DIARIODEMALLORCA* : Tres cargos de confianza del expresidente balear Jaume Matas (PP), en concreto sus dos jefas de gabinete y su jefe de prensa, le han responsabilizado de la puesta en marcha de un concurso ficticio para encubrir pagos al periodista Antonio Alemany, quien le escribía los discursos de mayor calado político.
Estas tres personas, acusadas en el juicio por una pieza del caso Palma Arena que ha comenzado hoy y en la que Matas se enfrenta a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por corrupción, han atribuido al exministro de José María Aznar la idea de realizar este concurso, que se adjudicó a la empresa de comunicación Nimbus.
En teoría, el contrato perseguía hacer un análisis de la imagen del Govern balear, pero, según han reconocido ante el tribunal las dos jefas de gabinete, María Umbert y Dulce Linares, sus frutos nunca aparecieron. Ambas han coincidido en que la contratación de Alemany fue "ordenada" por Matas "personalmente" y han afirmado que sospechan que el concurso ficticio lo puso en marcha el expresidente.
También han dicho desconocer totalmente que el concurso ocultaba la contratación de Alemany: "Si lo hubiera sabido lo hubiera parado; soy funcionaria y no me voy a jugar la carrera en esto", ha asegurado Linares, quien incluso ha admitido sentirse engañada.
A juicio de Linares, Matas conocía las normas básicas de contratación y sabía que esta manera de actuar era ilegal, cuando lo correcto era contratar al periodista de forma "eventual", ya que hacerlo mediante varios contratos habría sido, ha dicho, un "fraude".
El entonces jefe de prensa de Matas, Joan Martorell, ha ido más allá y ha reconocido que este concurso encubría realmente los pagos a Alemany, con el objetivo, según ha indicado antes Umbert, de que el periodista no tuviera que preocuparse de la mala imagen que podía suponer escribir los discursos mientras colaboraba como columnista para un periódico.
Martorell ha dicho que hasta 2005, cuando se prorrogó, no supo de este concurso, y ha reconocido que entonces redactó un informe avalando dicha prórroga a sabiendas de que el objeto del mismo era falso.
"Entendí que era la forma de tramitar la cuestión y lo di por bueno", ha afirmado respecto al concurso, y ha añadido que firmó las facturas que Nimbus le remitía por este contrato confiando en la labor en los servicios técnicos.
"Lo firmaba todo", ha asegurado, una frase que luego la presidenta del tribunal, Margarita Beltrán, ha puesto en duda al no comprender cómo podía firmar "indiscriminadamente, masivamente y compulsivamente".
Martorell ha dicho que la orden de llevar a cabo este concurso "solo" podía venir de Matas, ya que "tratándose de lo que se trataba, procedía del presidente".
Otra finalidad de este concurso, sospecha la Fiscalía, es que Alemany pudiera acceder a subvenciones públicas, algo que hizo cuando recibió una ayuda del Govern por unos 450.000 euros para poner en marcha la Agencia Balear de Noticias, proyecto que, en palabras de Martorell, Matas ordenó que se financiara antes de que se convocaran las ayudas.
A juicio del exjefe de prensa de Matas, esta subvención no se habría dado sin el visto bueno del presidente, ya que este "tenía una capacidad de trabajo, de análisis y control que prácticamente no había nada del Govern de lo que no estuviera informado o partiera de sus decisiones".
La tercera vertiente que trata esta pieza es un contrato directo por unos 12.000 euros concedido a Alemany para realizar una serie de reportajes sobre turismo y deporte que, según ha reconocido Martorell, nunca se hicieron.
El exjefe de prensa de Matas ha explicado que la finalidad última de este contrato, que contemplaba la cantidad límite para que pudiera ser directo y sin necesidad de concurso, era retribuir a Alemany con un dinero extra por sus servicios al expresidente.
El cuarto acusado en declarar, el propietario de la agencia de publicidad y comunicación Nimbus, Miguel Romero, ha afirmado que el expresidente del Govern balear le forzó a subcontratar al periodista Antonio Alemany para que éste redactara los discursos.
Romero ha asegurado que el expresidente le pidió personalmente que le hiciera "el favor" de ceder a Alemany un contrato que su empresa había ganado en un concurso y que tenía como objetivo oculto el pago de los discursos, algo que él aceptó por temor a no obtener nuevos contratos con la administración.
A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, el empresario ha relatado que Nimbus ganó en 2003 un concurso público para hacerse cargo de un servicio de imagen corporativa del Govern en el que, a instancias "de alguien del Govern" su propuesta incluía la redacción de discursos, aunque no formaba parte de las bases del concurso.
El juicio se reanudará mañana a las 10:00 horas con la declaración del periodista Antonio Alemany y de Jaume Matas, que será el último de los acusados en declarar.
* Diario de Mallorca - Efe - 9.1.12
Foto: El banquillo de los acusados. B. Ramon
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy prisión provisional sin fianza para el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz como medida preventiva tras sus condenas por el denominado "caso Minutas".
Anticorrupción ha planteado que si la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga considera que ello no procede, de forma alternativa pide prisión provisional eludible bajo fianza de 500.000 euros para cada uno.
Además, la Fiscalía ha pedido que los dos procesados comparezcan cada quince días, al mismo tiempo que ha solicitado que se les retiren los pasaportes. Esta solicitud de la Fiscalía se ha conocido en el transcurso de la vista convocada para decidir si se adoptan medidas preventivas contra los condenados en este caso sobre presuntas irregularidades en los encargos efectuados por el Ayuntamiento de Marbella a Del Nido, cita a la que ha acudido el propio letrado.
Riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas son las principales causas por las que Anticorrupción considera que debe pedir la prisión para José María del Nido.
Además, ha explicado que tiene pendiente una pieza separada del procedimiento del "caso Minutas", en la que está imputado, y que el delito que ha cometido lo podría perpetrar en cualquier ayuntamiento de España.
El fiscal ha indicado que la sentencia es un hecho que "debilita la presunción de inocencia" y que las penas a las que ha sido condenado son superiores a los cinco años, por lo que se consideran graves.
Además, la Fiscalía ha añadido que la sentencia ha sido unánime por los tres magistrados y que ninguno de ellos ha realizado un voto particular.
Respecto a Julián Muñoz ha destacado su reiteración delictiva, que ya ha sido condenado en diecisiete ocasiones y que actualmente está siendo juzgado por el "caso Malaya" y ha recordado otras cincuenta causas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación, prevaricación y fraude.
Anticorrupción ha considerado que si se tiene en cuenta el "panorama procesal" de Julián Muñoz, existe en su caso riesgo de fuga.
Del Nido fue condenado a siete años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, misma pena que recayó en Muñoz, aunque en concepto de autor.
Otro de los procesados que fue condenado en el "caso Minutas" es el exasesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro del "Malaya", Juan Antonio Roca, que aunque fue condenado a cuatro años, pena que no alcanza la categoría de grave, el fiscal entiende que hay que añadir "el cúmulo" de procedimientos y el riesgo de fuga.
Alternativamente para Roca, la Fiscalía pide prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.
El ministerio público ha pedido medidas cautelares de forma individualizada para cada uno de los acusados y posteriormente los abogados defensores han mostrado su disconformidad y han pedido que no se adopten ninguna medida cautelar.
Pedro Apalategui, letrado de Del Nido, ha indicado que no existe riesgo de fuga, ha agregado el arraigo familiar, profesional, social y económico del abogado y presidente del Sevilla y ha puesto a disposición del Tribunal todo el activo patrimonial.
El defensor de Del Nido ha añadido que siempre que su cliente ha tenido que salir fuera del país por ser presidente del Sevilla, lo ha comunicado y solicitado el correspondiente permiso a la autoridad judicial.
Por todo ello, para Apalategui los argumentos del fiscal son "insuficientes y erróneos" y el riesgo de fuga pertenece "al mundo de la hipótesis".
En los próximos días, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga dictarán un auto para pronunciarse sobre las medidas cautelares.
* La Opinión Málaga - Efe - 9.1.12
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es
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ELPAÍS : El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaran los trámites para su construcción la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas) ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias. Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes, que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible beneficio obtenido por el aeropuerto.
