EUROPAPRESS/Madrid* : El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio ha mantenido este viernes su solicitud de 37 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde de Aranjuez entre los años 1995 y 2003, José María Cepeda (PP) por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Cepeda y varios ex ediles del PP se han sentado durante esta semana en el banquillo de los acusados por favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras. Entre los procesados, figura el ex concejal de Urbanismo, Jesús Ramón Cepeda; el ex edil de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez; el arquitecto José Ángel Lazareno; el aparejador Jesús Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias Ortega.
En la última sesión, el fiscal ha mantenido su petición de penas para los procesados al estimar que los hechos están acreditados de forma "clara y nítida". Además, ha solicitado que el ex regidor pague una multa de 36.000 euros.
En su informe, Valerio ha atribuido a Cepeda y su entonces equipo la obtención de importantes beneficios económicos a través de procedimientos "ilícitos", aludiendo por ejemplo a la concesión de licencias.
El pasado lunes, Cepeda negó presuntos favores a constructoras para resultar adjudicatarias de obras del Ayuntamiento ribereño al asegurar en el juicio que no era de su competencia, ya que delegaba en el concejal de Urbanismo.
El fiscal Emilio Valerio les acusa de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusa de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.
En el punto de mira está el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.
En su declaración, el exregidor dijo que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", apuntó.
* Europa Press - 24.2.12
Foto: Madrid, audiencia Provincial - EP
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20MINUTOS* : La crisis y el alza desmesurado del desempleo han provocado que solo en 2011 más de 40.000 familias hayan perdido sus casas en un desahucio, un drama para los afectados que la banca deja como último recurso en caso de impago.
La crisis y el alza desmesurado del desempleo han provocado que solo en 2011 más de 40.000 familias hayan perdido sus casas en un desahucio, un drama para los afectados que la banca deja como último recurso en caso de impago. Todo lo posible para evitar llegar a la ejecución hipotecaria, una medida que no es positiva ni para los clientes, que pierden su vivienda, ni para las entidades, que aumentan su exposición al "ladrillo" y suman a su cartera un nuevo activo inmobiliario que hay que provisionar.
El Ejecutivo presentó esta semana un programa de medidas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.
Entre estas propuestas se incluye la posibilidad de que las familias que se encuentran en el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como "dación en pago".
Además, el Gobierno ha propuesto que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio, en tanto que aboga porque se permita un periodo de carencia para que, ante un embargo, los afectados puedan seguir ocupando el inmueble "un tiempo prudencial" de al menos dos años.
Los bancos defienden su predisposición
Las entidades alegan que desde hace tiempo ya luchan contra este drama social buscando soluciones a medida para los clientes.
El Banco Santander ya anunció en 2011 una moratoria de capital de tres años a partir de agosto para aliviar la situación de los clientes con causas objetivas de problemas económicos, como estar en paro o haber sufrido una caída de sus ingresos de más del 25 % y que tengan dificultades transitorias en el pago de las hipotecas de la vivienda habitual.
Además, ofrece la posibilidad de alargar el vencimiento del crédito para compensar el periodo de carencia sin cambiar las condiciones financieras del préstamo, ni durante el periodo de carencia, ni al finalizar el mismo.
Unas medidas a la que se han acogido en los seis últimos meses 8.000 familias, según fuentes de la entidad. El importe de dichas hipotecas afectadas alcanza los 1.300 millones de euros. Además, desde 2008 el Santander ha refinanciado 4.000 operaciones hipotecarias por 4.200 millones.
El BBVA también explicó a finales de año que más de 40.000 familias han podido mantener sus viviendas gracias a los planes llevados a cabo por la entidad. Según los datos de finales de año, el BBVA ha ayudado a 108.000 familias, de las cuales 45.000 corresponden a hipotecas.
Entre otras medidas, el BBVA permite aplazar dos cuotas hipotecarias para sumarlas al importe pendiente del préstamo, con un máximo de diez, durante la vida del crédito; posponer hasta el 30% el capital al vencimiento de la operación o aumentar hasta 40 años el plazo de la hipoteca.
Bankia ha flexibilizado desde 2009 las condiciones de los créditos a 100.000 clientes con dificultades de pago, de los que el 50 % de dichas operaciones son hipotecas.Además, el 85% de los clientes que negocian "consigue una solución definitiva y evita entrar en mora", explicó la entidad.
Para las entidades es mejor llegar a acuerdos con los clientes que quedarse con sus viviendas y más ahora cuando la reciente reforma financiera ha endurecido las provisiones inmobiliarias.
En este sentido, un estudio de la consultora Oliver Wyman alerta de que la "dación en pago", que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda, podría provocar un encarecimiento de las hipotecas por los mayores costes de financiación y un descenso en la concesión de créditos.
* 20 Minutos - EFE. 25.02.2012
Foto: Imagen de una protesta contra un desahucio en Parla (Madrid). (JORGE PARÍS)
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DIAGONAL* : La construcción de Eurovegas incluirá una relajación de las leyes de juego y la creación de un paraíso fiscal de facto. Su impulsor, que pertenece al ala ultra de los republicanos, está negociando las condiciones con las administraciones catalana y madrileña para decantarse por una de las dos regiones.
Sheldon Adelson, magnate del juego al que Esperanza Aguirre baraja dar barra libre para levantar un megacasino a imagen y semejanza de Las Vegas en Madrid, está bajo sospecha en EE UU por violar presuntamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y mantener conexiones con el crimen organizado, informa Reuters.
La agencia de noticias internacional añade que, de prosperar la investigación criminal del Departamento de Justicia y la Securities Exchange Commission, ésta podría poner en entredicho al candidato republicano ultraconservador Newt Gingrich, al que Adelson y su mujer habrían donado 10 millones de dólares para su campaña. Recientemente, Adelson anunció que firmaría grandes cheques a Mitt Romney también... si ganaba las elecciones.
Calificado por la prensa estadounidense como “el americano detrás del ala derecha israelí”, Adelson, de origen judío, apoya con fanatismo a Israel. Su mujer es israelí y recientemente dijo que su hijo adolescente iría al país para convertirse en francotirador para el ejército israelí. Hace meses que ronda en los medios la noticia de que el magnate Sheldon Adelson tiene en mente plantar en España la pata europea de su imperio del juego. Para ello habría tanteado instalarlo en Barcelona y Madrid. En esta última, ya han sonado la propia capital, Alcorcón, El Molar, Getafe y Leganés.
En Madrid, el dueño de Las Vegas Sands negocia la implantación de su megacasino (que contaría con 12 resorts, 36.000 habitaciones, nueve teatros, tres campos de golf...) con formas de auténtico tahúr. Ha planteado a las administraciones regional, central y local una serie de reivindicaciones que incluyen, entre otras, el regalo de casi seis millones de metros cuadrados, privilegios fiscales y laborales, cambios en las leyes antiblanqueo, una relajación de las leyes del juego, permitir a los menores acceder a los casinos o fumar en sus instalaciones.
