JUAN LUIS SÁNCHEZ* : El Algarrobico. Ese gran hotel inacabado en una de las playas vírgenes de la costa andaluza, en el Cabo de Gata de Almería. Una gran ballena blanca de cemento en cuyo estómago toneladas de material de obra esperan a ser colocadas o retiradas. Una primera tentación, con más de 21 plantas y 400 habitaciones, de lo que iba a ser un complejo turístico de cientos de hectáreas. Un proyecto estelar parado al 94% de finalización de la obra porque se declara ilegal. Un laberinto judicial y político imposible de desentrañar. Una toma falsa del progreso. Una foto fija del fracaso.
El hotel es ilegal según varias sentencias: ilegal porque está construído a 14 metros de la playa. Ilegal porque el suelo forma parte de un parque natural protegido. Pero los procesos judiciales se eternizan, se acumulan los recursos, las instancias y plazos, que aparecen tras la esquina cuando ya parecía que estaba todo claro. Uno de los más importantes se ha aclarado hace dos días: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como ya hizo el Supremo, confirma que el suelo sobre el que se levanta El Algarrobico no es urbanizable.
Resumido de la manera más breve posible: la promotora Azata del Sol comenzó a construir El Algarrobico en mayo de 2003 sobre un suelo, dentro del parque natural, recalificado como urbanizable por el Ayuntamiento de Carboneras (entonces PSOE) y con el empeño de la Junta de Andalucía (PSOE) y el Ministerio de Medio Ambiente (entonces PP). Azata del Sol tenía todos los papeles en regla y apoyo político para el proyecto, que incluía varios hoteles y un complejo turístico a gran escala.
En febrero de 2006, cuatro meses antes de su inauguración y con el 94% del hotel construido, un juez ordenó la paralización de las obras porque parte del edificio estaba dentro de los 100 metros que se marcan para separar la costa del suelo urbanizado. Tras aquello, una retahíla de recursos y pleitos relacionados, hasta 36. Fue entonces cuando el Ministerio de Medio Ambiente (ya del PSOE) dio un giro y anunció que el hotel sería expropiado y el paraje restituido. La ministra que tomó esta decisión fue Cristina Narbona, con buena fama en muchos ambientes ecologistas.
Sin embargo, ni Cristina Narbona, ni Elena Espinosa ni Rosa Aguilar derribaron El Algarrobico; todas se comprometieron a hacerlo. Greenpeace tomó el hotel justo antes de la campaña electoral del 20-N de 2011, intentando que la suma de la presión electoral, los compromisos de Aguilar y el papel de Cristina Narbona como coordinadora de la campaña de Rubalcaba dieran algún resultado. Nada.
Bueno, algo: la Junta de Andalucía y el Gobierno se comprometieron a hacerse cargo del coste de una posible demolición de El Algarrobico cuando todos los cauces legales estuvieran agotados. Pero hay crisis. Demoler un edificio que a su vez ya ha necesitado una inversión millonaria suena a despilfarro.
Y ante eso, Greenpeace afirma que El Algarrobico puede ser derribado por mucho menos dinero del que en su día aseguró el Gobierno –una cifra que rondaba los 100 millones de euros– e incluso por debajo de los 8,5 que había calculado la Junta de Andalucía solo para la demolición, sin tener en cuenta la rehabilitación de la zona.
La organización ecologista acaba de proponer un proceso para “desmantelar selectivamente” el edificio sin llevar a cabo una demolición tradicional, que además es muy agresiva para el medio ambiente, basado en la participación ciudadana y con un coste de 7,3 milones de euros.
El plan que propone Greenpeace, junto al equipo de arquitectos n’Undo, es:
Convertir la playa, hasta que esté totalmente restaurada, en un “centro de recuperación del entorno”, una especie de museo participativo de lo que nunca debió ocurrir.
Organizar actividades, exposiciones, cursos, congresos e investigaciones sobre medio ambiente o, por ejemplo, para “pruebas de sismo-resistencia de edificios”.
Implicar a instituciones, colegios, empresa y colectivos sociales, con “un papel prioritario” para los de ámbito local.
Paralelamente a estas actividades, se proyecta un desmantelamiento de El Algarrobico para eliminar la parte de la construcción que deteriora el medio ambiente y recuperar el entorno.
Para todo este proceso, el proyecto calcula que se crearán “379 puestos de trabajo”. La propuesta completa puede consultarse en este enlace.
El tema del empleo es el argumento preferido para apostar, a pesar de todo, por que el hotel abra. La mayoría de los vecinos de Carboneras sigue diciendo que la apertura de El Algarrobico sería una muy buena oportunidad para darle algo de trabajo al pueblo. Esto nos decían en mayo de 2011, justo al pie del hotel, concentrados contra la última acción de Greenpeace en su interior.
Los ecologistas responden que el modelo productivo del ladrillazo no nos llevará a ningún sitio, aunque cree empleo rápido puntualmente. Que el respeto al medio ambiente nos protege del futuro. Que el lujo es una playa virgen, no un hotel de cinco estrellas.
* El Diario.es - Zona Crítica - 14.6.2012
Foto: El Algarrobico demolición - greenpeace.org
El Algarrobico: una foto fija del fracaso
Barcelona.- La Rotonda se atasca
ELPERIÓDICO* : Que la Rotonda presente un estado deplorable no beneficia a nadie. El propietario planea construir un edificio de oficinas. Los vecinos exigen más protección para el inmueble y que no se levante un mamotreto que engulla la obra modernista. El futuro alcalde, Xavier Trias, cree que sería mejor un hotel. Y el ayuntamiento implora una solución rápida para recuperar uno de los mejores señuelos turísticos de la zona alta. La Rotonda agoniza y no es ninguna broma. Núñez y Navarro tiene licencia de obra desde el 21 de enero. Pactó entonces con el ayuntamiento empezar a picar piedra en dos meses, pero la complejidad del trabajo, un presupuesto desorbitado y las dos querellas presentadas por una plataforma vecinal atascan su resurrección. ¿Hasta cuándo?
En el epicentro de la polémica aguarda un edificio de gran valor arquitectónico para la ciudad y de inmenso valor sentimental para el barrio de Sant Gervasi.
Allí todos tienen un primo, una tía abuela o un amigo que se casó en los salones del hotel que años después se convertiría, siniestra ironía, en un hospital para enfermos terminales. Todo hacía pensar que esta ocasión era la buena, que Josep Lluís Núñez, una vez conseguido el permiso, recuperaría los años gloriosos del doctor Andreu y la ciudad jardín de la avenida del Tibidabo. Pero no, un cúmulo de obstáculos están dilatando la reforma. Un portavoz de la empresa asegura que proyectos de esta envergadura «requieren un cuidado especial», y señala que, «aunque no se vea», la obra ya ha empezado con la adjudicación del andamiaje» y los «estudios técnicos previos».
El padre de la cosa, el arquitecto Alfredo Arribas, admite que hay «mucho miedo por empezar a tocar el edificio, dada su fragilidad», y adelanta que hasta que no se instale la estructura metálica de refuerzo «no se conocerá el estado real de la finca». Reconoce, además, que las «circunstancias que envuelven el proyecto -la presión de los vecinos, el elevado presupuesto, la presencia de una farmacia en los bajos- hace que todo sea un poco más complicado», y lamenta que el barrio haya sido «engañado sistemáticamente por gente con intereses personales».
Ángels Garci, portavoz de la Plataforma Salvem la Rotonda, sostiene que su intención no es «ir contra nadie», sino «luchar para que se hagan las cosas bien para luego desaparecer como un azucarillo en una taza de café». Este grupo de indignados con Núñez y Navarro ha presentado dos demandas: una contra el plan de mejora avalado por un pleno municipal en el 2008 y otra contra la aprobación de la licencia de obra.
TRIAS PREFIERE UN HOTEL // El portavoz de la compañía explica que las denuncias «no influirán» en sus decisiones porque tienen todos los permisos «y la legitimidad para sacar adelante el proyecto». ¿Y cuándo se verá actividad en la Rotonda? «Esperamos que sea antes de fin de año», profetiza, definiendo unos plazos que no sentarán nada bien en la concejalía de Urbanismo, después de que a finales de enero pactaran con Núñez y Navarro que la obra empezaría antes de dos meses.
El cambio de gobierno local puede añadir más pimienta al asunto. Xavier Trias, tras un mitin celebrado frente a la finca modernista el 9 de mayo, explicó a este diario que la Rotonda «debería ser un hotel» porque ahí «no hacen falta oficinas». «Nos sentaremos con el señor Núñez. Le conozco hace muchos años y sabe bien lo que hace», explicaba el futuro alcalde. «Todo es posible, todavía estamos a tiempo. ¿Pero lo pagará él?», responden en Núñez y Navarro. Sin calendario y con tantos interrogantes, la única víctima que paga el pato por ahora es el edificio.
Enlaces: http://salvemlarotonda.blogspot.com.es/2012/05/les-bastides-de-la-rotonda-i-la-camisa.html
* El Periódico - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL - 26.5.12
Foto: Barcelona, edificio Rotonda y nueva construccion - salvemlarotonda
Esto es patrimonio, ¿y qué?
ELPAÍS/Valencia* : Nada se ha hecho con el plan de recuperar los restos del primer molino árabe de la huerta, hallados en 1996 en Valencia.
La huerta valenciana se ensalza como uno de los pilares sobre los que se edifica el imaginario colectivo de Valencia. La huerta pudo extenderse y crecer gracias a la labor del Tribunal de las Aguas. Y, este, a su vez, ha proporcionado a la ciudad la distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Unesco reconoce que se trata de "un testimonio único de la justicia y el gobierno democrático y autogestionario de las aguas por parte de los campesinos andalusíes en el ámbito de las huertas que rodeaban las grandes ciudades de la fachada mediterránea de la Península Ibérica". Precisamente este jurado de riegos dirimía los conflictos de varias acequias, entre ellas la conocida como Rovella.
El agua de esta acequia que atravesaba el hoy denominado barrio de El Carme movía el molino árabe que se descubrió en 1996 en la calle de Salvador Giner. Se halló en un solar a raíz de los trabajos arqueológicos previos a una construcción de viviendas privadas. Fue un gran hallazgo, y como tal se celebró entonces. Un pedazo de la historia de la ciudad, de su pasado islámico; el primer testimonio material de la huerta de Valencia, una expresión de la civilización del entorno, de la sofisticación de la cultura andalusí. Se adoptaron medidas en consecuencia: se anunció su protección, se modificó el Pepri del barrio, se elaboraron distintos informes, se lanzaron proclamas políticas sobre la importancia del patrimonio…
En 2006, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver manifestó que un estudio de detalle permitiría crear un espacio libre de uso público de más de 1.100 metros cuadrados que se sitúan alrededor de las ruinas del molino islámico y en una plaza interior.