Ante ello, Aerocas reconoce que no puede determinar este retorno económico y habla de "riesgo asumido" porque no quedan "garantizados los resultados comerciales de la colaboración publicitaria".
La pasada semana el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año el aeropuerto no se venderá en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria el inicio de los vuelos se aleja y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones. Aerocas se constituyó en enero de 2003 (entonces la Diputación participaba al 50% y no al 0,15% actual) y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en gastos de patrocinio de un torneo de golf y para la presentación del aeropuerto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse.La inversión en publicidad del futuro aeropuerto creció rápidamente. Al año siguiente, en 2004, la empresa pública Aerocas SL -controlada por la Generalitat y la Diputación de Castellón- firmó un contrato de patrocinio con el Villarreal CF. De este modo, los jugadores de fútbol llevaron en sus camisetas Aeroport Castelló durante las tres siguientes temporadas y a cambio el equipo de fútbol, que preside Fernando Roig, cobró 2,35 millones de euros. El contrato se amplió para adquirir los derechos de imagen de las camisetas por otros 1,39 millones más para la temporada 2004-05 y otros 1,64 millones para la siguiente. A partir de entonces y hasta la pasada temporada los contratos de patrocinio deportivo con Villarreal CF y con el CD Castellón se renuevan cada año. Este año el submarino amarillo juega con camisetas sin publicidad.
En 2006, el aeropuerto acabó el año con fondos propios negativos de 15,29 millones pero cerró contratos de publicidad por 3,12 millones de euros y otros 3,2 millones en 2007. A partir de entonces la empresa pública empieza a duplicar el gasto: 6,52 millones en 2008 y 7,75 millones en 2009. En ambos casos Aerocas estaba en números rojos. En el último ejercicio auditado, con un agujero de 31 millones de fondos propios, aún se firmaron contratos por valor de 4,36 millones en patrocinio.
Hasta ahora la defensa de este desembolso de dinero público se fundamentaba con el argumento de que el aeropuerto debía darse a conocer para atraer turistas y lograr así acuerdos con las aerolíneas. Este trabajo correspondía a la concesionaria con la que el Gobierno valenciano acaba de romper relaciones.
Sin vuelos a la vista, la promoción de la instalación ubicada en el término municipal de Vilanova d'Alcolea ya ha provocado conflictos en la Diputación de Castellón. Las declaraciones de su presidente dejándola fuera de Fitur se rectificaron con un comunicado que fue a su vez rectificado de nuevo.
El futuro de la empresa pública Aerocas es toda una incógnita tras el anuncio de integración en uno de los holdings anunciados por el Consell para recortar gastos. En este tiempo la sociedad ha duplicado el gasto en personal, desde 148.115 euros anuales para pagar a tres trabajadores hasta los 382.216 que se reparte una plantilla actual de siete personas.
En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.
* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 08/01/2012
Foto: La enorme escultura de Ripollés con la cabeza de Carlos Fabra ya está casi terminada en las instalaciones del aeropuerto de Castellón.- ÀNGEL SÁNCHEZ
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ELPAÍS* : En una década las casas desocupadas pueden pasar de los 3,1 a los seis milllones.
Equipados con una mochila que guarda en su interior un dispositivo portátil con lápiz óptico, han salido a recorrer las calles de toda España más de 5.000 agentes censales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su objetivo, recoger la información de los casi 26 millones de viviendas existentes, con la que se elaborará, primero, el Censo de Edificios y Viviendas y, después, el de Población.
Una radiografía para certificar el balance de la década en la que se infló esa burbuja inmobiliaria cuyo estallido, hace ya cuatro años, sigue menoscabando las posibilidades de crecimiento de la economía española. Datos de un censo que dentro de unos meses, cuando sea debidamente depurado el trabajo de campo de los agentes, confirmará, de la forma más aproximada posible, cómo en ese periodo se han construido 4,6 millones de viviendas y se han comprado menos de 3. Despejando dudas sobre la cuantificación del stock de viviendas nuevas sin vender, que trae de cabeza a promotores y, sobre todo, a las entidades financieras que prestaron el dinero para su construcción y corren el riesgo de no recuperarlo en su totalidad.
"Aunque las cifras de población tienen prioridad, queremos que las de edificios y viviendas estén listas para ser publicadas antes de que acabe 2012", comenta el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Antonio J. Argüeso. Será el momento de conocer otro de los datos más esperados, el de las viviendas vacías. Esas que ni son principales ni secundarias (habitadas de forma permanente o temporal) ni están alquiladas, sino cerradas a cal y canto por sus propietarios.
Hace 10 años se contabilizaron 3,1 millones de viviendas vacías, el 15% de las censadas. Ahora, la cifra será, sin duda, muy superior. Partiendo de esos 1,6 millones que siguen sin comprador y que, a efectos estadísticos, se considerarán vacías, al no estar ya en construcción, algunas fuentes consultadas se atreven incluso a señalar que en España podría haber ya entre cinco y seis millones de viviendas vacías, superando el 20% del parque inmobiliario residencial. Basta con cruzar los datos del catastro con los del padrón para comprobar cómo los primeros, en muchos casos, no encuentran su correspondencia con los segundos. Pura lógica. No hay nadie residiendo.
"Saber si una vivienda está ocupada o no es relativamente fácil, pero si está vacía u ocupada de forma temporal ya resulta mucho más difícil, porque, ¿cómo saber si está en uno u otro caso una vivienda de vacaciones, sin nadie que te informe?", se pregunta Argüeso ante tal eventualidad.
Para desvelar todas estas incógnitas hay que confiar en el trabajo que, desde hace un mes, están realizando los 5.000 agentes censales. Labor realizada a través de la aplicación informática desarrollada por el INE en la que se han volcado datos procedentes del catastro y de los padrones municipales.
"Ha sido un cruce laborioso. Con el catastro no hay problema, pero el directorio del padrón puede no ser muy exacto, depende del control de los municipios para certificar que son ciertos los datos que aportan los ciudadanos sobre sus domicilios. Por eso estimamos que el 70% de los cruces es perfecto, y en algunas zonas céntricas de las grandes ciudades puede llegar al 90%", señala Argüeso.
En esa primera fase, la del Censo de Edificios y Viviendas, el objetivo de los agentes pasa por comparar los datos volcados en la aplicación con lo que se encuentre en el recorrido efectuado. Si son coincidentes, no hay mayor problema. Basta con seguir el esquema que marca la aplicación para dar como correcto cada uno de los huecos (edificios o locales de un edificio). Si no, tendrá el agente que ver qué huecos sobran o faltan para alcanzar una solución.
Algunos datos son fácilmente localizables, a través del portero automático o con una simple mirada general desde el exterior. Otros, en cambio, no lo son tanto, como saber si la finca tiene escaleras independientes para acceder a las viviendas (derecha-izquierda o interior-exterior), si existen viviendas en la planta sótano, si un piso está o no vacío, o algunas otras curiosidades como el año de construcción del inmueble o si dispone de agua caliente central. En estos casos, recabar la ayuda del portero, conserje o cualquier vecino que se preste resultará decisiva para el agente.
"Ahí no vive nadie desde hace años", respondía hace unos días un portero a un agente en Madrid, interesado por la razón de un buzón abierto de cuyo interior sobresalían un montón de papeles publicitarios y alguna que otra carta. Se trataría de un caso evidente de vivienda vacía. Pero, en otras ocasiones, los indicios no son tan evidentes, y, además, no se cuenta, en el momento adecuado, con esa ayuda de terceros.
A efectos censales se considera vivienda "todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento censal", según se especifica en el manual del agente. Si inicialmente lo fueron, pero ahora son espacios dedicados a otros fines, quedarían fuera del censo.
Hay cuatro tipos de viviendas familiares, las principales o residencias habituales, las secundarias u ocupadas solo de forma ocasional (vacaciones, por ejemplo), las vacías (sin ocupar en ningún momento), y aquellas destinadas a alquileres sucesivos de corta dirección, el caso de un piso de estudiantes. No hay que confundirlas con un colegio mayor, que sería clasificado como vivienda colectiva, asimilable a un convento, un hotel o una prisión. Residen colectivos pero sometidos a un régimen común no basado en lazos familiares ni de convivencia.