Lo cual supone convertir su complejo en una isla fiscal y legal. Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció estar dispuesta a acometer cualquier modificación legislativa o reglamentaria que haga falta “dentro de sus principios” para que Eurovegas se pueda levantar en Madrid. Sheldon Adelson visitó Barcelona el 22 de febrero y asegura que está "ultimando detalles" para la construcción de Eurovegas. No obstante, Artur Mas, el presidente de la Generalitat catalana, reconoció que Madrid tiene "más papeletas" para ser la ciudad elegida. Su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, recordó que ella ya se ha reunido con Adelson él cinco veces.
EL MOLAR HACE SU APUESTA
El Ayuntamiento de El Molar ha ofrecido un terreno de 2,3 millones de metros cuadrados urbanizables para albergar el Megacasino. El consistorio espera que suponga un empujón para solucionar el paro en la región. Los sindicatos dudan de la creación de empleo, ya que el 50% de la plantilla ya está cerrada independientemente de dónde se instale.
LAS BAZAS DEL SUR
Además de Madrid, la primera ciudad en postularse para albergar el complejo de Adelson fue Alcorcón. Los Verdes de esa ciudad rechazan la propuesta y prevén un aumento de la delincuencia si se construye. Otros ayuntamientos que se han postulado para recibir el “premio” son Leganés, Getafe y Navalcarnero.
* Diagonal - F. FAFATALE (MADRID) - 22.2.12
Foto: LAS VEGAS. Adelson pretende levantar una ciudad del juego en Europa. / Foto: Justin Brown.
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ELALMERÍA* : En tiempos de crisis y con el parón de la construcción hay que ingeniárselas como sea. La Gerencia de Urbanismo ha detectado una nueva vía de ingresos a las arcas municipales que compense el descenso de las licencias de obras y con la que, además, propiciar la creación de empleo, mediante la concesión demanial de suelo. Es decir, su alquiler para la apertura de negocios, por ejemplo. La Junta de Gobierno aprobó ayer tres de estas iniciativas.
Son el local situado en el promontorio del desdoblamiento de la N-340, el local localizado junto al Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca y una parcela destinada a equipamiento deportivo en el barrio de Villablanca.
El objetivo con la concesión de estos espacios es el de "promover iniciativas comerciales, hosteleras, culturales y deportivas que contribuyan a dinamizar la actividad económica y crear empleo", siendo esta premisa, junto a la mejora del canon y las condiciones del proyecto a ejecutar, cuestiones determinantes a valorar en la adjudicación.
La parcela de Villablanca uenta con una superficie total de 2.754 metros cuadrados, de los que 1.377 serán edificables. La concesión es por 40 años y el canon mínimo mensual de 450 euros, al alza. La empresa adjudicataria deberá construir y explotar las instalaciones deportivas. Con esta concesión el Ayuntamiento pretende, "además de obtener unos ingresos económicos, desarrollar un espacio hoy baldío y sobre el que los vecinos han pedido una actuación", destaca el concejal de Urbanismo, Pablo Venzal.
El local situado bajo el promontorio del bulevar de la 340, con una superficie útil de 290 metros cuadrados, también saldrá en breve a licitación tras aprobarse ayer las condiciones técnicas y administrativas para su concesión por veinticinco años. Los licitadores deben especificar en sus ofertas el canon anual, siendo el mínimo mensual de 580 euros. Al adjudicatario del espacio le corresponderá la ejecución de obras. En cuanto al local de la Rambla, de 43,65 metros cuadrados útiles, el Ayuntamiento lo saca a concesión por 25 años siguiendo también el procedimiento de concurso al alza, estableciendo un canon mínimo de 570,61 euros al mes.
* El Almería - 18.2.12
Foto: El promontorio completa los locales de la N-340, en la imagen.- elalmeria
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La Audiencia Provincial ha advertido de que el Gobierno de Canarias no puede legalizar el edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como mamotreto. Así lo señala el juez Joaquín Astor en un auto en el que rechaza una petición del letrado de la exconcejal de Urbanismo, Luz Reverón, para que la Dirección General de Urbanismo se pronuncie sobre si el mamotreto se puede mantener o si hay que demolerlo.
"Los informes periciales solamente son pertinentes cuando la comprensión de un aspecto de la realidad requiere de conocimientos científicos o artísticos. Sin embargo, las valoraciones jurídicas corresponden aquí en unas diligencias previas como estas al juez de instrucción", señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso este diario.
El abogado de Luz Reverón, imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, señaló ayer que el auto cierra la puerta a la presentación de un nuevo informe del Ejecutivo regional que clarifique la situación de este inmueble incluido en el proyecto de reurbanización de Las Teresitas.
Tanto las obras del aparcamiento como el resto de las contempladas en el diseño del arquitecto Dominique Perrault han quedado paralizadas por este proceso judicial del mamotreto y el que se lleva contra el exalcalde y otras 11 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios, por la operación de compra-venta de la playa. El letrado de Reverón, Alfonso Delgado, añadió que el auto de la Audiencia no se puede recurrir e informó de que prevé que el juicio comience después del próximo verano.
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, había señalado que tras la aprobación del nuevo deslinde de Las Teresitas sería posible proceder a la autorización del edificio de aparcamientos y centro comercial. Según él, el nuevo deslinde aprobado por Costas en 2009 sitúa este inmueble en zona de servidumbre y, por lo tanto, bajo la titularidad del Gobierno de Canarias. El juez, sin embargo, precisa ahora que será la Justicia, con los informes ya incluidos en la causa entre los que se incluyen los del propio Ejecutivo, la que determine el futuro del mamotreto.
Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició hace tres años una investigación en la que concluye que el edificio "incumplía la normativa urbanística". La Fiscalía entiende que el mamotreto invade el dominio público e incumple los parámetros legales relativos a volumen de ocupación máxima permitida y superficie.
Servidumbre
El edificio de aparcamientos y centro comercial se empezó a construir sobre el terreno del campo de fútbol de San Andrés, tanto en la servidumbre de protección del Gobierno canario como en 1.223 metros cuadrados de dominio público de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos, argumenta la Fiscalía en su acusación. En el caso del organismo estatal, al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa de todo el frente de Las Teresitas.
El juez, a petición de la fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, mantiene como imputados a los exconcejales nacionalistas Luz Reverón (directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera por el PP), Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, así como a los técnicos Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos Violán solicita 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del mamotreto.
El Ayuntamiento capitalino no podrá tocar el edificio mientras no haya sentencia judicial en el proceso que se sigue en el juzgado de instrucción número dos de Santa Cruz, debido a que el edificio es en sí mismo una prueba vital en el proceso. El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, tendrá que esperar a la sentencia para llevar a cabo su intención de demoler el inmueble.
El Consistorio estudia la posibilidad de conservar la parte subterránea de la construcción para destinarla a plazas de aparcamientos, debido a la necesidad de un parking en la zona. José Ángel Martín ha explicado que está pendiente de lo que determine la Justicia sobre la posibilidad de mantener la zona baja del inmueble.
Martín ha señalado que la Fiscalía dejó claro que el mamotreto se construyó sin permiso ni autorización alguna y que las obras ni siquiera se detuvieron después de que la sentencia del Supremo que anuló la compraventa del frente de la playa.
* La Opinión - DANIEL MILLET - 24.2.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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LAOPINIÓN : Fidel Saura abandonó la concejalía de Urbanismo hace más de nueve años, pero ahora tiene que rendir cuentas ante el Juzgado de Instrucción nº2 por autorizar la construcción de 23 viviendas en una zona inundable en el año 2003. La fiscalía le ha imputado por un presunto delito de prevaricación, al adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta.
