal.
Y eso aunque nunca los hubiesen inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que los lugares de culto como ermitas o iglesias no podían ser registrados por nadie hasta 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria. Por otro lado, en el caso de fincas, bosques o viviendas porque, según Pascual Larumbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, "hubo una cierta desidia o inercia sociocultural. La casa del cura era como la casa del maestro, que seguro que en muchos sitios sigue sin inmatricular. Todo el mundo sabe que es una casa mantenida por el pueblo".
Sin embargo, fue el Arzobispado de Pamplona quién registró todos ellos a partir de 1998, gracias a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que rige que la Iglesia Católica, a la que atribuye la misma potestad que a las administraciones públicas, "cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan". Para ello, y de forma unilateral, solo tiene que emitir ella misma, a través de los diocesanos, a los que equipara así a funcionarios públicos, un certificado de propiedad para registrarlos, a pesar de carecer de otros documentos que prueben su titularidad. El coste de este procedimiento ha sido hasta ahora de entre 25 y 30 euros. Los términos de esta reforma de la Ley Hipotecaria vinieron precedidos, según Larumbe, de un "evidente pre acuerdo del Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal".
Según esto, y contrariamente a la opinión del ayuntamiento, la Iglesia se considera propietaria, solo en el valle del Baztan de doce parroquias, ocho ermitas, una basílica, dos fincas y un arbolado que registró a su nombre hasta 2007. En toda Navarra se han producido más de mil registros o inmatriculaciones de bienes de este tipo, Unas inmatriculaciones con las que según Elizegi, la Iglesia "se está apropiando indebidamente de patrimonio público", cosa que, además, ha hecho "a escondidas".
"Que lo decida un juez"
Ante esto, los ayuntamientos se han dirigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio Arzobispado para reclamar la anulación de estas inmatriculaciones y el registro de los bienes a nombre de los municipios. Eso hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Otsagabia al que el Arzobispado recibió con un "que lo decida un juez".
Sin embargo, una reclamación por vía judicial puede suponer para un pequeño consistorio más de 5.000 euros, como los que ha tenido que afrontar el pueblo de Garisoain, de apenas una treintena de vecinos, para recuperar la ermita del Pilar. La Audiencia Provincial de Navarra acaba de fallar en contra de la primera sentencia que atribuía la propiedad al Concejo, pero van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante lo que consideran "un litigio entre la cúpula de la Iglesia y sus feligreses", según Javier Ilzarbe, hasta ahora presidente del Concejo.
El próximo 9 de abril, todos estos consistorios estarán presentes en la asamblea que, a instancia de la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, se ha organizado con el objetivo de acordar "una estrategia común". Una asamblea en la que quede claro, una vez más, según Larumbe, que "lo importante es el corporativismo municipal, que haya una voz unánime sobre que no estamos atacando a nadie sino tratando de recuperar lo que nos han robado. Y eso es competencia directa de los ayuntamientos".
"Muskilda es nuestra"
También en Navarra, el Patronato de Muskilda y la Villa de Otsagabia están a punto de presentar la demanda judicial por la que reclaman la propiedad municipal de esta ermita que el Arzobispado de Pamplona inscribió a su nombre. Este caso no está dentro de aquellos reclamados por la plataforma, por su especial idiosincrasia, pero también se inscribe en la política de inmatriculaciones que el Arzobispado lleva desde 1998.
Sin embargo, la alcaldesa de Otsagabia es rotunda, "Muskilda es nuestra", afirma Marisa Sáez. Considera que este caso es diferente al de la mayor parte de las inmatriculaciones reclamadas por la plataforma, porque "la ermita se rige por un patronato desde hace 600 años. La Iglesia se ha querido meter en Muskilda desde hace tiempo, pero hay sentencias hasta de 1600 que dicen que la ermita es del pueblo que la construyó y la mantuvo en auzolan". La ermita se levanta en terreno municipal y las llaves las tiene la hacedora o ermitaña. El consistorio paga anualmente a un párroco por el culto.
Ante el litigio se muestra optimista, porque considera que tienen "muchas pruebas" de la propiedad municipal de Muskilda. Pruebas que ocupan más de mil folios y que espera que sean las necesarias para que los tribunales les den la razón frente al Arzobispado en un caso "que es muy sangrante y que le duele en el alma a todo el pueblo".
* El Diario - Jara Calvo - 30.3.13
Foto: Protestas frente al Arzobispado de Pamplona / EFE
La Junta de Castilla y León debería retirar el proyecto de Ordenación del Territorio
El autor, catedrático de Geografía de la U.Salamanca, reclama que la Ordenación del Territorio de Castilla y León que promueve su Gobierno sea revisada en profundidad y con cambios sustanciales a los previstos inicialmente.
