La construcción de la presa conlleva la creación de un embalse de 1.222 Hm3 y ocupa unas 3.460 Has. de los valles del Bio-Bio, Lomín, Villacura y Lolco. Toda esta zona ha sido habitada en los últimos cientos de años por la comunidad Pewenche, integrada en la cultura Mapuche.
Por tanto, al construcción de esta presa supone un atentado directo contra una población indígena y su entorno. Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han calificado el proyecto como “Ecodesastre”.
Pero los planes económicos de Endesa no iban a ser corrompidos por comunidades indígenas ni protestas. La empresa fue capaz de alterar, con ayuda del gobierno chileno, los permisos de las distintas corporaciones en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
La primera de estas organizaciones, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente), rechazo en un primer momento el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, tras una serie de presiones políticas, verificables gracias a las declaraciones judiciales de altos cargos del ministerio, esta comisión acepta el proyecto imponiendo para ello que se cumplan una serie de medidas concernientes al medio ambiente y a la protección de las poblaciones indígenas. Estas medidas por supuesto no fueron cumplidas por Endesa.
La CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) rechazó también el informe, al considerar que provocaría la destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, llegando a calificarlo de “etnocidio”.
Ante esto, la empresa presionó al gobierno, el cual destituyó a dos directores nacionales, sustituidos por un funcionario de la Secretaria Nacional de Presidencia, así como a dos representantes del gobierno en la CONADI, quienes habían expresado su rechazo ante la construcción de la presa. Tras esto, la corporación aprobó el proyecto gracias a la ausencia de voces discrepantes.
Posteriormente la propia CONADI redactaría informes criticando las prácticas llevadas a cabo por Endesa para llevar a cabo su proyecto.
Denunciaron como para sortear la Ley 19.253 (Las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia"), en lugar de negociar con la totalidad de las comunidades afectadas, aprovecharon la analfabetización de muchas de las familias pewenches, para realizar negociaciones individuales, firmando acuerdos sin presencia de abogados y aprovechándose de que los afectados no conocían el contenido real de aquello que estaba aceptando.
Además, el informe de la CONADI señala que: “"La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad".
Además del daño cultural que provoca la construcción de la presa en relación a las comunidades indígenas de la zona, esto ha provocado diferentes inundaciones en algunos tramos del rio que han afectado a los poblados situados en sus alrededores.
El embalse destruyó las comunidades pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, donde vivían 92 familias. Tambien, en mayo de 2004, se produjo la inundación del cementerio ancestral de Quepuca Ralco, donde se encontraban los restos de 56 personas. Endesa conocía la situación de dicho cementerio y las consecuencias que suponía realizar dichas actividades, aun así, la compañía hizo caso omiso e inundó el cementerio. Posteriormente, en 2006 diversas familias fueron afectadas por las violentas inundaciones en la ribera del rio Bío-Bío, lo cual supuso una demanda por parte de dichas familias contra Endesa, todavía en fases probatorias.
Muchas de estas inundaciones tienen lugar a causa de la construcción de una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, con el objetivo de modificar el curso del rio en una zona de gran estrechamiento. Además de las mencionadas inundaciones, este hecho hace que las especies acuáticas que viven en el rio se vean afectadas.
Ante tales atentados contra la población pewenche y su entorno, los afectados no pueden ni siquiera protestar públicamente. Las manifestaciones en contra de la presa que se han realizado han sido reprimidas brutalmente por parte del gobierno, como la ocurrida en 2002 cuando 200 mapuches se manifestaban en Ralco.
Sobre este hecho, el director catalán Manel Mayol realizó un documental titulado “Apaga y Vámonos”, rodado durante seis semanas en 2004 en Chile. La cinta participó en más de 30 festivales de cine consiguiendo incluso el premio a mejor documental en Toronto y Atenas.
* Tercera - Miguel Aguilar - 1.1.12
Foto: protesta en Chile - tercera
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