Los hechos se remontan a 2003, cuando el entonces edil de Urbanismo dio el visto bueno a la urbanización de 23 viviendas en las inmediaciones de la rambla de El Pericón, en La Aljorra. Los dúplex se construyeron sin dificultades, pero cuando sus propietarios los habitaron comenzaron a surgir problemas ya que cada vez que se producían lluvias fuertes la zona se inundaba causando múltiples desperfectos a las casas.
«En 2009, fue la primera gran inundación y, desde entonces, cada vez que llueve tenemos problemas. La Confederación Hidrográfica del Segura advirtió de que esta zona era inundable, pero el Ayuntamiento no hizo caso», destaca uno de los vecinos que se han presentado como acusación particular en esta causa.
El partido político Socialistas por Cartagena presentó la documentación relativa a este caso ante la fiscalía, donde detectaron indicios de irregularidades y decidieron imputar a José Fidel Saura. El exedil tendrá que declarar el lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena. Los vecinos indicaron a esta redacción que el Ayuntamiento también ha llevado a cabo diversos estudios en la zona constatando que es inundable debido a su cercanía a la rambla. «No entendemos por qué autorizaron la construcción si sabían que no se podía», destacó un vecino.
* La Opinión - MAR GÓMEZ - 23.1.12
Foto: Cartagena, inundación rambla 09 - sisimurcia
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DIARIODESEVILLA* : Una sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha declarado nulo el estudio de detalle que se aprobó en el año 2009 para desarrollar uno de los espacios libres que quedan en el casco histórico de Camas: el solar del antiguo cine de verano y las zonas adyacentes donde, además de unas 200 viviendas, estaba prevista la apertura de nuevas calles, importantes por tanto para el Consistorio y la ordenación del tráfico en el municipio. En el fallo se da la razón a una propietaria minoritaria de los suelos que presentó el recurso, basándose en que el estudio de detalle de la demoninada Actución Urbanística en Suelo Urbano, AUSA-13, incluía mayor edificabilidad de la contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que la ley no permite y que podría comprometer su patrimonio en caso de que el fallo hubiera llegado ya cuando se hubiera hecho la inversión.
Según los datos que maneja el abogado José Manuel Ramírez Mora, que representa los intereses de esta propietaria, aunque la sentencia no se detiene en hacer el cálculo, el aumento de tres a cuatro alturas en manzanas distintas a las previstas en el PGOU conllevaría un incremento de la edificabilidad de entre 1.200 y 5.000 metros cuadrados. El Estudio Detalle fue aprobado por el Pleno en la etapa de gobierno de Juan Pazos.
La sentencia tiene fecha del 9 de enero. Los abogados no pidieron en su momento la suspensión cautelar del estudio de detalle, pero el hecho de que no se haya construido ha evitado mayores complicaciones, como la necesidad de demoler. Para el gobierno local, que dirige el socialista Rafael Recio, el fallo no conlleva un especial perjuicio. Los promotores son privados. Fuentes de Urbanismo destacaron que, dado que la promotora que tenía el 90% de la promoción está "desaparecida" -el Ayuntamiento no logra si quiera contactar con ella-, consideran más interesante incluso que unos nuevos promotores puedan desarrollar su propio estudio detalle y confían en que se materialice pronto un cambio en la propiedad del grueso del suelo para que el proyecto pueda desbloquearse.
El regidor, por su parte, mostró su preocupación por que un solar en el centro "quede baldío". Teniendo en cuenta que ya se han producido algunos problemas por el abandono del espacio, aseveró que "estarán encima de la aplicación de las ordenanzas en cuanto a higiene y salubridad". Recio consideró además que, dado que hay que afrontar un nuevo estudio de detalle, éste puede recoger una mejor solución a los problemas y necesidades del municipio en cuanto a bolsas de aparcamientos y de movilidad y regulación del tráfico.
* Diario de Sevilla - TRINIDAD PERDIGUERO - 20.2.12
Foto: Sevilla, solar antiguo cine -diariosevilla
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DIAGONAL* : Industria elimina las primas a las energías renovables Los intereses de las eléctricas se imponen en un Real Decreto que acarreará la destrucción de empleo en el sector de las energías limpias.
Más ladrillo: Fomento anuncia 3.500 kilómetros más de autovías. El Estado español se aleja con estas medidas de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Como un torrente. Dos periodistas de El País y Público ironizaban, la mañana del 1 de febrero, sobre la velocidad a la que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, explicaba cuál va a ser su programa al frente del Ministerio. Ese mismo día aparecían en su página web, con una edición también apresurada, las 66 propuestas que Arias Cañete va a tratar de desarrollar en su segunda etapa como ministro.
Las respuestas de los grupos ecologistas a la batería de propuestas de Miguel Arias Cañete han sido de franco rechazo. Así, Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, describía la acción del Gobierno como un “desmantelamiento del Estado del bienestar medioambiental”. En Ecologistas en Acción se subraya que estas medidas profundizan las archisabidas políticas desarrollistas: más ladrillo, a través de la construcción de infraestructuras y la puesta en cuarentena de la Ley de Costas de 1988, y más contaminación, al priorizar la recuperación económica por encima del cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en Kyoto.
Las respuestas de los grupos ecologistas a la batería de propuestas de Miguel Arias Cañete han sido de franco rechazo. Así, Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, describía la acción del Gobierno como un “desmantelamiento del Estado del bienestar medioambiental”. En Ecologistas en Acción se subraya que estas medidas profundizan las archisabidas políticas desarrollistas: más ladrillo, a través de la construcción de infraestructuras y la puesta en cuarentena de la Ley de Costas de 1988, y más contaminación, al priorizar la recuperación económica por encima del cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en Kyoto.
* Diagonal - PABLO ELORDUY - 22.2.12
Foto: Arias Cañete, ministro de MA - genoveses
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PÚBLICO* : El Ministerio de Miguel Arias Cañete ha echado un rapapolvo al Plan Las Aletas, bautizado por los ecologistas de WWF como "el nuevo Algarrobico de Andalucía", que pretende construir un macropolígono industrial en una zona de 387 hectáreas de marismas, 266 de ellas en suelo público de la bahía de Cádiz protegido por la Ley de Costas. El proyecto, impulsado en 2007 por los entonces ministro de Economía y presidente de la Junta de Andalucía, los socialistas Pedro Solbes y Manuel Chaves, ya fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2009, al no encontrar justificada la invasión del dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo unas modificaciones y lo volvió a presentar a información pública dos días antes de las elecciones generales del 20-N para combatir el paro en la provincia de Cádiz.
Ahora, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ve justificación para que el proyecto siga ocupando más de 300 hectáreas, "dada la previsible evolución de la actividad económica a corto y medio plazo debido a la actual crisis", y pide que se reduzca su superficie o se fragmente. Según el departamento de Cañete, que responde a consulta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro, que ha heredado el proyecto socialista, con estos condicionantes económicos es "previsible" que no esté "suficientemente justificada la necesidad de ocupar terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre". El informe recuerda que las marismas en las que se pretende construir el macropolígono, con una inversión de más de 830 millones de euros, son una zona de paso de aves migratorias procedentes del norte de África y algunas de ellas nidifican allí. La cigüeña negra y el águila pescadora, en estado "vulnerable" según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, están censadas en la zona.