"VALENTÍN CABERO* : El informe del CES ha venido como lluvia de primavera a deshacer y limpiar las múltiples sombras y errores contenidos en el anteproyecto de Ordenación del Territorio presentado ante las Cortes por la Junta de Castilla y León a finales de 2012. Las observaciones y conclusiones del CES no pueden ser más demoledoras y coinciden en gran medida con las formuladas en su momento por nosotros o con el documento presentado el pasado 20 de marzo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León por el foro Comarcas Si, Distritos NO".
También comparten en sordina esta crítica muchos alcaldes y representantes del PP. Tamaño dislate y despropósito, no sólo de lenguaje, sino también de espíritu y de contenido merece el rechazo cada día más unánime y generalizado.
Ahora, el PSOE, que había firmado un pacto de mínimos acerca de éste y otros problemas regionales, descubre las incoherencias del proyecto y las trampas que encierra. La propia ausencia de la palabra comarca ha dolido a más de un diputado regional, aunque varios representantes del PP, bien parapetados entre el poder de las Diputaciones y el de la Junta, digan que falta tradición comarcal en la región o que sigue primando la identidad provincial. Así nos va en nuestra región. El presidente de la Junta de Castilla y León debería mirar más atentamente a su alrededor y saber cómo abordar con inteligencia y con mirada diagonal problemas de tanta envergadura como la ordenación territorial. Sus colaboradores y delegados territoriales se han expresado con torpeza en sus intervenciones de propaganda pública, porque sencillamente el modelo es inexplicable, confuso y de interpretación territorial imposible. Salta a la vista que algunos políticos bien cercanos a la Presidencia se han pasado de imprudentes e insolentes y, muestran en este tema como en otros muchos, una desconsideración manifiesta hacia la región y hacia sus habitantes.
Precisamente ni las personas que deben ser “el epicentro de la ordenación” ni el propio territorio con su diversidad ambiental y sus desequilibrios internos están presentes en el anteproyecto de la Junta, se subraya en las observaciones del CES. No es, por tanto, “un modelo de ordenación del territorio que venga a resolver problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y de despoblación”. Los argumentos generales y particulares, expuestos detalladamente y con criterios bien razonados en largo informe del CES, son análogos a los que desde el mundo rural y desde los municipios o entidades locales menores ha presentado el foro Comarcas Si, Distritos NO .
Además de lo dicho, las reflexiones del CES son de profundo calado y penetran de lleno en la filosofía política del anteproyecto y en sus principios y conceptos, todos ellos subordinados a un solo mandamiento, “la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera”, olvidando los objetivos fundamentales de la ordenación del territorio: la solidaridad, la equidad y el bienestar de los ciudadanos. No solamente se ponen en cuestión las figuras propuestas como unidades básicas de ordenación por su confusa definición y concepción, sino también porque el anteproyecto no contempla la rica realidad que nos rodea, ni mucho menos la delimitación de espacios intermedios, “marcando límites ajenos a los provinciales actualmente existentes”. En la delimitación y propuesta de comarcalización de 1985 si se contemplaba. Se critica, asimismo, la ausencia de un mapa de de referencia previamente consensuado y delimitado, pues se elimina de este modo la posibilidad de un debate abierto y objetivo sobre bases territoriales reales.
Tanto el CES como el foro Comarcas Si, Distritos No, coinciden en una valoración negativa de la resurrección de las Diputaciones, de la falta de criterios geográficos para la fusión de los municipios, de la seria amenaza a la privatización de los servicios a través de los consorcios, etc, Un problema grave de carácter territorial y geográfico es indudablemente señalar como umbral demográfico de ordenación entre lo rural y lo urbano a los 20.000 habitantes, pues prima una política de ordenación predominantemente de escala urbana, menospreciando núcleos urbanos de tamaño menor de gran significado histórico y geográfico en la región, que hasta el momento han sido considerados decisivos en la articulación y cohesión territorial como cabeceras de comarca. o de un área funcional.
La confusión permanente entre ordenación del territorio y gestión administrativa llama poderosamente la atención al CES, y plantea verdaderas dudas y contradicciones acerca de la adecuación con la legislación vigente, y sobre todo nos revela que el modelo propuesto por la Junta no garantiza los derechos básicos de nuestra ciudadanía ni mucho menos la cohesión social, en particular a las personas que viven en aquellos territorios más desvalidos y despoblados.
En su reflexión final, el Consejo opina por unanimidad que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León debería, por prudencia, paralizarse, pues una buena parte del articulado se verá directamente afectada por la reforma de la Administración Local prevista por el Gobierno del Estado ( Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). En definitiva, un informe bien vertebrado y con observaciones rigurosamente analizadas que recomiendan a la Junta de Castilla y León una propuesta más próxima a los ciudadanos y más comprometida con la compleja y difícil realidad geográfica de la región. ¿A qué espera el señor presidente para retirarlo?