En el trabajo de campo de esta primera fase, los agentes se toparán con una parte de la tarea que deberán abordar con posterioridad en el Censo de Población y Hogares. Puede darse el caso de que, de forma aleatoria, al dar por correctos todos los huecos del edificio, la aplicación puede requerir que se especifique su uso. Si se trata de una vivienda principal o se duda de si está o no ocupada, el agente deberá entregar a su propietario (en mano, a través del portero o del buzón) el sobre con el cuestionario censal, a cumplimentar de forma obligatoria.
Estas altas muestrales se unirán a los tres millones de viviendas cuyos propietarios han sido seleccionados previamente para una megamuestra que facilitará los datos del 12% de la población. Casi seis millones de ciudadanos cuyas respuestas servirán para extrapolar a nivel nacional cómo son las viviendas y cómo son las personas que las habitan.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ - Madrid - 08/01/2012
Foto: Viviendas, bloques recientes - elmundo.es
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LASPROVINCIAS/Alicante* : La investigación sobre un posible delito contra la ordenación del territorio por la construcción de casi 1.300 casas en la huerta de Catral permanece prácticamente en dique seco desde hace años. A finales de 2006, el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, anunció públicamente que el Consell retiraba las competencias en materia de disciplina urbanística al Ayuntamiento de Catral por su supuesta permisividad a la hora de consentir la proliferación de casas irregulares. En 2007, el exalcalde socialista de la localidad, José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado, al igual que el arquitecto municipal y cuatro ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno.
También comparecieron ante el juez como testigos su hermana y su sobrino, que figuraban como administradores de algunas de las empresas que supuestamente construyeron chalés ilegales en suelo rústico y cuyos compradores fueron fundamentalmente ciudadanos extranjeros. Desde entonces, la causa prácticamente no ha avanzado por la complejidad de las pesquisas y la incomparecencia de testigos e imputados.
Por eso ahora la titular del juzgado de instrucción número 2 de Orihuela, que lleva el caso, en colaboración con el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, ha decidido recurrir a la colaboración de la Guardia Civil para agilizar las pesquisas y conseguir cerrar por fin una instrucción que se alarga ya desde 2004. Ese año una denuncia de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), que representaba los intereses de varios perjudicados extranjeros, dio origen a la causa judicial.
No obstante, en 2006 la magistrada que entonces llevaba el caso decidió archivarlo al no apreciar indicios de delito, pero finalmente se reabrió tras un recurso presentado por la Fiscalía.
Ahora, un grupo de la Guardia Civil especializado en delitos urbanísticos se encargará de practicar las diligencias que el juez estime necesarias para poder completar la instrucción y sentar en el banquillo a los presuntos responsables si se encuentran indicios delictivos, según fuentes próximas al caso.
Se trata de los mismos investigadores que se encargaron de las denuncias contra el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya (PSOE), y de la presunta trama urbanística de Llíber, por la que el exregidor socialista José Mas estuvo también en prisión preventiva. Esa causa presenta muchas similitudes con la de Catral, puesto que allí también se construían viviendas en suelo rústico en parcelas inferiores a los 10.000 metros que marca la ley. Para ello supuestamente se empleaban, igual que en Catral, licencias de obra menor para casas de labranza o para rehabilitar cobertizos de herramientas.
Esa investigación, bautizada como 'operación Ruinas, ha avanzado mucho más rápido que la de Catral. Los primeros arrestos se realizaron en diciembre de 2009, y la juez de Dénia que lleva el caso ya ha procesado a Mas, a varios exediles del PP y el PSOE y al antiguo arquitecto municipal, entre otros.
Ahora, acusaciones y defensas han recurrido ese auto y será la Audiencia Provincial la que fije definitivamente los delitos por los que la quincena de sospechosos se sentará en el banquillo.
La investigación de las irregularidades flagrantes detectadas en el urbanización de la huerta de Catral está todavía lejos de ese paso previo al juicio oral. Fiscalía y juez instructora pretenden acabar ahora con esa demora con la ayuda de agentes especializados del Instituto Armado.
* Las Provincias - ANA S. MOLLÁ - 8.1.12
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
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SUR/Málaga* : Tras el paréntesis navideño, el juicio por el 'caso Malaya' se reanuda hoy en la Audiencia de Málaga con las declaraciones de los empresarios acusados de haber entregado al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, distintas cantidades de dinero a cambio de favores urbanísticos. En este ultimo bloque de la vista oral, que comenzó en septiembre de 2010, también está previsto que declaren los exediles acusados de haber recibido sobornos.
El último en declarar antes de las vacaciones de Navidad fue el constructor granadino José Ávila Rojas, quien negó haber pagado para obtener licencias. Ahora la vista comenzará con la declaración del empresario Manuel Lores. Tras él, el tribunal tiene prevista las de los constructores Javier Arteche y Fidel San Román, además de directivos del grupo Aifos. De éstos, solo San Román ha reconocido antes de llegar a juicio, aunque con matices, que pagó a Juan Antonio Roca. El empresario aseguró que se encontraba en un «callejón sin salida» porque tenía cuatro bloques de viviendas terminados, pero sin licencia de ocupación, y no quería perjudicar a las familias compradoras.
Roca abrió esta parte del juicio dedicada a los delitos de cohecho. Por primera vez en este largo proceso, admitió haber cobrado de los empresarios con intereses en Marbella y también que él mismo repartió sobres con dinero entre los ediles que formaban parte del tripartito que gobernó el Ayuntamiento. Sin embargo, el exasesor de Urbanismo aseguró que los empresarios le pagaron por su labor de «asesoramiento» urbanístico como experto en la materia y negó que tuvieran que ver con resoluciones favorables. Los pagos a los exediles los justificó el principal acusado en la necesidad de mantener unido al equipo de Gobierno tripartito tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía, algo que calificó como «una especie de pacto antitransfuguismo».
Tras reconocer Roca haber recibido dinero de los empresarios, queda por saber qué dirán ahora éstos, que siempre han negado pagos, en los interrogatorios que se desarrollarán en los próximos días.
* Sur - 9.1.12
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE
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FARODEVIGO* : Más de 5.000 personas, según los convocantes –2.500 según la Guardia Civil–, participaron ayer en la marcha reivindicativa contra la instalación en el Concello de O Irixo, en Ourense, de la planta de tratamiento de residuos urbanos en ese municipio ourensano. Los miles de residentes, colectivos culturales, sindicales, ecologistas y cargos políticos llegados de toda la provincia y de los ayuntamientos de O Carballiño y Deza afectados por el proyecto fueron una sola voz al grito de "Incineradora, non".
Ese fue el lema de la pancarta principal que encabezó la manifestación, que contó con el apoyo de las plataformas contra la incineradora de los concellos de O Irixo, O Carballiño y Deza, y que partió pasadas las 4 de la tarde de ayer de la zona del Abanico, en la OU 902, distante unos 800 metros del centro urbano de O Irixo, y discurrió cantando consignas de protesta hasta la Casa Consistorial del municipio.
Los manifestantes corearon durante la marcha lemas como "Lixo no Irixo non" o "Penedo traidor", en referencia a Manuel Penedo, el alcalde del PP de O Irixo que promovió la ubicación en este concello de la planta que tratará los residuos urbanos que generen los concellos de todo el sur de Galicia, una parte de los cuales serán tratados a través del modelo de incineración.
Apoyaron la movilización desde senadores, diputados, del PSOE y el BNG por Ourense, así como todas s las asociaciones de vecinos de las parroquias de O Carballiño, el propio Arciprestazgo carballiñés con lo cual la iglesia se suma también a la protesta, regidores como el de Teo en Santiago y multitud de colectivos ecologistas de toda la zona del Deza en Pontevedra.