El documento, elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y firmado el 3 de enero de 2012, se llega a preguntar "si tiene cabida una infraestructura más de este tipo en un entorno donde existen varios complejos similares cercanos", en los puertos de Algeciras, Huelva, Sevilla y Málaga, entre otros. Para el Ministerio de Cañete, es "esencial" estudiar si el Plan Las Aletas tiene cabida para "evitar el peor de los escenarios posibles: la paralización y abandono de las actividades después de haber realizado las obras, con la consiguiente ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre".
Sólo economía
El documento, divulgado ayer por WWF, destaca que la construcción del polígono en las marismas implicaría la desaparición del hábitat de multitud de aves presentes en el cercano Parque Natural Bahía de Cádiz y el deterioro de los fondos marinos, un ecosistema protegido por la UE, debido al previsible incremento del tráfico marítimo. En pleno debate sobre la reforma de la Ley de Costas, el informe afea que sólo se haya tenido en cuenta "el rendimiento óptimo de la ocupación en términos de objetivos económicos".
Para la abogada de WWF Rita Rodríguez, que ya consiguió frenar el plan en el Supremo, el nuevo proyecto es "ambientalmente insostenible, jurídicamente muy cuestionable y un dineral económicamente". La ONG pide al Consejo de Ministros que no apruebe el macropolígono, como sí hizo el Ejecutivo de Zapatero en 2007.
* Público - MANUEL ANSEDE 23/02/2012
Foto: Zona que estaría afectada por el Plan Las Aletas.-WWF
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ELPAÍS* : Al menos 14 personas fueron detenidas el jueves en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de 9 millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la dirección general de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social.
La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).
Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 10 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Este, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas "de forma impecable" y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error".
Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y sólo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado, tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en sus declaraciones, respondió que es “un hombre honesto”.
Una de las denuncias que originaron el caso, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes).
El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas.
La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”.
En uno de los informes, se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”.
La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro.
Además, sostiene que aún en el caso de admitir como buenas estas facturas emitidas desde aquel país (“que son calculadas directamente en euros y no en córdobas nicaragüenses”, tal como indica el informe), el gasto realizado con cargo a la subvención sería de 306.000 euros de los 833.000 concedidos, con lo que la diferencia, unos 530.000 euros, debería haberse reintegrado en las arcas públicas. Un reintegro “del que no hay constancia en el expediente examinado”.
El informe indica también que los proyectos contemplaban la realización de servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios, que se encargaban a la empresa Arcmed, “representan un porcentaje de la actividad subvencionada” y vulneraban la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones.
La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal Anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada en octubre de 2010. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado.
Carrasco estaba valorando la conveniencia de esperar o no hasta después de los días festivos de fallas para actuar, según las mismas fuentes, para evitar que hubiese un vacío en las operaciones que tenía previstas llevar a cabo. Finalmente, se decidió por adelantarla.
La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está todavía en una fase no concluida, indicaron fuentes jurídicas. El motivo es que mientras la primera denuncia se refería a unos hechos concretos, la siguiente fue acompañada de una abrumadora cantidad de datos producto, señalaron, de volcados informáticos realizados desde dentro de la entonces Consejería de Cooperación y Solidaridad. El fiscal también habría apreciado en ella indicios de delito.
La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia.
La noticia de la detención de Josep Maria Felip conmocionó el pleno de las Cortes Valencianas. La oposición reclamó enseguida que el presidente Alberto Fabra tomara medidas y cargó contra Blasco. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió la destitución de Felip, que se produjo horas después, y también la de “la autoridad que le nombró, que es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario”. Lo mismo hicieron Compromís y Esquerra Unida.
* El País - ADOLF BELTRAN / MARÍA FABRA / IGNACIO ZAFRA Valencia / Castellón 23 FEB 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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ELPAÍS* : El Consello da Xunta aprobará hoy el plan sectorial de la ETEA, sede del Campus do Mar, con un núcleo residencial que no estaba previsto en el proyecto inicial que informó el Ayuntamiento de Vigo hace tres años, lo que constituye un hecho “de extrema gravedad”, según el alcalde, Abel Caballero, que denuncia una afección impropia sobre el trazado urbanístico de la ciudad.
La inclusión de la zona residencial con carácter de uso complementario, según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, es consecuencia de las alegaciones y posteriores negociaciones con los vecinos de la zona, que así lo pidieron. El Ayuntamiento no presentó ninguna alegación, pero Caballero afirmó ayer que el plan no debería incluir uso residencial y, por no dárselo a conocer, afeó las invocaciones a la cooperación del presidente Núñez Feijóo.
Los cambios introducidos en el documento del plan sectorial que aprobará hoy el Consello da Xunta “no suponen modificaciones sustanciales en los usos del Campus do Mar, con lo que no es necesario volver a someterlo a información pública”, según la Xunta. Con la inclusión del uso residencial, el plan vuelve al proyecto de Zona Franca que anuló la Xunta bipartita para implantar en el recinto la Cidade do Mar, a su vez anulada por la actual Xunta, hasta que surgió el proyecto análogo del Campus do Mar.
El ámbito, según la Xunta, mantendrá su edificabilidad actual de 14.000 metros cuadrados para usos académicos, municipales y sociales. Cada promotor (Universidade de Vigo, Ayuntamiento y Xunta) definirá su propio ámbito y deberá hacer su proyecto concreto. A la Xunta le corresponden los usos sociales, en los que prioriza los socioasistenciales y los socioculturales antes que los residenciales, y todos ellos como consecuencia de las alegaciones y posterior diálogo con los vecinos, según la misma fuente autonómica.
Así, se acordó retirar todos los edificios que se vayan a construir a la zona más alejada del litoral, para evitar su efecto pantalla. Consistirán en un geriátrico, una guardería, un centro social y un núcleo de viviendas cuyo número aún no se ha concretado pero que podrían ser entre 40 y 50.
Sospechando que iba a edificarse un área residencial, según indicó ayer Abel Caballero, el Ayuntamiento reclamó a la Xunta, en diciembre pasado, que le volviese a remitir el plan sectorial con los eventuales cambios que hubiera introducido. No tuvo respuesta, por lo que lleva “tres años sin saber nada de las intenciones” del Gobierno gallego para la ETEA. Aunque el plan sectorial es competencia autonómica, el regidor vigués denunció que “no se conoce ninguno que haya sido hecho en contra de un Ayuntamiento”.
Por eso censuró las invocaciones del presidente Feijóo a la cooperación —el martes, en la toma de posesión de Teresa Pedrosa como delegada de la Zona Franca— e ironizó con su “desconocimiento serio de esta ciudad” por anunciar la Xunta que va a abrir el recinto de la ETEA. “Lleva ya tres años abierta, hemos hecho un paseo marítimo y regenerado una playa, por ahí han pasado y pasan miles de vecinos”, enunció. “Feijóo no conoce esta ciudad, no la sigue ni de oídas”, concluyó.
