MÁLAGAHOY* : Expertos alertan de que el diseño urbano de una ciudad influye en la aparición de enfermedades y abogan por planificar en base a ello.
El urbanismo desmesurado y sin planificación no solo incide directamente en el calidad del medio ambiente. Un desarrollo urbanístico poco sostenible se refleja, y mucho, en la salud de las personas que lo padecen acarreando graves efectos pese a que cada vez son más los estudios científicos que alertan de ello. En la jerga de la psicología se conoce como trastorno por déficit de naturaleza, cuando se produce una falta de contacto con los espacios verdes, y estrés ambiental, más referido a los efectos que produce el vivir en un entorno urbano. La ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, los problemas cardíacos, la obesidad o la pérdida auditiva son solo algunas de las consecuencias que los expertos advierten que pueden aparecer en aquellos que viven en ciudades con pocos espacios verdes a su alrededor.
Está demostrado por ejemplo, según explicó la profesora de Psicología Ambiental de la Universidad de Málaga (UMA) Carmen Hidalgo durante la tercera jornada sobre urbanismo, medio ambiente y salud celebrada ayer y organizada por el Observatorio de Salud y Medio Ambiente en Andalucía (Osman) en colaboración con el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) de Málaga, que la simple vista a una zona verde desde una ventana de un hospital beneficia la recuperación de los pacientes en menos tiempo y con menos analgésicos, o que la presencia de vegetación en una escuela reduce el estrés en la población infantil.
Los efectos negativos de la falta de contacto con la naturaleza contrastan con los beneficios que acarrea la cercanía a ella. Los estudios demuestra que mejora el estado emocional y la capacidad de atención y concentración, algo que la experta explicó guarda relación con "la afinidad que siente el ser humano hacia la naturaleza desde el principio de la historia y que se conoce como hipótesis biofilia".
Tantas son sus ventajas que cada vez son más los que recomiendan que estos estudios se tengan en cuenta a la hora de planificar el diseño urbano de una ciudad. El director del Osman, Antonio Daponte, coincidió en que es "fundamental" que urbanismo y salud vayan de la mano en el escenario actual al que se refirió como "medio ambiente construido". Máxime cuando está demostrado, dijo, que la mortalidad y algunas enfermedades como la obesidad están vinculados con las desigualdades sociales entre barrios donde no hay zonas verdes o donde no tienen la proximidad de los servicios básicos. Es decir, señaló Daponte, que una zona con diversidad de usos del suelo "favorece la actividad física y evita el sedentarismo de los que viven allí".
La tendencia, advirtió el director del Omau, es a "crear ciudades como las norteamericanas cada vez más dispersas que obligan a coger el coche para todo en detrimento del modelo de ciudad compacta y compleja típicamente mediterránea". Poco se puede hacer ya sobre lo construido, aunque sí subsanar posibles errores del futuro y minimizar los efectos sobre la salud. La Junta de Andalucía prepara un decreto que obligará a los promotores urbanísticos a realizar una evaluación de impacto en salud como requisito obligatorio. Hay quien duda de su eficacia. Pero habrá que esperar...
* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 25.1.13
Foto: Contaminación, niño chino - lienzodebabel
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PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA* : Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero, señalamos a los responsables y exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya!
Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca denunciamos la situación dramática a la que se condena a vivir a miles de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, que se ven desahuciadas o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hipotecaria, de la vulneración extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades financieras, avaladas por los gobiernos de turno.
420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los últimos seis años y 220.000 desahucios son sencillamente intolerables.
Frente a los abusos de las entidades financieras -responsables de la crisis actual-y la complicidad del gobierno, que les da cobertura con una ley injusta con la que toda la resposabilidad recae sobre la parte más vulnerable, al mismo tiempo que ese mismo gobierno destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, las PAHs y la ciudadanía movilizada hemos defendido el derecho a la vivienda, y hemos puesto encima de la mesa las soluciones para acabar con esta estafa. Porque no tiene sentido que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle.
Con la Iniciativa Legislativa Popular hemos agotado todos los mecanismos que nos ofrece el sistema para cambiar una ley obviamente injusta. Hemos hablado con ayuntamientos, servicios sociales, partidos políticos…. Nos hemos movilizado. Hemos parado desahucios y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para transformar una situación de injusticia evidente. Las demandas de la ILP son demandas de mínimos: dación en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías acumuladas por las entidades bancarias que se han enriquecido con la crisis, y moratoria de desahucios. La ILP ha recogido más de un millón de firmas, las cuales se suman al clamor popular que exige una solución justa y urgente a esta problemática. No queremos limosna. No aceptaremos rebajas. Queremos unas leyes que garanticen los derechos, la igualdad y la dignidad. Pero la ILP también es una forma de exigir democracia, una democracia que tiene que estar en manos del pueblo y no del poder financiero. Hartas de mediocridad, corrupción y avaricia, de respuestas vacías y demagogia, exigimos que se nos escuche y participar de una democracia real.
La situación es grave y urgente. Hemos llegado a un límite en el que hay personas que se han quitado la vida; una situación que genera un sufrimiento cotidiano a miles de afectados. No podemos esperar meses a la aprobación de la ILP, tampoco nos podemos permitir que no se apruebe. Las PAHs no nos quedaremos con los brazos cruzados esperando a que la ILP llegue al Congreso. No podemos hacerlo.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos a votar a favor de la ILP y tramitarla de manera urgente. Si no lo hacen, les señalaremos como responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y tendrán que atenerse a las consecuencias. Las PAHs aumentaremos las acciones de denuncia y desobediencia civil frente a aquellos que se nieguen a aprobar la ILP, e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse.
Pero no nos pararemos aquí, nuestra lucha es una lucha por el derecho a la vivienda. “Gente sin casas, y casas sin gente, no se entiede”. Bancos que acumulan miles de viviendas vacías, mientras familias y personas se ven abocadas a la calle. Frente a este sinsentido, junto con la campaña de señalización, anunciamos que se intensificarán las campañas de recuperación de pisos vacíos e manos de entidades financieras.
Exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya!
Exigimos el derecho a la vivienda.
¡Sí Se Puede!
INFO: http://afectadosporlahipoteca.com/
Convocatorias actuales:
Alicante: 18:00 c/ Maestro Alonso, a la altura del Hospital. Apúntate en Facebook
Almería: 18:00 La Puerta de Purchena
Ávila: 12:30 Plaza de El Grande
Badajoz: 12:00 Delegación del Gobierno de Badajoz en la Avda. de Huelva.
Barcelona: 17.00 Plaça Universitat. Descárgate el cartel. Apúntate en Facebook
Bilbao: 18:00 en la plaza del teatro Arriaga
Burgos: 19:00 Plaza del Cid. Descárgate el cartel
Cartagena: 18:00 Plaza del Icue. Apúntate en Facebook
Ciudad Real: 18:30 Parque de Gasset
Compostela: 18:00 Praza Roxa
Córdoba: 18:00 Subdelegación del Gobierno, en Plaza de la Constitución. Apúntate en Facebook. Síguelo en su blog
Donosti: 12:00 en el Boulevard de Donosti
Eivissa: 18:00 Passeig de S’Alamera – Vara de Rey
Gijón: 17:00 Plaza del Huhmedal. Apúntate en Facebook
Guadalajara: 18.00 Subdelegación de Gobierno, Paseo Doctor Fernández Iparraguirre 8
Huelva: 17:00 Plaza de la Constitución. Apúntate en Facebook
Jaén: 18:00 Plaza de Santa María. Descárgate el cartel
Jerez: 12:00 Plaza El Arenal
La Rioja: 12:00 Plaza del Mercado
Lanzarote: 17:00. Calle Real, a la altura del cabildo viejo. Apúntate en Facebook
Madrid: 18:00 Plaza de Colón
Málaga: 18:00 Sede del PP Avenida de Andalucía 26. Apúntate en Facebook.
Mallorca: 18:00 Plaza de España. Apúntate en Facebook
Menorca: 12:00 Plaza de Colón, Maó
Murcia: 18:00 Jardín de Floridablanca. Apúntate en Facebook
Ourense: 18:00 Alameda(plaza vispo cesareo)
Pamplona: 18:00 Plaza del Castillo
Puerto de Sagunto: 17:00 Tenencia de Alcaldía, (Plaza del Sol). Descárgate el cartel
Salamanca: 18:00 Plaza de los Bandos
Santander: 12:00 Plaza de Numancia. Apúntate en Facebook
Sevilla: 12:00 Alameda de Hércules
Tenerife: 17:00 Subdelegación de Gobierno
Tudela: 18:00 Plaza Nueva
Valencia: 18:00 Plaça del 15M (antes Plz del Ajuntamiento)
Vigo: 18:00 Saida dende O Marco ata a sede do PP. Apúntate en Facebook
Vitoria: 13:00 Plaza Virgen Blanca
Zamora: 12:00 Plaza de la Constitución. Apúntate en facebook
Zaragoza: 18:00 Glorieta Sasera
…
Bélgica, Mechelen: 12:00 Gotemarkt
* Kaos en La Red - PAH - 7.2.13
Foto: Cartel manifa
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PÚBLICO/Madrid* : Lejos de la euforia con la que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció el emplazamiento de Eurovegas en Alcorcón se encuentra el ánimo de cientos de madrileños que han salido a la calle este viernes para protestar contra el macroproyecto. Con pitos y cacerolas los manifestantes han protestado en la simbólica Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, bajo el lema "Eurovegas ni trabajo ni inversión, sólo pelotazo y corrupción". La cacerolada ha sido promovida por las redes sociales bajo el hashtag #EurovegasNo y #OtroProyectoCorrupto.