Se echó en falta sin embargo la presencia del alcalde de O Carballiño, el popular Argimiro Marnotes, pese a haber apoyado una moción conjunta firmada en el pleno celebrado el pasado jueves, en el que mostró su rechazo a la instalación de la incineradora de residuos en O Irixo, por estar limítrofe al concello carballiñés y ser este último municipio el que recibiría los posibles efectos contaminantes de la puesta en servicio de estas planta de residuos.
Los manifestantes, que han recogido ya cerca de tres mil firmas asta el momento en las campañas que se están llevando a cabo en los concellos afectados, hicieron una parada ante la casa del alcalde, donde dos jóvenes, en un gesto no programado previamente tomaron un contenedor de basuras urbanas y lo ubicaron en la puerta de la casa del regidor.
La gran masa de manifestantes que se extendía a lo largo de más de 150 metros de largo y 10 metros de ancho, y que casi cuadriplicó en número la población de O Irixo, lo que da muestra del malestar que ha generado el proyecto en este y en los concellos limítrofes, remató ante la Casa Consistorial de la villa.
Allí, el presidente de la plataforma vecinal de O Irixo José Castro dio lectura al manifiesto en el que recordó la "presión a la que está sometiendo el grupo municipal a los propietarios de los montes comunales para que cedan sus terrenos y criticó además la escasa información que han tenido sobre el proyecto.
Durante la lectura del manifiesto pidieron "un modelo más sostenible" que el de la incineración apostando por sistemas como el compostaje, modelo apoyado por unanimidad en el pasado pleno de O Carballiño "para no hipotecar el futuro de nuestros hijos", señalaron.
* Faro de Vigo - 8.1.12
Foto: Vista de la marcha reivindicativa, por la carretera, antes de llegar al casco urbano de O Irixo. // Brais Lorenzo
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ELPAÍS* : La burbuja inmobiliaria no se ha producido solamente en los pisos de obra nueva. El mercado de alquiler ha vivido también su propia burbuja desde 2008. Y como con el ladrillo, estalló y ha provocado un descenso de precios que oscila en Cataluña entre el 18% y el 11,6%, según la fuente. Mientras, el número de alquileres crece mucho: el 45% en el mismo periodo. La diferencia entre los dos mercados, el de compraventa y el de alquiler, es que las rentas comenzaron a bajar un año más tarde y más despacio. Los expertos coinciden, con todo, en que los alquileres continuarán cuesta abajo.
El precio de los alquileres alcanzó su punto álgido en 2008, un año después que la obra nueva tocara techo. Desde entonces, la caída es sistemática, aunque el año pasado con un ritmo más pausado. Los datos de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat sitúan el descenso medio en Cataluña en el 11,5% entre el segundo semestre de 2001 y el de 2008 (se ha pasado de 672 euros a 595). La caída es del 11,6% en el conjunto del área metropolitana (de 682 a 603 euros) y del 8% en Barcelona capital (de 809 a 745). Los datos del portal inmobiliario Idealista apuntan una bajada de precios todavía mayor: del 18% y el 17,5% en Barcelona y L’Hospitalet, las dos ciudades más pobladas de Cataluña.
En paralelo, el número de alquileres firmados al año no para de crecer: se ha incrementado el 45% en el mismo periodo, según los datos de la Generalitat, que se obtienen de las finanzas que se depositan en el Incasòl. Si en 2008 se firmaron 80.126 contratos, en 2010 fueron 116.188 y en los dos primeros trimestres de 2011 (última fecha de la que se tiene recuento) ya había 63.394. De hecho, el peso del alquiler no ha parado de subir desde que la secretaría publica los datos: en 2004 los contratos firmados fueron 47.500, menos de la mitad de los de 2010.
El fundador y director de comunicación de Idealista, Fernando Encinar, explica la evolución del mercado del alquiler: "Precisamente la burbuja inmobiliaria, con precios disparados que expulsaron a muchos que querían comprar, les empujó a alquilar. A partir de 2005 subió la demanda y tensó los precios, pero la oferta de pisos procedentes de compradores que compraron con fines especulativos y los alquilan porque no los pueden vender incrementó la oferta e hizo bajar precios". A estos fenómenos, Encinar añade que varias apuestas políticas, como la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —con la Sociedad Pública de Alquiler y la renta de emancipación—, potenciaron también el interés.
Los alquileres, subraya Encinar, bajaron sobre todo en 2009 y 2010. En 2011 se moderaron, pero "seguirán bajando, aunque quizá no en descensos de dos dígitos". Actualmente, y en eso coincide con Encinar el presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad Inmobiliaria (API), Joan Ollé, el factor que sigue haciendo bajar precios es la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos: paro, congelación de sueldos, subida de impuestos… "La subida hasta 2008 fue demasiado alta y los precios se han reajustado a la realidad económica del momento, además de que hay más producto procedente de gente que no logra vender", dice Ollé.
Además de confirmar que los precios tienen todavía recorrido para caer, Ollé apunta que en el mercado se están produciendo muchas rebajas que no aparecen en las cifras: "Estamos aplicando quitas de entre el 5% y el 10% a inquilinos que son cumplidores pero están pasándolo mal". Encinar añade gráficamente que "hoy en día un inquilino que paga es oro molido", por lo que es habitual que los caseros rebajen el precio con tal de mantener al inquilino serio y fiel.
El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, explica que también la Administración ha contribuido a aumentar el parque de vivienda de alquiler y a la moderación de las rentas. Es lo que hizo el actual Gobierno de la Generalitat al llegar al poder: la caída de precios del mercado libre fue tan brutal desde 2009 que en algunas zonas la vivienda de protección valía igual que la libre. Solución: ponerla en alquiler a precios sociales. Un plan de choque de 3.264 pisos.
"El aumento de oferta ha contribuido a ajustar la oferta y la demanda", subraya Sala, que recuerda que también entidades financieras como La Caixa o Unimm han puesto en alquiler los stocks que no vendían. Sala augura que la creciente oferta, la situación de crisis actual e incluso la caída de la presión demográfica contribuirán a poner en su sitio lo que califica de "sub-burbuja". "Las prioridades han cambiado en el mercado de alquiler, incluso propietarios que hace unos años lamentaban no poder sacar más rentabilidad a sus pisos, recordemos los casos de asedio inmobiliario, ahora celebran tener un inquilino que pague algo menos, pero pague".
* El País - CLARA BLANCHAR Barcelona 5 ENE 2012
Foto: Un piso en alquiler en un edificio de Barcelona. / TEJEDERAS
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FARODEVIGO* : Palmés y Cudeiro no son sólo núcleos rurales del municipio de Ourense, sino parte de su patrimonio cultural y al igual que casi cuatro centenares de construcciones y elementos más, entre ellas rectorales, iglesias, caminos, muiños y hasta carballos y puentes están registrados en el inventario del patrimonio cultural del rural del concello de Ourense, y sometidos a una férrea protección, en la mayoría de los casos integral, ante cualquier intento de demolerlos o rehabilitarlos.
Son los "intocables" del patrimonio cultural del rural de Ourense, y pese a haber sido anulado el Plan Xeneral de Ordenación Municipal, PXOM de Ourense de 2003, Concello y la Xunta han incorporado este inventario de patrimonio al planeamiento urbanístico provisional que rige en la ciudad desde el 3 de octubre del pasado año, en tanto no se apruebe un nuevo plan.
La detenida lectura de este inventario del patrimonio cultural del rural de Ourense -las piezas protegidas del casco urbano de la ciudad tienen otro inventario a parte- brindará sorpresa seguro a algún vecino que como ocurre con los de Turei, Palmés, Navés Casar do Mato, Ceboliño o Santa Mariña do Monte aún no sepan que su pueblo es patrimonio cultural protegido.
Engrosan este inventario del medio rural un total de 18 caminos, todos ellos con protección integral desde la Costiña de Canedo la Corredoira do lugar de Monte o la vía romana Mende con Castro de San Tomé.
Carballeiras
El patrimonio del rural incluye también un listado de carballeiras y elementos naturales singulares, y brinda protección integral a la carballeira do Regato de Porto en A Caveanca; carballeira de Arrabaldo; al carballo de Fonte Mina; la carballeira e Cudeiro, o la del campo de la fiesta Outeiro, así que cuidado con arrancar una rama.