* El Diario - 4.4.13
Foto: El río Duero, uno de los símbolos de Castilla y León.- eldiario
Seis piezas separadas investigan la actividad de Gürtel en Valencia
"ELPAÍS* : El llamado caso de los trajes fue solo la punta del iceberg de la abundante actividad de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, según atestiguan los miles de folios que integran las seis piezas separadas de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Gürtel puso a prueba el sistema judicial español, y ha revelado disfunciones cuando las causas, como en este caso, tienen aforados en más de un territorio, lo que fuerza la división de la investigación en distintos órganos jurisdiccionales.
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron juzgados solo por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta (22 prendas el primero y 16 el segundo) por un montante total de 23.000 euros. Quedó excluido del juicio por jurado el resto de negocios de la trama en Valencia, que finalmente han llegado al Tribunal Superior valenciano.
La primera de las piezas separadas indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte de ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones por parte del Gobierno valenciano. Según los indicios que obran en la causa, las empresas pagaron actos electorales del PP de las campañas electorales municipal y autonómica de 2007, en la que Camps logró la mayoría absoluta, y de las generales de 2008, en las que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy perdió contra su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. En esta pieza está imputada la cúpula del PP en Valencia de la época, incluido Costa, y también el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.
Formalmente, esta pieza esta subdivida en otras dos: una por las elecciones de 2007, en la que se atribuyen de forma indiciaria delitos electorales (el nombre técnico de la financiación ilegal); y la otra por los comicios de 2008, que se sigue por falsificación en documento mercantil pero que el magistrado instructor ya ha adelantado que puede terminar reconvertido igualmente en delito electortal.
El tribunal mantiene abierta otra pieza por el supuesto fraude con motivo de la cobertura televisiva por parte de Canal 9 de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Según la prolija investigación judicial, la trama utilizó a una empresa constructora leonesa sin experiencia en el sector audiovisual, Teconsa, como pantalla para adjudicarse el contrato en connivencia con el exdirector de la televisión autonómica, Pedro García que, como Camps, era íntimo amigo de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la red. De los más de seis millones de euros destinados a la cobertura televisiva, la trama se habría embolsado más de la mitad, tras subcontratar por tres millones los trabajos. El sobrecoste habría sido distribuido en comisiones entre los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, Pérez y el director de Canal 9.
La pieza separada más avanzada, en la que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha dado ya por concluida la instrucción, versa sobre el mayor negocio que la red hizo en el territorio. Se trata de las adjudicaciones, por cinco millones de euros, del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur desde 2005 a 2009. Anticorrupción considera que las cinco ediciones fueron amañadas, y que Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se llevó año tras año los concursos a pesar de no reunir los requisitos para presentarse (en la primera edición), realizar las ofertas más caras (en casi todos los casos) y presentar numerosas facturas duplicadas o con precios hinchados para justificar los gastos.
El amaño, según la fiscalía y la acusación popular de los socialistas valencianos, contó con la colaboración de numerosos cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo. A la cabeza, quien fue consejera de Turismo y después presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aún diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, a pesar de que Anticorrupción solicita 11 años de prisión para ella. Entre los acusados figura otra consejera de Camps, Angélica Such, para quien fiscalía pide inhabilitación, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, para quien ha solicitado otros 11 años de cárcel.
El fin de la instrucción fue recurrida por varios de los imputados, y el procedimiento se encuentra ahora pendiente de que se resuelvan.
La actividad de Gürtel se extendió por casi toda la Generalitat y sus empresas públicas, como demuestra otra de las piezas separadas, en la que figuran más de 70 contratos por cuantías menores. La mayoría fueron adjudicados a dedo por menos de 12.000 euros, según la fiscalía, para esquivar los procedimientos de contratación más exigentes de las Administraciones. Aunque los hechos son similares, aparentemente, a los que se investigan en las adjudicaciones de Fitur, el complejo discurrir procesal de la causa ha hecho que se instruyan de forma separada.
La última de las piezas investiga los supuestos delitos fiscales que la trama habría cometido con motivo de la contratación con la Generalitat y el PP valenciano. Al contrario que en el resto de piezas, en esta sólo están imputados los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Pérez, así como varios de los trabajadores de su entramado empresarial.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 21.3.13
Foto: Francisco Camps y Mariano Rajoy, entre otros, en un mitin del PP en Paterna en mayo de 2007. Sentado a la izquierda, Álvaro Pérez, El Bigotes. / CARLES FRANCESC
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