* El País - PRIMITIVO CARBAJO Vigo 22 FEB 2012
Foto: Vigo, universidad - asturgalicia
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EUROPAPRESS* : La organización Ecologistas en Acción Andalucía ha recogido en un documento, titulado 'Nuestras propuestas para 12 políticas', su postura como grupo y sus exigencias de cara a los próximos comicios andaluces del 25 de marzo para los distintos partidos políticos que presentan candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Entre las mismas, destaca la solicitud de "poner límites naturales" al crecimiento material de la comunidad, pues "se está degradando el medio ambiente y se está poniendo en riesgo, no solo el bienestar de las personas, sino su supervivencia".
Ecologistas en Acción, que recuerda "no es una organización apolítica", reivindica el ecologismo social en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, donde lamenta que la política en Andalucía "no es sostenible, sino 'sostemible'". "La angustiosa situación de recesión y paro tiene que ser un estímulo para un decrecimiento sostenible que ofrezca empleos verdes", añade.
Por otro lado y antes de pasar a enumerar una serie de compromisos que proponen en doce ámbitos de actuación política, Ecologistas en Acción Andalucía crítica que las políticas urbanística y energética en la comunidad han generado "crecimientos desmesurados" con resultados como "el despilfarro energético, elevados niveles de contaminación, bloque de las energías renovables, especulación inmobiliaria o la destrucción de ecosistemas litorales". Igualmente, también ha mostrado su rechazo al escudo antimisiles estadounidense de la base militar de Rota (Cádiz) y ante la falta de participación ciudadana en los órganos de control medioambientales.
En política energética, la organización ecologista andaluza apunta que el objetivo debe ser "promover actuaciones que contribuyan a evitar un Cambio Climático peligroso", para lo que es "necesario" reducir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) hasta situarlas "a mitad de siglo un 80 por ciento por debajo de las de 1990".
En este campo, el documento propone reducir la demanda final de energía en cada uno de los sectores presentes en Andalucía y, especialmente, en los edificios públicos, reduciendo el consumo "al menos en un 20 por ciento al final de la legislatura respecto al comienzo de la misma"; incrementar la producción de energías renovables; la obligación de incorporar energía solar térmica y fotovoltaica en los edificios; desarrollar la energía eólica marina en zonas costeras apropiadas, seguir con la promoción de las centrales termosolares y construir plantas de biomasa térmica y eléctrica con criterios sostenibles.
Para Ecologistas en Acción Andalucía el transporte y las grandes infraestructuras son causa del "actual caos en la ordenación del territorio y principal motivo de la pérdida de habitabilidad de las ciudades". En este sentido, solicita "una moratoria a la construcción y ampliación de autovías, trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos, cancelando proyectos no adjudicados aún"; para a continuación invertir las inversiones, pasando éstas a la recuperación y mejora de los servicios ferroviarios, al transporte público y los medios no motorizados.
CIERRE DE NERVA
En políticas de residuos, crítica que "la generación de residuos por personas no hace sino crecer", por lo que solicita una revisión "urgente" de los planes andaluces de residuos peligrosos y no peligrosos, haciendo hincapié sobre la prevención, la reutilización y el reciclado, así como el abandono de la incineración como método de gestión. Del mismo modo, espera que se alcance para el final de legislatura "al menos un diez por ciento de reducción en peso de los residuos generados"; realizar el sellado, aplicación del impuesto sobre vertido en todos los residuos y restauración ambiental de los vertederos incontrolados o cerrar el vertedero de Befesa en Nerva (Huelva), entre otras concreciones.
"Situaciones como la acumulación de 75 millones de toneladas de fosfoyesos radiactivos al lado de Huelva, el constante trasvase --bunkering-- de hidrocarburos en la Bahía de Algeciras, la acumulación de balsas mineras tóxicas en Sevilla y Huelva, el vertido al mar sin depuración alguna de ciudades como Algeciras o el incremento de los residuos peligrosos en el vertedero de Nerva, son amenazas para nuestro mermado medio ambiente y para la salud de la población y bombas de relojería para las generaciones futuras", ha lamentado, indicado que confía en que el próximo Gobierno andaluz efectúe un estudio epidemiológico "riguroso" para ver la causa de la mayor prevalencia de enfermos de cáncer en Sevilla, Huelva y Cádiz.
El documento, recogido por Europa Press, señala que hablar de suelo es "sinónimo" de urbanismo, construcción y de "destrucción y especulación", por lo que propone "impedir la recalificación de nuevos suelos hasta que no se haya ejecutado, al menos el 90 por ciento, del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor"; no legalización ni regularización de viviendas ni urbanizaciones ilegales que incumplan el texto original del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) o la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como la demolición de todo lo construido ilegalmente y que no haya prescrito la infracción; prohibir los convenios urbanísticos y la venta de los derechos de edificabilidad de los ayuntamientos; y un compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia.
Por otro lado y en referencia a las políticas de materia hidráulica de la Junta, Ecologistas en Acción propone como "inexcusables" descartar la construcción de embalses y trasvases, cerrar los pozos ilegales, reducir el consumo de agua, restaurar el dominio público hidráulico y depurar los vertidos de todos los núcleos urbanos.
ABANDONO "DEFINITIVO" DEL DRAGADO DEL GUADALQUIVIR
Igualmente, solicita "abandonar definitivamente la propuesta de dragado del Guadalquivir"; el control de vertidos industriales y mineros de Cobre Las Cruces; prohibir el uso de sustancias tóxicas en la agricultura; no crear nuevas superficies de regadíos; mantenimiento del principio de unidad de cuenca como unidad de gestión; y recuperación de costes para todos los usuarios del agua, entre otras peticiones.
Ecologistas en Acción, conscientes del "gran impacto" de la agricultura y la ganadería sobre el medio ambiente, exige "una reforma sustancial de las políticas agrarias, eliminando subvenciones perversas y primando prácticas beneficiosas para el medio ambiente".
"Mantener la Ley de Costas en su estado actual, proteger los suelos no urbanizados situados a 500 metros del mar, o no aprobar nuevos proyectos de construcción de puertos deportivos", son algunas de las peticiones y compromisos que confían en que tome el nuevo Gobierno en materia de costas.
NO MÁS CARRETERAS EN DOÑANA
Por último, en materia de biodiversidad, la organización conservacionista lamenta que "Andalucía sufre un proceso rápido de pérdida de diversidad biológica", por lo que exige, entre otras cosas, poner en práctica los planes de recuperación de todas las especies en peligro de extinción incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y actualizar el catálogo andaluz; desarrollar un plan de lucha contra el veneno y de modificación de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna; aprobar una Estrategia de Control y Erradicación de especies introducidas invasoras; impedir la legalización de las zonas agrícolas ilegales y sus correspondientes pozos para regadío en el Espacio Natural de Doñana, así como "no volver a plantear más carreteras en este entorno".
* Te Interesa - EP - 21.2.12
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir -iagua
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ELPAÍS/Alicante* : La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante aprobará el viernes el último plan parcial pendiente de desarrollar en el playa de San Juan, que prevé casi 500 nuevas casas. El programa deberá ratificarse la semana próxima en pleno. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Alicante da luz verde a la urbanización de la zona menos construida de su litoral norte. Y también se reactiva un plan urbanístico cuya gestación ha superado ampliamente la década.Este plan parcial estaba ya recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de 1987, aún vigente a falta de que el Consell autorice definitivamente la revisión del nuevo y polémico planeamiento, ahora en los tribunales a través de una de las ramas del caso Brugal.