"Es un proyecto especulativo más que vendrá a España para beneficiar a unas minorías y que precisa de una inversión altísima que bien se podría utilizar en salvar la sanidad y la educación pública", comenta para Público Cristina Fernández, de la plataforma Eurovegas No.
Las consignas "Es un negocio para especuladores, que solo beneficiará a unos pocos", "Alcorcón no se vende" y "No es una inversión, es una estafa" se han echo eco de las reivindicaciones de los allí presentes. A su lado también han querido estar en esta ocasión los afectados por los desahucios, Stop Desahucios.
La desconfianza es uno de los argumentos recurrentes de muchos de los que están en contra de la construcción de los casinos por parte del magnate Sheldon Adelson. "No nos van a engañar. Solo son falsas promesas de trabajo precario", opina Herminia, una jubilada que se autocalifica como indignada. "La industria del juego solo traerá más desigualdades", agrega su compañera Luisa.
Fuerte movilización ciudadana
Después de saber que el complejo Eurovegas se construirá en el madrileño municipio de Alcorcón, la plataforma Eurovegas No asegura que no se dan por derrotados a pesar de llevar más de un año “de indignantes silencios”, sino que es ahora cuando podrán “centrar e intensificar la movilización” para frenar este “aberrante proyecto”.
En un comunicado, la plataforma confía en que sea posible "detener la puesta en marcha de este proyecto con una fuerte movilización ciudadana” que, a partir de ahora centrará “las acciones ciudadanas en el territorio elegido por la empresa” y en todo el municipio de Alcorcón, cuyos habitantes “serán los primeros afectados por la construcción”.
“Serán sobre todo acciones informativas, como llevamos haciendo todo este tiempo”, explica María Fernández, miembro de la plataforma, quien asegura que “se organizarán charlas sobre otros macroproyectos fallidos y las consecuencias que han causado”. Según Fernández, la decisión del magnate Sheldon Adelson de ubicar sus casinos en Alcorcón no es arbitraria, si no que “hay que reflexionar sobre quién sale beneficiado con esto” ya que los terrenos elegidos son “terrenos rústicos no urbanizables y los dueños de estos terrenos son nombres muy conocidos”. Estas parcelas tendrán ahora que ser recalificadas, por lo que su valor aumentará exponencialmente.
Son centenares de pequeños propietarios lo que sacarán tajada de la plusvalía que Las Vegas Sands tendrá que abonar, sin embargo, una inmobiliaria posee un gran porcentaje de esos terrenos. Se trata de Metrovacesa, participada en su mayoría por el Banco Santander. El colectivo contrario al proyecto critica que sólo "es beneficioso para una minoría privilegiada " y que "provoque daños medioambientales irreversibles en el territorio". Pero más allá de eso, denuncian que no se haya consultado a la ciudadanía y que el Gobierno regional justifique los beneficios en “unas cifras de creación de empleo para las que no ha aportado ninguna explicación”.
Además, denuncian que “con el marco legislativo a medida” que el Gobierno de Ignacio González le ha diseñado, Alcorcón contará con una “isla fiscal” y se convertirá en una “estado de excepción dentro de un Estado tutelado por los intereses económicos de una empresa transnacional”. “Es indignante”, exclama María Fernández, “les eximen de casi todos los impuestos, les condonan faltas graves y muy graves, legalizan el blanqueo de capitales. Es el colmo de la desfachatez”.“¿Es una forma aceptable de legislar el crear una ley ad hoc para una única empresa?”, se pregunta Eurovegas No. Ellos tienen clara la respuesta, por eso esta tarde, a las 19 horas, acudirán a la Puerta del Sol, cacerola en mano, a protestar frente a sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid contra lo que Fernández considera “más fraude y más corrupción”.
* PÚblico - MARTA RODRIGUEZ/JAIRO VARGAS Madrid 08/02/2013
Foto: protesta 'Eurovegas no'.- M.R
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EUROPAPRESS* : La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha opinado que muchos de los casos de corrupción política están asociados con la burbuja inmobiliaria ya que éstos se beneficiaron de la misma. En una entrevista con Antena 3 Colau ha indicado que las administraciones públicas se "beneficiaron" y "financiaron" a corto plazo "con el tema inmobiliario" y es por eso que en España hay "tantos casos de corrupción que están muy asociados a la burbuja inmobiliaria y cuando todo esto estalla". Asimismo, ha añadido que durante años "inmobiliarias, constructoras y entidades financieras" sacaron beneficio y contribuyeron a que se incentivara la burbuja.
También, en este sentido ha criticado que "hasta el mismo día" que estalló todo el asunto las ministras socialistas decían que "no había burbuja, que la vivienda era un valor seguro, que lo mejor que podía hacerse en España era comprarse una vivienda".
Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado que este país "está en el punto de mira" de todos los medios de comunicación del mundo que "se escandalizan con la ley que tenemos aquí".
"No hay ningún país de Europa, ni en EEUU, ni en ningún otro lugar que estén desalojando como aquí y, encima, la gente se quede con la deuda de por vida", ha subrayado al tiempo que ha dicho que "todo el mundo reconoce que esto es una anomalía".
Haciendo alusión a los alquileres en España, ha explicado que a diferencia de otros países del mundo, "no es una alternativa real" porque, según ha destacado, son más caros y de mala calidad. Sin embargo, en Alemania el alquiler "es la opción mayoritaria porque está incentivado por el estado, está protegida, hay límites de precios y no te pueden echar así como así", ha ejemplificado.
Además, ha recalcado que las personas afectadas por las hipotecas no es que rehuyan de su responsabilidad, sino que la gente "está dispuesta a asumir la responsabilidad que era consciente que asumía".
Colau ha criticado que en este país a las inmobiliarias, a las empresas, a los corruptos y a los partidos les "perdonan" y les "prescriben" las deudas "muy rápido", sin embargo, "a los únicos que no les prescriben es a las familias".
También, ha afirmado que hay un discurso oficial que "culpabiliza" a la gente más pobre y que lo ha perdido todo. Algo que, a su juicio, es "intolerable" porque ese discurso "se hace, evidentemente, para rehuir las propias responsabilidades".
A la pregunta de si se arrepiente de haber denominado ayer de "criminal" a un representante de la banca durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, ha sostenido que "en absoluto" , que incluso fue "prudente" y que la banca "tiene las manos marcadas de sangre".
"Digo criminal y lo ratifico porque la política que han seguido las entidades financieras es criminal, han hundido la economía de este país y han hundido a miles de personas a las que han empobrecido hasta el final de sus días", ha aseverado Colau.
* Europa Press - 6.2.13
Foto: Burbuja inmobiliaria - cotizalia.com
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ABC* : El abandono, las diferencias sobre su restauración, la falta de presupuesto y el paso del tiempo hacen mella en bienes de interés cultural que deberían tener garantizada su protección.
Un gran estruendo sacudió a las 7 de la mañana del 12 de enero al pueblo de Tembleque. Era el último estertor que emitía la antigua posada ubicada en la Plaza Mayor del siglo XVII, monumento nacional desde 1973. Unos tres metros de la fachada oeste de la plaza se venían abajo sin causar daños personales. Nadie se sorprendió. El deterioro y el abandono de la finca era evidente. El paso del tiempo había ido socavando la casa ante las diferencias entre sus propietarios, que pretendían erigir un nuevo hotel derribando el viejo edificio, y la Dirección General de Patrimonio que apostaba por restaurarlo.
«Hay hundimientos cantados y éste era uno de ellos», se lamenta Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra. La asociación para la defensa y puesta en valor del Patrimonio Cultural español recopila en su Lista Roja más de 400 edificios de patrimonio civil, militar y religioso en situación de abandono. El último en engrosar este preocupante listado es la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes o de los Monegros de Sariñena (Huesca), declarada bien de interés cultural (BIC) en 2002. La maleza se va adueñando de este monasterio hoy propiedad de las hermanas Bastarás, el chapitel de su campanario ya se ha hundido y peligran los frescos únicos que alberga de Fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya.
La Lista Roja «ha aumentado en los últimos años», según explica Morenés, que vaticina un negro futuro tras estos años de crisis económica. «El fuerte descenso de las partidas para patrimonio, la desaparición de las subvenciones y la retirada de patrocinadores que se está produciendo se van a notar de aquí a diez años. El patrimonio va a sufrir una barbaridad», considera.
El convento de Santa María de Jesús de Ávila, más conocido como Las Gordillas, padece en sus propios muros esta realidad. El proyecto para construir un hotel de cinco estrellas en este Bien de Interés Cultural ha quedado congelado al no poder acometer las obras la empresa adjudicataria. Fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Ávila consideran que «sería conveniente hacer una intervención ya», bien con otra empresa que retomara el proyecto del hotel o mediante otro procedimiento para salvar de la ruina al edificio, como se ha logrado con el palacio Caprotti o con Los Verdugos. El de Las Gordillas es uno de los muchos proyectos de conservación y restauración que se han visto paralizados por la crisis. En el Palacio de Ustáriz de Madrid los andamios quedan como testigos de las obras que iban a convertir este edificio del siglo XVIII en hotel y que se paralizaron por el caso Malaya al ser su propietario José Antonio Roca. «No sabemos en qué situación se encuentran las pinturas de Goya de su interior», apunta Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
En cambio, para Carlos Bitrian, presidente de la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la crisis actual es un buen momento para reflexionar sobre la conservación del patrimonio tras unos años de bonanza que «han sido tiempos de vileza y depredación urbanística». «Es un respiro paradójico», añade.