Hoy, los restos del molino de época islámica, amortizado en época califal, son más restos que nunca, como muestran las imágenes. Había que solucionar distintas cuestiones legales y procedimentales, pero nunca se ha hecho lo que se decía y nunca se ha puesto en valor el descubrimiento arqueológico. Cayó en el saco sin fondo de los proyectos publicitados pero nunca realizados, como en el plan de la muralla árabe de Valencia.
Ahora, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia va a presentar una moción que, al mismo tiempo que denuncia la situación, pretende salvar, conservar y exhibir lo que queda de molino árabe. "Es lamentable lo que ha pasado con esta joya arqueológica y pone de manifiesto el verdadero interés de los gobernantes de Valencia por su patrimonio", afirma el concejal socialista Salvador Broseta. "Y recordemos que los restos arqueológicos, declarados bien de relevancia local, se encontraron además en un ámbito también que forma parte de un Bien de Interés Cultural como es Ciutat Vella", añade el concejal.
* El País - 17.6.12
Foto: Los restos del molino árabe, en el solar lleno de maleza. / CARLES FRANCESC
Una treintena de entidades sociales rechazan el modelo urbanístico del alcalde de Sevilla
SEVILLAACTUALIDAD* : Denuncian la ausencia de diálogo en la planificación de la movilidad en el centro o la modificación del PGOU.
Hasta 27 organizaciones sociales, las que conforman la plataforma ‘Compromiso Social para el Progreso de Sevilla’, han mostrado hoy su rechazo al modelo urbanístico y de planificación viaria del alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido.
Así, según esta plataforma, el actual gobierno del Ayuntamiento de Sevilla “ha apostado durante su primer año de mandato por medidas de movilidad claramente contrarias a los intereses ciudadanos para el centro de nuestra ciudad, situándose en contra de las directrices autonómicas, estatales y europeas que inciden en la necesidad de fomentar el transporte público y la preferencia del peatón en los centros históricos urbanos”.
“La eliminación del Plan Centro, en unión a la inexistencia de una planificación alternativa destinada a limitar el tráfico y la velocidad de paso en la zona, ha significado un grave paso atrás y una clara degradación de la calidad de vida de los residentes y los usuarios del entorno. Una situación que se muestra especialmente patente en vías como Águilas, Zaragoza o Baños en las que ni siquiera se respetan unas condiciones mínimas de accesibilidad universal en el espacio público”.
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla se opone “frontalmente a la nueva regulación urbanística iniciada por el Ayuntamiento, por no estar consensuada con el movimiento ciudadano, al entender que las propuestas de modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente parecen ser concebidas para favorecer iniciativas privadas claramente opuestas al interés público así como para fomentar el acceso en automóvil privado al centro de la ciudad, situaciones graves que nos llevan a solicitar la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del PGOU”, informa en nota de prensa.
“La recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia con el fin de crear un nuevo centro comercial en la zona, así como la derogación de la prohibición de que se construyan aparcamientos rotatorios en el Centro Histórico, son transformaciones de gran calado que no pueden adoptarse sin la existencia de ningún tipo de justificación técnica y en base al consenso social, especialmente si tenemos en cuenta las graves incidencias sociales, medioambientales y económicas que ocasiona un aumento incontrolado del volumen de tráfico que accede al centro”.
“Las políticas de movilidad, tráfico y transporte tienen también un impacto en la salud de las personas”, añade. “Según el modelo de ciudad, se puede facilitar o impedir el uso de los espacios públicos, con las consecuencias que esto tiene para toda la población, pero de manera especial para la infancia (donde estos espacios son fundamentales para desplazarse andando, jugar y llevar una vida activa en condiciones seguras), las personas mayores y de movilidad reducida”.
“Una adecuada política de movilidad, tráfico y transporte, se asocia a una reducción de lesiones por accidentes y a una disminución del impacto negativo en la salud de la contaminación atmosférica y acústica. Pero va aún más allá, ya que facilita la actividad física (caminar, jugar, etc.) y la cohesión social, permitiendo espacios para compartir entre niños, niñas, personas adultas y mayores”, entiende la plataforma.
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla se opone, también, “de manera directa a las políticas desarrolladas en nuestra ciudad que se está dando la espalda a los intereses de los ciudadanos a través de iniciativas como la construcción de un aparcamiento en la Alameda de Hércules o la eliminación de obras aprobadas para todos los distritos de la ciudad por valor de 30 millones de euros con el fin de construir la SE-35 a través de un parque público”.
Por otro lado, considera que las políticas de movilidad “deben afrontarse desde una perspectiva global, más allá del casco histórico y atendiendo al conjunto de barrios, distritos y espacios industriales de la ciudad, de sus déficits y retos a medio plazo para mejorar la accesibilidad, la movilidad de las personas y facilitar el desarrollo económico y la generación de empleo”.
“En este sentido, y desde la necesidad de apostar por el mayor de los consensos en cuestiones de tamaña envergadura y trascendencia para la ciudad, reclamamos al Ayuntamiento que apueste por la elaboración participativa de un Plan General de Movilidad Urbana Sostenible. Queremos hacer mención, de igual forma, a la capacidad de la movilidad sostenible como sector emergente y potencial generador de miles de empleos, tal y como resalta la propia Estrategia Europa 2020”, sostienen.
* Sevilla Actualidad - 19.6.12
Foto: Denuncian la estrechez calle Feria - sa
Cambiazo urbanístico en Valladolid
ELPAÍS* : Alguien le dio el cambiazo al urbanismo de Valladolid. Una o varias personas modificaron más de 60 artículos y cinco planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 una vez este ya había sido aprobado. Lo hicieron pensando que nadie se daría cuenta de ello. Y casi lo consiguen. Es un hecho peculiar entre los muchos casos de corrupción urbanística que han castigado a España y afecta al alcalde León de la Riva, el más lenguaraz de cuantos alcaldes tiene el PP en las capitales de provincia. Acostumbrado a hablar más de la cuenta y a patinar con sus comentarios sexistas, calla en este caso: acaba de ser imputado por un juez y tendrá que declarar el 12 de julio.
El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.
El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.
El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.
El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.
Otro caso: el artículo 368. Se refiere a otros usos que se le pueden dar a las edificaciones. Esta vez aparece un párrafo nuevo, que dice lo siguiente: “En Industria urbana en edificaciones catalogadas se admiten también usos de comercio y servicios, hostelería y hospedaje hasta el 100%”. Esta inclusión parece hecha a la carta para que la antigua fábrica de Harinas La Perla, situada en el desagüe del Canal de Castilla y construida en 1851, recibiera licencia en 2006 para transformarse en un hotel de cinco estrellas. Lo que es curioso en este caso fue que el propietario de dicha fábrica solicitó que en el plan general se permitiera la recalificación de la fábrica para uso hostelero y fue denegada en 2002. ¿Qué pasó para que en aquel día de 2003 se permitiera lo que se había denegado con anterioridad?
Y así hasta más de 60 artículos y cinco planos del texto aprobado. La justicia trata de desentrañar dos cuestiones en este asunto: quiénes lo hicieron y a quiénes favorecieron. Porque el Ayuntamiento no se ha beneficiado de casi ninguna de estas modificaciones. Más bien, al contrario. De hecho, hay tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan 11 artículos y 5 planos.
¿Qué ha tenido que ver el alcalde de Valladolid con todo esto? ¿Dónde podría intervenir si son cuestiones áridas y técnicas, propias de expertos? Podría decirse que León de la Riva es un verso suelto en el PP, si no fuera porque sus declaraciones más llamativas poco tienen que ver con la gestión política. León de la Riva tiene un concepto muy discutible de la dialéctica, sobre todo cuando se refiere a sus rivales y máxime si estos son mujeres. Compañeras de partido le han afeado la conducta, pero no han conseguido que rectifique. El último exabrupto es de hace unos días, cuando hizo una alusión a la cartera básica de servicios en la sanidad púlica y añadió que deben quedar fuera “los cambios de sexo y el trasplante de cerebro”.
Ginecólogo de profesión, se le atribuyó en su día, en las filas de su propio partido, no tener más méritos que ser el ginecólogo de Ana Botella, la mujer de Aznar, de quien fue consejero de Cultura en la Junta. Lleva en la alcaldía de Valladolid desde 1995. Es uno de los diplodocus del PP en las capitales y logró salvarse de una renovación cantada en las pasadas municipales, en las que obtuvo su mejor resultado electoral.
El alcalde no quiso hacer declaraciones a este periódico, pero fuentes municipales añaden que los errores en el plan “han sido subsanados antes y después de la sentencia de 2005” y que se hizo una investigación interna cuyos resultados fueron enviados a la policía judicial.
León de la Riva se ha vanagloriado de muchas cosas en Valladolid. Y una de ellas es que no se mueve un papel en el municipio sin su conocimiento. Un religioso que ha testificado en el proceso confesó que el alcalde sabía lo que estaba pasando a cuenta de una modificación en un terreno de Cáritas que permitió edificar un aparcamiento subterráneo.
El polémico ático de León de la Riva
A León de la Riva le persiguen las denuncias por casos urbanísticos de un tiempo a esta parte. Al menos desde 2006, cuando se supo que un hijo suyo había sido favorecido con un piso en un sorteo de una promoción de 1.713 viviendas de protección oficial conocida como Villa del Prado. En aquel entonces, el alcalde se limitó a asegurar que su hijo vivía emancipado y que había tenido mucha suerte en el sorteo.
Sin embargo, poco después, se vio involucrado en otro caso que aún tiene pendiente cuentas con la justicia. Por su condición de alcalde, León de la Riva era vicepresidente de Caja Duero, entidad bancaria que poseía un edificio en uno de los mejores puntos de la ciudad, el paseo José Zorrilla. La entidad bancaria vendió ese inmueble a una constructora para su reconversión en un lujoso edificio de viviendas y oficinas, coronado por una serie de áticos. Entre quienes acudieron a reservar vivienda se encontraban conocidos futbolistas, como Fernando Hierro y Raúl, y vecinos notables de la ciudad. Pero también acudió el alcalde, que se compró un ático. Fue un viernes cuando se aprobó la licencia para la remodelación del edificio (en la que el alcalde no se abstuvo) y fue el lunes cuando el alcalde obtuvo una hipoteca de la entidad Caja Duero para adquirir el inmueble.