Un total de 35 "casas grandes", denominación de las edificaciones de cierto abolengo entre la que se incluyen pazos como los de Souto do Rei o el pazo de Velle, aparecen en el inventario con distintos tipos de protección estructural, integral o tipológica según su valor.
El listado incluye cerca de 140 casas ubicadas en los más diferentes puntos del rural, en su mayoría con protección tipológica, al igual que las 12 casas rectorales incluidas en este inventario del patrimonio cultural del municipio.
Menos sorprendente resulta sin duda que aparezcan en el inventario 12 iglesias, todas ellas con protección integral, como las de Santa Olaia de Beiro; San Andrés de Castro de Beiro; Purísima Concepción de Vilar; la parroquial de San Mamede; antigua parroquial de Arrabaldo; Untes; San Miguel de Canedo; Cudeiro ; Santa Marta de Velle; Bon Xesús de Ceboliño; Santa María de Reza Nova y la de Santa Mariña do Monte.
Puente, cruceiros y muiños
Pese a la caída del plan de urbanismo, sigue pesando la protección integral sobre una veintena de cruceiros situados en los distintos puntos del rural, así como 15 puentes, como el de Lonia con protección integral o Ponte Codesal en A Caveanca
El rico inventario del patrimonio cultural del rural de Ourense incluye 15 muiños todos ellos con protección integral por su antigüedad; hasta 40 fuentes y lavaderos; 24 eiras y hórreos; 20 hornos y otras 14 construcciones adjetivas taoles como grupos de pajares o alguna bodega significativa.
* Faro de Vigo - 8.1.12
Foto: Ponte da Loña, uno de los quince que cuentan con protección integral. // Iñaki Osorio
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ELPAÍS* : Un accidente mortal en Barcelona reabre el debate sobre la seguridad de los ciclistas.
Al llegar al cruce, el medio millar de personas que pedaleaban juntas se detuvieron ante una bici pintada de blanco. De manera espontánea, levantaron sus bicicletas con las ruedas apuntado al cielo y, al bajarlas, una oleada de timbrazos y aplausos rompió el solemne silencio. Con este gesto, fixeros [seguidores del piñón fijo], chicas del cycle chic [pedalean elegantemente vestidas], deportistas, urbanitas y familias, homenajeaban el viernes a la usuaria del Bicing que falleció el pasado 2 de enero arrollada por un camión mientras circulaba por el carril bici en esta intersección, donde ahora la recuerda una bicicleta blanca.
La emotiva iniciativa refleja un problema al que las ciudades españolas no se habían enfrentado: los accidentes en bici. Aunque la siniestralidad a pedales es muy baja —de las 1.784 víctimas que hubo en 2011 en accidentes de tráfico en España, 32 eran ciclistas—, este accidente parece que ha desatado una alarma sobre los peligros que acompañan al pedaleo y una pregunta: ¿están las ciudades españolas preparadas para las bicicletas?
“El accidente ocurrió porque el usuario del vehículo motorizado no tenía en cuenta a la bicicleta”, aclara Esther Anaya, consultora de movilidad. “Por lo que, más allá de medidas concretas y acciones puntuales, la petición básica es que se incluya la realidad ciclista en la normativa”, añade. Un día después del accidente, las entidades ciclistas barcelonesas reaccionaron y exigieron que se mejorase la red de carriles, la señalización y que se realizaran campañas de sensibilización. “Es un problema de planificación y de educación de los gestores de la ciudad, que lo hacen pensando en el coche. En realidad, las calles no se pueden adaptar de cualquier manera a un vehículo”, dice Joan Valls, presidente del Bicicleta Club de Cataluya (BACC) y remarca que tres de los cinco accidentes mortales que ha habido en la ciudad desde el boom de las dos ruedas han repetido el mismo patrón: ciclista circulando por el carril bici, vehículo de grandes dimensiones se dispone a girar, el conductor no ve al ciclista y le arrolla.
Usar la bicicleta en la ciudad es casi cinco veces menos peligroso que conducir un coche. Por cada millón de automóviles, fallecieron, el año pasado, 47 personas; por cada millón de bicicletas, 10,6. El colectivo presenta la menor tasa de accidentes por trayecto realizado; inferior incluso que la del peatón. Además, y contra lo que se pueda pensar, cuantas más bicicletas hay en una urbe, más disminuyen los accidentes: la ciudad se calma.
Desde ConBici, la coordinadora en defensa de la bici, que aglutina a 55 asociaciones nacionales, llevan un tiempo reclamando un análisis profundo de las colisiones y los datos. “Los accidentes disparan la alarma social pero el índice de siniestralidad es muy bajo”, insiste Manuel Martín Fernández, director técnico de ConBici. Cuando el ciclista circula por el carril bici disfruta de una irreal sensación de invulnerabilidad. Esa reacción se refleja en los Ayuntamientos que consideran que inaugurar carriles fomenta el uso de la bicicleta. “Las infraestructuras son necesarias porque visibilizan y aportan seguridad a los principiantes pero no es la única medida”, matiza Martín.
Por esa falsa sensación de seguridad, dentro de la comunidad ciclista los carriles bici tienen detractores. “Tenemos una realidad y no se pueden copiar y pegar soluciones de otros países. Intentamos gestionar la bici aislada”, explica Anaya. "Acompañando a las infraestructuras se debe reducir la velocidad en las calles y adaptar las normas”, resume. Otras medidas son las líneas de detención adelantadas —las motos ya lo hacen en Madrid y Barcelona— o los semáforos para bicicletas. La idea es fomentar la cohabitación en la calzada cuando sea posible y construir carril bici cuando sea estrictamente necesario en base a valores de intensidad de tráfico y velocidad media de la vía.
Natividad Ruiz circulaba por un carril bici en el Eixample en 2008. Pero eso no fue suficiente. A esta activista del grupo Amics de la Bici un camión se le vino encima. El revolcón le rompió el costado derecho y le obligó a pasar seis meses en el hospital. “Fue todo muy rápido. Pese a mis gritos y a los de los peatones, vi que el camión giraba. Nunca pensé que no me oiría”, recuerda. Ahora, le aterra la bici, incluso el coche. Sigue creyendo que las dos ruedas son básicas en movilidad urbana, “por medio ambiente, por salud y para descongestionar, pero es necesario mejorar la red y que los Ayuntamientos se impliquen", sentencia.
En Sevilla, donde cada día se hacen cerca de 60.000 trayectos, se ha producido un único choque mortal, según la comunidad de ciclistas Sevilla En Bici. “Normalmente hay choques con peatones o problemas en los semáforos, cuando está en ámbar para el automóvil pero tampoco se producen accidentes graves”, matiza Ricardo Marqués, presidente de Acontramano. El balance total de una de las ciudades más ciclistas de España se resume en dos víctimas en cinco años, informa Ángeles Lucas. Esas cifras se pueden extraer de las estadísticas que realiza anualmente la Dirección General de Tráfico que, a pesar de contar a los pedaleantes, no discrimina entre los accidentes en carretera de los metropolitanos.
“Cuando vi el atropello de Barcelona sentí frustración. Varios colectivos habían avisado de la peligrosidad y de la necesidad de estudiar las causas de los accidentes”, dice Esther Anaya. La bicicleta no se puede gestionar de manera aislada, se debe hacer una política integral. El anterior Gobierno desarrolló un nuevo reglamento de tráfico en el que se contemplaban las bicis. Nunca se llegó a aprobar; ahora la reforma está en manos del nuevo Ejecutivo. “Espero es que esto ayude a poner el tema en la agenda política, con criterio y profesionalidad; sin dramatismo”, concluye.
* El País - PABLO LEÓN / CLARA BLANCHAR Madrid / Barcelona 7 ENE 2012
Foto: Una bicicleta blanca recuerda a la última ciclista muerta en accidente. / TEJEDERAS
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ELOCCIDENTAL/México* : Firmarán ONU y TAE convenio que permitirá se garanticen los derechos ciudadanos en materia de medio ambiente y urbanismo, para tener una mejor ciudad.
Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas, la ciudad de Guadalajara (ZMG) ha crecido dos veces más en proporción a sus necesidades demográficas, debido a la especulación inmobiliaria y corrupción en el cambio de usos de suelo que sólo han generado costos y gastos altísimos para el ciudadano al que no se le cumplen sus derechos habitacionales; de seguir en esa tendencia de crecimiento sectorial entre ricos y pobres a través de murallas y cotos "la ciudad se encara a un desastre social y económico", mencionó el director del Observatorio Urbano Global ONU-Habitat, doctor Eduardo López Moreno.
"En la medida que Guadalajara continúe como una suma de municipios aislados, perderá (...) si la ciudad persiste en extenderse horizontalmente, habrá menos empleo y más problemas", alertó, ya que el crecimiento en la Zona Metropolitana de manera horizontal en un 50% fue por cambios de uso de tierra de rural a urbana que no debieron permitirse, pero se hizo por corrupción de funcionarios y la especulación inmobiliaria, puntualizó el arquitecto.
Agregó que este problema no es exclusivo de la ZMG, pues alrededor de 200 ciudades en el mundo presentan problemas similares, debido a "agentes económicos están decidiendo el futuro de la ciudad, y entonces tenemos que buscar otras racionalizaciones que no sean sólo el beneficio económico de algunas personas o instituciones.
"Las decisiones en Guadalajara son políticas y no técnicas, no emanan de fuentes claras de información", aseguró el doctor López Moreno, quien de visita a su tierra natal, firmará convenio con el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) para que tenga respaldo institucional de la Dirección de Desarrollo Urbano de la ONU en temas medioambientales y urbanísticos, para que se respeten los derechos de los habitantes a gozar de su ciudad con todos los servicios.
Este convenio ofrecerá cursos de formación a los magistrados, habitantes que hagan uso del Tribunal y organizaciones urbanísticas del estado, además de ofrecer una base de datos sobre principios básicos y buenas prácticas, para que los Tribunales no sólo tomen decisiones basados en aspectos puramente legales, sino también se sustenten en derechos urbanísticos y de medio ambiente que la comunidad internacional contempla y debido a la reforma constitucional al artículo 1°, ahora México y sus entidades también tienen que considerar para mejorar la calidad de vida de las personas en base a normas internacionales.
El objetivo, dijo el doctor, es asegurarse de que las decisiones del TAE (a falta de un Tribunal en México sobre asuntos ambientales) sean fundamentadas en los derechos del medio ambiente, energía, transporte, crecimiento de la ciudad y los efectos que pueda tener; es decir "buscar que la ciudad sea más socialmente heterogénea, en el que convivan ricos y pobres" sin contraponer la autonomía municipal y al mismo tiempo las medidas cautelares eviten el "desparramamiento de la ciudad".
Por parte del TAE, el magistrado presidente Horacio León Hernández espera que en tres meses se pueda firmar este convenio que les permitirá tener nuevas herramientas académicas e institucionales en temas ambientales y urbanísticos, con el respaldo de la ONU.
* El Occidental - Elsa Arenas - 6.1.12
Foto: Guadalajara (México), vista - academy
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ELMUNDO* : Los bancos y cajas españoles tienen un año más para pensar cómo van a resolver el principal problema que ha dejado tras de sí la burbuja inmobiliaria: el suelo, una losa que pesa en sus balances valprada nada menos que en 33.344 millones de euros (datos de junio).
De momento, el 31 de diciembre pasado el Gobierno les echó un valioso capote de última hora aprobando una moratoria que les permitirá valorar sus carteras de suelo tal y como lo han venido haciendo hasta la fecha, es decir, en función de las expectativas de negocio futuras que expresan los planes urbanísticos donde se ubican, en lugar de tasarlos basándose de las perspectivas de negocio reales y actuales, mucho menos optimistas.
En síntesis, en uno de los párrafos [pág. 146578] menos inteligibles del Real Decreto de Medidas Urgentes publicado el pasado viernes, el Gobierno establece una nueva prórroga de un año que impide que el suelo calificado como urbanizable pase a convertirse en suelo rústico y, de esta manera, pierda gran parte de su valor. Con el tiempo, los bancos acumularán en terrenos pérdidas mucho mayores de las que tendrán que asumir por la depreciación de las viviendas que tienen en su poder.
Por eso, el balón de oxígeno del Gobierno sólo aporta margen de maniobra. Es decir, no agrava aún más la delicada situación del sector financiero español, que deberá provisionar otros 50.000 millones de euros por su exposición al ladrillo, según ha señalado De Guindos, a añadir a los 21.000 millones que ya han provisionado.
Salvavidas temporal
Bankia, Santander, Caixa Catalunya y La Caixa suman 15.400 millones en terrenos adjudicados
El salvavidas del Gobierno alivia temporalmente las drásticas rebajas que deberían acometer en sus balances algunas de las mayores entidades financieras del país, como Bankia, que asume una cartera de suelos adjudicados valorada en 5.111 millones, el Banco Santander (4.301 millones), Caixa Catalunya (3.347 millones) y La Caixa (2.611 millones), en el caso que tuvieran que rebajar el valor de los terrenos que la ley reconoce un valor en función de lo que se puede edificar en ellos.
Concretamente, la modificación del ejecutivo de Rajoy prevé que una moratoria para aquellos terrenos "que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo", se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, anteriores a las de normas de valoración que fija la Ley de Suelo, que regula las valoraciones de suelos en el Real Decreto Legislativo 2/2008.
La diferencia de valoración que dictan ambas leyes es sustancial. La norma de 1998 establecía que un tasador podía aplicar al precio del suelo las futuras ganancias que se obtendrían tras la construcción de las viviendas, las naves industriales o cualquiera que fuera el inmueble que se fuera a construir", explica Antonio Ñudi, asesor de la consultora Urbe.
Pero el desarrollo de la Ley en 2008 rezaba que los suelos rústicos no urbanizados en ningún caso deberán valorarse en función de las "expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados". Es decir, que los suelos rústicos deberían seguir tasándose como rústicos mientras no hayan sido urbanizados, independientemente de lo que indiquen los planes urbanísticos municipales, y así deberían valorarse en el futuro.
Hasta tal punto los legisladores comprendían que, a partir de 2008, la forma de tasar los terrenos se modificaba radicalmente, que establecieron una moratoria para que las promotoras que habían adquirido suelos durante el boom inmobiliario a precios astronómicos pudieran desarrollarlo o venderlo.
La presión de la banca y los promotores para ampliar el plazo para valorar a la baja los suelos en su poder fue tal que, en 2010, el Gobierno de Zapatero lo amplió hasta el 31 de diciembre de 2011.
Pero, durante esos cuatro años, la crisis ha arrasado cualquier expectativa de urbanización o venta de los terrenos. Los patatales siguen siendo patatales, los campos urbanizables siguen siendo campos, y una gran parte de ellos ha caído, en prenda, en manos de la banca, que tarde o temprano. Gracias al Gobierno, el margen es de un año... a no ser que Rajoy salga de nuevo al rescate.
* El Mundo - Jose F. Leal - 4.1.12
Foto: España, suelo rústico - reuters
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ELPAÍS* : Lo han bautizado La Salamanquesa, lo okuparon varias personas el pasado 28 de diciembre y, de momento, no han recibido la visita de la policía. Es un edificio situado en el callejón del Peyré, en el corazón del barrio de Salamanca y lleva varios años abandonado. Sus moradores aseguran en el blog creado al efecto que su objetivo es crear un centro social y mostrar su rechazo "al uso de la vivienda y del suelo como modo de enriquecimiento". En su Twitter, han publicado varias imágenes de la fachada y la puerta, con pancartas de bienvenida y su logo, una lagartija.
En su manifiesto, los okupas denuncian que mientras la periferia urbana crece desmesuradamente "debido a la masiva construcción de viviendas con fines lucrativos", en los centros históricos "aumenta la cantidad de viviendas abandonadas y cerradas". "En el famoso distrito de Salamanca, conocido mayoritariamente por su opulencia, también existen zonas que carecen de servicios públicos, escuelas, bibliotecas, espacios deportivos, centros sociales, centros de mayores, etcétera", sostienen.