BIC en peligro
Sólo en abadías, monasterios y conventos y según la revisión realizada en 2011 del Plan Nacional, existen más de 550 edificios o restos de monasterios medievales de entre los siglos X al XV declarados Bien de Interés Cultural, uno de los más altos grados de protección que otorga la legislación española al patrimonio histórico-artístico español, aunque ser BIC no les libra del abandono. El historiador del arte de la Fundación de Santa María la Real, Artemio Martínez Tejera, reseña más de 20 espacios monásticos que reclaman una actuación urgente, entre los que destaca Santa María de Palazuelos en Valladolid. «Estaba en buen estado, pero los recortes le han hecho pasar a engrosar la otra lista», afirma este experto. La crisis ha afectado también al mantenimiento, cuyo coste en España corre a cargo casi exclusivamente de las distintas administraciones. Martínez Tejera alerta además sobre la situación de Santa María de Bonaval (Guadalajara) y Santa María de Rioseco (Burgos). «Están prácticamente enteros pero sin cubiertas y si en 4 o 5 años no se hace nada se van a venir abajo, si no antes», asegura.
La situación ha llevado a los propietarios de San Salvador de Albeos, en Crecente (Pontevedra), a poner en venta este cenobio románico por 300.000 euros ante la imposibilidad de rehabilitarlo. A ese precio salió a la venta hace dos años el Convento del Desierto en Calanda (Teruel), conocido en Aragón como «el pequeño Escorial» por sus colosales dimensiones. En 2012 ya se vendía por 150.000 euros este edificio barroco catalogado Bien del Patrimonio Cultural y en franco deterioro por abandono.
Camino de la ruina se encuentra también la Torre de Celles, un palacio rural asturiano del siglo XVI «paradigmático» y «muy singular» a juicio del arquitecto de la asociación Instituto del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, José Ramón Fernández Vázquez de Prada. «Por sus características arquitectónicas y artísticas es acreedor de valores culturales muy importantes -añade- que lo hacen merecedor de una gran protección». Declarado Bien de Interés Cultural en 2003, sufre un deterioro cada vez mayor pese a que su propietaria ha sido multada por no conservar el edificio en condiciones.
En Segovia, la Asociación Cultural Amigos de la Villa y Tierra de Sepúlveda, intenta desde hace años que Manuel Cosío ceda a la Junta de Castilla y León el Castillo de Fernán González, deshabitado desde hace 30 años, para albergar el archivo de la localidad. «A los descendientes de Fernán González les cuesta mucho mantenerlo y se encuentra en estado precario», cuenta María Bernal Sanz, miembro de la Junta de Hispania Nostra y presidenta de la asociación que desde hace siete años promueve este proyecto para salvar el castillo de la ruina.
También se encuentra «estancado» el futuro del frontón Beti Jai de Madrid, a la espera de sentencia judicial, según explica Igor González, portavoz de la plataforma Salvemos el Beti Jai. El precio de la expropiación fijado en 7,2 millones de euros fue recurrido tanto por el Ayuntamiento, que solo quería pagar 5,7 millones, como por los propietarios de este «Vaticano de la pelota» declarado BIC en 2010, que piden 32 millones. El arquitecto Vicente Patón estima la reparación urgente necesaria para evitar que el edificio se venga abajo en menos de un millón de euros. «Nos preocupa la cubierta, se puede caer en cualquier momento», señala el presidente de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio que alerta sobre otro monumento de la Comunidad de Madrid. «El Palacio de Monesterio en San Lorenzo del Escorial se está cayendo», recuerda Patón. Propiedad del BBVA, este antiguo palacio de Felipe II construido en el siglo XVII por Juan Gómez de Mora, está actualmente abandonado. Uno más.
Con 44 lugares en la lista de la Unesco, España es el segundo país con más patrimonio protegido del mundo, por detrás de Italia y algunas fuentes estiman en 40.000 los puntos patrimoniales valiosos en el país. Mantener en buen estado este legado resulta una tarea ingente, como reconoce Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra que, sin embargo, cree que «no se tiene en cuenta que es mucho más barato el mantenimiento que la reconstrucción».
«Hay que olvidar esa dañina asociación de que «conservar» significa «gastar», considera Artemio Martínez. «Conservar significa invertir, pues no se puede explotar lo que no se conserva, ni lo que no se conoce». La clave es aprovechar el inmenso patrimonio español «como yacimiento de empleo y motor económico de zonas deprimidas», a juicio de este historiador del arte que recuerda cómo muchos de los monasterios fundados algunos hace ya mil años fueron el motor económico de un territorio en momentos de crisis como los que ahora vive España. «Ahora siguen siendo un yacimiento de empleo para historiadores, arqueólogos, arquitectos, aparejadores, restauradores, informáticos y una correcta gestión del edificio permitiría la creación de puestos de trabajo indirectos» como se ha logrado en el monasterio gallego de San Cristina de Ribas de Sil, que una vez restaurado se autofinancia con el simbólico importe económico de la entrada.
* ABC - M.ARRIZABALAGA - 8.2.13
Foto: Tembleque (Toledo), derrumbe plaza - LUNA REVENGA
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DIAGONAL* : El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en entredicho la política española de vivienda por segunda vez en dos meses. En esta ocasión, el tribunal de Estrasburgo ha vuelto a sentar precedente al suspender de manera cautelar el derribo de una vivienda familiar en la Cañada Real Galiana, antigua vía pecuaria de la Comunidad de Madrid donde miles de familias, de manera irregular pero tolerada e incluso reconocida por las administraciones, se han ido asentando en los últimos 40 años en seis sectores repartidos entre las ciudades de Madrid, Coslada y Rivas.
Desde 2007, más de 250 viviendas de Cañada han sido demolidas por las administraciones, dejando en el desamparo a sus habitantes, que a menudo habían llegado a ellas en situación de precariedad y por la falta de alternativas habitacionales.
El caso de Mohamed Raji era uno de ellos. De 47 años, con mujer y una hija de ocho años, Raji vivía y trabajaba en Madrid desde hace 20 años, pero la crisis lo abocó al paro y en 2010, con pocos recursos y después de cuatro años solicitando una vivienda social tanto al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de Vivienda sin obtener una respuesta favorable, decidió mudarse a una casa en la Cañada Real, sin saber que sobre ésta ya pesaba sentencia de derribo, cuya notificación recibió meses después.
A pesar de los requerimientos de Javier Rubio, abogado de la familia, invocando los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso decidió ratificar la demolición, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a suspender el desalojo de manera cautelar mientras se tramitaba el recurso interpuesto. “Ante el derribo inminente, solicitamos amparo ante el TEDH alegando una posible vulneración de derechos fundamentales y la inexistencia de vías efectivas en España para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso”, explica Rubio.
Igual que ocurrió en diciembre con el caso de una familia que, ante la falta de alternativas, ocupa una vivienda del Ivima, el TEDH requirió al Gobierno español para que explicase qué alternativas habitacionales iba a proponer a los afectados. La respuesta del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, que proponían enviar a la familia a un albergue entre 7 y 15 días, no satisfizo al tribunal, que dictaminó el 31 de enero la paralización del desalojo.
“Hay garantías que deben cumplirse, como la de que todas las personas tienen derecho a un alojamiento alternativo adecuado. El alojamiento alternativo propuesto a esta familia por el Ayuntamiento de Madrid es de emergencia, temporal, no satisface los requerimientos del derecho internacional a una vivienda adecuada y deja a las personas en una situación de total desprotección”, explica Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional, que ha recibido “con satisfacción” la decisión del TEDH, decisión que “supone un nuevo recordatorio para el Estado español de que tiene obligaciones jurídicamente vinculantes con respecto al derecho a la vivienda que afectan a todas las autoridades a nivel central, autonómico y local”. Mendiola añade que “los desalojos efectuados sin salvaguarda de derechos han sido calificados por diversos organismos de la ONU como violaciones graves de derechos humanos y son contrarios a la legalidad internacional”.
Precisamente, el pasado 28 de enero el relator especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, declaraba tras una visita a la Cañada Real que “es necesario atender con carácter urgente la situación de desalojos forzados de las zonas de la Cañada Real y Puerta de Hierro en Madrid, y encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo a los problemas relativos al acceso a una vivienda adecuada y a los servicios en dichos lugares. Estas situaciones son simplemente inaceptables y España debería encontrar una solución integral para estas víctimas”.
Negociaciones y derribos
A pesar de la aprobación en 2011 de la Ley de Cañada y de que en los últimos meses los ayuntamientos de estas tres localidades, la Comunidad de Madrid, asociaciones y vecinos afectados han iniciado un proceso de negociación que debería desembocar en una solución para sus habitantes, en los últimos dos años se han producido al menos 15 derribos y en meses pasados numerosos vecinos recibieron notificaciones para abandonar sus viviendas. “En ningún caso se previó un alojamiento alternativo y tampoco había previsión sobre la situación social o sobre si contaban con medios económicos, de modo que tenemos casos en que los derribos han dado lugar a personas sin hogar”, explica Javier Rubio, que mantiene que “se puede decir que los derribos anteriores que no tenían estas previsiones constituyeron violaciones de derechos humanos, por lo que se puede pensar en algún tipo de medida”.