El Plan Parcial para ordenar los terrenos de la zona norte de la playa de San Juan de Alicante (sector 2) se adjudicó provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de Alicante el 8 de febrero de 2000 a la mercantil Litoral Mediterráneo, 2, S. A. Pero tras este paso, las sucesivas pegas planteadas por las distintas administraciones dilataron la aprobación definitiva. Ahora, el plan vuelve a someterse a aprobación provisional.
El sector 2 de este plan parcial supondrá la construcción de casi 500 viviendas en bloques de hasta diez alturas, que se sumarán a las 316 que ya están construidas en la zona, según puntualiza EU, que expresa su rechazo a que se edifique "en las pocas zonas de costa que quedan" poco urbanizadas. La empresa promotora intentó en varias ocasiones en los últimos años que este plan parcial quedara exento de la obligación legal de que el 30% de las viviendas que se construyan sean protegidas. Con esta intención, por ejemplo, se dirigió por escrito en enero del año 2009 a la Gerencia de Urbanismo. Y tras analizar la documentación, ha saltado la polémica. El portavoz del grupo municipal EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, destaca la ambigüedad existente en la documentación del plan parcial donde no se garantiza la obligación de respetar que el 30% de las viviendas sean de carácter social. "No queda garantizada [en la documentación aportada] esa reserva de vivienda protegida y no entendemos por qué el PGOU no cumple con la ley". El edil asegura que si no reciben garantías sobre esta reserva votarán en contra en la Comisión de Urbanismo del viernes.
Pero desde la Gerencia de Urbanismo, sin embargo, aseguran que no se hará ninguna excepción con este plan parcial y que, por tanto, la mercantil que lo urbanice deberá reservar el 30% de las vivienda para uso social. Contextualizan, sin embargo, la polémica y explican que los intentos de la mercantil por eliminar esta condición obedecen a que la Consejería de Urbanismo abrió la puerta hace algunos años a un cambio de normativa que eximiera a las zonas turísticas de destinar un porcentaje de las nuevas casas para viviendas protegidas. Un cambio, agregan, que no se produjo finalmente.
* El País - ROSA BIOT Alicante 22 FEB 2012
Foto: Playa S.Juan - mma
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IDEAL* : Varias organizaciones han presentado hoy la "Plataforma en Defensa del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar" para promocionar la protección de este espacio natural frente a la especulación urbanística, el deterioro del patrimonio natural y cultural o los problemas de movilidad.
La Plataforma ha sido constituida por "Amigos de la Alcazaba", la "Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar", "Ecologistas en Acción", Equo, Grupo Ecologista Mediterráneo e IU.
La portavoz de EQUO Almería, Mar Verdejo, ha explicado a Efe que la constitución de la Plataforma surge de la necesidad de reflexionar sobre el estado de este entorno, cuando se cumple el 25 aniversario de la declaración de Parque Natural, y trabajar para frenar los "riesgos" que se ciernen sobre él. La Plataforma ha preparado una serie de acciones reivindicativas en torno a la biodiversidad, el urbanismo "especulador", el patrimonio histórico y cultural, la movilidad y las infraestructuras, y los equipamientos públicos.
La primera de ellas se celebrará el próximo 3 de marzo en el Cortijo del Fraile, un inmueble del siglo XVIII en el que se inspiró Federico García Lorca para escribir "Bodas de Sangre" y declarado Sitio Histórico por la Junta de Andalucía, para reivindicar su restauración ante el avanzado estado de deterioro.
Para ello, grabarán un vídeo y contarán con la artista almeriense Sensi Falán para la interpretación de "La nana del caballo grande", perteneciente a la obra de Lorca.
En el manifiesto elaborado por la Plataforma, los integrantes afirman que en el XXV aniversario "hay muy poco que celebrar y mucho que hacer para garantizar que este espacio se proteja".
Así, denuncian la existencia de una "presión urbanística especuladora" en el "entorno más inmediato" al Parque, con la proyección de urbanizaciones en la zona de Hoya Altica, La Boca del Fraile o el Nazareno, o las ya construidas de Rambla Macenas, en Mojácar, o El Toyo-Retamar.
Además, denuncian el "disparate" del hotel construido en la playa de El Algarrobico, y otros proyectos "de un modelo desarrollista obsoleto", como las urbanizaciones previstas en Las Negras o La Fabriquilla, "que suponen una espada de Damocles sobre la integridad del Parque".
También señalan que la falta de recursos para la conservación del patrimonio natural e histórico "genera una imagen que no se debería de producir en un espacio tan emblemático", con bienes como el Cortijo del Fraile, el Castillo de San Pedro o la Torre de los Alhumbres, que "se están cayendo sin que se haga nada por evitarlo".
* Ideal - EFE - 22.2.12
Foto: Cabo de Gata (Almería), parque - ideal.es
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ELPAÍS* : Si se recorta, la aceptamos. Este es el mensaje que parece querer enviar la Unesco a las autoridades españolas sobre la construcción de la Torre Pelli, el rascacielos promovido por Cajasol en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Así se lo insinúa en una carta el director del Centro Patrimonio de la Humanidad, Kishore Rao, al embajador de España en la organización internacional y así lo dice claramente el informe redactado por los miembros del Icomos (una institución que asesora a la Unesco en materia de patrimonio) que visitaron Sevilla en noviembre.
El objetivo de la carta de Rao es trasladar al embajador español, Ion de la Riva, el informe del Icomos y sus "recomendaciones", entre otras "parar la construcción" del edificio y hacer "modificados en el proyecto" del arquitecto argentino César Pelli. No es la primera vez que la Unesco pide que se detenga la construcción de la torre. Ya lo hizo en junio de 2009. Por su parte, el Icomos siempre se ha opuesto al rascacielos, de 178 metros y 40 plantas, de las que ya se han construido las 12.
El informe elaborado tras su última visita a la ciudad insiste en el impacto visual negativo de la torre para la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, los tres edificios de Sevilla que son Patrimonio Mundial. "El impacto de la Torre Cajasol es sustancial, dentro y fuera de los tres sitios de la propiedad ya inscritos" como Patrimonio Mundial.
"El volumen y la altitud propuestas para la nueva torre afecta la percepción y la lectura de la Catedral, y terminará por perder la indiscutible "realeza" de la Giralda en el paisaje urbano actual", añaden los expertos, que consideran que este impacto es "excesivo y sin duda negativo".
El escrito del Icomos no es vinculante y el informe definitivo de la Unesco sobre la torre no se conocerá hasta la reunión que su comité de patrimonio celebrará en junio en San Petersburgo. Por ahora, Icomos recomienda al Ayuntamiento que "encuentre formas de detener la construcción" y "revisar el proyecto". Es decir, frente a muchos de los detractores que el edificio tiene en Sevilla, agrupados en la plataforma Túmbala, el organismo no habla de echar abajo lo construido, sino que ofrece una salida que no es descartable que pueda acabar convenciendo a las partes: rebajar la altura de la torre.