"Llamad para que os abramos, y hacedlo sin miedo"
Los ocupantes del inmueble aseguran que el propietario es El Corte Inglés y que está "negociando la cesión de estos terrenos con el Ayuntamiento para sacar los máximos beneficios" y anuncian que quieren convertirlo en un espacio para el debate, la participación, el ocio alternativo, el arte, la cooperación y la autogestión.
En las siguientes entradas de la bitácora, explican que su prioridad es acondicionar el espacio y publican una lista de necesidades de las que la más importante es voluntarios. También piden comida y agua, herramientas, materiales de obra y equipamientos. "Llamad para que os abramos, y hacedlo sin miedo", dicen los okupas, que se llaman así mismo salamanquesas. tras tomarse las uvas en el lugar, ya tienen sala de estudio y ludoteca. Esta tarde celebrarán su tercera asamblea regia a las seis de la tarde.
Tras el desalojo del hotel Madrid, se produjeron dos ocupaciones a primeros de diciembre y se impidieron dos intentos más, acciones en las que fueron detenidas cinco personas e identificadas otras tres. El plan de uno de los cabecillas del Hotel Madrid para las Navidades era okupar una vivienda al día hasta el 6 de enero.
* El País - V. T. B. Madrid 5 ENE 2012
Foto: Cartel de bienvenida en la puerta del edificio.- elpais
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LAVOZDEASTURIAS* : El colectivo Oviedo SOS Cultura ha saludado este lunes que el Ayuntamiento pretenda dar un uso cultural al complejo de la Fábrica de Gas y ha anunciado que velará por que el espacio sea público, austero y abierto a la colaboración ciudadana.
A través de una nota de prensa, los integrantes del movimiento creen que el edificio se libró de desaparecer gracias a la acción ciudadana, encauzada por Foro de Urbanismo Crítico y el Grupo Gas Ciudad.
Además, inciden en la importancia de que la protección se extienda a todo el conjunto de la Fábrica y opina que, con el anuncio del Ayuntamiento, "Hidroeléctrica del Cantábrico tiene una excelente oportunidad de demostrar el compromiso con la ciudad evitando que parte de este histórico conjunto industrial perezca a golpe de la especulación urbanística".
Así, y a expensas de conocer los planes del equipo de gobierno municipal para los metros restantes, Oviedo SOS Cultura demanda el empleo íntegro de todos los espacios disponibles en un futuro dentro de la Fábrica de Gas para usos culturales.
El colectivo coincide en la necesidad de huir de usos caros o "de relumbrón" para el futuro equipamiento cultural de la Fábrica y apuesta por un uso centrado en la cultura de proximidad en un zona -la del Oviedo Antiguo- que apenas dispone de equipamientos públicos. "Apostaremos por acercar a los vecinos diferentes expresiones artísticas con especial atención a las artes plásticas", señala.
Por último, la plataforma se pone a disposición del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, y de cualquier persona o grupo interesado para intercambiar ideas que redunden en "una mejor, más útil y más económica oferta cultural para nuestra ciudad".
* La Voz de Asturias - EP. - 2.1.12
Foto: Oviedo, fábrica de Gas - rtpa.es
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ELCORREOWEB* : La desesperación vive en el corral del Cura, en Triana. Tres familias esperan allí el momento de poder volver a las que fueron sus viviendas en el corral de la Encarnación, sito en Pagés del Corro 128 y que está terminado desde junio después de seis años de rehabilitación para convertirlo en un bloque de pisos sociales con una amplia zona común. En teoría, deberían tener las llaves desde hace seis meses pero, según los vecinos, Urbanismo no les ha dado ninguna respuesta hasta el momento. De hecho, están a la espera de una reunión con la Gerencia, cuya fecha será confirmada el próximo 9 de enero.
Candelaria Hernández tiene 63 años y lleva casi 40 viviendo en el Corral de la Encarnación junto a su marido, Eduardo Corrientes, también de 63 años y descendiente de una generación que ocupa dicho lugar desde el siglo XIX. Tanto él como sus hermanos, Agustín (60 años) y José (50), nacieron en este enclave, que hoy anhelan y al que quieren mudarse "lo antes posible". "Estamos desesperados. No nos pueden decir que está todo terminado y ahora no nos dan las llaves. No entendemos qué está pasando", esgrime Candelaria mientras el resto de vecinos asienten.
Incertidumbre ante la falta de respuesta. "Nosotros sabemos que aquello está terminado desde el 16 de junio. Nos dijeron que con el nuevo Ayuntamiento todo se retrasaría pero es que ha pasado medio año. ¡Es mucho tiempo y no nos dicen nada!", explica Agustín, para el que la paciencia ya se está agotando: "Yo tengo todo embalado desde entonces porque supuestamente estaríamos allí en unos días".
Igual le pasa a Candelaria, cuyo pasillo de su casa provisional en el corral del Cura está lleno de cajas con sus pertenencias y las de su marido. Ella ha sido quien ha pedido la cita con Urbanismo para enero porque no quiere "más vaivenes". "El otro día llamé y ya me puse seria. Según me dijo el funcionario nos confirmarían el encuentro el 9 de enero. ¡A ver si es verdad porque la situación es insostenible!".
Las tres familias que esperan volver al corral de la Encarnación llegaron al del Cura hace ya seis años. Este fue un alojamiento temporal cedido por el Ayuntamiento mientras se realizaba la rehabilitación del otro inmueble para transformarlo en un complejo de viviendas sociales. Desde entonces, han convivido con otros vecinos alojados temporalmente en este mismo complejo de viviendas en el que han tenido más de un problema. "Ahora mismo tenemos un contador de electricidad común. Lo quieren poner individual y están esperando a que nos vayamos para hacerlo", explica Agustín.
Las obras y, sobre todo, el anuncio de las mismas fue hace tiempo. En 2007, el Ayuntamiento informó que las obras se harían en seis meses. Dos años después, en 2009, estaban sin comenzar. Lo que en principio iba a ser un tiempo corto se ha convertido en seis años. Las obras concluyeron a finales del pasado mandato, pero desde la llegada del nuevo gobierno, y tras la desaparición de Otainsa, se han reducido las conversaciones.
Cuando tengan sus casas, las tres familias que viven realojadas en el corral del Cura, disfrutarán de cambios. Junto a ellas estaba previsto que vivieran otras diez familias con necesidades temporales de vivienda.
* El Correo Web - Manuela Reyes - 6.1.12
Foto: Sevilla, corral del Cura - adarquin
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ELCORREO* : La asociación de vecinos Errekaldeberriz ya ha formalizado su demanda contra el Ayuntamiento de Bilbao por el derribo de Kukutza, cuyo solar permanece vacío y tapiado dos meses y medio después de que se retiraran las excavadoras. El colectivo considera que la licencia concedida para reducir a escombros el gaztetxe de Rekalde es «nula de pleno derecho» porque en su tramitación no se cumplieron todos los trámites necesarios. Creen que las autoridades municipales deberían haber exigido al propietario, la constructora Cabisa, que cumpliera una serie de obligaciones, como descontaminar el terreno y ceder la parte correspondiente para habilitar una plaza y una zona verde.
Es el mismo argumento que defendieron el pasado mes de septiembre, en los últimos días del gaztetxe, primero por la vía administrativa y después ante los tribunales. La misma mañana que se produjo el desalojo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n05 de Bilbao ordenó la suspensión cautelar de la licencia de derribo y citó a las partes.
Finalmente dio la razón al Ayuntamiento y autorizó la demolición dos días después. Sin entrar en el fondo del asunto, el auto judicial recordó que el edificio carece de protección, descartó «perjuicios irreparables» e hizo prevalecer el «interés público» y «los derechos del legítimo propietario».
Aquel fin de semana de septiembre no es fácil de olvidar por los graves disturbios que se desataron cuando las máquinas entraron en el solar, con un balance de 140.000 euros en pérdidas solo en mobiliario urbano. En el escrito de la demanda, que hoy dará a conocer con detalle, la asociación vecinal expresa su rechazo a estos actos violentos y recalca que el pleito es de naturaleza «estrictamente urbanística». En su opinión, la licencia de derribo requiere un análisis más profundo de lo que permite una vista de medidas cautelares.