Desde que se aprobó la remodelación, el edificio no ha dejado de sufrir percances. Primero fueron una serie de denuncias presentadas por las combativas asociaciones de vecinos de la ciudad: el inmueble tenía exceso de edificabilidad (a los áticos originales se les añadieron otros áticos, que eran unos antiguos trasteros), alteración de fachadas y cambio de usos. Esas denuncias motivaron tres sentencias favorables del Tribunal de Justicia de Valladolid. Sentencias que exigen, entre otras cosas, el derribo de los áticos. Naturalmente, los propietarios pedirán las correspondientes indemnizaciones al consistorio por otorgar una licencia que tenía tantas irregularidades. Ahora la fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias y va a estudiar si se aprecia delito en la conducta del alcalde. En este episodio están presentes técnicos y concejales imputados en el caso del Plan General.
* El País - LUIS GÓMEZ - 18 JUN 2012
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Los urbanistas cargan contra el proyecto Eurovegas y cuestionan su legalidad
ELPAÍS/Barcelona* : Tres organizaciones profesionales de urbanistas han consensuado un manifiesto en el que se cuestiona que el macroproyecto de Eurovegas encaje en las leyes y el planeamiento urbanístico vigentes, arrementen contra la Generalitat por el procedimiento que ha seguido hasta ahora y alertan de que la situación de excepcionalidad no está justificada. El manifiesto, que esta mañana ha sido debatido durante un concurrido debate en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (Coac), lo firman la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña, la Asociación Española de Técnicos Urbanistas y la Sociedad Catalana de Ordenación del territorio, adscrita al Institut d'Estudis Catalans.
La sala de actos del COAC se ha quedado pequeña para albergar el debate sobre un proyecto que ha recibido el primer bofetón por parte del decano, Lluís Comerón, sobre la falta de transparencia del Gobierno de Artur Mas al respecto: "No han respondido a nuestra petición de información". Tras dos horas de duras intervenciones, todas contrarias al proyecto menos una, y reiteradas peticiones a Comerón para que se posicionara, el decano ha manifestado que el colegio "hace suya la voz escuchada durante el debate": "De lo que conocemos, no estamos a favor, pero no nos posicionaremos definitivamente hasta que no conozcamos el proyecto", ha dicho Comerón, que ha advertido: "Presenta muchos problemas y habrá que ver si, además de legal, es legítimo".
El representante de la Agrupación de Arquitectos, Xavier Matilla, ha sido el primero en intervenir y ha aprovechado la para presentar públicamente el documento de los tres colegios profesionales. De manera muy gráfica ha definido Eurovegas como “triple nini: ni es de interés público, ni atiende a principios éticos urbanísticos, ni ha sido sometido a pruebas de transparencia”.
Los urbanistas aseguran en el texto que en actual momento de crisis económica es preciso más que nunca, la correcta planificación del entorno y reclaman la vigencia de la llamada Declaración Brundtland de 1987, que considera el desarrollo sostenible aquel que no compromete a futuras generaciones. También reclaman un turismo de calidad como un valor añadido del urbanismo y alertan de que nada justifica que se empleen procedimientos de excepcionalidad en la planificación del territorio con el argumento de que se trata de situaciones de singularidad.
Los firmantes recuerdan que, de ser cierta la ubicación del macroproyecto entre los términos de Viladecans y Sant Boi, se vería afectado el 27% de las 2.938 hectáreas que ocupa el parque agrario del Baix Llobregat, creado en 1998 y que tiene entre sus objetivos la promoción de los usos agrícolas como una inversión de futuro.
El manifiesto se pregunta en qué consistiría realmente Eurovegas, qué edificabilidad tendría el proyecto, qué infraestructuras comportaría, qué consumos de recursos se prevén y qué nivel de emisiones y fuentes de energía se emplearían. También se interrogan sobre cómo se justificaría el interés público de la actuación, cómo se garantizaría la lealtad entre la Generalitat y los Ayuntamientos afectados y cómo se realizaría la evaluación de impacto ambiental.
Finalmente, las tres asociaciones de urbanistas preguntan en cuántas fases se ejecutaría el proyecto, en qué momento está previsto someterlo a información en los municipios afectados y qué tiempo se prevé de tramitación. Tampoco se deja pasar la ocasión para interrogarse sobre qué ubicaciones se han barajado hasta ahora y bajo qué principios o criterios.
Entre las intervenciones de este mediodía en el COAC, las de los juristas expertos en urbanismo Agustí Jover -que ha dicho que la falta de transparencia le impide estar a favor o en contra, pero ha exigido que se cumpla la ley- y Carles Pareja. Este ha alertado de que por restrictivas que sean las leyes, se pueden modificar: "Nada impediría que se hiciera una ley a medida de Eurovegas, como ocurrió con Port Aventura”, ha dicho, y tras mostrar la "inquiedud" que le suscita el silencio de la Generalitat y ha vaticinado que pese a la protección de la que goza, a los propietarios del parque agrario "se les expropiará a valor de suelo rústico", y todos contentos. Pareja se ha mostrado confiado en que la ley europea que "prohíbe que las Administraciones puedan favorecer a un determinado grupo privado en pro de la libre competencia" paralicen el proyecto.
El geógrafo Francesc Muñoz ha puntualizado que si bien es cierto que se tiene poca información del proyecto "sí tenemos mucha información muchísima sobre el impacto que este tipo de proyectos XXL, king size o urbanismo fast food tienen en el territorio". Muñoz, autor del concepto urbanalización, la banalización de las ciudades ha criticado sin tapujos "unos proyectos que dialogan poco o nada con el entorno, son islas de actividad que generan urbanismo especializado, lejos de lo que se defiende desde las propias Administraciones". El geógrafo ha alertado, finalmente, de que ha costado décadas que Barcelona y Cataluña se hayan convertido en referentes europeos líderes en urbanismo y paisaje. La bióloga Anna Zahonero ha hablado de Eurovegas como "artefacto sobre el territorio" y ha hablado de la insostenibilidad de los consumos de agua o energéticos que conllevaría el macrocomplejo, además de recordar que el estado donde se encuentra Las Vegas, Nevada, bate récords en índice de paro.
Desde la fila cero de arquitectos, Xavier Monteys ha ironizado que Barcelona "se ha ganado a pulso el proyecto queriendo ser olímpicos y hacer el Fórum"; Àgapit Borràs ha alertado de la fragilidad que podría tener la protección del delta del Llobregat y ha rechazado el discurso que defiende Eurovegas por la creación de puestos de trabajo: "en estos casos alguien se enriquece pero el territorio se empobrece".
Solo la intervención ha defendido el proyecto. Entre abucheos, una joven arquitecta ha preguntado dónde hay que dirigirse si Adelson adjudica Eurovegas a Barcelona: "A mi me interesaría", ha dicho antes de salir de la sala.
* El País - PERE RÍOS / CLARA BLANCHAR Barcelona 20 JUN 2012
Foto: Los terrenos agrícolas al entorno del Llobregat destinados para edificar Eurovegas. / CARLES RIBAS
El fiscal pide un año de cárcel para el ex alcalde de Olocau (Valencia) por delito urbanístico
EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Valencia solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el ex alcalde de Olocau José Agustín Agustí por un delito contra la ordenación del territorio, según consta en el escrito de calificación provisional.
El ex edil ya fue condenado anteriormente, en el mes de marzo, por un delito similar a cumplir dos años de cárcel y a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El ministerio público también solicita para el ex edil, quien presentó su baja voluntaria del PSPV tras ser condenado en marzo de 2012 por un delito de prevaricación urbanística, ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, además de que pague una multa de 5.400 euros.
Según consta en el escrito de calificación, una persona solicitó en marzo de 2005 al Ayuntamiento de Olocau licencia de obras para la instalación de una línea de suministro de energía eléctrica compuesta por dos líneas aéreas de media y baja tensión, y un centro de transformación, para prestar suministro de electricidad a un conjunto de viviendas ubicadas en la partida Escopar y Plá de Horcán de las localidades de Olocau y Marines.
Esta persona acompañó a su solicitud un "simple" presupuesto de las obras y sin proyecto técnico de ninguna clase, tal y como consta en el mismo escrito. Esta petición dio lugar a un expediente en el consistorio, en el que el arquitecto técnico manifestó que los terrenos sobre los que se pretendía realizar la obra estaban en suelo no urbanizable protegido de predominio forestal, y que el otorgamiento de licencia requería informe previo favorable de la conselleria, así como proyecto técnico y estudio de impacto medioambiental.
El acusado, en su condición de alcalde de Olocau, a sabiendas de la existencia de este informe del arquitecto, y sin que se hubiera aportado el informe previo de la conselleria ni se hubiera realizado el proyecto técnico ni el estudio de impacto medioambiental, dictó en febrero de 2006 un decreto acordando otorgar la licencia solicitada. Por ello, se llevó a cabo la instalación eléctrica.
Se da la circunstancia de que el ministerio fiscal presentó este escrito fiscal el mismo día en que el juzgado de lo Penal número 17 de Valencia condenase a Agustín a dos años de prisión y a 10 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Ilícita acción
En este caso, según consta como probado en la sentencia, el acusado concedió en diciembre de 2005 a su esposa una licencia de segregación para ocho parcelas, que pertenecían a la sociedad de gananciales de ambos.
Ese mismo día, "a sabiendas de su ilícita actuación", dictó un nuevo decreto en el que concedía otra licencia de segregación sobre las mismas parcelas a una persona, y luego concedió a una mercantil licencia de obras para llevar a cabo la construcción de ocho viviendas unifamiliares en las parcelas, "a sabiendas de que éstas no gozaban de la condición de solar".
En enero de 2006, el acusado y su esposa vendieron las parcelas a una persona y a su mujer por 283.000 euros, mientras que las adquirieron por 103.260 euros, con lo que el beneficio obtenido, mediante la concesión de la licencia de segregación y la licencia de obras, fue de 179.740 euros.
