Cambiazo urbanístico en Valladolid

ELPAÍS* : Alguien le dio el cambiazo al urbanismo de Valladolid. Una o varias personas modificaron más de 60 artículos y cinco planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 una vez este ya había sido aprobado. Lo hicieron pensando que nadie se daría cuenta de ello. Y casi lo consiguen. Es un hecho peculiar entre los muchos casos de corrupción urbanística que han castigado a España y afecta al alcalde León de la Riva, el más lenguaraz de cuantos alcaldes tiene el PP en las capitales de provincia. Acostumbrado a hablar más de la cuenta y a patinar con sus comentarios sexistas, calla en este caso: acaba de ser imputado por un juez y tendrá que declarar el 12 de julio.

El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.

El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.

El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.

El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.

Otro caso: el artículo 368. Se refiere a otros usos que se le pueden dar a las edificaciones. Esta vez aparece un párrafo nuevo, que dice lo siguiente: “En Industria urbana en edificaciones catalogadas se admiten también usos de comercio y servicios, hostelería y hospedaje hasta el 100%”. Esta inclusión parece hecha a la carta para que la antigua fábrica de Harinas La Perla, situada en el desagüe del Canal de Castilla y construida en 1851, recibiera licencia en 2006 para transformarse en un hotel de cinco estrellas. Lo que es curioso en este caso fue que el propietario de dicha fábrica solicitó que en el plan general se permitiera la recalificación de la fábrica para uso hostelero y fue denegada en 2002. ¿Qué pasó para que en aquel día de 2003 se permitiera lo que se había denegado con anterioridad?

Y así hasta más de 60 artículos y cinco planos del texto aprobado. La justicia trata de desentrañar dos cuestiones en este asunto: quiénes lo hicieron y a quiénes favorecieron. Porque el Ayuntamiento no se ha beneficiado de casi ninguna de estas modificaciones. Más bien, al contrario. De hecho, hay tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan 11 artículos y 5 planos.

¿Qué ha tenido que ver el alcalde de Valladolid con todo esto? ¿Dónde podría intervenir si son cuestiones áridas y técnicas, propias de expertos? Podría decirse que León de la Riva es un verso suelto en el PP, si no fuera porque sus declaraciones más llamativas poco tienen que ver con la gestión política. León de la Riva tiene un concepto muy discutible de la dialéctica, sobre todo cuando se refiere a sus rivales y máxime si estos son mujeres. Compañeras de partido le han afeado la conducta, pero no han conseguido que rectifique. El último exabrupto es de hace unos días, cuando hizo una alusión a la cartera básica de servicios en la sanidad púlica y añadió que deben quedar fuera “los cambios de sexo y el trasplante de cerebro”.

Ginecólogo de profesión, se le atribuyó en su día, en las filas de su propio partido, no tener más méritos que ser el ginecólogo de Ana Botella, la mujer de Aznar, de quien fue consejero de Cultura en la Junta. Lleva en la alcaldía de Valladolid desde 1995. Es uno de los diplodocus del PP en las capitales y logró salvarse de una renovación cantada en las pasadas municipales, en las que obtuvo su mejor resultado electoral.

El alcalde no quiso hacer declaraciones a este periódico, pero fuentes municipales añaden que los errores en el plan “han sido subsanados antes y después de la sentencia de 2005” y que se hizo una investigación interna cuyos resultados fueron enviados a la policía judicial.

León de la Riva se ha vanagloriado de muchas cosas en Valladolid. Y una de ellas es que no se mueve un papel en el municipio sin su conocimiento. Un religioso que ha testificado en el proceso confesó que el alcalde sabía lo que estaba pasando a cuenta de una modificación en un terreno de Cáritas que permitió edificar un aparcamiento subterráneo.

El polémico ático de León de la Riva

A León de la Riva le persiguen las denuncias por casos urbanísticos de un tiempo a esta parte. Al menos desde 2006, cuando se supo que un hijo suyo había sido favorecido con un piso en un sorteo de una promoción de 1.713 viviendas de protección oficial conocida como Villa del Prado. En aquel entonces, el alcalde se limitó a asegurar que su hijo vivía emancipado y que había tenido mucha suerte en el sorteo.
Sin embargo, poco después, se vio involucrado en otro caso que aún tiene pendiente cuentas con la justicia. Por su condición de alcalde, León de la Riva era vicepresidente de Caja Duero, entidad bancaria que poseía un edificio en uno de los mejores puntos de la ciudad, el paseo José Zorrilla. La entidad bancaria vendió ese inmueble a una constructora para su reconversión en un lujoso edificio de viviendas y oficinas, coronado por una serie de áticos. Entre quienes acudieron a reservar vivienda se encontraban conocidos futbolistas, como Fernando Hierro y Raúl, y vecinos notables de la ciudad. Pero también acudió el alcalde, que se compró un ático. Fue un viernes cuando se aprobó la licencia para la remodelación del edificio (en la que el alcalde no se abstuvo) y fue el lunes cuando el alcalde obtuvo una hipoteca de la entidad Caja Duero para adquirir el inmueble.
Desde que se aprobó la remodelación, el edificio no ha dejado de sufrir percances. Primero fueron una serie de denuncias presentadas por las combativas asociaciones de vecinos de la ciudad: el inmueble tenía exceso de edificabilidad (a los áticos originales se les añadieron otros áticos, que eran unos antiguos trasteros), alteración de fachadas y cambio de usos. Esas denuncias motivaron tres sentencias favorables del Tribunal de Justicia de Valladolid. Sentencias que exigen, entre otras cosas, el derribo de los áticos. Naturalmente, los propietarios pedirán las correspondientes indemnizaciones al consistorio por otorgar una licencia que tenía tantas irregularidades. Ahora la fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias y va a estudiar si se aprecia delito en la conducta del alcalde. En este episodio están presentes técnicos y concejales imputados en el caso del Plan General.


* El País - LUIS GÓMEZ - 18 JUN 2012
Foto: Valladolid, alcalde - EP