No ha sido hasta el 30 de enero cuando el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la paralización de los derribos en Cañada, vinculados a 141 órdenes de demolición, en nombre de “su voluntad inequívoca de contribuir para generar el mejor clima social posible hasta que se alcance el acuerdo marco previsto en la ley”. Casualmente, este anuncio se producía días después del requerimiento por parte del tribunal europeo y pocas horas antes de que éste pronunciara la orden de suspensión. “Hasta hoy los habitantes de Cañada nos sentíamos desprotegidos, y con esta decisión sentimos que podemos negociar con la administración con más protección”, explica Mohamed Raji.
Según Javier Rubio, “la consideración del tribunal tiene importancia no sólo para Cañada, sino también para el derecho a la vivienda. Aunque se reconoce este derecho en el artículo 47 de la Constitución, no es invocable ante los tribunales españoles, y de alguna manera la decisión del TEDH es un toque de atención sobre las autoridades españolas porque, en la medida en que no hay recursos efectivos para los ciudadanos ante estas agresiones, se está incumpliendo el Convenio de Roma y se están vulnerando los derechos humanos”.
* Diagonal - GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ - 6.2.13
Foto: Madrid, casas derribadas en Cañada Real - elpais.com
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los focos del triste espectáculo de la corrupción iluminarán a partir de mañana un nuevo escenario: Castelldefels. Agustín Marina, alcalde socialista durante 23 años, relevado discretamente del cargo por el PSC en el año 2003, declarará mañana como imputado en un hasta ahora desconocido caso en el que, según el informe elaborado por la Guardia Civil, una ilícita connivencia entre cargos públicos y un empresario pudo haber causado un perjuicio económico de 15 millones de euros en las arcas municipales. La magnitud de la cifra se comprende mejor si se tiene en cuenta que la deuda total de Castelldefels es actualmente de unos 77 millones de euros.
Marina declarará mañana ante el juez, pero en el centro de la presunta trama de corrupción destacan sobre todo otros tres imputados, el matrimonio formado por Antonio Gomà y María Dolores Irún, ambos empleados municipales que, según la investigación, acumulan «un patrimonio no acorde con sus ingresos por sus profesiones, cargos y empleos en el ayuntamiento», y Manuel Marín López, empresario supuestamente beneficiado por la trama, que terminó por contratar a Marina cuando dejó la alcaldía.
Durante la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo del 2011, según revela la investigación, el PSC, CiU y el PP recibieron una serie de cartas anónimas en las que se denunciaba muy detalladamente el caso, tanto que la sospecha general era que la garganta profunda de esas gruesas acusaciones era en realidad un funcionario municipal muy bien informado. Nadie, sin embargo, le hizo caso entonces. Pasados unos meses, Manuel Reyes, actual alcalde de la ciudad y militante del PP, recibió de nuevo esos anónimos, esta vez en su domicilio particular. Los remitió a la Guardia Civil, que, aunque con reservas iniciales, investigó a fondo las acusaciones.
* El Periódico - CARLES COLS / MAYKA NAVARRO - 5.2.13
Foto: Finca de la calle de Dolores Uribarri que la pareja promovió y luego adquirió. JOAN CORTADELLAS
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ELDIARIO/Madrid* : "Estamos ante una estafa porque todo te llevaba a acceder a la vivienda e hipotecarte". Así arrancó Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sus 45 minutos de intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. "Algunos han hecho un grandísimo negocio, como las administraciones, las inmobiliarias, y no han asumido su responsabilidad, porque el mensaje oficial del Estado era que no había burbuja inmobiliaria", prosiguió.
Han sido 45 minutos en los que el Congreso de los Diputados ha oído por vez la voz de Colau, y ha escuchado sus reproches a la desidia de los políticos durante años frente al problema de los desahucios, y también para que quedara constancia de sus propuestas, avaladas por un millón de firmas en forma de Iniciativa Legislativa Popular.
Colau afirmó "que no se firmaban contratos libremente, contratos llenos de cláusulas abusivas de las que nunca se informó, por lo que es una obligación moral reaccionar ante la violación de derechos fundamentales, incluso saltándose leyes injustas".
En este sentido, replicó a la intervención que le precedió, del vicesecretario de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero, a quien llamó "criminal" mientras mostraba sobres a los diputados. "Que la gente que nos ha hundido en la miseria diga 'no' a la dación en pago nos reafirma", argumentó.
En cuanto a las propuestas, Colau detalló "los mínimos" que recoge la ILP que se debatirá el martes en el Congreso gracias a que el PSOE ha sustituido su propuesta por la de la PAH: "No vamos a aceptar una solución sin efectos retroactivos. Que paguen los estafadores, no los estafados. Pedimos la paralización de los desahucios de vivienda habitual y de deudores de buena fe, así como la dación en pago retroactiva". Estos mínimos, "avalados por un millón de firmas" deben tenerse en cuenta, según Colau: "Si ustedes se creen la democracia y que el Congreso es un órgano de representación de esa democracia, deberían escuchar las demandas ciudadanas. Los desahucios son la mayor violencia contra el derecho a la vivienda; el Estado pone todo el aparato policial y judicial al servicio de los desahucios. Apelamos a los diputados, con nombre y apellidos, y quienes desprecien la voluntad ciudadana, serán señalados, sin violencia, pero serán señalados allá donde vayan".
Tanto la califición de "criminal" al representante de la AEB como la apelación al señalamiento de los diputados que voten en contra de la ILP de la PAH, fueron motivo de enfrentamiento entre el presidente de la Comisión, Santiago Lanzuela (PP) y Colau al final de la comparecencia. Lanzuela pidió que retirara "las ofensas". "No nos amenace", dijo. A lo que respondió Colau: "Lo que ha faltado es esta llamada de atención a quien me ha precedido".
En su intervención, Colau también insistió en que "las casas que están en manos de las entidades financieras, deben constituir el parque en alquiler social, cuya renta no debería superar el 30% de la renta familiar. Las 6.000 viviendas del fondo previsto en el último decreto son migajas".
Antes de Colau, intervinieron en la Comisión el expresidente del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada, Julio Rodríguez, y el vicesecretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.
La comparecencia de Rodríguez Pellitero fue duramente contestada por Colau posteriormente, lo que motivó el enfrentamiento entre la portavoz de la PAH y el presidente de la Comisión de Economía.
El vicesecretario de la Asociación de Banca defendió el marco legal: "No hay que cambiar la ley. Si la situación actual es consecuencia de la crisis, que es transitoria, las medidas deben ser también temporales, como las que ha aprobado el Gobierno". Rodríguez Pellitero defendió que "los desahucios no son un negocio para la banca: "Se pierde un cliente, su familia, hay que incurrir en gastos de abogados, de gestión del piso, el IBI, la comunidad, y luego montar todo un sistema de gestión del piso. Sólo cuando no queda otra opción, el banco inicia la ejecución hipotecaria, porque no hacerlo pondría en riesgo la solvencia del banco". En conclusión, según Rodríguez Pellitero: "El sistema hipotecario no es tan malo. Sí la crisis económica".
El expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, sí vio insuficientes los decretos aprobados, el de marzo de 2012 sobre el código de buenas prácticas de la banca, y el de noviembre, sobre la moratoria de desahucios: "Habría que prolongar un año más la moratoria y ampliar el campo de personas que puedan acogerse a ella. Además, el código de buenas prácticas, que permite la dación, debería ser de cumplimiento ordinario por los bancos, no como ahora. Y, también, debería rebajarse el interés de demora, que ahora está en torno al 12%: después de la moratoria, la familia se encuentra en la calle y con una deuda multiplicada".
Además, Rodríguez puso el énfasis en la falta de datos "para calibrar la magnitud del problema: las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no distinguen entre primera vivienda y segunda vivienda. Es muy pobre. Y las estadísticas oficiales tampoco se publican todas, se usan políticamente en la Cámara".
Por último, Rodríguez insistió en "modificar la ley hipotecaria sin amenazar la solvencia del sistema financiero. Lo más urgente es la reforma del procedimiento y que el código de buenas prácticas sea común en el día a día de los bancos".
* El Diario - Andrés Gil - 5.2.13
Foto: Protesta de Plataforma afectados Hipoteca en Madrid (archivo) - afectadosporlahipoteca
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20MINUTOS/Madrid* : Ecologistas en Acción y Detengamos Eurovegas tildan de "estafa" que la Comunidad de Madrid y Adelson lleguen a un acuerdo previo al concurso público.
El anuncio oficial de la ubicación de Eurovegas es inminente. Previsiblemente, este viernes la Comunidad ratificará la elección de Alcorcón como sede del complejo de casinos, hoteles y campos de golf que promueve el magnate Sheldon Adelson. La cercanía de este anuncio ha reactivado las protestas de los colectivos ciudadanos contrarios a la instalación de esta infraestructura en Madrid. "Eurovegas profundizará la corrupción generalizada en España", lamentó uno de estos grupos cívicos, Detengamos Eurovegas Alcorcón.
El número dos de Las Vegas Sands, Michael Leven, insinuó este lunes que la ubicación final de su complejo será Alcorcón, en el sur metropolitano de Madrid. "Nos inclinamos por Alcorcón, en este momento es el candidato más fuerte", aseguró Leven. Sin embargo, matizó que la Comunidad "tiene la última palabra", ya que la construcción del complejo estará sujeta a la celebración de un concurso público para adjudicar la obra, según prometió el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Sin embargo, los críticos con Eurovegas creen que este concurso es una mera formalidad: "¿De qué sirve un concurso público si la administración que lo convoca ha llegado ya a un acuerdo en particular con una empresa privada?", se preguntan Ecologistas en Acción y Detengamos Eurovegas. En su opinión, este acuerdo previo "es una estafa" a los madrileños, ya que "se impone a la ciudadanía sin informarla ni consultarla".