Sobre estos hechos, el acusado alegó no haber actuado con intencionalidad o ánimo de delinquir, y justificó la solicitud de la licencia por parte de su esposa en que era primera propietaria, y añadió que cuando ésta pidió la licencia, las parcelas ya estaban vendidas a la otra persona.
Frente a ello, el juez entendió que si las parcelas ya eran propiedad de otra persona, carecía de toda lógica que fuera la mujer la que solicitara la licencia de segregación. Además, consideró "suficientemente acreditado" que el acusado era conocedor de la condición de suelo urbanizable no programado, por lo que le condenó a cumplir dos años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público.
* El Mundo - EP - 17.6.12
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es
Desahucios: modificada la ley, vale la trampa
ELPAÍS* : Es legal, pero a los abogados que intervienen en las subastas les parece una burla. En julio de 2011, tras meses de presión popular, se aprobó un real decreto por el que se elevó hasta el 60% del valor de tasación el precio mínimo por el que las entidades bancarias podían adjudicarse las viviendas que salían a subasta pública por impago de la hipoteca. Hasta ese momento, si la subasta quedaba desierta, y eso ocurría casi siempre, el banco podía quedarse el piso por el 50% del valor de tasación. Pues bien, hecha la ley, siempre cabe la trampa. O la triquiñuela. Muchas entidades financieras siguen adjudicándose la vivienda por el 50% del valor de tasación, y no por el 60%, gracias a una argucia legal que consiste en hacer que puje también por el inmueble una sociedad filial de la propia entidad.
La reforma aprobada en julio pasado se aplica únicamente a los casos en que el bien subastado es la vivienda habitual. Eso significa que las entidades financieras que recurren a esta treta lo hacen a costa de perjudicar gravemente a los desahuciados más pobres, aquellos que no poseen otros bienes con los que salir al rescate del piso en el que viven. “Hay que decir que el procedimiento es legal, pero en la práctica permite dejar sin efecto la reforma, que se hizo precisamente para aliviar la situación de quienes no pueden pagar”, explica Andrés Domínguez Luelmo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.
Desde que comenzó la crisis se han realizado en España más de 150.000 ejecuciones hipotecarias y hay otras 300.000 en curso. No se sabe cuántas de ellas afectan a viviendas habituales, pero todo indica que la cifra es socialmente importante. Hasta hace poco la mayoría de las subastas quedaban desiertas porque no había inversores dispuestos a pujar por una vivienda que difícilmente podían vender. En ese caso, la entidad podía adjudicarse directamente el inmueble, pero por el 60% del valor que le atribuyó al conceder la hipoteca. Bancos y cajas han encontrado, sin embargo, un resquicio para eludir la reforma en el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50%, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. En realidad, no hay otro aspirante. Son ellos mismos, pero con una personalidad jurídica distinta. Hacen que concurra a la subasta una filial que puja por la vivienda por una cantidad inferior, de modo que el banco se la pueda quedar por el 50% más un euro.
El portal inmobiliario Idealista denunció esta situación en su boletín y diferentes fuentes judiciales han confirmado este proceder por parte de las entidades financieras. Casi todas han creado en los últimos años sociedades inmobiliarias que actúan en la práctica como “bancos malos” en los que concentran los activos inmobiliarios tóxicos. En este caso, además de actuar como “bancos malos” hacen daño a alguien de verdad.
“Es claramente un artificio. La entidad recurre a una inmobiliaria filial para poder quedarse con el piso por un 10% menos de lo que tendrían que aceptar en caso de que la puja quedara desierta”, explica el profesor Domínguez Luelmo. El reverso de la moneda es que el desahuciado seguirá debiendo al banco un 10% más de lo que le debería si la subasta hubiera quedado desierta.
“Cuando se modificó la ley hace un año”, señala el profesor Domínguez Luelmo, “se dejó sin tocar el artículo 670.4, seguramente por un descuido del legislador. Bastaría con modificarlo para establecer también el mínimo del 60% y propongo que se haga”. El profesor Ramón Falcón y Tella, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, entiende que las entidades financieras, dadas las graves dificultades que atraviesan, necesitan también ayuda y protección, pero cree que en este caso se produce una incongruencia legal que deja sin efecto la reforma y que perjudica gravemente a los desahuciados.
Si alguien ha llegado hasta el punto de que su casa sale a subasta, es porque se encuentra realmente en una situación límite. Cuando el comprador tiene alguna posibilidad de pago, las entidades suelen avenirse a revisar los plazos del préstamo y diferir la devolución porque, como indica una portavoz de la Asociación Española de Banca, tal como está el mercado de la vivienda, “resulta mucho más acorde con la actividad e intereses de la entidad la continuidad del préstamo que la adjudicación del inmueble”. Pero cuando no hay perspectiva de poder cobrar, instan la ejecución de la garantía hipotecaria, una opción que la asociación considera “no solo legítima”, sino necesaria, para “proteger la solvencia de la entidad y los intereses de sus depositantes y accionistas”.
Ese 10% de ganancia no es la única ventaja que obtienen bancos y cajas, según el profesor Falcón y Tella, al recurrir a este procedimiento. Para poder pujar en la subasta, el postor ha de depositar previamente el 20% del valor de tasación del inmueble. Pero en este caso, a la filial inmobiliaria le basta con presentar un aval bancario que le concede el propio ejecutante, con lo que puede pujar sin coste alguno.
Una vez ejecutada la subasta, el banco tampoco se queda con la vivienda. “Jurídicamente la entidad financiera nunca llega a poseer el inmueble, porque en el momento de la adjudicación cede el remate de la subasta a la sociedad filial”, explica. Con ello logra dos beneficios adicionales: por un lado, evita que el inmueble figure en su balance y tener que provisionar el capital correspondiente; por otro, como las filiales inmobiliarias normalmente declaran pérdidas, pueden obtener ciertos beneficios fiscales, por ejemplo deducirse el IVA.
El magistrado José María Fernández Seijo, titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, corrobora esta manera, legal pero discutible, de proceder, y resalta la injusticia que acarrea. “Muchas de las viviendas que ahora salen a subasta fueron compradas en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Y muchas fueron tasadas a precios no solo muy superiores a los de su actual valor de mercado, sino superiores incluso al valor de mercado de entonces”.
Los compradores tienen su parte de responsabilidad, pero todo el sistema inducía a la sobrevaloración porque se daba por hecho que los precios seguirían subiendo. “Los directores y empleados de las oficinas bancarias tenían fuertes estímulos para colocar hipotecas a cualquier precio”, indica el profesor Falcón. “En muchos casos se hicieron valoraciones al alza para cubrir también los costes de tramitación y otros gastos”, añade. Se llegó a tal punto de descontrol, que cuando el comprador era un inmigrante y no tenía avalista, la propia entidad le ponía en contacto con otro inmigrante que quería comprar también una vivienda, para que se avalaran mutuamente.
“Ahora nos encontramos con casos de avalistas cruzados que ni siquiera se conocían”, explica Fernández Seijo. El magistrado ha conocido incluso un caso de venta simultánea de cuatro viviendas, en la que cada comprador firmó como avalista de los otros tres. Ahora, algunos avalistas han perdido su casa, no porque no pudieran pagar su hipoteca, sino por no poder hacer frente al aval que firmaron para cubrir a otro comprador.
El problema es que, cuando el secretario judicial da por concluida la subasta, el drama no ha terminado, como muy bien sabe Montserrat Serrano, abogada del colectivo Ronda de Barcelona. “Con la subasta no se liquida el procedimiento. Este seguirá abierto hasta que el comprador salde toda la deuda”, explica. Como durante los primeros años la mayor parte de lo que se paga en la cuota son intereses, cuando el piso llega a subasta todavía queda por pagar la mayor parte del capital concedido. De modo que, cuando el banco se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación, el comprador pierde la casa, pero sigue debiendo una parte importante de la hipoteca.
A esa cantidad se añaden encima las costas de la ejecución judicial y los intereses de demora, con lo que la deuda final pendiente puede ser superior al valor por el que se lo ha adjudicado el banco. Y de esa cantidad habrá de responder el desahuciado con todos sus bienes, presentes y futuros. “Muchos de ellos salen del juzgado con el salario embargado de por vida. Y si no tienen trabajo, saben que cuando lo encuentren, les embargarán una parte de lo que cobren”, señala Montserrat Serrano.
Para rescatar a los casos más dramáticos, el Gobierno presentó hace unas semanas un Código de buenas prácticas en el que se insta a las entidades bancarias a aceptar voluntariamente la dación en pago en casos de grave riesgo de exclusión social. Es decir, que en último término, con la entrega de la vivienda quede saldada toda la deuda.
Aunque este código pueda ser un alivio para los pobres de solemnidad, las fuentes jurídicas consultadas dudan de que vaya a tener mucha incidencia, pues la dación en pago queda restringida a aquellos casos en que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y las cuotas de la hipoteca superen el 60% de los ingresos de la familia, que no podrán proceder de rentas del trabajo o de actividades económicas. Eso significa que esta posibilidad queda prácticamente limitada a los perceptores de subsidios públicos. Además, las viviendas no podrán estar tasadas por encima de 200.000 o 120.000 euros, según los casos.
Para todos los demás, las cosas seguirán igual. Es decir, mal. O muy mal. Porque no parece que, entre las prioridades del Gobierno, figure una fórmula para que, además de ayudar a las entidades financieras a resolver el enorme agujero que han acumulado, se pueda buscar una fórmula para rescatar también a quienes ahora son víctimas de sus malas prácticas.
El caso de Mohamed Aziz y los intereses de usura
Cuando el secretario judicial da por concluida la subasta, comienza para muchos desahuciados una nueva pesadilla que puede alterarles el suelo de por vida: pagar lo que aún queda de la deuda y que no es solo lo que quede pendiente de la hipoteca. A esa cifra hay que añadir los intereses de demora que la entidad ha ido cargando sobre la deuda como si fuera una máquina registradora desbocada y que pueden llegar a doblar la deuda pendiente.
Ríete de la prima de riesgo, dicen los abogados. Ya querrían muchos desahuciados la tasa de interés que pagamos entre todos por la deuda pública o el interés que soportan los bancos para financiarse en el mercado. Si un interés del 7% es insoportable para un país, ¿cuál es la cifra soportable para una economía familiar en quiebra? Pues los desahuciados, además de perder la vivienda, han de afrontar unos intereses de demora que oscilan entre el 19% y el 25%. Empiezan a contar desde que se deja de abonar la cuota y se suman de golpe a la deuda cuando termina la subasta. La ejecución de una hipoteca puede tardar, según Beatriz Corredoira, asesora jurídica del Consulado de Ecuador en Barcelona, entre un año y medio y dos años y en algunas ciudades con mayor atasco, como Rubí, hasta tres.
