El ministerio público pide un año y ocho meses de cárcel, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer todo empleo o cargo público al que fuera portavoz del PP en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007.
En un auto fechado el 28 de enero, la Sala de lo Civil y Lo Penal, que está presidida por Antonio Castro, presidente del TSJC, establece las sesiones para los días 27 y 28 de febrero; 1 y 8 de marzo; 4,5,29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo. Durante los cuatro primeros días declararán los siete imputados, entre los que se encuentran, además de Jorge Rodríguez, el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena; el de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, o el propio denunciante de la trama, Francisco Cambreleng.
Las declaraciones de los veinte testigos de esta causa tendrán lugar entre el 4 y el 29 de abril. Francisco Valido, exalcalde de Telde, prestará declaración el día 5, mientras que el 29 lo harán cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
La Sala no ha admitido que se incorporen a la causa pruebas documentales propuesta por la defensa de Jorge Rodríguez, entre las que se encontraban ejemplares de revistas y periódicos, al considerar que de las diligencias practicadas y de los escritos de calificación de las partes no se deduce la necesidad de practicar más pruebas que las ya admitidas.
Jorge Rodríguez es el acusado de mayor relevancia en este caso, que surge de una pieza separada del caso Faycán. El de nuevo diputado autónomico del PP –dimitó en 2007 después de que saltara el escándalo en Telde, está acusado de interceder en favor del Grupo Europa y cobrar por ello al menos 64.000 euros con trabajos de intermediación ante ayuntamientos canarios gobernados por su propio partido.
El fiscal Luis del Río recogió en su escrito de acusación que había constancia documentales en las cuentas anuales de la empresa Grupo Europa de los pagos al diputado entre los años 2003 y 2006, momento en el que estalla el caso Faycán, con múltiples ramificaciones en Telde.
Para el ministerio público, la actuación de Rodríguez fue determinante para que Grupo Europa resultase adjudicataria de un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.
Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas sobrepasan entre todos los acusados los 27 años de cárcel y las multas ascienden a más de 1,3 millones de euros por unos hechos considerados constitutivos de doce delitos, y que entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de PP y Ciuca pretendieron situar la política de viviendas sociales en medio de un negocio ilícito a través de la obtención de beneficios otorgando al suelo gratuito municipal un coste irreal.
* Canarias Ahora - 2.2.13
Foto:Santa Cruz Tenerife, parlamento Canarias - canariasahora
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