"Debería comenzar su proceso de revisión, mediante el estudio de la modificación de su escala y altura en relación con el impacto percibido que tiene en relación con el contexto histórico cercano", El Ayuntamiento, desde que el PP llegó al poder, no ha querido pronunciarse ni a favor ni en contra de la torre, pero fueron los portavoces del gobierno municipal los que ayer movieron la carta y el informe de Icomos para que llegara a los medios de comunicación, una forma de actuar habitual en el equipo de Juan Ignacio Zoido cuando quiere dar a conocer un documento de su agrado.
Cajasol siempre ha insistido en que no se plantea ni parar la obra ni reducir su altura, aunque Icomos asegura haber mantenido "contactos preliminares (no formales)" con los "promotores del proyecto" en los que se habló de revisar el diseño. "Pero Cajasol dijo que consideran el proyecto totalmente legal y con licencia completa" y que creen "inadecuado" modificarlo.
Los expertos instan también a que se complete el plan especial de protección para las zonas históricas de Sevilla. Además, advierten de "los impactos de los excesos de turismo" en el Alcázar, uno de los tres monumentos que integran la lista sevillana de Patrimonio Mundial. Según el informe, el exceso de visitas hace que la "percepción" de los espacios y detalles del Alcázar sea "casi imposible".
* El País - REYES RINCÓN Sevilla 20 ENE 2012
Foto: Obras de construcción de la Torre Pelli. / ALEJANDRO RUESGA
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PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA* :
Ante el anuncio aparecido hoy en algunos medios que adelanta algunas medidas para evitar desahucios que en principio anunciará hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la espera de conocer más detalles, la PAH quiere advertir lo siguiente:
En primer lugar, según las informaciones aparecidas, las supuestas medidas se limitarán a meras “recomendaciones” para las entidades financieras: No necesitamos recomendaciones, sino una legislación garantista que proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estos años de crisis en los que la PAH acumula una gran experiencia de negociaciones con la banca nos han demostrado que la intervención pública no se puede limitar a apelar a la buena voluntad de bancos y cajas, porque estas entidades son empresas cuyo objetivo es hacer el máximo beneficio para repartirlo entre sus accionistas. Sería inaceptable dejar que sigan siendo los bancos los que decidan, en función de sus intereses y no de las condiciones objetivas de las familias, quienes se salvan de la deuda y el desahucio, y quienes no.
En segundo lugar, se anuncian como medidas incentivos fiscales y nuevas partidas del ICO. Exigimos que cualquier medida que se apruebe sea realmente para ayudar a las familias, ya que en lo que llevamos de crisis varias veces se ha anunciado medidas que finalmente a quien han beneficiado, una y otra vez, ha sido a la banca. Recordemos la moratoria ICO, aprobada por el gobierno anterior, que terminó siendo un absoluto fracaso para las personas afectadas. La ciudadanía no entendería que las medidas que finalmente se aprueben impliquen más dinero público para las entidades responsables de la crisis.
En tercer lugar, le recordamos al Gobierno que llevamos ya más de 330.000 ejecuciones hipotecarias y que por lo tanto hay cientos de miles de familias que ya han sufrido el injusto procedimiento de ejecución español, quedándose con una deuda de por vida y sin vivienda.Las medidas que se aprueben deben contemplar a la gente ya afectada, no aceptaremos medidas que sólo sirvan a futuro. No aceptaremos que se sacrifique a millones de personas. Las víctimas de la estafa inmobiliaria y financiera exigen reparación y una segunda oportunidad.
Por todo lo expuesto, mantenemos la necesidad urgente de legislar para garantizar el derecho a la dación en pago, la moratoria de los desahucios y la reconversión de los pisos hipotecados ejecutados en alquiler social asequible, y todo ello con carácter retroactivo. Recordamos que estamos a punto de empezar la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular que llevará estas propuestas al congreso, demostrando cual es la voluntad mayoritaria de la población española.
No necesitamos recomendaciones ni incentivos. Necesitamos una legislación que garantice el derecho a una segunda oportunidad y el derecho a la vivienda.
última hora: se confirman las sospechas de la PAH. Las declaraciones del Ministro Guindos son un brindis al sol. la dación en pago voluntaria ya está contemplada en el ordenamiento jurídico actual , con el resultado de sobras conocido. Por otra parte nos preocupa y mucho las declaraciones aparecidas en algunos medios donde según parece la intención del ministerio es impulsar las ejecuciones extrajudiciales. Estas ejecuciones representan otra de las salvajadas legales de nuestro ordenamiento hipotecario y permiten a las entidades hacerse con la vivienda sin pasar por el juzgado, en un breve periodo de tiempo y con la posibilidad de que el banco se adjudique la vivienda a 1 euro. Las declaraciones de Guindos suponen un insulto para las centenares de miles de familias immersas a dia de hoy en un proceso ejecutorio y el código de buenas conductas un burdo intento lavar la cara al gobierno tras el anuncio de la reforma laboral y las injustificadas cargas policiales de los últimos días.
* Plataforma afectados Hipoteca - 22 febrero 2012
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MÁLAGAHOY* : Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.
Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero.
Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".
Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".
Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".
Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.
También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.
En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.
El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito.
Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".
La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.
* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 22.02.2012
Foto: Residencia Marymar de Benalmádena.- malagahoy
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ELCONFIDENCIAL* : Los Goyas no dan tanto dinero. La Generalitat de Valencia ha decidido poner a la venta su ambicioso proyecto de la 'Ciudad de la Luz'. Sólo diez años después arrancar como realidad empresarial, los estudios cinematográficos levantados en Alicante bajo el gobierno del expresidente Eduardo Zaplana esperan comprador. Un final obligado para una inversión que el pasado mes de diciembre de 2011, a través de la empresa privada que gestionaba el complejo, se declaró en concurso de acreedores.
De nada ha servido que por estos flamantes estudios, donde se han rodado éxitos de taquilla internacionales como 'Asterix y los Juegos Olímpicos' o coproducciones de autor como 'Un cuento chino', la cinta de Gerardo Herrero galardonada con un Goya, hayan pasado proyectos de mayor y menor nombre. Después de invertir más de 150 millones (más otros 190 de deuda), la realidad ha obligado a recurrir al amparo de la quiebra mientras se encuentra un comprador.
Los Goyas no dan tanto dinero. La Generalitat de Valencia ha decidido poner a la venta su ambicioso proyecto de la 'Ciudad de la Luz'. Sólo diez años después arrancar como realidad empresarial, los estudios cinematográficos levantados en Alicante bajo el gobierno del expresidente Eduardo Zaplana esperan comprador. Un final obligado para una inversión que el pasado mes de diciembre de 2011, a través de la empresa privada que gestionaba el complejo, se declaró en concurso de acreedores.
De nada ha servido que por estos flamantes estudios, donde se han rodado éxitos de taquilla internacionales como 'Asterix y los Juegos Olímpicos' o coproducciones de autor como 'Un cuento chino', la cinta de Gerardo Herrero galardonada con un Goya, hayan pasado proyectos de mayor y menor nombre. Después de invertir más de 150 millones (más otros 190 de deuda), la realidad ha obligado a recurrir al amparo de la quiebra mientras se encuentra un comprador.
* El Confidencial - Carlos Hernanz - 21.2.12
Foto: Alicante, ciudad de la luz - elconfidencial
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VAVEL/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que, en la zona que actualmente ocupa el estadio Vicente Calderón, que será destruido proximamente junto con el solar de la cervecera Mahou, no se podrán construir edificios de más de cuatro pisos de altura.