“La ley permite que los intereses de demora sean altos para desincentivar el incumplimiento en el pago de las cuotas, pero cuando alguien realmente no puede pagar, resultan abusivos”, sostiene el profesor Ramón Falcón y Tella.
El magistrado José María Fernández Seijo considera que los intereses de demora que se aplican en España son claramente desproporcionados y por eso ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que se puede estar vulnerando una norma comunitaria; en concreto, la directiva que protege a los consumidores frente a cláusulas abusivas. Alega además que el sistema de ejecución que se aplica no facilita el control de oficio por parte del juez y deja al deudor en situación de indefensión.
El caso que el magistrado ha planteado ilustra bien un fenómeno que podría calificarse de usura. Se trata de una ejecución hipotecaria instada por La Caixa d’Estalvis de Tarragona (ahora integrada en Catalunya Caixa) contra Mohamed Aziz, un marroquí que vivía en España desde 1993 y que en julio de 2007 suscribió un préstamo hipotecario sobre la vivienda que había adquirido en Mataró, tasada en 194.000 euros.
Era, como tantos otros, un préstamo a muy largo plazo, con cuotas de unos 600 euros mensuales. La última estaba prevista para el año 2040, pero apenas un año después, estalló la crisis y Mohamed Aziz no pudo hacer frente a los vencimientos. Desde el momento de formalizar el préstamo hasta que dejó de pagar, 10 meses después, había pagado 6.656 euros de intereses ordinarios y había amortizado 1.325 euros del capital. En marzo de 2009, cuando se inició la ejecución hipotecaria, la entidad le reclamó una deuda de 139.764 euros, más 41.902 euros de intereses de demora y costas judiciales. La primera cuota impagada ascendía a 620 euros, la segunda a 822, la tercera a 861, y así, sucesivamente.
La subasta se convocó en julio de 2010 y quedó desierta, por lo que la caja se quedó el piso por el 50% de su valor de tasación, es decir, por 97.200 euros, de modo que cuando en enero de 2011 Mohamed Aziz fue “lanzado” finalmente de la vivienda, había perdido su casa y seguía debiendo más de 40.000 euros del capital pendiente de amortizar más otros 42.000 euros de intereses de demora y costas judiciales.
* El País - MILAGROS PÉREZ OLIVA 18 JUN 2012
Foto: Edwin Jiménez Pimentel asiste a su desahucio en Madrid. / ÁLVARO GARCÍA
Málaga arriesga decenas de millones en operaciones inciertas
ELPAÍS* : La reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha condenado al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con 19,9 millones de euros a una promotora, es por si misma un varapalo para el Consistorio, que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero la resolución es un sumando más en una larga lista de actuaciones y decisiones del equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre que implican un alto coste para las arcas municipales y con resultados muy inciertos, que llegan a poner en cuestión en algunos casos su utilidad, y que en algunos casos además son objeto de litigios judiciales. Algunas, como la compra del edificio que ocupa una de las manzanas de la emblemática Plaza de la Merced, o el frustrado museo de las gemas en Tabacalera han sido apuestas muy arriesgadas, que suman más de 50 millones de euros, sin que el Ayuntamiento sepa aun que hacer con ambos.
En el caso de la sentencia en cuestión, se ha penalizado la negligencia del Consistorio en cumplir los plazos de ejecución de una obra, por las consecuencias que ello ha tenido en los intereses de la promotora Baensa, que reclamó al Consistorio 18,3 millones de euros de compensación por el daño patrimonial causado, cantidad a la que se suma 1,6 millones en concepto de actualización del IPC. Baensa compró en noviembre de 2007 un solar junto al antiguo mercado de El Carmen donde proyectó levantar 200 viviendas, oficinas y locales comerciales. Entonces faltaba un mes para que el Ayuntamiento terminara las obras del nuevo mercado, y liberara así el antiguo, que iba a demolerse. Hasta octubre de 2011, casi cuatro años después, no entró en funcionamiento el nuevo mercado. Antes, en 2010, Baensa ya puso la reclamación judicial al consistorio, después de que este le negara la compensación que le pidió en primera instancia, porque al no poder disponer de toda la parcela, no pudo construir la promoción ni hacer frente al crédito hipotecario que tenía con Unicaja. A finales de 2009, Baensa negoció el traspaso de la finca.
Esta es una relación de alguna de estas operaciones de alto coste económico y resultados inciertos en las que está embarcada el consistorio.
Cines Astoria y Victoria. La compra del edificio de los cines Astoria y Victoria, una de las manzanas de la Plaza de la Merced, ha costado al Ayuntamiento 20,7 millones de euros, de los que la mayor parte (10,6 millones) se abonó en suelo y 9,9 millones en efectivo. En la operación, firmada en octubre de 2010, se pactó que el Ayuntamiento también abonaría una cantidad para compensar a la vendedora por los “gastos inútiles” realizados en la tramitación, elaboración de proyectos y comercialización de una promoción de 45 viviendas que contaba con todos los beneplácitos del Consistorio, hasta que a última hora, antes de conceder la licencia de obra, el alcalde prefirió comprar el edificio para destinarlo a uso cultural, para lo que hizo además una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cantidad a compensar no se fijó, y ante la falta de acuerdo, la promotora Baensa, reclama al consistorio otros 7,2 millones de euros por dichos gastos “inútiles”. Se da la circunstancia de que se trata de la misma promotora que acaba de ganar al Ayuntamiento el litigio por los 19,9 millones de euros, y es evidente que ambas han mantenido unas relaciones difíciles. El Ayuntamiento no ha encontrado uso para el edificio, que tiene además por su situación un carácter singular. El alcalde anunció en la campaña electoral de su reelección en mayo de 2011 que haría un “museo de museos” que nunca concretó, y a finales del año pasado se convocó un concurso para recibir proyectos que quedó desierto por no considerar de interés ninguna propuesta.
Tabacalera. Después de gastar más de 25 millones de euros en la rehabilitación de varios pabellones de la antigua fábrica de tabacos para albergar el complejo Art Natura, museo de piedras preciosas y de ciencias de la naturaleza, el Consistorio ha resuelto el contrato con los promotores, la sociedad Royal Collections, por incumplimiento de contrato al no haber abierto las instalaciones. Royal Collections a su vez tiene dos litigios judiciales contra el Consistorio, al que hace responsable de la situación por haber demorado en exceso las obras de rehabilitación y la puesta a disposición de los edificios. El Ayuntamiento exige a la promotora que le devuelva los 6,7 millones de euros que le abonó en concepto de canon, cantidad que con los correspondientes intereses supera los 7,3 millones de euros, con lo que el gasto total del municipio en este frustrado proyecto sobrepasa los 30 millones. Como en los cines Astoria y Victoria, el Consistorio no sabe aún qué usos podrá darle a Tabacalera.
Convenios urbanísticos. Una de las operaciones más arriesgadas del Ayuntamiento ha sido el cambio del convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos de los antiguos depósitos de Repsol con una sociedad vinculada a Novagaliciabanco y donde se proyectan cuatro grandes edificios, uno de ellos será el más alto de la ciudad, y tras haber aprobado una recalificación que triplica la densidad edificatoria en la zona. Según el convenio, la promotora debía pagar al Consistorio 82 millones de euros, de los que adelantó 12. Llegado el momento de abonar el resto al aprobarse el nuevo planeamiento, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de las dificultades de la promotora y ha aceptado cobrar los 70 millones pendientes en suelo, de forma que se convierte en el principal propietario, con las dos terceras partes de los derechos edificatorios. El Ayuntamiento se propone venderlos, pero son la incertidumbre de cuanto podrá obtener por unos suelos que fueron tasados en 2006, en un momento de boom inmobiliario y por tanto de expectativas bien distintas a las actuales.
Entretanto, el Ayuntamiento se enfrenta también a la demanda de Endesa, que quiere revocar el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos en la zona de la antigua central térmica, donde se proyectaban más de 700 viviendas, comercios, hoteles y oficinas, por el que se fijó que pagaría al Consistorio 58 millones de euros, de los que 40 debía haber abonado ya hace nueve meses, cuando entró en vigor el nuevo PGOU. La sociedad pidió al Ayuntamiento revocar el convenio al entender que el deslinde de la zona se servidumbre marítima impedía ejecutar el proyecto original. El consistorio ha rechazado la petición en dos ocasiones y la promotora ha acudido a los tribunales. Un auto judicial ha ordenado a Endesa a cumplir el pago de los 40,6 millones en tanto se resuelve el litigio.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 17 JUN 2012
Foto: Málaga, Tabacalera - ep
Móstoles.- ¡La Casika no se toca!
TERCERA/Madrid* : Miles de personas apoyan y se solidarizan con el CSOA mostoleño de La Casika, amenazado de desalojo.
El pasado 5 de junio ya se organizó una protesta en los juzgados. Sin embargo, la manifestación itinerante del 16 de junio ha sido mucho más multitudinaria; se calculan más de mil personas, que arrancaron desde la estación de cercanías de Móstoles Central y caminaron por los lugares públicos y emblemáticos de Móstoles. La manifestación ha durado tres horas, y ha concluido con una serie de comunicados de los principales colectivos organizadores, entre ellos, los propios organizadores del CSOA, que clausuraban el evento con la voz entrecortada por la emoción del apoyo recibido.
El Ayuntamiento había programado un concierto en la plaza de Pradillo, por donde finalmente la manifestación ha pasado, convergiendo ambos eventos, dando lugar a un momento muy particular.
Numerosos colectivos sociales se han implicado, entre ellos, SAD, CAS Madrid, Astilleros, CNT o Solidaridad Obrera. También, algunos medios y colectivos de contrainformación independientes han asistido al evento. Entre ellos, Radio ELA ha realizado una cobertura constante, pero también Fotogracción, el movimiento 15M en Móstoles, el de Arroyomolinos, el de Alcorcón.
El evento, además, ha tenido que "competir" con la multitudinaria manfiestación que el mismo 16 de junio ha tenido lugar en Madrid, apodada "el día de la bestia", en la que más de 5.000 personas han protestado por las calles del centro de Madrid y en las sedes de Bankia (Torres Kio) y del PP, por el rescate de España.