Un año de plazo
El solar fue recalificado para uso residencial en 1996, pero la antigua fábrica seguía abandonada y durante trece años funcionó como gaztetxe. Los vecinos consideran que el propietario debería haber cumplido sus obligaciones, con las cesiones que establece la ley, y presentar el proyecto de edificación de las viviendas antes del derribo. Además, entienden que el Ayuntamiento ha incurrido en «desviación de poder» al utilizar un instrumento urbanístico como la licencia de obras para la demolición «para resolver el conflicto suscitado por la ocupación de una propiedad privada». Las autoridades municipales, por el contrario, siempre han defendido que la concesión del permiso, que sigue un procedimiento reglado, cumplió con todas las exigencias legales.
Mientras la demanda sigue su curso, el Consistorio enviará un requerimiento a Cabisa la semana que viene para recordarle su obligación de iniciar «las operaciones de gestión urbanística» dentro de la unidad de ejecución. Ha fijado el plazo límite de un año para que la empresa presente un proyecto y solicite la licencia de obras para la construcción de viviendas en el solar. Para entonces, además, deberá descontaminar el terreno y conseguir la declaración de calidad del suelo que otorga el Gobierno vasco.
«El tema tiene que quedar resuelto en 2012, que no se eternicen con la licencia», afirman fuentes municipales. Ya a mediados de noviembre, poco después de concluir el derribo, el área de Urbanismo y Medio Ambiente reclamó al propietario que cerrara el solar «con un vallado de bloque de dos metros de altura» y comenzara las gestiones para desarrollar la unidad de ejecución, algo que volvió a recordarle a finales de mes. También le ha exigido un informe sobre los daños que ha podido causar la demolición en los edificios cercanos.
* El Correo - 05.01.12 - TERESA ABAJO
Foto: Pintada a favor de Kukutza en el muro que cierra el solar donde se ubicó el gaztetxe. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ
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DIARIODEMALLORCA* : La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha presentado una batería de alegaciones a la Ley General Turística que el Govern tienen en estos momentos en exposición pública. La entidad recrimina que el Govern se olvide del patrimonio cultural y del paisaje natural de las islas en su norma. ARCA propone a la conselleria de Turismo "revalorizar el patrimonio cultural balear como un motor de la economía isleña y como un elemento para la diversificación turística".
La entidad conservacionista califica de "negativo" que con la excusa de favorecer la instalación de empresas turísticas "se ponga en peligro el patrimonio cultural, histórico, etnológico y el paisaje natural que hasta ahora se ha conseguido matener al eliminar la figura del interés general para la reforma de agroturismos".
Desde ARCA proponen flexibilizar "el código técnico para edificaciones anteriores a 1950 con el objetivo de garantizar la conservación y la utilización de métodos y materiales de construcción adecuados". Asimismo, apuestan por promover proyectos de adaptación para visitas de carácter patrimonial de edificios de interés como es el caso del Fortí de Illetes y el Fortí de na Baiana. La entidad considera fundamental esta medida para evitar el peligro de "futuras especulaciones".
Otra de las alegaciones de la asociación está encaminada a la preservación del paisaje rural, como por ejemplo los almendros en flor. En su escrito dirigido al Govern, la entidad recuerda que con la nueva normativa los agricultores podrían arrancar todos los almendros y se perdería una imagen muy importante de Mallorca. Por este motivo apuestan por la ayuda de la administración a la conservación del paisaje natural por parte de los pequeños agricultores.
Por último, la entidad pide que la nueva normativa sea consensuada con todos los agentes sociales, culturales y económicos: "Necesitamos el consenso, no se puede imponer", afirman.
* Diario de Mallorca - M. ADROVER - 4.1.12
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción
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TERCERA* : La empresa española Endesa comenzó en 1997 un plan para construir una mega presa en la cabecera del río Bio-Bio, en la cordillera de los Andes (Chile). Este rio, es el recurso hídrico más importante del país, con una longitud de 380 kilómetros se subdivide en cinco subcuencas, la central de Endesa se sitúa en la zona del Alto Bio-Bio.
La construcción de la presa conlleva la creación de un embalse de 1.222 Hm3 y ocupa unas 3.460 Has. de los valles del Bio-Bio, Lomín, Villacura y Lolco. Toda esta zona ha sido habitada en los últimos cientos de años por la comunidad Pewenche, integrada en la cultura Mapuche.
Por tanto, al construcción de esta presa supone un atentado directo contra una población indígena y su entorno. Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han calificado el proyecto como “Ecodesastre”.
Pero los planes económicos de Endesa no iban a ser corrompidos por comunidades indígenas ni protestas. La empresa fue capaz de alterar, con ayuda del gobierno chileno, los permisos de las distintas corporaciones en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
La primera de estas organizaciones, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente), rechazo en un primer momento el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, tras una serie de presiones políticas, verificables gracias a las declaraciones judiciales de altos cargos del ministerio, esta comisión acepta el proyecto imponiendo para ello que se cumplan una serie de medidas concernientes al medio ambiente y a la protección de las poblaciones indígenas. Estas medidas por supuesto no fueron cumplidas por Endesa.
La CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) rechazó también el informe, al considerar que provocaría la destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, llegando a calificarlo de “etnocidio”.
Ante esto, la empresa presionó al gobierno, el cual destituyó a dos directores nacionales, sustituidos por un funcionario de la Secretaria Nacional de Presidencia, así como a dos representantes del gobierno en la CONADI, quienes habían expresado su rechazo ante la construcción de la presa. Tras esto, la corporación aprobó el proyecto gracias a la ausencia de voces discrepantes.
Posteriormente la propia CONADI redactaría informes criticando las prácticas llevadas a cabo por Endesa para llevar a cabo su proyecto.
Denunciaron como para sortear la Ley 19.253 (Las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia"), en lugar de negociar con la totalidad de las comunidades afectadas, aprovecharon la analfabetización de muchas de las familias pewenches, para realizar negociaciones individuales, firmando acuerdos sin presencia de abogados y aprovechándose de que los afectados no conocían el contenido real de aquello que estaba aceptando.
Además, el informe de la CONADI señala que: “"La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad".
Además del daño cultural que provoca la construcción de la presa en relación a las comunidades indígenas de la zona, esto ha provocado diferentes inundaciones en algunos tramos del rio que han afectado a los poblados situados en sus alrededores.
El embalse destruyó las comunidades pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, donde vivían 92 familias. Tambien, en mayo de 2004, se produjo la inundación del cementerio ancestral de Quepuca Ralco, donde se encontraban los restos de 56 personas. Endesa conocía la situación de dicho cementerio y las consecuencias que suponía realizar dichas actividades, aun así, la compañía hizo caso omiso e inundó el cementerio. Posteriormente, en 2006 diversas familias fueron afectadas por las violentas inundaciones en la ribera del rio Bío-Bío, lo cual supuso una demanda por parte de dichas familias contra Endesa, todavía en fases probatorias.
Muchas de estas inundaciones tienen lugar a causa de la construcción de una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, con el objetivo de modificar el curso del rio en una zona de gran estrechamiento. Además de las mencionadas inundaciones, este hecho hace que las especies acuáticas que viven en el rio se vean afectadas.
Ante tales atentados contra la población pewenche y su entorno, los afectados no pueden ni siquiera protestar públicamente. Las manifestaciones en contra de la presa que se han realizado han sido reprimidas brutalmente por parte del gobierno, como la ocurrida en 2002 cuando 200 mapuches se manifestaban en Ralco.
Sobre este hecho, el director catalán Manel Mayol realizó un documental titulado “Apaga y Vámonos”, rodado durante seis semanas en 2004 en Chile. La cinta participó en más de 30 festivales de cine consiguiendo incluso el premio a mejor documental en Toronto y Atenas.
* Tercera - Miguel Aguilar - 1.1.12
Foto: protesta en Chile - tercera
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