La sentencia emitida por el Tribunal Superior, que podrá ser recurrida ante el Supremo, está relacionada con la impugnación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid por la asociación Señales de Humo. Sin embargo, parte de la petición presentada por dicha asociación, más concretamente en la que hacía a referencia a que el proyecto no había sido sometido a información pública y únicamente tenía el interés de favorecer al club, ha sido desestimada por el mismo Tribunal.
Tras conocer la sentencia, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que "desestima la pretensión de la asociación recurrente para que se declarase la nulidad de toda la modificación urbanística en el ámbito 'Mahou-Vicente Calderón', con la única excepción" de la altura de los edificios, "que en nada afecta a los planes del Club en cuanto a la transmisión de sus aprovechamientos urbanísticos en este ámbito y la construcción de su nuevo Estadio, ya en curso".
El derribo de la Cervecería Mahou y del estadio Vicente Calderón se conoce desde diciembre del año 2009, justo después de la modificación puntual del PGOU para que se produjeran dichas obras. Señales de Humo, entonces, presentó un recurso en el que alegaba que la operación vulneraba en varios aspectos la Ley del Suelo de Madrid.
El fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza todas las alegaciones de la asociación, salvo la referida a la altura de los edificios. En la parte referida a la Ley del Suelo se recoge que "no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático, incluida la baja, plantas retranqueadas y semisótanos que sobresalgan más de un metro". Aunque puede haber ciertas excepciones "cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas".
Paz González, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, afirmó que "el Consistorio, conjuntamente con la Comunidad, estudiará la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo al no compartir la interpretación que ha hecho el Superior de Justicia de Madrid". Desde el Ayuntamiento de Madrid señalan que la limitación de alturas "no es aplicable al ámbito Mahou-Calderón".
* Vavel - Pablo Miranda - 17.2.12
foto: Madrid, obras Vicente Calderón - vavel
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PÚBLICO/Valencia* : La Policía Nacional cargó ayer con violencia contra centenares de estudiantes que se manifestaban contra los recortes en educación en Valencia. El saldo final fue de una veintena de detenidos, cuatro de ellos menores. Además, cinco estudiantes resultaron heridos leves y fuentes policiales hablaron de que 11 agentes sufrieron alguna lesión también leve.
La protesta arrancó en la puerta del Instituto Lluís Vives. La concentración comenzó a las 14.45 y sólo pasaron 20 minutos hasta que se produjo la primera escena de violencia policial. Los jóvenes invadieron la calzada de una avenida y cortaron el tráfico. La respuesta de los agentes fue ceñirse el casco, desenfundar las porras y golpear a los escolares. Los policías corrieron detrás de los adolescentes y les pegaron con fuerza.
A partir de esta primera agresión, la misma escena se repitió una y otra vez: centenares de jóvenes se reunían en un punto del centro de la ciudad y allí cortaban el tráfico; la Policía se dividía en varios grupos que cargaban contra los concentrados; los jóvenes huían despavoridos hasta que se reagrupaban en alguna otra calle cercana.
Las Fuerzas de Seguridad, sin razón aparente, optaban en algunos momentos por desalojar no sólo las calzadas, sino también las aceras. En esas ocasiones, los agentes evitaban dirigirse a los transeúntes de mayor edad, pero sí empujaban a los jóvenes, con gritos como "¡circulen!, ¡se acabó la fiesta!". El momento de mayor tensión se produjo cuando alguien robó la porra a alguno de los agentes, y la policía reaccionó con la detención de un hombre. Se produjo entonces una reacción enfurecida de la masa de estudiantes, que fue reprimida con porrazos. La Policía también empujó a dos chicas contra un coche en marcha.
Contra la corrupción
Los disturbios se prolongaron a lo largo de toda la tarde y la noche. Durante todo este tiempo, el centro de Valencia se llenó de jóvenes que corrían mientras gritaban consignas contra la corrupción, los recortes y la Policía. "Como Grecia, arderá Valencia" o "estas son nuestras armas" fueron algunos de los lemas coreados por los manifestantes.
Ante la magnitud de los disturbios, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, justificó la actuación policial. Explicó que las concentraciones son ilegales porque no estaban debidamente comunicadas. Dijo que la Policía debe evitar que se colapse el tráfico y que se menoscaben los derechos de aquellos que no se manifiestan: "Ha habido llamadas de gente que nos decía: ¿por qué no actuáis?", aseguró.
Moreno afirmó además que había "colectivos ajenos a los estudiantes" en la concentración. "Hay gente que los maneja porque creen que es un juego y luego vendrán las lamentaciones", señaló, en relación a las "consecuencias legales" para los alumnos detenidos. Los alumnos, agregó, "deben saber que la legalidad también les concierne a ellos". El jefe de la Policía valenciana explicó que varios exaltados volcaron contenedores y arrojaron objetos contra la Policía, "algo clásico". "Y si usted me ataca, yo me defiendo", razonó. Moreno se refirió a los manifestantes como "el enemigo" tras ser preguntado por el número de efectivos movilizados: "No es prudente decir al enemigo cuáles son nuestras fuerzas y debilidades".
La actitud de la Policía en los últimos días ha sido más contundente que en los últimos meses, cuando ante las acampadas del 15-M en lugares públicos se limitaron, salvo excepciones, a vigilar los alrededores. Preguntada al respecto, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, negó que hubiera directriz política alguna. Pidió "sensibilidad" a los partidos políticos para que no "manipulen" los hechos. Afirmó que, si la Policía se ha "extralimitado" en algún momento, las víctimas deben denunciarlo y serán, entonces, los jueces quienes investiguen.
IU anunció que pedirá a la Fiscalía de Menores que investigue los hechos. Este partido, junto a PSOE e ERC, exigió la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior. Asimismo, Joan Baldoví, diputado de Equo-Compromís en el Congreso, denunció haber sido agredido por la Policía frente al Lluís Vives a pesar de haberse identificado como parlamentario. La protesta también llegó a internet, donde activistas tumbaron la web de la Policía, y a otras ciudades, donde cientos de jóvenes salieron a la calle en solidaridad.
Madres, profesores y estudiantes exigieron responsabilidades. La Federación de Asociaciones de Padres censuró la intervención policial. La madre de una de las detenidas, de 17 años, denunció que la chica había sido arrestada "sin hacer absolutamente nada". "Han tirado gas", se quejó Alma Porta, alumna del Lluís Vives. "Yo buscaba a mi hija, estaba en la acera. Me extrañó que viniera la Policía y nos empujara para hacernos retroceder. Me pegaron en las piernas. Buscaban a los niños, con ellos no tenían ningún miramiento", señaló Olga Belentan, de 54 años. Hubo también varios periodistas agredidos. Ya por la noche, se incendiaron contenedores. Cientos de jóvenes se encerraron en la Facultad de Geografía, con el permiso de la decana. Los enfrentamientos seguían al cierre de esta edición, informa Toni Martínez.
* Público - BELÉN TOLEDO VALENCIA 21/02/2012
Foto: Los antidisturbios cargan contra los estudiantes en el entorno del Instituto Lluís Vives de Valencia. EFE
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