La Casika, es un centro social, okupado y autogestionado con 14 años de vida, ahora amenazado por desalojo y denuncias. Durante estos años, numerosos colectivos de diversa índole (ecologistas, feministas, colectivos en defensa de los derechos de los animales, antifascistas, anticapitalistas, movimientos vecinales, educativos, culturales…) han sentido el espacio como suyo, formando parte de él, utilizándolo y desarrollando multitud de actividades: charlas, talleres educativos, festivales de musica, de cine y teatro, exposiciones artisticas, encuentros de debate…
La diversidad y cantidad de actividades desarrolladas en la Casika, la han convertido en un referente cultural, social y político no sólo de Móstoles sino del resto de Madrid y del Estado, y ha proporcionado a nuestra localidad un punto de encuentro para la reflexión y acción alternativa, donde los valores del sistema capitalista han sido superados por la autogestión.
El 5 de Diciembre pasado, el c.s.o.a. La Casika cumplió 14 años. Ahora, hay varios procesos represivos abiertos y una denuncia por okupación (a Moises Blanco López quien a principios del año 2010 comenzó a militar La Casika). También hay una resolución administrativa por parte de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles (recurrida en los juzgados) que establece el cese de las actividades culturales, reuniones, comedores, etc. bajo amenaza de precinto.
Desde La Casika, señalan:
Las razones que llevaron a un grupo de jóvenes a empezar a dar vida a esta casa abandonada fueron:
Denunciar la especulación y las miles de casa vacías que nos rodeaban.
Mostrar la okupación como alternativa a la falta de oportunidades “serias y razonables” para adquirir una vivienda.
Denunciar la falta de espacios para el crecimiento individual, social, cultural y político de las personas.
Mostrar que la autogestión, la solidaridad, el respeto, la participación y el compromiso, son los valores y las herramientas que nos hacen crecer como personas y como sociedad.
Twitter: #lacasikanosetoca @Mostoles15M @radioela @CSOlaCasiKa #apoyalacasika #ManiLaCasika #15M #16J
http://lacasika.ourproject.org/
http://apoyalacasika.wordpress.com/
* Tercera Información - Rubén G. Herrera - 17.6.12
Foto: Móstoles (Madrid), la Casika no se toca - diagonal
Los restos del naufragio de la Comunidad Valenciana
ELPAÍS* : El aeropuerto de Castellón se ha ganado el apellido de “sin aviones” porque lleva más de un año inaugurado y a la espera de su apertura y de los permisos necesarios. “No vamos a abrirlo para que no haya aviones”, dijo en su día el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pero no es un caso único. En la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía con mayor deuda, 20.832 millones de euros hasta marzo, lo que representa el 20,2% de su PIB—se multiplican los casos de obras levantadas con dinero público y que, bien por la crisis, por una mala previsión o por disputas entre Administraciones, permanecen sin estrenar. Son el mejor ejemplo de lo que la canciller alemana, Angela Merkel, definió el jueves ante el Bundestag como “decisiones irresponsables”.
Un ejemplo es el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en Castellón. Se construyó durante el mandato del PP con una inversión de 26 millones de la Generalitat. El complejo, de 18.000 metros cuadrados y previsto para deportistas de élite, solo se abrió para su inauguración en junio de 2011. En el mismo municipio se inauguró la conocida como “biblioteca sin libros”. El Ayuntamiento ha costeado los cuatro millones de la obra, pero el centro no ha dado nunca servicio porque la Generalitat no ha pagado su parte, 2,3 millones.
El centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica de Penyeta Roja, en la ciudad de Castellón, es otro ejemplo. La Diputación —encabezada entonces por el popular Carlos Fabra— y la Generalitat invirtieron unos dos millones en unas obras que acabaron en 2009. No ha llegado a abrirse. “Se construyó para dar respuesta a una petición histórica de los padres”, explica el portavoz del PSPV en la Diputación, Francesc Colomer. Desde la consejería de Bienestar Social aseguran que no se ha abierto “porque no hay demanda para cubrir las plazas”.
En otro municipio de Castellón, Vall d’Alba, la Diputación busca qué salida dar a las viviendas tuteladas para personas mayores cuya construcción finalizó en 2006 gracias a una inversión de 400.000 euros de la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento. Las viviendas se inauguraron, pero nunca llegaron a abrirse. En 2010 el Ayuntamiento, del PP, aprobó crear allí un centro especializado de enfermos crónicos y las viviendas se volvieron a inaugurar en marzo de 2011, pero no hay dinero para llevar a cabo el centro.
Otras obras se proyectaron al calor del Plan E o del Plan C (Confianza) de la Generalitat. De este último, el PSPV estima que el Gobierno de Fabra aún debe a los Ayuntamientos 2.700 millones.
Los proyectos se realizaron, pero en algunos casos no había previsión para su puesta en marcha. El Ayuntamiento de Vinaròs, en Castellón, levantó un centro de día con 2,9 millones del Plan E bajo mandato socialista. El centro lleva un año cerrado. “Al proyecto le falta una residencia para 143 personas en la planta superior. Solo ha habido financiación para la primera parte”, explica el actual alcalde, Juan Bautista Juan (PP). Ahora se busca una empresa que ejecute la segunda parte.
En Valencia, los vecinos entregaron al Ayuntamiento que preside Rita Barberá un listado de las obras finalizadas y aún sin abrir, también financiadas con cargo al Plan E y al Plan C. Acabado desde hace más de un año está el Centro Social del barrio de Patraix, en el que se invirtieron 3,8 millones. En la misma situación están el Balneario de Natzaret (1,5 millones), una agencia de lectura (337.000 euros) y un polideportivo (9,5 millones). A ellos se suma el complejo Jubiocio, el mayor centro de jubilados de la ciudad, que costó 5,6 millones y que se está deteriorando por la falta de uso.
Fuera de la capital, en Sedaví (PP), hay un garaje de 2,4 millones que no se abre porque no hay dinero para su transformador. En Oliva, Ayuntamiento también gestionado por el PP, un centro polivalente, una biblioteca y una casa de fiesta llegaron a inaugurarse, pero están cerrados a pesar de que costaron cuatro millones.
En Alicante, el proyecto más destacado es el de la línea 2 del tranvía, que unirá el centro de la ciudad con la universidad. Las obras se terminaron hace más de un año, tras invertir la Generalitat más de 100 millones, pero sigue sin estar en funcionamiento. El Consell prepara un concurso que dejará la gestión en manos de una empresa mixta (público-privada).
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, destinó a una piscina cubierta más de tres millones, pero está cerrada dos años después de ser construida.
En Elche, otras dos obras demandadas durante años, como un centro de día para enfermos de Alzheimer (dos millones) y un centro de día y residencia para enfermos mentales (2,7 millones) tampoco se han abierto. Ambos fueron financiados con el Plan C e impulsados en la etapa en la que el PSPV dirigía el consistorio. La consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat explica que no tienen fecha de apertura.
Cierra la lista Mutxamel. El Ayuntamiento de esta localidad invirtió 1,4 millones del Plan E en el centro de día Sant Pere para discapacitados, con 60 plazas. “Hace un año que está muriéndose”, dice el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio García.
Con información de Cristina Vázquez (Valencia) y Rosa Biot (Alicante).
* El País - LORENA ORTEGA - 17.6.12
Foto: El centro de tecnificación deportiva de Vila-real. / ÁNGEL SÁNCHEZ
Puerto de Granadilla, un disparate urbanístico de 400 millones de euros
MªJOSÉ ESTESO POVES/Tenerife* : El puerto de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, ya se está construyendo. La obra va a suponer un desembolso de más de 400 millones de euros, aunque su financiación no está asegurada, afectará a 17 playas, sepultará cinco y dejará otras seis playas seriamente dañadas. Ese es el caso de las playas de El Médano, La Jaquita, Pelada y La Tejita. Además, tendrá un grave impacto ambiental sobre especies marinas únicas.
La resistencia contra la construcción del puerto de Granadilla es una de las más importantes de Canarias. Se remonta a diez años atrás, cuando movimientos vecinales, ecologistas y científicos se unieron para luchar contra un macroproyecto en esta zona protegida.
Las mentiras sobre el puerto
Cuando el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria (CC), anunció el 6 de mayo de 2002 la declaración de interés público del proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona, pretendía con esta clasificación impedir que los tribunales frenasen un proyecto urbanístico que atenta contra el medioambiente. Las razones del puerto según CC fueron, por una lado, la necesidad de dotar a la isla de otro puerto debido “al agotamiento de la capacidad de las instalaciones del puerto de Santa Cruz (quinto en capacidad del Estado español)”, por otro, que no existía “otra localización viable en toda la isla” para la construcción de otro puerto industrial.
Según el informe presentado hace diez años, el colapso del puerto marítimo de Santa Cruz de Tenerife se produciría en 2008. Pero eso no ha ocurrido. Sobre la ubicación, la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, integrada por movimientos sociales, ecologistas y diversos científicos y profesores de la Universidad de Canarias, explica en los informes técnicos que, debido a la situación, Granadilla estará cerrado al tráfico marítimo gran parte del tiempo debido a los vientos que azotan esta zona. Lo mismo ocurre con un puerto similar construido en Gran Canaria, el puerto de Arinaga, que está paralizado desde que se acabaron las obras.
Por otra parte, “la obstaculización de las corrientes marinas y eólicas que produciría el dique exterior del puerto interrumpirá la dinámica normal del litoral, cambiará las corrientes marinas y el aporte de arena a las playas y dunas de la zona”, entre otros impactos, explica Javier Jiménez, de la asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción. Asimismo, el puerto afectará a dos formaciones, como la Montaña Pelada y Montaña Roja, en perfecto estado de conservación, y a especies catalogadas en peligro de extinción como la piña de mar y la tortuga boba, que van a desaparecer con las obras. También se extinguirá el sebadal, una pradera marina necesaria para mantener la biodiversidad y que hasta hace dos años se encontraba protegida, en peligro en las islas.
La desprotección de especies
Fue el sebadal, las sucesivas denuncias ante los tribunales y la movilización popular lo que consiguió frenar las obras del puerto de Granadilla. En 2009 el Gobierno insular intentó descatalogar los sebadales para iniciar la construcción del puerto pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias frenó las obras. Un año después, Coalición Canaria volvió a descatalogar los sebadales, esta vez modificando el libro de especies protegidas de Canarias.
