Vecinos demandan al Ayuntamiento de Bilbao por el derribo de Kukutza

ELCORREO* : La asociación de vecinos Errekaldeberriz ya ha formalizado su demanda contra el Ayuntamiento de Bilbao por el derribo de Kukutza, cuyo solar permanece vacío y tapiado dos meses y medio después de que se retiraran las excavadoras. El colectivo considera que la licencia concedida para reducir a escombros el gaztetxe de Rekalde es «nula de pleno derecho» porque en su tramitación no se cumplieron todos los trámites necesarios. Creen que las autoridades municipales deberían haber exigido al propietario, la constructora Cabisa, que cumpliera una serie de obligaciones, como descontaminar el terreno y ceder la parte correspondiente para habilitar una plaza y una zona verde.
Es el mismo argumento que defendieron el pasado mes de septiembre, en los últimos días del gaztetxe, primero por la vía administrativa y después ante los tribunales. La misma mañana que se produjo el desalojo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n05 de Bilbao ordenó la suspensión cautelar de la licencia de derribo y citó a las partes.

Finalmente dio la razón al Ayuntamiento y autorizó la demolición dos días después. Sin entrar en el fondo del asunto, el auto judicial recordó que el edificio carece de protección, descartó «perjuicios irreparables» e hizo prevalecer el «interés público» y «los derechos del legítimo propietario».
Aquel fin de semana de septiembre no es fácil de olvidar por los graves disturbios que se desataron cuando las máquinas entraron en el solar, con un balance de 140.000 euros en pérdidas solo en mobiliario urbano. En el escrito de la demanda, que hoy dará a conocer con detalle, la asociación vecinal expresa su rechazo a estos actos violentos y recalca que el pleito es de naturaleza «estrictamente urbanística». En su opinión, la licencia de derribo requiere un análisis más profundo de lo que permite una vista de medidas cautelares.
Un año de plazo
El solar fue recalificado para uso residencial en 1996, pero la antigua fábrica seguía abandonada y durante trece años funcionó como gaztetxe. Los vecinos consideran que el propietario debería haber cumplido sus obligaciones, con las cesiones que establece la ley, y presentar el proyecto de edificación de las viviendas antes del derribo. Además, entienden que el Ayuntamiento ha incurrido en «desviación de poder» al utilizar un instrumento urbanístico como la licencia de obras para la demolición «para resolver el conflicto suscitado por la ocupación de una propiedad privada». Las autoridades municipales, por el contrario, siempre han defendido que la concesión del permiso, que sigue un procedimiento reglado, cumplió con todas las exigencias legales.
Mientras la demanda sigue su curso, el Consistorio enviará un requerimiento a Cabisa la semana que viene para recordarle su obligación de iniciar «las operaciones de gestión urbanística» dentro de la unidad de ejecución. Ha fijado el plazo límite de un año para que la empresa presente un proyecto y solicite la licencia de obras para la construcción de viviendas en el solar. Para entonces, además, deberá descontaminar el terreno y conseguir la declaración de calidad del suelo que otorga el Gobierno vasco.
«El tema tiene que quedar resuelto en 2012, que no se eternicen con la licencia», afirman fuentes municipales. Ya a mediados de noviembre, poco después de concluir el derribo, el área de Urbanismo y Medio Ambiente reclamó al propietario que cerrara el solar «con un vallado de bloque de dos metros de altura» y comenzara las gestiones para desarrollar la unidad de ejecución, algo que volvió a recordarle a finales de mes. También le ha exigido un informe sobre los daños que ha podido causar la demolición en los edificios cercanos.


* El Correo - 05.01.12 - TERESA ABAJO
Foto: Pintada a favor de Kukutza en el muro que cierra el solar donde se ubicó el gaztetxe. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

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Baleares.- ARCA recrimina que la Ley Turística olvide el patrimonio histórico y natural

DIARIODEMALLORCA* : La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha presentado una batería de alegaciones a la Ley General Turística que el Govern tienen en estos momentos en exposición pública. La entidad recrimina que el Govern se olvide del patrimonio cultural y del paisaje natural de las islas en su norma. ARCA propone a la conselleria de Turismo "revalorizar el patrimonio cultural balear como un motor de la economía isleña y como un elemento para la diversificación turística".
La entidad conservacionista califica de "negativo" que con la excusa de favorecer la instalación de empresas turísticas "se ponga en peligro el patrimonio cultural, histórico, etnológico y el paisaje natural que hasta ahora se ha conseguido matener al eliminar la figura del interés general para la reforma de agroturismos".