Por otro lado, los colectivos críticos recuerdan que los terrenos ofrecidos en Alcorcón (en La Venta de la Rubia) son terreno rústico, no urbanizable, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que invalidó un acuerdo de la Comunidad. "Se saltarían no solo el planeamiento urbanístico municipal sino la sentencia del TSJM", denuncian.
Otro motivo de indignación está en los cambios legislativos "en favor de la empresa de un multimillonario". Se refieren a la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el pasado diciembre, que incluía rebajas de impuestos y bonificaciones fiscales para una nueva categoría urbanística: los Centros Integrados de Desarrollo (CID). El proyecto de Eurovegas encaja dentro de esta categoría, por la cual se le permitiría pagar solo un 10% de sus ingresos por el juego (frente al 45% actual) y se le bonificaría por la compra de material.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 05.02.2013
Foto: Centenares de personas protestan en Madrid contra la "estafa" de Eurovegas.- (EFE)
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LAREPÚBLICA* : Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha asegurado que el Gobierno regional prepara la venta de entre 46 y 68 montes de utilidad pública de la región, mientras que la consejería de Agricultura ha asegurado que "en este momento" no se está planteando tomar esta medida. En un comunicado, los ecologistas señalan que "existe una lista" para vender "al mejor postor" montes de titularidad pública, entre los que figuran cuatro refugios de fauna.
La organización ecologista, que se opone rotundamente a esta medida, considera que esta venta supone “un intento de expolio de los bienes patrimoniales de todos los ciudadanos y un paso atrás sin precedentes en materia de protección ambiental y de gestión forestal” de Castilla-La Mancha.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura han asegurado que a pesar de que cada día se estudian cientos de medidas que contribuyan a sanear las cuentas públicas “en estos momentos, no existe un documento de trabajo” que plantee la venta de montes públicos.
Estas mismas fuentes han apuntado que esta medida puede haber sido planteada por otra comunidad autónoma, dentro del trabajo que vienen realizando para sanear las cuentas públicas, si bien, han afirmado, que en Castilla-La Mancha no se está trabajando en esta medida.
Ecologistas en Acción, por el contrario, mantiene que a lo largo de las últimas semanas han recabado datos de la iniciativa de la Junta por diversas fuentes y que, finalmente, ésta decisión le “ha sido confirmada” por el director general de Montes y Espacios Naturales en una reunión celebrado este jueves mismo.
La actuación, según los conservacionistas, se enmarcaría dentro de un plan de enajenación de bienes de titularidad pública que ha impulsado la consejería de Hacienda y en el que está colaborando la consejería de Agricultura.
Según los ecologistas, el plan ya está avanzado y ha dado sus primeros pasos, por lo que, según esta organización, “se ha elaborado una lista inicial de montes susceptibles de venta que se han seleccionado con criterios de ausencia de cargas, disponibilidad para desarrollar explotaciones forestales y cinegéticas y de dotación de infraestructuras que los puedan hacer más atractivos a posibles compradores”.
Potenciales clientes
Entre los potenciales compradores -afirma EA- ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas.
Según la organización ecologista, los montes pueden interesar a empresarios con alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos y también a latifundistas colindantes que quieran ampliar sus posesiones, a los que se les ofrecería la posibilidad de precios muy ventajosos dada la situación actual del mercado inmobiliario.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes públicos que ocupan 171.228 hectáreas de superficie, de la que se ofertarían entre 34.000 y 51.000 hectáreas.
Entre los primeros montes en venta figuran cuatro refugios de fauna toledanos, se trata de los montes el Dehesón del Encinar en Oropesa, Nava de Don Diego en los Navalucillos y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes.
Ecologistas en Acción considera que este plan incumple las vigentes Leyes de Montes (estatal y autonómica) sobre el régimen jurídico al establecer que “Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Por ello, la asociación ecologista avisa de que acudirá a los tribunales no sólo para defender la titularidad pública de estos espacios sino para denunciar a los políticos y gestores que puedan llevar adelante tan flagrante ilegalidad.
* La República - EFE - 1.2.13
Foto: Bosque público - publico
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CANARIASAHORA* : La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fijado diez sesiones para la celebración, entre los meses de febrero y mayo, del juicio contra Jorge Rodríguez, diputado del PP en el Parlamento de Canarias y miembro de la Ejecutiva regional del partido, a quien la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas acusa de dos delitos de tráfico de influencias por su vinculación en la trama del Grupo Europa. Será, por tanto, el primer caso de corrupción del PP canario de la era Soria que llegue a juicio.
El ministerio público pide un año y ocho meses de cárcel, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer todo empleo o cargo público al que fuera portavoz del PP en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007.
En un auto fechado el 28 de enero, la Sala de lo Civil y Lo Penal, que está presidida por Antonio Castro, presidente del TSJC, establece las sesiones para los días 27 y 28 de febrero; 1 y 8 de marzo; 4,5,29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo. Durante los cuatro primeros días declararán los siete imputados, entre los que se encuentran, además de Jorge Rodríguez, el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena; el de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, o el propio denunciante de la trama, Francisco Cambreleng.
Las declaraciones de los veinte testigos de esta causa tendrán lugar entre el 4 y el 29 de abril. Francisco Valido, exalcalde de Telde, prestará declaración el día 5, mientras que el 29 lo harán cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
La Sala no ha admitido que se incorporen a la causa pruebas documentales propuesta por la defensa de Jorge Rodríguez, entre las que se encontraban ejemplares de revistas y periódicos, al considerar que de las diligencias practicadas y de los escritos de calificación de las partes no se deduce la necesidad de practicar más pruebas que las ya admitidas.
Jorge Rodríguez es el acusado de mayor relevancia en este caso, que surge de una pieza separada del caso Faycán. El de nuevo diputado autónomico del PP –dimitó en 2007 después de que saltara el escándalo en Telde, está acusado de interceder en favor del Grupo Europa y cobrar por ello al menos 64.000 euros con trabajos de intermediación ante ayuntamientos canarios gobernados por su propio partido.
El fiscal Luis del Río recogió en su escrito de acusación que había constancia documentales en las cuentas anuales de la empresa Grupo Europa de los pagos al diputado entre los años 2003 y 2006, momento en el que estalla el caso Faycán, con múltiples ramificaciones en Telde.
Para el ministerio público, la actuación de Rodríguez fue determinante para que Grupo Europa resultase adjudicataria de un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.
Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas sobrepasan entre todos los acusados los 27 años de cárcel y las multas ascienden a más de 1,3 millones de euros por unos hechos considerados constitutivos de doce delitos, y que entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de PP y Ciuca pretendieron situar la política de viviendas sociales en medio de un negocio ilícito a través de la obtención de beneficios otorgando al suelo gratuito municipal un coste irreal.
* Canarias Ahora - 2.2.13
Foto:Santa Cruz Tenerife, parlamento Canarias - canariasahora
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ELDIARIO* : Hubo en tiempo en el que en España las grandes constructoras tenían una palabra que decir. La bonanza económica maceró también el enorme gasto en obra pública y las empresas del sector se adjudicaron miles de millones de euros en construcciones de tamaño e importe descomunales.
Las grandes ampliaciones del AVE; los accesos y circunvalaciones a Madrid (como el faraónico soterramiento de la M-30 o las radiales fantasma); la T-4; miles de kilómetros de autopistas... estas obras públicas son algunos de los ejemplos del negocio que se repartieron en el momento algunas grandes constructoras, en concreto, FCC, Sacyr Vallehermoso y OHL.
Estas tres cotizadas no eran las más grandes del momento, los ranking de la época señalan a ACS (presidida por Florentino Pérez) y Ferrovial como las líderes del sector, pero estas tres pasarán por otros motivos a la posteridad. Así, los nombres de los responsables de las tres constructoras aparecen manuscritos en los apuntes de caja que este jueves publicó El País como posible contabilidad en B del Partido Popular.
Según los papeles a los que tuvo acceso El País, Luis del Rivero (presidente de Sacyr) dio dos pagos de hasta 380.000 euros entre los años 2004 y 2006. Juan Miguel Villar Mir (OHL) aparece asociado a tres ingresos que suman un total de 530.000 euros en tres pagos, los dos mayores en 2006 y 2008. Por último, José Mayor Oreja, que dirige la filial de construcciones del gigante FCC, está asociado a dos pagos en 2008 que ascienden a 165.000 euros.
Lo que podría ser una donación de estos empresarios al Partido Popular suma un millón de euros en estos tres años. Una abultada cifra que queda completamente ridiculizada por la cifra de negocio que estas tres empresas manejaron solo en obra civil en España en los mismos años que se hicieron los pagos. Al menos 6.600 millones de euros.
De estas tres constructoras, la mayor es FCC y también es su cartera de obra civil la más abultada. La cifra de negocio por este concepto ascendía en 2008 a casi 3.000 millones de euros (el desglose es un cálculo de los datos que ofrecen en su informe anual de la parte de la cartera en construcción que tienen en España y la proporción de obra civil sobre el total).
Sacyr es la segunda en tamaño. En 2004, primer año en el que figura una supuesta donación de Del Rivero, la cartera de obra civil en España de esta constructora ascendía a 854,3 millones de euros. En 2006, fecha del segundo pago, superaba ya los 1.222 millones de euros.