En 2010, CC, en el Gobierno junto con el PP, elaboró un nuevo catálogo de especies amenazadas en el que 226 de ellas se desprotegieron, se rebajó la protección de 131 y 94 pasaron a tener una clasificación ambigua. Ese fue el caso del sebadal, que de estar en “peligro de extinción” pasó a ser “de interés para los ecosistemas canarios”. De nada sirvieron las multitudinarias movilizaciones ciudadanas, ni las 60.000 firmas recogidas en contra del nuevo catálogo de especies de Canarias.
Pero la lucha continúa. El 12 de mayo se presentaron 5.000 firmas en el Ministerio de Medio Ambiente en contra del nuevo catálogo canario. Además, EcoOcéanos, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ben Magec- Ecologistas en Acción y Plataforma contra el puerto de Granadilla han puesto en marcha una campaña de denuncia para exigir la paralización de lo que consideran uno de “los mayores despilfarros económicos y una barbaridad ambiental”, mientras se recortan derechos fundamentales de los ciudadanos.
Catedráticos y científicos canarios denuncian también el elevado coste ambiental y económico del puerto de Granadilla, como Alberto Brito, catedrático de biodiversidad marina o Wolfredo Wildpret, catedrático de la Universidad de La Laguna, quien asegura que “no existe en todo el territorio europeo tanta biodiversidad en tan poco espacio, aunque una parte de esa biodiversidad está en manos del poder económico y se encuentra en franco retroceso”. Según Federico Aguilera, catedrático de economía aplicada: “No hay dinero para financiar el disparate del puerto de Granadilla. No es rentable, ni social ni económicamente”.
Lo mismo piensa el exdirector de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Anatael: “Ésta es una obra ilegal porque no tiene asegurada la financiación y no es necesaria. Se están construyendo ya los cajones para formar el dique exterior del puerto de Granadilla. Cada uno tiene 45 metros de largo, por 20 de ancho y una profundidad de 18 metros. Esto es como un edificio de 18 plantas, cada uno. Se están construyendo a un ritmo de un cajón cada cinco días, serán 100 en total y cada cajón cuesta un millón de euros. ¿De dónde van a sacar el dinero para la ejecución de la obra? El endeudamiento va a ser tal que va impedir a la Autoridad Portuaria realizar obras en 20 años”. Fran Castro, de BenMagec, asegura que se corre un grave riesgo: “Se va a destrozar todo en una primera fase, para la que hay dinero, 150millones de euros, pero para el resto de la obra, 250 millones, no hay financiación. El remate del disparate ambiental y social, con los recortes que se están aplicando”.
* Diagonal - 14.6.12
Foto: El Puerto de Granadilla, en construcción.- José Mesa
Los indignados continúan su asedio a Bankia, "la cueva de Alí Babá"
PÚBLICO* : Miles de personas salen a las calles para denunciar el rescate de la Unión Europea y sus posibles contrapartidas. En Madrid, los indignados han realizado una cacerolada frente a la sede de Bankia, donde la Policía ha detenido a dos manifestantes.
Los indignados continúan su particular cruzada contra Bankia. Contra la inyección de liquidez a la entidad bancaria a base de dinero público, contra el rescate de la Unión Europea que según prometió Rajoy no tendría más recortes en derechos sociales como contrapartida, pero que se ha seguido de la recomendación del FMI sobre el aumento del IVA y la bajada del sueldo a los funcionarios.
A las siete de la tarde miles de personas se han reunido en el barrio madrileño de Cuatro Caminos para realizar un recorrido que ha tenido como punto de llegada la sede de Bankia en Plaza de Castilla, albergada en la edificación de las Torres KIO, frente a la que han hecho sonar su grito de denuncia con cacerolas y sartenes. 'Ahí está la cueva de Alí Babá' ha sido la consigna que los marchantes de la capital han recitado a su paso por una sucursal bancaria en la concentración que "no ha sido comunicada" a la Delegación del Gobierno, según informan a EFE fuentes del organismo público. Un grito habitual que se ha escuchado entre otros también conocidos como 'Que no nos representan', 'No es un rescate, es un saqueo' o 'Y luego direis que somos 5 ó 6'.
Durante la sentada, la Policía ha rodeado los edificios entre los que se encontraban los indignados con la gestión de Bankia, que califican de "estafa" y "saqueo", y donde dos personas han sido detenidas al encararse con los agentes. En la protesta se han sucedido las muestras de apoyo a los mineros de Asturias, en huelga por los recortes en el sector desde hace 20 días.
Los 'Yayoflautas' también han hecho acto de presencia, acompañados de pancartas entre los que se reivindica su lucha por "conservar y mejorar nuestros derechos para las generaciones presentes y futuras". Algunos indignados han imprimido carteles personalizados que han pegado en establecimientos bancarios. En ellos han puesto rostros de personas que han sido desahuciadas, bajo una invitación con forma de hashtag: #encaralabanca, una iniciativa que ha circulado por internet, organizada por la asamblea de vivienda del movimiento.
Bajo el lema 'El seu rescat, les nostres retallades' ('Su rescate, nuestros recortes'), también en Barcelona han salido a la calle. Las seis de la tarde ha sido la hora de salida de la manifestación que ha tenido como punto de encuentro la sede del PP para desplazarse después al edificio de la entidad bancaria Bankia en la capital catalana. Y en Bilbao la misma causa ha sacado a cientos de personas de sus casas, que igualmente han recorrido distintas cajas y bancos ("entidades de ladrones", critican desde una de las cuentas del 15-M en Twitter ), repasando la reivindicación de que se depuren responsabilidades en el sistema financiero.
Las redes sociales vuelven a ser el nexo de unión entre los manifestantes, que han utilizado en Twitter el hashtag #eldiadelabestia en alusión a la película en la que Alex de la Iglesia convertía las Torres KIO en el símbolo del diablo. #BankiaAlBankillo, #ElPobleVsBankia y #16J han sido otras de las referencias para hablar sobre la marcha en el site de los 140 caracteres.
* Público - 16.6.12
Foto: publicada en el Facebook de 'Acampada Sol'.
Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma del exalcalde de Sanxenxo
ELPAÍS/Pontevedra* : El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre acordó perdonar una sanción de 3.055.841 euros a la empresa Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado Telmo Martín, ahora diputado del PP en el Congreso y antes alcalde de Sanxenxo, por la construcción en este municipio de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La Xunta silenció ese acuerdo en la referencia pública de los adoptados en esa sesión del Consello. La decisión ignora la propuesta de sanción de tres millones del técnico que instruyó el expediente, en 2005, y da por bueno otro informe solicitado a mayores de Cristina Paz-Curbera y Llovet, a la sazón jefa del servicio de Gestión de Dominio Público y luego de la Demarcación de Costas de Pontevedra, cargo al que está previsto que vuelva la próxima semana.
La Xunta, para oficializar el perdón de los más tres millones de euros a la constructora de la que fue socio Telmo Martín hasta hace unos meses, convalidó en noviembre una resolución del conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos \[Enrique López Veiga\] de 18 de febrero de 2005, días antes de que el PP perdiera las elecciones autonómicas, y que fue recurrida en los tribunales. La resolución del expediente abierto a Construcuatro era competencia del Consello de la Xunta y no del conselleiro, sentenció el Tribunal Supremo en firme el pasado mes de junio. El conselleiro lo anticipaba ya en los fundamentos de su propia resolución, que no obstante determinó el sobreimiento “del expediente sancionador”. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acordó “convalidar la resolución \[de López Veiga\] y acordar así el sobreseimiento del citado expediente seguido contra Construcuatro SA por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección marítima en Sanxenxo”.
La obra es un edificio residencial de seis plantas a pie de la glamurosa playa de Silgar y en el que el propio Telmo Martín se reservó un piso con dos terrazas. Invade entre uno y 2,69 metros el dominio público desde la línea de playa, que debería ser, como establece la Ley de Costas, de 20 metros. Fue denunciado por la ONG Salvemos Pontevedra y el instructor, dependiente entonces de la Consellería de Pesca que presidía López Veiga, formuló “los hechos imputados, los preceptos infringidos, los preceptos sancionadores y la posible sanción” que fueron comunicadas a las partes. Tras recibir sus alegaciones, propuso la sanción.
Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio” de la Demarcación de Costas de Pontevedra, que a la sazón dirigía José Antonio Rueda Crespo, exsenador del PP y exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, fallecido el pasado mes de enero. Era el padre del actual conselleiro de Presidencia y secretario general del partido en Galicia, Alfonso Rueda. El trámite se realizó con sorprendente celeridad.
Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó el informe, atribuyendo la invasión de Construcuatro del dominio público a “un error en el grafiado” de los planos, ya que la servidumbre de protección, dice Paz-Curbera, “en un primer momento se marcó a 19 metros cuando su correcta medición en este tramo es de 20 metros”.
Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros en lugar de 20, cuando la Ley de Costas es taxativa en ese sentido. Además, según fuentes consultadas por este periódico, cuando se incoa un deslinde, se facilita una línea de dominio público y una línea de servidumbre de protección —20 metros en zonas urbanas y 100 metros en los demás casos— que se comunican, entre otros organismos, al Ayuntamiento correspondiente y a la Xunta. Esas líneas dan la plena validez legal hasta que se aprueba el deslinde definitivo. Cualquier otro plano que se utilice entre la incoación y la aprobación definitiva del deslinde carece de validez legal, nadie puede esgrimirlos como planos de deslinde. Los de Sanxenxo están aún sin aprobar, aunque el deslinde fue incoado ya en 1998.
Por lo demás, la línea de dominio público de la playa de Silgar fue siempre la misma. La constructora pudo fácilmente medir sus lindes y comprobar si cumplían el mandato legal. “Con o sin errores, con o sin planos, las referencias estaban claras y las distancias también”, aseguran los expertos. López Veiga, sin embargo, a la vista del informe de Paz-Curbera y pese a reconocer que la imposición de multas de más de 601.000 euros correspondía al Consello da Xunta y no a él, sobreseyó el expediente sancionador “por presuntas obras abusivas en la zona de servidumbre de protección”.
Los sucesivos recursos de las partes, contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de casación ante el Tribunal Supremo, confirmaron que el órgano competente para resolver el expediente sancionador era el Consello da Xunta, que lo oficializó en noviembre como se dice, a la chita callando y sin pronunciarse sobre la reposición de la legalidad urbanística que también, tras rebatir las alegaciones de Construcuatro, requería el instructor en su propuesta de resolución: imponer la sanción “y ordenar la vuelta de los terrenos donde se ejecutaron las obras a su primitivo estado”.