Desde ARCA proponen flexibilizar "el código técnico para edificaciones anteriores a 1950 con el objetivo de garantizar la conservación y la utilización de métodos y materiales de construcción adecuados". Asimismo, apuestan por promover proyectos de adaptación para visitas de carácter patrimonial de edificios de interés como es el caso del Fortí de Illetes y el Fortí de na Baiana. La entidad considera fundamental esta medida para evitar el peligro de "futuras especulaciones".

Otra de las alegaciones de la asociación está encaminada a la preservación del paisaje rural, como por ejemplo los almendros en flor. En su escrito dirigido al Govern, la entidad recuerda que con la nueva normativa los agricultores podrían arrancar todos los almendros y se perdería una imagen muy importante de Mallorca. Por este motivo apuestan por la ayuda de la administración a la conservación del paisaje natural por parte de los pequeños agricultores.
Por último, la entidad pide que la nueva normativa sea consensuada con todos los agentes sociales, culturales y económicos: "Necesitamos el consenso, no se puede imponer", afirman.


* Diario de Mallorca - M. ADROVER - 4.1.12
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción

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La herencia valenciana

ELPAÍS/Editorial* : El azar quiso que el juicio del caso Gürtel coincidiese con la afloración de distintas manifestaciones de la crisis de liquidez de las finanzas públicas valencianas. Sobre todo, dos: la no cobertura de una emisión minorista de bonos públicos (1.058 millones invendidos de los 1.800 lanzados) y la reciente operación de garantía del Estado sobre un crédito impagado de 123 millones de euros.
Quizá no se trate de azar, sino de necesidad. Que la valenciana sea la autonomía más endeudada de España (un 19,9% de su PIB) y que sus finanzas hayan ido agravándose se explica solo en parte por el empeoramiento de la coyuntura económica, que alumbra la secuencia según la cual a menos ingresos e igual o mayor gasto se corresponde más déficit.
No. No es ajeno a esta mala gestión (y de las inversiones disparatadas y de las entidades financieras tóxicas cuyas sedes han emigrado) la presunta corrupción que se enjuicia. Porque si un presidente debe dedicar sus esfuerzos, como el dimisionario Francisco Camps, a preparar su defensa, poca energía le queda para aplicar al recto manejo del dinero público.

El problema de tesorería que afronta su sucesor, Alberto Fabra, aunque más grave ( ha provocado impagos a las farmacias y ha estado al borde con los sueldos de los funcionarios), no es de naturaleza distinta al de otros de sus colegas. La diferencia es de grado. Y de rapidez en encararlo. La lentitud se paga cara en finanzas, porque aumenta la bola de nieve de la deuda. Ocurre lo mismo con el exceso de optimismo. Ya es sintomático que el Gobierno de Fabra haya tenido que aumentar sus recortes en 1.000 millones tan solo 10 días después de aprobar sus presupuestos para 2012. Lo que aquí aparece es un caso de fatal herencia presupuestaria, en la que coinciden causante y causahabiente, en una única responsabilidad, la de los conservadores regionales. El Gobierno de Fabra minimizó ayer el alcance de la operación de garantía verbal, arguyendo que era de trámite. La excusa flojea. Si el Gobierno debió acudir en socorro de Fabra por una operación de 123 millones, era porque la Generalitat no podía responder por una deuda tan escasa, porque apenas puede nada.

Ojalá no fuera así, pues la calidad de su gestión y el valor de su deuda -casi bono basura- no estarían en entredicho, para alegría de todos los españoles, garantes internacionales de hecho de cualquier error interno. Por eso conviene instaurar un sistema mancomunado de control (alerta y corrección) de los presupuestos autonómicos similar al europeo, como avanzó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Cuenta con cobertura para ello: una sentencia del Constitucional del 20 de julio pasado, a raíz de un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y otra norma complementaria, avala que el Estado pueda imponer límites al gasto público de todas las Administraciones públicas.


* El País - Opinión - 5.1.12
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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La construcción de una presa por Endesa atenta contra la población mapuche en Chile

TERCERA* : La empresa española Endesa comenzó en 1997 un plan para construir una mega presa en la cabecera del río Bio-Bio, en la cordillera de los Andes (Chile). Este rio, es el recurso hídrico más importante del país, con una longitud de 380 kilómetros se subdivide en cinco subcuencas, la central de Endesa se sitúa en la zona del Alto Bio-Bio.
La construcción de la presa conlleva la creación de un embalse de 1.222 Hm3 y ocupa unas 3.460 Has. de los valles del Bio-Bio, Lomín, Villacura y Lolco. Toda esta zona ha sido habitada en los últimos cientos de años por la comunidad Pewenche, integrada en la cultura Mapuche.
Por tanto, al construcción de esta presa supone un atentado directo contra una población indígena y su entorno. Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han calificado el proyecto como “Ecodesastre”.