La tercera de este trío de cotizadas, OHL, tiene una cartera más modesta pero centrada en las grandes infraestructras del transporte. La información de las cuentas de 2004 (primer año del pago) no está disponible en su página web. En 2006, la cartera de la constructora suponía ya 939 millones de euros en obra civil y en 2008, último pago, ya había sufrido los rigores del primer año de la crisis y se había recortado hasta 620,5 millones de euros.
Por el momento, los portavoces de las tres empresas han rechazado la veracidad de estos datos, aunque FCC pidió más tiempo a El País para revisar su contabilidad.
Según la ley de financiación de partidos, las empresas que tengan contratos vigentes con las administraciones públicas, no podrán hacer donaciones a las agrupaciones políticas. Cabe señalar que los apuntes recogen los nombres de estos empresarios como particulares, y no ligados a las constructoras que les respaldaban.
Además, otras constructoras pequeñas o medianas aparecen también como donantes en estos apuntes así como la cadena de supermercados de Juan Roig. En total, según los cálculos de El País (que tiene obviamente acceso a todos los apuntes contables, además de los publicados en el diario), los donativos sumarían 7,5 millones de euros.
Con excepción de Mercadona, la rara avis del listado, el resto de empresas son constructoras de mucho menor tamaño y, por lo tanto, de mucha más complicada fiscalización ya que al no cotizar en bolsa no tienen obligación de hacer públicas sus cuentas. Entre ellas aparecen los nombres de los responsables en el momento de Ploder, Bruesa, Romero Polo, Rubau, Sando o Constructora Hispánica.
En la época de la bonanza algunas lograron cifras de negocio considerables. Así, Sando llegó a ser la undécima constructora de España por cifra de negocios en 2008, superando los mil millones de euros. (Para más información ver cuadro adjunto). Por su tamaño, su negocio estaría más centrado en obra local o autonómica, y la cifra de cartera en obra pública que pudieron llegar a tener es casi imposible de calcular por la fragmentación de ese mercado.
* El Diario - Belén Carreño / Ana Requena Aguilar - 2.2.13
Foto: Sacyr, FCC y OHL construyen miles de obras civiles. EUROPA PRESS
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SALVADOR LÓPEZ ARNAU* : El juez Eloy Velasco (Audiencia Nacional) ve “indicios de cohecho y prevaricación” en la conducta de Xavier Crespo, ex alcalde de Lloret de Mar (o de Bar que diría Joan Brossa). ¿Por qué? Por su vinculación –presunta, siempre presunta- con una trama de blanqueo relacionada con “la mafia rusa”. Don Xavier, actualmente diputat de CiU en el Parlament de Catalunya -institución presidida, como es sabido, por una militante de Unió, un partido que ha aceptado haber diseñado y realizado prácticas corruptas- fue alcalde de Lloret Mar-Bar entre 2003 y 2011.
El juez se inhibirá en los próximos días a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Será esta instancia la que decidirá si le toma declaración como imputado. Los diputados, también los autonómicos, tienen la condición de aforados. En 2011, el TSJC ya recibió una querella de la Fiscalía Anticorrupción que investigaba el caso. Ni siquiera la admitió a trámite: no había suficientes indicios contra don Crespo. ¡Mecachis! ¡Qué pena!
Se arrestó el pasado lunes a un cargo público del consistorio, ahora, en el momento en que escribo, en libertad. Con cargos eso sí. Se trata del actual primer teniente de alcalde, Josep Valls, que fue responsable de Urbanismo en la etapa en la que don Crespo ejerció de alcalde. Don Valls-convergente es, además, presidente del Club de Fútbol Lloret. Se le imputan los delitos de prevaricación y cohecho.
La sospecha de la fiscalía: Andrei Petrov, el líder, el Urdangarin de esta trama, patrocinó a los equipos locales de hockey y de fútbol (unos 270 mil euros, cheques cuatrimestrales de 30 mil). ¿Por amor al deporte? No o no tan sólo. Petrov dio también “otras prebendas a cambio de recibir trato de favor por parte del Gobierno municipal en la etapa de Crespo”. Petrov, en prisión sin fianza desde el lunes, ha admitido ante el juez “que los patrocinios empezaron después de que el Ayuntamiento le otorgase la gestión del 35% de un centro comercial que construyó en la antigua plaza de toros”. El 65% restante está en manos municipales).
Las obras no están limpias. El pleno municipal del Ayuntamiento, con los votos sumados de CiU y el PP (¡qué unidos siempre en estos asuntos!), condonó el pago de 133.500 euros a Petrov en tributos. ¿Por qué? Porque las obras eran de interés general. Punto y aparte.
Crespo, y el actual alcalde de Lloret, Romà Codina, han salido en defensa de Valls. El diputado convergente dijo que pondría “la mano en el fuego” por el edil. Ya veremos cómo sale de ésta. Codina no quiso quemarse: “Pongo la mano en el fuego hasta que se demuestre lo contrario”. ¡Qué hábil! Don Artur Mas voluntat-d’un-poble, ha hecho lo mismo -y con la misma preocupación que Codina- en el caso de Crespo. Goza de todo su apoyo hasta que no se “demuestre” su implicación en la trama. ¡Son las estrategias aprendidas en Aula!
Ha habido viajes a Rusia por supuesto. Según Marc Fuertes, un edil crítico del consistorio, los desplazamientos fueron pagados por Petrov. Codina, responsable entonces de Infraestructuras, dice que no, que esos viajes los pagó el Ayuntamiento. Veremos si llegamos a ver.
Hay más, las redes convergentes-unionistas dan mucho de sí.
La fiscalía indaga además el papel que jugó “el actual secretario general de Deportes de la Generalitat en su etapa como edil de la ciudad, Ivan Tibau”. IT fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Lloret durante el mandato de Crespo y entrenador del Club Hockey Lloret. ¡Todo un secretario general!
En cuanto al dinero de la trama, la fiscalía sospecha que la red blanqueó unos 56 millones de euros en dos años “con la ayuda en parte del Gobierno de la ciudad”. Nada, una propinita.
Pero hay, además, una derivada insospechada, una curiosa coincidencia [2].
El señor ex alcalde de Lloret, el diputat Crespo, ha sido nombrado vicepresidente de una comisión del Parlament. ¿Qué comisión? La de Empresa y Empleo (la conselleria está en manos del ex de Interior, de don Felip el Puig). No se acaban las sorpresas. ¿Cuántos votos se han levantado contra este nombramiento? El de la CUP, el de David Fernández (por favor, se lo ruego: no confundir con Daniel Fernández). ¿Y quién ocupará la secretaría de la comisión? Juli Fernández. ¿De? Del PSC efectivamente. ¿Y quién ostentará la presidencia de la comisión? Rafael Luna… del PP. ¡Bingo también! El triángulo CiU-PP-PSC une sus vértices armoniosamente.
El diputat Crespo cobrará como vicepresidente de la comisión un suplemento anual de unos 5 mil euros, que se añadirán a su sueldo de 63.409 euros (dietas de desplazamiento incluidas). Unos 70 mil euros anuales en total. No está mal, nada mal.
Parece ser que Iniciativa, PP, ERC, y Ciutadans, que no votaron en contra, cargaron contra CiU y PSC por “proponer para los cargos a personas que están implicadas en casos de corrupción”. Socialistas y nacionalistas esgrimieron un argumento sofisticado: ni Fernández ni Crespo están formalmente imputados. Luego, por tanto,… la mano en el fuego hasta que no se demuestre lo contrario. El portavoz y conseller del Gobierno de los mejores privatizadores, Francesc Homs, siguió la senda del presidente Mas: “Me fío de Crespo”. Tomemos nota de todo ello.
Y la nave va… sigue yendo por otros territorios con idéntico perfume tóxico.
El juez del caso Palau ha imputado a un “dirigente histórico” de CiU -diputado hasta 2003 en los heroicos tiempos de don Jordi Pujol, el intocable- por recibir dinero del Palau. Se trata de Jaume Camps. El asunto de fondo: las aportaciones en concepto de mecenazgo de Ferrovial iban a parar en realidad a las arcas de CDC. Una generosa contrasprestación por la adjudicación de obras públicas: línea 9, Ciutat de la Justicia, polideportivo de Sant Cugat,… Nada, cuatro cositas. A las arcas de CiU… ¿y algún lugar más?
En síntesis y evitando cualquier generalización apresurada: Catalunya y España, como dicen los nacionalistas (incluyendo en España a naciones-nacionalidades como Euskadi y Galicia), hermanadas por una corrupción extendidísima. ¿A que no somos tan diferentes?
¿Se imaginan dónde se ubicarían estos casos, cuanto menos durante los primeros (y segundos) años, en el caso de que “Catalunya” tuviera estructuras propias de Estado, que fuera un nuevo (y viejísimo) Estado? Exacto, en la papelera. En el fondo, es una de sus razones: que nadie les tosa, que pueden hacer los que les venga en gana, a ellos y a las 400 familias que tan sabiamente representan.
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/29/catalunya/1359460489_338746.html
[2] http://www.eldiario.es/politica/ex-alcalde-Lloret-vicepresidente-Parlament-investigarlo_0_95540710.html
Tomo pie en las informaciones de R. CARRANCO y J. GARCÍA en el diario global-imperial [1] y también en otros medios complementarios
* Rebelión - Opinión - 1.2.13
Foto: Corrupcíon, montaje foto - terra.es
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EUROPAPRESS/Almería* : La organización ecologista Greenpeace ha urgido a la Junta de Andalucía a que actúe para retirar las competencias en materia urbanística al Ayuntamiento de Carboneras ante su "reiterada negativa" a ejecutar las sentencias en firme que le obligan a declarar como no urbanizable y espacio protegido el paraje de El Algarrobico sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol. La demanda del colectivo al Gobierno andaluz llega después de que la promotora del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones haya solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se declare el sector ST-1 suelo urbanizable en el marco del recurso que interpuso contra la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aprobada por la Junta en 2008.