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán se ha referido a este caso asegurando que Telmo Martín es una gran emprendedor. "Ojalá hubiera empresarios como Telmo Martín", afirmó Louzán, "emprendedores desde siempre, que ayudan a crear empleo y riqueza".
Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo
La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros, de los que 1,23 millones corresponden a la devolución de los sobreprecios que cobró a compradores de pisos protegidos en un edificio que construyó en el polígono vigués de Navia, y 2,47 millones, el doble de las cantidades indebidamente cobradas, por la sanción mínima que procedía aplicar. La empresa ha presentado recurso de alzada y, cuando la Xunta lo resuelva, si confirma la sanción, aún le queda la vía contencioso-administrativa.
Telmo Martín fue consejero delegado de la constructora hasta el 23 de diciembre pasado, fecha en la que le reemplazó en el cargo, como en otras de sus empresas, su mujer, María Dolores Táboas Carballal. Él ha abandonado la política local —renunció a su acta de concejal de Pontevedra— para dedicarse intensamente al Congreso, donde consiguió escaño en las elecciones de noviembre y figura como el diputado más rico, con un patrimonio declarado de 21,5 millones de euros.
En Pontevedra, a cuya alcaldía aspiraba después de su tronitonante éxito como regidor de Sanxenxo, recibió un batacazo y de ahí su deriva política. Los desmanes urbanísticos de la villa que van evidenciando los tribunales también empañan su gestión como regidor, algunos también propiciados por Cristina Paz-Curbera y Llovet como responsable de la Demarcación de Costas.
Paz-Curbera, que elaboró el informe exculpatorio de Construcuatro por el edificio de Silgar aduciendo errores de grafiado en los planos, ya desempeñó esa jefatura (2005-09) y arrastra un pleito por construirse un chalé en suelo no urbanizable, que el plan general aprobado en el mandato de Telmo Martín recalificó a urbanizable (2003), y en zona de protección del dominio público marítimo-terrestre —en un acantilado próximo a las playas de A Carabuxeira y Areas— que ella debió preservar. Paz-Curbera también contribuyó a autorizar el chalé de un concejal con problemas análogos. Pese a ello, Alfonso Rueda la propone como candidata única para volver a la jefatura de Costas de Pontevedra. Está previsto nombrarla esta semana.
* El País - PRIMITIVO CARBAJO - 16 ABR 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio ilegal exalcalde en Playa_Silgar - elpais
México cancela un megaproyecto de la CAM para urbanizar una zona protegida
ELPAÍS* : El Gobierno mexicano anunció este viernes que revocó a la empresa española Hansa Urbana la autorización para construir un enorme proyecto inmobiliario, llamado Cabo Cortés, en una zona virgen de Baja California Sur. La decisión supone una victoria para la comunidad de Cabo Pulmo y para los activistas a favor del medio ambiente, que durante años denunciaron que ese desarrollo inmobiliario de 3.800 hectáreas no cumplía con las regulaciones ecológicas y que suponía una amenaza para uno de los arrecifes coralinos más importantes de México. El proyecto, un plan urbanístico de 8.000 casas y 15 hoteles en el litoral, es controlado ahora por la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que no solo es socio en la promoción sino que canjeó deuda de Hansa Urbana por acciones de la inmobiliaria con sede en Alicante.
“Cabo Cortés no se llevará a cabo. Lo que demuestra el compromiso del Gobierno, para asegurar la riqueza natural de México”, dijo el presidente Felipe Calderón en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos. “Ha quedado claro para el Gobierno de la República que el proyecto original de Cabo Cortés, tal y como fue presentado, no ha demostrado aún, clara e indubitablemente, su sostenibilidad. Particularmente tratándose de un área tan importante para el Mar de Cortés, de México y el mundo”, informó en un comunicado la secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En un comunicado de prensa, la sociedad propietaria del proyecto Cabo Cortés, Hansa Baja Investments, comunicó que “la compañía llevará a cabo un replanteamiento del proyecto, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de Baja California Sur y la sustentabilidad medioambiental. La compañía planteará un nuevo proyecto, cuyo desarrollo estará bajo el asesoramiento de gestores cualificados en materia medioambiental, con amplia experiencia en proyectos similares en México y a nivel internacional, que será compatible con la conservación y preservación de las condiciones medioambientales de la zona".
Un portavoz de la CAM insistió en la misma idea: que replantearán el proyecto para intentar adecuarlo a las exigencias de México, algo que suena extremadamente complicado tras el anuncio de Calderón, informa Rafael Méndez. La CAM es una de las entidades españolas que ha necesitado inyecciones de dinero público y acabó nacionalizada hace un año. También Bancaja, la otra entidad financiera valenciana, hoy integrada en Bankia, tiene paralizadas inversiones en la zona de Cabo Cortés por motivos ambientales.
Según ha denunciado la organización Greenpeace, Hansa pretendía construir en Cabo Cortés "una marina de 490 amarres, instalada sobre las dunas costeras, 27.000 habitaciones y dos campos de golf. Es decir, una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún, en una zona semidesértica que históricamente ha sido de muy baja densidad poblacional". Hansa compró los terrenos en 2007.
El desarrollo inmobiliario ponía en riesgo a Cabo Pulmo, la aledaña reserva natural decretada desde 1995 como Área Natural Protegida y Parque Nacional Marino, e integrado en 2005 como Patrimonio Natural de la Humanidad.
"El riesgo principal para el arrecife de Cabo Pulmo es el arrastre de contaminantes, sedimentos del dragado de la marina, aceites de las embarcaciones, salmueras de la desaladora, aguas residuales; especialmente en las épocas del año cuando las corrientes van del norte al sur. Todo esto impactaría directamente en la gran biodiversidad conservada y recuperada en 15 años de trabajo", señaló Greenpeace. El megaproyecto llegó a alertar a la Unesco.
Encabezados por Mirna Manuela Cañedo Castro, pobladores de Cabo Pulmo interpusieron el 1 de julio de 2011 un recurso de revisión que pretendía la revocación de los derechos autorizados por la Semarnat a Hansa Urbana para llevar a cabo Cabo Cortés.
Desde 2010, Greenpeace denunció que la Semarnat validó indebidamente y en dos ocasiones una Manifestación de Impacto Ambiental que incumplía con la regulación y pasaba por alto "la opinión de científicos, la fuerte oposición de la comunidad de Cabo Pulmo, así como los argumentos presentados por la coalición Cabo Pulmo Vivo y no tomó en cuenta la disponibilidad de agua de la región y los criterios del Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos".
Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, dijo a EL PAÍS que el Gobierno mexicano ha dado marcha atrás a "una autorización ilegal, dos veces otorgada de manera equivocada, de esta manera está respondiendo al reclamo de 220.000 ciudadanos de México y el mundo".
Greenpeace demanda ahora que dimita el subsecretario Mauricio Limón, que fue el que revisó la autorización del proyecto. Además, Arendar manifestó que no cantan victoria porque no solo quieren revisar minuciosamente el decreto de la cancelación de los permisos, sino que también quieren vigilar en qué se traducen las palabras del presidente Calderón quien al anunciar la revocación dijo: "Acompañaremos a los inversionistas de Cabo Cortés a desarrollar un nuevo proyecto turístico que sí sea sostenible". Greenpeace se manifestó preocupada al respecto dada la falta de agua en esa región.
* El País - SALVADOR CAMARENA México 15 JUN 2012
Foto: México, reserva golfo California - greenpeace.org
El alcalde de Murcia sigue en el cargo pese a declarar como imputado
ELCONFIDENCIAL* : El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que hoy declara como imputado por presunta prevaricación, no seguirá el ejemplo de Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas, que abandonó provisionalmente sus funciones el pasado martes por la posibilidad de ser imputado en el caso del fraude de ayudas a la Cooperación, aunque al primer edil murciano le abrieron expediente informativo en la sede nacional de Génova el pasado 30 de mayo.
La situación procesal de Cámara es clara: está imputado y esta mañana, a partir de las diez, declara en una deposición que se prevé larga ante el juez David Castillejos que instruye el 'caso Umbra', en el que se investigan posibles delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros, cometidos con la firma de media docena de convenios urbanísticos que causaron pérdidas de varios cientos de millones de euros al Ayuntamiento de Murcia.
Sin embargo, aunque el propio alcalde de Murcia declaró el pasado 30 de mayo, tras ser imputado del día anterior, estar a disposición del partido “como cualquier otro militante”, la jefa de prensa del Ayuntamiento, Ana de la Cierva, aseguró ayer a El Confidencial que no era cierto que se le hubiera abierto expediente informativo por la dirección del PP a raíz de la imputación y se negó a hacer más precisiones.
Fuentes del Comité de Garantías regional consultadas por este diario dijeron que el caso compete al mismo organismo nacional, puesto que Cámara pertenece a la dirección estatal en tanto que alcalde de ciudad mayor de 50.000 habitantes y, además, secretario general del PP en la Región de Murcia.
La oficina de prensa de Génova confirmó ayer por la tarde la apertura del expediente, con fecha 30 de mayo y por comunicación del propio interesado, al estar afectado por el llamado código ético del partido aprobado en el congreso nacional del pasado febrero.
En su punto siete, ese texto establece “el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública”. Pero está claro que ni el alcalde ni la dirección del PP consideran que este último supuesto no se cumple, puesto que sigue en el cargo.
Junto a Cámara están imputados su ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, dos directores sucesivos de la Gerencia de Urbanismo (Pedro Morillas y Alberto Guerra), el ex jefe de Planeamiento (Joaquín Peñalver), la jefa de los Servicios Jurídicos municipales (Ana María Vidal) y varios empresarios, entre los que destaca Jesús Samper, dueño del Real Murcia C.F. y detentador de los derechos publicitarios de la selección española de fútbol.
Precisamente, el convenio firmado por el ayuntamiento y Samper para erigir un nuevo estadio de fútbol, recalificar millones de metros cuadrados y construir un gran centro comercial al norte de la ciudad fue el primero de los acuerdos que investiga el juez desde hace cinco años.
* El Confidencial - Vidal Coy. Murcia 15/06/2012
Foto: Murcia, alcalde a la salida juzgado - rtve