Pero los planes económicos de Endesa no iban a ser corrompidos por comunidades indígenas ni protestas. La empresa fue capaz de alterar, con ayuda del gobierno chileno, los permisos de las distintas corporaciones en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas.

La primera de estas organizaciones, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente), rechazo en un primer momento el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, tras una serie de presiones políticas, verificables gracias a las declaraciones judiciales de altos cargos del ministerio, esta comisión acepta el proyecto imponiendo para ello que se cumplan una serie de medidas concernientes al medio ambiente y a la protección de las poblaciones indígenas. Estas medidas por supuesto no fueron cumplidas por Endesa.

La CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) rechazó también el informe, al considerar que provocaría la destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, llegando a calificarlo de “etnocidio”.

Ante esto, la empresa presionó al gobierno, el cual destituyó a dos directores nacionales, sustituidos por un funcionario de la Secretaria Nacional de Presidencia, así como a dos representantes del gobierno en la CONADI, quienes habían expresado su rechazo ante la construcción de la presa. Tras esto, la corporación aprobó el proyecto gracias a la ausencia de voces discrepantes.

Posteriormente la propia CONADI redactaría informes criticando las prácticas llevadas a cabo por Endesa para llevar a cabo su proyecto.

Denunciaron como para sortear la Ley 19.253 (Las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia"), en lugar de negociar con la totalidad de las comunidades afectadas, aprovecharon la analfabetización de muchas de las familias pewenches, para realizar negociaciones individuales, firmando acuerdos sin presencia de abogados y aprovechándose de que los afectados no conocían el contenido real de aquello que estaba aceptando.

Además, el informe de la CONADI señala que: “"La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad".

Además del daño cultural que provoca la construcción de la presa en relación a las comunidades indígenas de la zona, esto ha provocado diferentes inundaciones en algunos tramos del rio que han afectado a los poblados situados en sus alrededores.

El embalse destruyó las comunidades pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, donde vivían 92 familias. Tambien, en mayo de 2004, se produjo la inundación del cementerio ancestral de Quepuca Ralco, donde se encontraban los restos de 56 personas. Endesa conocía la situación de dicho cementerio y las consecuencias que suponía realizar dichas actividades, aun así, la compañía hizo caso omiso e inundó el cementerio. Posteriormente, en 2006 diversas familias fueron afectadas por las violentas inundaciones en la ribera del rio Bío-Bío, lo cual supuso una demanda por parte de dichas familias contra Endesa, todavía en fases probatorias.

Muchas de estas inundaciones tienen lugar a causa de la construcción de una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, con el objetivo de modificar el curso del rio en una zona de gran estrechamiento. Además de las mencionadas inundaciones, este hecho hace que las especies acuáticas que viven en el rio se vean afectadas.

Ante tales atentados contra la población pewenche y su entorno, los afectados no pueden ni siquiera protestar públicamente. Las manifestaciones en contra de la presa que se han realizado han sido reprimidas brutalmente por parte del gobierno, como la ocurrida en 2002 cuando 200 mapuches se manifestaban en Ralco.

Sobre este hecho, el director catalán Manel Mayol realizó un documental titulado “Apaga y Vámonos”, rodado durante seis semanas en 2004 en Chile. La cinta participó en más de 30 festivales de cine consiguiendo incluso el premio a mejor documental en Toronto y Atenas.


* Tercera - Miguel Aguilar - 1.1.12
Foto: protesta en Chile - tercera

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Valencia.- La 'trama Gürtel' usó su caja B para pagar trajes de Camps

PÚBLICO* : El juicio del caso de los trajes atraviesa estos días una fase tan tediosa como decisiva. Es aquella en la que los expertos en contabilidad explican ante el jurado popular formado por 11 ciudadanos escogidos al azar por qué afirmaron en sus informes que la trama Gürtel pagó trajes para Francisco Camps. Entre el martes y el miércoles, un total de cinco peritos han sido interrogados acerca del rastro que los presuntos pagos de la red dejaron tanto en su propio registro de cuentas como en el de las tiendas madrileñas en las que adquirieron la ropa.
Ayer, fue el turno de los dos expertos de la Agencia Tributaria que analizaron la caja B de la trama, formada por dinero que escapaba al control de Hacienda. Los dos afirmaron que existe constancia documental de que el número dos de la trama, Pablo Crespo, sacó 4.821 euros de ese fondo de dinero no declarado y pagó con él en efectivo dos recibos de compra de Milano, uno de los establecimientos. Ese recibo correspondía, presuntamente, a varias prendas de ropa que fueron encargadas para Francisco Camps.