Según ha informado, Greenpeace ha remitido al TSJA el escrito en el que se opone a este recurso y un segundo en el que le comunica al Alto Tribunal andaluz que el Ayuntamiento de Carboneras mantiene en su planeamiento urbanístico en vigor desde 2009 la clasificación de urbanizable para el paraje de El Algarrobico.
Cabe recordar que el TSJA ya falló con respecto a la normativa ambiental de Cabo de Gata en una sentencia firme de 11 de junio de 2012 en la que anulaba la calificación que al suelo le había dado la Consejería andaluza de Medio Ambiente y declaraba el sector en el que se levanta el hotel "espacio protegido no urbanizable". Otra resolución, en este caso dictada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2011, clasificaba el paraje en los mismos términos.
Según ha señalado la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, la Junta de Andalucía "tiene la obligación de vigilar" a los ayuntamientos en aras de que respeten la legalidad urbanística, un extremo que no se da en el caso del Consistorio carboneras, que "está incumpliendo el PORN y numerosas sentencias".
"Debe obligar a Carboneras a rehacer su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya que los pleitos sobre El Algarrobico pueden postergarse durante varios años si el Ayuntamiento sigue desobedeciendo a la justicia al considerar urbanizable esa parcela", ha advertido.
DENUNCIA DE FISCALÍA
Marcos ha asimilado esta situación a la que llevó a la Junta a retirar las competencias en esta materia al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y ha considerado que procede "hacer lo mismo". "El Ayuntamiento de Carboneras ha adoptado una postura de insumisión legal y judicial totalmente inadmisible", subrayado.
El TSJA apercibió en mayo de 2010 al exalcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, por un posible delito de desobediencia en caso de que promoviese algún tipo de actuación urbanística en el paraje de El Algarrobico.
Por otro lado, El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, denunció el pasado mes de julio al actual regidor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), ante el Juzgado de Instrucción Decano de Almería por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación en los que habría incurrido al no ejecutar las recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico y sitúan el hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas.
* Europa Press - 1.2.13
Foto: EUROPA PRESS/GREENPEACE/ARCHIVO
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LAVANGUARDIA/Tarragona* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a derruir el complejo de ocio Les Bruixes de Altafulla, con su mayoría de establecimientos cerrados, pero que aún mantiene abierto un multicine con siete salas y una cafetería. Según informan fuentes judiciales, la sentencia, que no marca ninguna fecha para ejecutar el derribo, resuelve una denuncia que en 2003 interpuso la Comunidad de Propietarios de Residencial Altafulla contra el proyecto que ese mismo año autorízó el consistorio. Los terrenos donde se encuentra el centro lúdico proceden de una modificación urbanística declarada como ilegal y de la que surgió la recalificación para construir Les Bruixes, aunque los vecinos ya habían denunciado que los terrenos carecían de la calificación necesaria y el centro no disponía de acceso desde la N-340.
La sentencia judicial es "irrevocable" y "obliga a restituir la zona alterada", por lo que el consistorio ha explicado que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se pondrán a trabajar para "encontrar una solución". Asimismo, el alcalde, Fèlix Alonso (Alternativa Altafulla), ha anunciado que se pondrán en contacto con la Generalitat "porque es ella quien dio el visto bueno de las obras" y la aprobación definitiva de las modificaciones del POUM.
Alonso ha mostrado su sorpresa por la resolución y ha recalcado que el actual equipo de gobierno es "heredero" de esta situación pues el proyecto de urbanización se llevó a cabo en 2003, cuando el alcalde era Manel Ramon (Aupa). El centro Les Bruixes se inauguró en el 2005, en principio como un gran centro de ocio con cines, restaurantes, bolera, una inmobiliaria y una tienda de golosinas, una inversión que financió y gestionó la empresa privada Altafulla-Fomexcom, que sigue como propietaria del complejo.
En mayo del 2009 el TSJC ya estimó el recurso presentado por la Comunidad de Propietarios y anuló la licencia de obras del complejo, por lo que la incertidumbre provocó el cierre de diversos negocios excepto el multicine con siete salas y la cafetería. Alonso ha lamentado la posible pérdida del cine, se ha mostrado convencido de que el consistorio no deberá pagar el derribo y ha avanzado que el Ayuntamiento de Altafulla y Urbanismo de la Generalitat se reunirán esta semana o a principios de la próxima para analizar la sentencia.
Según los servicios jurídicos municipales, la sentencia se tiene que aplicar porque solo se podría recurrir a instancias europeas, algo que han descartado.
Alonso tampoco considera que el municipio tenga que indemnizar a la empresa que tiene la concesión de los cines si finalmente son derruidos, y sería entonces un conflicto entre la concesionaria y la propietaria del edificio.
Y otro punto importante de la reunión con la Generalitat será saber qué uso se le podrá dar a aquellos terrenos, donde el consistorio tiene previsto que se instale un centro de Mercadona.
Por su parte, el propietario de las salas de cine, Joan Montserrat, ha mostrado su sorpresa por la sentencia y ha indicado que han puesto el tema en manos de sus abogados, además de señalar que el derribo conllevará la pérdida de 13 puestos de trabajo.
* La Vanguardia - EFE - 29/01/2013
Foto: Altafulla (Tarragona), centro Les Bruixes - eleconomista
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ELPAÍS* : La energía que se desaprovecha en las grandes áreas urbanas del mundo desarrollado tiene una influencia mucho mayor de lo que se suponía en la circulación atmosférica mundial. No se trata solo de que las ciudades sean islas de calor, sino de que el calor residual de las emisiones del tráfico, la calefacción, el aire acondicionado y las industrias producen cambios en la circulación atmosférica global que explican anomalías observadas a miles de kilómetros de las ciudades, pero no explicadas hasta ahora por los modelos de cambio climático.
Investigadores de varios centros estadounidenses han unido sus fuerzas para incorporar el calor que resulta del consumo de energía de origen fósil a los modelos de clima globales. Han encontrado que los efectos de este factor, tales como el calentamiento en invierno de hasta 1 grado centígrado en Rusia, el norte de Asia y la zona central de Canadá son similares a los que se han observado en la realidad durante la segunda mitad del siglo XX. También explica el enfriamiento de hasta un grado centígrado que se ha observado en Europa occidental durante el invierno.
“La quema de combustibles fósiles no solo emite gases de efecto invernadero sino que también afecta directamente a las temperaturas debido al calor que escapa de fuentes como edificios y automóviles”, explica Aixe Hu, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, (NCAR), que ha participado en el estudio, publicado en Nature Climate Change. “Aunque gran parte de este calor desaprovechado se emite desde las grandes ciudades, puede cambiar los patrones atmosféricos de forma que afecte a las temperaturas a distancias muy considerables
Dado que las mayores concentraciones urbanas se encuentran en el hemisferio Norte, el efecto se produce sobre todo en esta mitad del mundo. Además de las zonas citadas, en China hay un calentamiento de medio grado en invierno, mientras que en otoño el enfriamiento afecta extensamente a Rusia, Canadá, el medio oeste de Estados Unidos, mientras que se calienta el norte de Europa. Entre los cambios observados en la circulación atmosférica está un desplazamiento hacia el ecuador de la corriente de chorro invernal de latitudes medias, la que afecta a Europa occidental.
Aunque el efecto neto sobre las temperaturas medias globales de la energía emitida por las grandes áreas urbanas es prácticamente despreciable, a escala regional este efecto es cuantificable en algunas zonas. El calor residual total producido por la actividad humana constituye solo el 0,3% del calor total transportado en latitudes altas por las circulaciones atmosférica y oceánica, señalan los expertos citados por el NCAR.
* El País - 29.1.13
Foto: En la imagen de la Tierra vista de noche, desde satélite, destacan las concentraciones urbanas por la iluminación. / NASA
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LEVANTE/Valencia* : El documento técnico sobre actuaciones frente a inundaciones en la Ribera que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha actualizado y que somete en la actualidad a participación pública considera que el riesgo de riadas en el Xúquer es «elevado» y que representa una amenaza de primer orden. El estudio recoge el peso que para el plan contra inundaciones tiene salvaguardar los cascos urbanos de Alzira y Carcaixent y señala que ambas ciudades tienen un «déficit» de protección importante.
Más allá de la dificultad económica del momento para acometer obras, el documento pone de relieve otro problema que dificulta la concreción de una solución: el de la creciente ocupación urbana del entorno, que, en opinión de los técnicos, dificulta cualquier actuación.
Según el estudio del acondicionamiento del tramo entre Carcaixent y la autovía AP-7, la creciente presión sobre los cauces, fundamentalmente urbanística, y de infraestructuras, reduce «día a día» el espacio fluvial, y merma las funciones ambientales, la prevención de inundaciones y la prestación de otros servicios ambientales que cumple el dominio público hidráulico.