La constatación de que la trama pagó trajes en efectivo a través de la caja B es de gran importancia a la hora de cuadrar el rompecabezas de las pruebas contables de este caso. El pago en dinero contante y sonante fue, presuntamente, una de las vías que la trama utilizó para saldar los trajes con los que agasajaban a varios políticos del PP valenciano. Además, la red utilizó cheques y transferencias bancarias. Así, los cabecillas de la trama abonaban cuentas a su nombre. En ellas, figuraban las prendas que Camps encargaba a medida y se llevaba, presuntamente, sin pagar.

Este mecanismo ya se ha declarado probado en el caso de dos subordinados de Camps: el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret. Los dos se declararon culpables en julio. La incógnita que se despeja en este juicio es si Camps y su compañero de banquillo, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, recibieron dádivas por el mismo procedimiento, tal y como apuntan las pruebas del sumario. Se da la circunstancia de que en el mismo periodo de tiempo en el que recibieron los regalos de 2005 a 2008 los empresarios que los agasajaban recibieron millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana.

En este contexto, la declaración de los peritos de ayer es un indicio incriminatorio más, después de casi tres semanas de juicio en el que varios empleados de las dos tiendas, desde cajeras a directivos, han corroborado que la ropa de Camps era pagada por los empresarios de la trama.

Interrogatorio exhaustivo
Los expertos contables que declararon ayer se enfrentaron a un exhaustivo interrogatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular, ejercida por el PSOE, que quisieron destacar ante el jurado todas las pruebas de que ese pago de la caja B de la trama Gürtel se corresponde con recibos de compra de Camps.

A sus preguntas, los expertos contestaron que basan tal afirmación en que existe un apunte en esa contabilidad opaca en el que se afirma literalmente que la cantidad era para "Milano". En segundo lugar, existe un "nexo temporal" entre la salida de esa cantidad de las cuentas de la trama y el pago de los recibos, que se abonó en dos partes: una fue ese mismo día el 23 de enero de 2007 y otra cuatro jornadas más tarde.

Los dos peritos insistieron, además, en que los apuntes de la caja B eran muy fiables, porque eran extremadamente exhaustivos. La red tenía varias contabilidades opacas, y dentro de cada una de ellas había varios registros. El contable de la trama, José Luis Izquierdo, contaba con, entre otros, un documento en el que se anotaban los gastos asociados a las empresas, y otro en el que se dejaba constancia de los gastos personales. Así se conoce, por ejemplo, que Francisco Correa, el líder de la trama, pagaba con dinero negro la cuota mensual de la residencia de ancianos en la que vivía su padre.

Por su parte, Javier Boix, el abogado de Camps, trató de desacreditar las conclusiones de los dos peritos. Utilizó para ello un lenguaje que a ratos llegó a ser despreciativo. Preguntó, por ejemplo, a una perita cuántos años llevaba en la Agencia Tributaria. Cuando ella contestó que "muchos", él le espetó que "no lo parece". Boix destacó que esta experta pertenece a la unidad de auxilio de la Fiscalía. Así, quiso transmitir al jurado la sensación de que su testimonio había de ser inevitablemente favorable a la acusación.

Boix también descendió al detalle de los apuntes contables para intentar desmontar las conclusiones de los peritos. Afirmó que el dinero que salió de la caja B no era una cantidad redonda, sino "exacta": 4.821 euros. Sin embargo, Crespo pagó con este dinero dos recibos cuya suma era inferior a esa cifra. El perito, por su parte, replicó que la conexión entre ambos documentos era temporal y afirmó que podía haber otros recibos pendientes en las tiendas a los que él no habría tenido acceso.


* Público - BELÉN TOLEDO VALENCIA 05/01/2012
Foto: El expresident y diputado del PP, Francisco Camps, ayer a su llegada al juicio que se celebra en Valencia. J.N.

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Marbella detectará las edificaciones de más de 10 cm mediante fotogrametría

EFE/Málaga* : Un vuelo aéreo que permitirá detectar edificaciones que superen los diez centímetros por comparativa fotogramétrica ha sido entregado hoy al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de manos de la Diputación Provincial de Málaga, entidad que ha realizado el trabajo.
El diputado provincial de Urbanismo de la Diputación Provincial, Ignacio Mena, ha entregado hoy al consistorio marbellí el "Vuelo del 2011", un CD que incorpora información espacial y una foto aérea sobre las 11.739 hectáreas que tiene el término municipal de Marbella de las 731.000 que tiene la provincia de Málaga.
La herramienta es una ortofoto cenital con una "resolución de veinte centímetros" que permite observar objetos de dicho tamaño, y que añade la foto oblicua desde los cuatro puntos cardinales, con posibilidad de ver objetos de hasta diez centímetros, ha indicado Mena.
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Pablo Moro, ha destacado que el Consistorio podrá convertir este vuelo aéreo en ortofoto con el restituidor fotogramétrico que adquirió en 2011, "una herramienta que podremos utilizar desde el punto de vista métrico", es decir, establecido a escala sin ningún tipo de deformación.

El elemento innovador que aporta este material es la fotografía oblicua, la cual no solo permite "ver edificaciones cenitales en vista absolutamente vertical aérea", sino que da una "visión oblicua en 45 grados", con lo que se podrán ver las alturas y los relieves de todo lo edificado, "desde la cota de rasante hasta la altura".

El edil ha afirmado que las aplicaciones de la fotogrametría desde el punto de vista urbanístico giran en torno a realizar un seguimiento de la aplicación y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Por tanto, se controlará que las edificaciones que se lleven a cabo sean aquellas que estén "autorizadas" y "amparadas bajo una licencia de construcción", y se detectarán las que no se ajusten a la legalidad, misión del Departamento de Disciplina Urbanística, ha asegurado.
Por otro lado, el delegado ha destacado los beneficios que aporta la ortofoto a otras áreas, como el control de vertidos sin autorizar, la realización de estudios de tráfico", el diseño de trayectos para emergencias por parte de los Bomberos y Protección Civil o la puesta al día del inventario de todas las especies.
Moro también ha subrayado que "el sistema es multiespectral" y se puede ver con luz infrarroja, lo cual tiene múltiples aplicaciones, como la detección de "vertidos incontrolados en el mar", o "alguna especie vegetal que esté en mal estado" a través de los diferentes colores en el multiespectro.


* Ideal - Efe - 3.1.12
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)

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Baleares.- Los arquitectos alertan de que la Ley del Turismo devuelve al descontrol de los 70

DIARIODEMALLORCA* : Los arquitectos de Balears han analizado con una inusitada severidad el borrador de la Ley del Turismo. Poco menos que se llevan las manos a la cabeza, según se infiere de las alegaciones presentadas ante la conselleria de Carlos Delgado. Para el Colegio Oficial de Arquitectos (COAIB), la norma supone retroceder "a la situación anterior a los años 80", cuando la industria turística carecía de regulación y la permisividad medioambiental era la nota común.
"La propuesta legislativa prescinde del modelo actual y no respeta el sistema legal y competencial en materias urbanística, de ordenación turística y de planeamiento territorial insular, al que se ha llegado de forma gradual y ha sido aceptado por la sociedad a lo largo de las tres últimas décadas", critican estos profesionales. Los arquitectos sostienen que el Govern balear concede un trato "exclusivo" a los hoteleros, principalmente, mediante una "total desregulación" del sector, al suprimir o reducir las limitaciones urbanísticas y de ordenación territorial.
El documento consensuado por el Colegio alerta de que el empresariado turístico queda "exonerado" de forma "exclusiva" del cumplimento de la normativa exigible para el resto de actividades económicas. A continuación establece una lista "resumida" de las lindes que saltarán por los aires con la aprobación de la nueva disposición.

En superficie rústica "ya no será necesaria la declaración de Interés General; se permitirán establecimientos turísticos en cualquier categoría de suelo, aunque estuviera prohibido". Los edificios ilegales "dejan de estar en situación de fuera de ordenación y pueden ser objeto de cambio de uso turístico" [es decir, convertirse en viviendas]. Los hoteles no necesitarán de licencias adicionales cuando quieran desarrollar usos secundarios. "Los agroturismos, el hotel rural y el turismo de interior se consienten en cualquier edificio o construcción existente. Ni siquiera se exige su previa legalización y además se toleran las ampliaciones", advierten.

Los arquitectos cuestionan en sus alegaciones la principal bandera del Gobierno de José Ramón Bauzá, la seguridad jurídica. "La propuesta de ley genera serias dudas legales. Suponen una inseguridad jurídica" las numerosas dispensas que recoge el borrador y el hecho de que los nuevos hoteles en rústico y los cambios de usos a residencial en suelo urbano no estén sujetos a evaluación ambiental.