«Situación muy compleja»
Así, en el punto en el que se trata el acondicionamiento de los barrancos de la Casella, Vilella y Estret, los técnicos de la CHJ destacan «la fuerte presión urbanística que padecen, que ha reducido el espacio del que disponen, un hecho que unido a que el Xúquer impone una elevada cota de desagüe, hace que se produzcan desbordamientos en los terrenos colindantes». El problema de la presión urbanística provoca, advierten, una situación «especialmente compleja» ya que las inundaciones que han sufrido los dos núcleos urbanos han sido provocadas frecuentemente no por el río Xúquer, sino por los caudales que aportan los barrancos que drenan en su entorno o en los propios núcleos urbanos.
Además, la escasa capacidad del cauce del Xúquer provoca que, en situaciones de avenida las aguas se desborden también por la presión de barrancos y afluentes. También advierten de la presencia de otras infraestructuras aguas abajo que dificultan la solución como la propia autopista AP-7 o el ferrocarril Valencia-Gandía. «Una vez superada la cota del terraplén del ferrocarril las aguas vierten por encima y se quedan embalsadas entre el propio ferrocarril y el cordón litoral, inundando las urbanizaciones existentes en la costa». Y los daños se ven agravados por la gran duración de las inundaciones, debido a la escasa pendiente del terreno y a la presencia del cordón litoral, que dificultan el drenaje. La principal salida la constituye el Estany de Cullera, pero la presencia del ferrocarril y los espigones construidos en la desembocadura reducen la capacidad de desagüe del canal.
El estudio sitúa las presas de laminación como elemento clave
El estudio sometido a participación pública del tramo entre Carcaixent y la AP-7 asegura que en la actualidad existe un considerable riesgo de inundación en la Ribera, en buena parte por las aportaciones no controladas de los ríos Magro (aguas abajo de la presa de Forata), Sellent y Cànyoles (afluente del río Albaida aguas abajo de la presa de Bellús). Incluso a pesar de la importante reducción de caudales que se conseguiría con las presas de laminación de Sellent, Montesa y Marquesat, ésta descartada, continuaría existiendo un elevado riesgo de inundación en el tramo final del Xúquer que afectaría a numerosas poblaciones (en particular a Alzira y Carcaixent), a infraestructuras y extensas superficies de cultivo. Este riesgo elevado se debe fundamentalmente a la reducida capacidad del cauce del Xúquer y a sus características, puesto que lo definen como «un cauce colgado» respecto a la llanura de inundación. Las actuaciones del Plan Global implican un elevado coste econo?mico, «pero se ha comprobado que los beneficios serán mucho mayores en conjunto. Es necesario que esta vez las obras se acometan antes de la próxima gran riada», aseguran.
* Levante - CARLOS ALÓS - 27.1.13
Foto: Inundación del Xúquer en el tramo bajo del río, con el casco urbano de Riola al fondo. vicent m. pastor
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DIAGONAL* : Sacyr, FCC, OHL y Ploder, las constructoras cuyos presidentes donaron dinero al Partido Popular, según la filtración publicada por el diario El País, son concesionarias de cinco hospitales construidos bajo distintos modelos de financiación y gestión privada en la Comunidad de Madrid: Coslada, Parla, Sureste, Torrejón y Vallecas. En total, estas empresas cobran a la Comunidad de Madrid 45,15 millones de euros anuales en concepto de canon, según datos recopilados por la Coordinadora AntiPrivatización de la Sanidad Pública de Madrid. 27,5 van para Sacyr (hospitales de Coslada y Parla), y el resto se lo reparten entre FCC (concesionaria de parte de los hospitales de Torrejón y Sureste), OHL (Sureste) y Ploder (Vallecas).
A comienzos de 2012, las empresas propietarias de los ocho hospitales promovidos con este sistema ya habían recuperado el total de la inversión, de forma que hasta dentro de 30 años el canon supondrá un beneficio anual estimado en más de cien millones de euros.
Esta cantidad representa más de la mitad de los 83 millones de euros anuales que el Gobierno regional de Ignacio González pretendía recaudar con la tasa de un euro por receta. Por su parte, la plataforma de defensa de la salud pública Mi Salud No es un Negocio reseña que el coste a través de los cánones de estos hospitales es entre cuatro y cinco veces más caro que la gestión pública directa.
Sacyr: pioneros en Parla y Coslada
La filtración de los documentos aporta informaciones sobre supuestos pagos por parte de Luis del Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehemoso, por valor de 120.000 euros en 2004 y de 260.000 euros en 2006 a la presunta trama de pagos en B organizada por los extesoreros del Partido Popular, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Desde que ganara el concurso público en 2005, Sacyr Vallehermoso dirige el hospital de partenariado público-privado (PFI) Infanta Cristina de Parla, por el que la constructora recibe 13,7 millones de euros anuales en concepto de canon hasta que termine la concesión de 30 años firmada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En junio de 2005, la empresa, presidida entonces por Luis del Rivero, recibió la adjudicación para la financiación, construcción y explotación del Hospital del Henares, de Coslada, con un canon de 14 millones anuales durante tres décadas. La inversión inicial de la constructora en ambos hospitales ascendió a 90 millones en cada caso.
Sacyr es contratista de los servicios no sanitarios, tales como limpieza o restauración, así como de la gestión de personal, aunque el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Comunidad de Madrid en diciembre, supondrá también la gestión privada de los servicios sanitarios. En los últimos años, la empresa se ha adjudicado dos centros hospitalarios en Portugal y Chile.
OHL: el hospital del Sureste, uno de los rescatados por Aguirre
Obrascon-Huarte-Lain, OHL, es otra de las adjudicatarias habituales de obras públicas en la Comunidad de Madrid. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda durante el Franquismo, y nombrado marqués en 2011, aparece en la relación de nombres que supuestamente aportaron fondos para los pagos a la contabilidad oculta establecida por la tesorería del PP. Según la información desvelada por el diario del grupo Prisa, Bárcenas habría recibido 100.000 (2004), 180.000 (2006) y 250.000 euros (2008) de parte del marqués de Villar Mir.
Beneficiada también por el soterramiento de la M30, OHL es la concesionaria, en consorcio junto a FCC y Cajamadrid (hoy Bankia) del Hospital del Sureste, situado en Arganda del Rey. Dicho hospital fue uno de los que recibió el rescate por parte del Gobierno regional: cuando fue adjudicado, la Comunidad se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales. Sin embargo, en 2010, el Gobierno de Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa partida, en una medida que también favoreció a los otros cinco hospitales de gestión semiprivada.
No ha sido el único capote que ha echado la Comunidad a OHL: el portal Ecomovilidad denunciaba que en enero de 2012 el Gobierno regional había perdonado una penalización a OHL por el abandono de las obras del tren de cercanías a Navalcarnero.
FCC: una de las importadoras del 'modelo Alzira' en Madrid
En los documentos de Luis Bárcenas también aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008 José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción dentro del grupo de energía, construcción y servicios FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2009 la construcción y explotación del hospital de Torrejón de Ardoz durante 30 años a una Unión Temporal de Empresas formada por Asisa, Ribera Salud y FCC.
Tras la venta de la parte de Ribera Salud a Sanitas, la constructora conserva un 5% de participación, con lo cual le correspondería un canon anual de aproximadamente 6,95 millones de euros de un total de 76. Torrejón es uno de los tres hospitales construidos en la Comunidad de Madrid bajo el modelo PPP (de financiación pública y gestión enteramente privada), siguiendo el 'modelo Alzira' ya implantado en la Comunidad Valenciana.
FCC recibió anteriormente, junto con Caja Madrid, la adjudicación de la construcción y explotación a 30 años del Hospital del Sureste por un importe de 278 millones de euros y un canon anual de 10. La empresa ha construido o reformado, según su página web, hospitales en Madrid, Barcelona, Asturias, Tenerife y Santander, y ha recibido concesiones para la construcción y gestión a 30 años del primer hospital de gestión mixta de Irlanda del Norte y para la construcción de una ciudad hospitalaria en Panamá.
La empresa, presidida desde hoy jueves por Esther Koplowitz, su principal accionista, se ha beneficiado, entre otros muchos contratos, de concesiones para la construcción de más de 200 kilómetros de línea de AVE y de la mayoría de las estaciones para trenes de alta velocidad.
Sacyr en la Calle 30
Al margen de los hospitales, la historia de Sacyr ha estado ligada asimismo a las obras de soterramiento de la M-30, cuyo coste aproximado superó los 4.000 millones de euros, parte importante de la deuda de 7.000 millones del Ayuntamiento de Madrid. Sacyr forma parte de la empresa mixta Calle 30, que gestionó la construcción de la radial y resultó adjudicataria de distintos tramos, como el enlace de la M30 con la A3 (187 millones) o el soterramiento de la avenida de Portugal (166 millones).
Algunas informaciones sobre otras adjudicaciones de Sacyr: en 2009 se adjudicó un lote de acuerdos en la Comunidad de Madrid por valor de 117 millones de euros. Se trata en su mayor parte de contratos de gestión de residuos en distintos municipios de la región. Ese mismo año, Sacyr se adjudicó el concurso de ampliación de la línea 9 de Metro en Madrid por un importe de 112,5 millones de euros en consorcio con Ferrovial. En la ciudad, la constructora se hizo en 2012 con el concurso de adjudicación del servicio de limpieza urgente por un importe de nueve millones al año.
El grupo Sacyr obtuvo un beneficio antes de las deducciones por impuesto o resultado bruto de explotación (ebitda) de 399,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012.
* Diagonal - PABLO ELORDUY, GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ Y DIEGO SANZ PARATCHA - 31.1.13
Foto: Coslada (Madrid), hospital - seap
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