Los arquitectos lamentan el énfasis de Carlos Delgado por consumir territorio, en vez de incentivar la remodelación de los establecimientos ya abiertos. "Se continúa con la implantación progresiva y sistemática de la terciarización del suelo rústico con usos hoteleros y residenciales explotados turísticamente. [...] El propio sector hotelero prefiere invertir los excedentes en nuevas plazas más rentables [construcción de nuevos establecimientos] porque no están sujetas a intercambio, el precio del suelo rústico es menor, tienen menos cargas fiscales y existe menor control urbanístico", avisan.

El Colegio también se queja del trato desigual instaurado por el borrador y que afecta directamente a su gremio. "No resulta aceptable que un arquitecto de prestigio (concepto jurídico indeterminado por subjetivo) pueda disponer de mayor edificabilidad (hasta un 40%), ya que todos los arquitectos tienen que actuar en igualdad de condiciones", argumentan.


* Diario de Mallorca - MIGUEL MANSO - 3.1.12
Foto: El COAIB afirma que la Ley incentiva el consumo de rústico.- B. Ramon

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"Unos cuantos mamones le están robando el dinero a la gente"

PÚBLICO/Entrevista* : Uno de los mejores libros que ha aparecido sobre la crisis financiera y sus razones ocultas lo ha firmado el americano Matt Taibbi, periodista de Rolling Stone. Cleptopía: fabricantes de burbujas y vampiros financieros en la era de la estafa (Lengua de Trapo, 2011), con prólogo y traducción de Pablo Bustinduy, aúna observación política afilada, especialización financiera traducida al lenguaje común, prosa cómica y una cantidad apabullante de indignación ante la estafa. Taibbi habla con Público para explicar qué ha pasado aquí y quién se ha llevado nuestro quesito.
-Al leer ensayos, uno se topa a menudo con el reclamo de "se lee como una novela". En el caso de Cleptopía' es cierto, quizás porque los malos de esta crisis actúan como villanos de ficción.
-Hay que tener en mente que, a no ser que un lector esté muy familiarizado con el mundo de las finanzas, leer sobre este tipo de material puede resultar extremadamente difícil. Por consiguiente, uso técnicas de escritura narrativa con el fin de simplificarles las cosas a los no iniciados. El banco de inversiones Morgan Stanley probablemente sea culpable de las mismas cosas que Goldman Sachs, pero decidí concentrarme exclusivamente en Goldman y su director ejecutivo, Lloyd Blankfein, por su perfil Dr. No y estilo de villano de James Bond. Todo lo que se dice en mi libro es verdad, pero está escrito de forma que ayude a digerir el material más fácilmente.

-Las acciones de estos "vampiros financieros" hacen que uno se pregunte sobre la naturaleza del mal.

-Existe un tipo de persona malvada que te mirará a los ojos y luego te robará. Pero luego existe otro tipo, mucho más cobarde, que les robará a unos miles de personas invisibles mediante el simple procedimiento de pulsar un botón. Muchos de los crímenes de Cleptopía pertenecen al segundo grupo. Hay un tipo muy particular de criminal que está evolucionando y volviéndose cada vez más común en nuestras sociedades: el burócrata financiero sin sentimientos que victimiza a conciencia a un gran número de extraños indefensos por puro afán de lucro. Creo que este comportamiento despiadado y explotador obedece a algún tipo de psicopatía o locura moral, y sin embargo es cada vez más aceptado, especialmente en EEUU, donde se celebra por defecto cualquier actividad que tenga fines lucrativos.

-La dialéctica de la izquierda se ha vuelto demasiado comedida, especialmente si se la compara con el discurso feroz de la derecha. Cleptopía' ofrece una granada selección de palabras malsonantes e insultos.

-Bastante gente me critica por eso, y una buena parte de la crítica es justificada, aunque debo decir que blasfemo mucho menos que cuando era más joven. Asimismo, trato de escribir como hablo en conversación, y creo que esto ayuda a que los lectores asimilen temas áridos y difíciles. Por añadidura, hablando de algunos de esos personajes necesitas la palabra más gruesa que se te pueda ocurrir.

-Cleptopía' rehúsa sumarse a las polémicas banales que instigan los medios de comunicación. Usted habla de ello al explicar la ausencia de debate sobre el sistema financiero en las dos últimas campañas electorales estadounidenses.

-En EEUU tenemos tendencia a construir debates falsos en torno a todo. Nuestros telediarios y periódicos han sido adiestrados para asumir que existen dos puntos de vista legítimos alrededor de cada historia, pero a veces no los hay. Un ejemplo: la historia de Terry Schiavo. Muchos americanos religiosos acabaron creyendo que una paciente en coma que había sido certificada clínicamente muerta estaba viva mentalmente, y por tanto no debería haber sido desconectada de la respiración artificial. Ni un solo científico legítimo estuvo de acuerdo con esta visión, pero nuestros periódicos y televisiones prestaron la misma atención a ambos puntos de vista, como si realmente existiese una "controversia" válida acerca de si aquella pobre mujer era aún un ser vivo. Lo mismo sucede con el problema financiero. Nuestros medios de comunicación tratan continuamente de presentar el tema como si fuese un debate ideológico: los que están a favor de mayor regulación contra los que prefieren una economía laissez-faire, los ricos productivos contra los envidiosos pobres, etc. Pero el asunto que nos ocupa no tiene nada que ver con la ideología: es un tema policial, de aplicación de la ley. Unos cuantos mamones le están robando dinero a la gente. No veo cuál podría ser la "controversia".

-Una de las formas de evitar intromisiones legales es blindar las operaciones con una coraza de jerga impenetrable. Cleptopía' acierta a traducir todos esos trabalenguas y destapa lo que son: estafas.

-Los banqueros y las aseguradoras cobran tarifas exorbitantes por sus servicios porque han creado un universo de jerga que la gente corriente es incapaz de comprender. Al principio debió ser un lenguaje utilitario para ganar dinero de forma legítima. Pero cuando esos tíos empezaron a tramar conspiraciones criminales cada vez más elaboradas, aquella verborrea enloquecida se convirtió en un escudo contra el escrutinio público, porque nadie era capaz de entender qué diantre estaban haciendo, ni siquiera consultando los documentos adecuados. Eso explica por qué periodistas como yo pasamos una gran parte del tiempo traduciendo sus términos a lenguaje normal.

-Cleptopía' ofrece multitud de ejemplos de política pro-Wall Street en la administración Obama, especialmente en lo que concierne a la reforma del sistema sanitario.

-Obama ha resultado ser una decepción monumental. La mayoría del movimiento Occupy Wall Street nace de la desilusión que sintió la gente joven al comprobar que Obama les había engañado, sobre todo en lo que respecta a perseguir el crimen de guante blanco. Muchos de los manifestantes de Occupy Wall Street estaban apoyando a Obama hace solo cuatro años; ahora se oponen a él.

-Su libro recuerda algo que parece de ciencia-ficción utópica: la época en que presidentes como Ted Roosevelt y Frankie D. Roosevelt luchaban contra el monopolio financiero, aprobando leyes que impedían la concentración de dinero y poder.

-Estamos en una nueva era de corrupción. Hace tiempo existían ciertas líneas que los políticos y líderes financieros jamás cruzaban, por mucho que buscaran dividendos y privilegios. En las acciones de oligarcas como los Rockefellers o los Vanderbilts había un elemento de noblesse oblige; se sentían responsables de mantener la sociedad en funcionamiento, construir infraestructuras, etc. Nuestra nueva clase de líderes financieros, por el contrario, está completamente desprovista de cualquier tipo de instinto patriótico; son individuos sin Estado que no le deben fidelidad a país alguno, que viven en mansiones amuralladas en paraísos fiscales y sienten indiferencia por cualquier cosa que suceda fuera de su propiedad. Para colmo, no construyen nada; sólo nos despojan de bienes. Muchos políticos tratan de convencernos de que lo que es bueno para compañías "estadounidenses" como Goldman Sachs o el Bank of America es bueno para el resto del país. Pero una de las ideas más importantes que trato de comunicar es que compañías como Goldman, Chase o el Bank of America no son "estadounidenses" en ningún sentido significativo del término. Ni siquiera ellos mismos se ven así.

-¿Considera que Occuppy Wall Street, el 15M o la revolución griega tienen alguna posibilidad de alterar el status quo?

-Es posible que de aquí a un tiempo las protestas mundiales terminen cambiando las cosas. Occupy Wall Street es aún un fenómeno de clase alta, pero llegará un día en que empezará a atraer a los millones de personas que han sido desahuciadas de sus hogares o que han perdido todos sus ahorros por culpa de la venta de fraudulentos títulos respaldados por hipotecas; entonces presenciaremos el nacimiento de un movimiento mucho más potente y peligroso. Nunca creí que llegara a decir esto, pero creo que esta es la primera amenaza seria que sufre el sistema bipartidista. Mucha gente de ambos lados está harta de la corrupción, lo suficiente como para tomar las calles. No creo que el cambio suceda este año, pero sí que está muy cerca. Especialmente si sufrimos otro crash, lo que es muy probable.


* Público - KIKO AMAT Barcelona 03/01/2012

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La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos de 100.000 millones de euros

PLATAFORMAPORUNAVIVIENDADIGNA* : Cronología de la Burbuja Inmobiliaria y situación actual: en el Consejo de Ministros del 30-12-2011 se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010 con el anterior gobierno con el fin de reactivar el mercado de viviendas y, por tanto, la especulación inmobiliaria.
En 1990 el gobierno de Felipe González reformó la Ley del Suelo en España (ley 8/1990), con un texto refundido en 1992 que supuso una primera etapa de conversión de suelo rústico a suelo urbanizable.
En 1998, el primer gobierno Aznar vuelve a reformar la ley del suelo liberalizándolo aún más y simplificando los tipos de suelo a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable, fijando además la siguiente premisa: que "salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable". La finalidad era conseguir "un drástico aumento de la oferta de suelo", lo que, según el entonces ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en "una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda".

Una noticia del diario El Mundo titulada "La Ley del Suelo aumentará la cantidad de terreno urbanizable" aseguraba en su subtítulo que "la nueva norma aprobada ayer pretend[ía] también abaratar la vivienda". Otro editorial de Marzo de 1998 -"Suelo barato"- del mismo diario reflexionaba sobre las consecuencias de la aprobación de la nueva Ley del Suelo del gobierno del PP, posicionándose claramente a favor de la misma.

Otros medios situados ideológicamente en posturas neoliberales publicaban informaciones parecidas, refiriéndose a la situación anterior del suelo en España como "una estricta regulación administrativa". El editorial de El Mundo concluía;

"Habrá que dar tiempo al tiempo hasta que esta iniciativa pueda dar sus frutos. Sólo entonces podremos hacer un juicio definitivo".

Cualquiera puede ahora sacar conclusiones acertadas sobre las consecuencias de esa decisiva iniciativa a largo plazo. Desde la oposición de izquierda se advertía entonces que la nueva ley favorecería la especulación inmobiliaria y aumentaría el precio de la vivienda. Efectivamente, la burbuja inmobiliaria se ponía en marcha por esas fechas.

Tras el cambio del gobierno, el PSOE aprobaba desgravaciones fiscales a la compra de vivienda entre otras medidas, contradiciendo su postura cuando era parte de la oposición al gobierno anterior y alimentado el falso modelo "productivo" que el PP había puesto en marcha en 1998. Se creaban cientos de miles de puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, empleos que empezaron a destruirse aceleradamente desde el estallido de la actual crisis económica internacional y de la burbuja inmobiliaria interna. Gran parte del 20% de desempleo actual proviene -sin duda- de la construcción.

Estos días, a raíz de las últimas medidas aprobadas por el nuevo gobierno Rajoy relativas a la vivienda en fechas en las que la opinión pública anda bastante distraída, la PVD ha publicado un importante comunicado que difundimos a continuación;

"La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna, tras revisar el real decreto-ley de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, denuncia que contiene una ayuda de 100.000 millones de euros en avales para las entidades financieras, que no ha sido comunicada a la ciudadanía ni en la rueda de prensa, ni en el documento difundido por La Moncloa con posterioridad. Asimismo, esta asociación califica de inconcebible la recuperación de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda con todas las recomendaciones nacionales e internacionales en contra.

Revisando el contenido del real decreto-ley publicado el 31 de diciembre de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, se puede observar un incremento muy significativo en los límites máximos de la cuantía destinada a los avales del Estado para entidades financieras privadas, que se incrementa con esta norma hasta la cifra de 196.043 millones de euros. Si uno compara esta cifra con la del real decreto-ley precedente, en la que el importe ascendía a 115.543,5 millones de euros, se observa que, aparte de la abultada partida destinada a los avales al fondo de “Facilidad Europea de Estabilización Financiera” -que permanece invariable-, aparece un nuevo concepto (que en el anterior decreto análogo no aparecía) que va a permitir al Estado avalar y hacerse cargo con vigencia indefinida en caso de ejecución de la deuda privada –y sus intereses- por valor de 100.000 millones de euros.

En concreto, el real decreto-ley, en la disposición final decimoséptima (página 146.637 del BOE), expone textualmente:

«Con efectos de 1 de enero de 2012 y vigencia indefinida (…) b) 100.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional. El aval garantizará el principal de la emisión y los intereses ordinarios. De producirse la ejecución del aval, siempre que la misma se inste dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval.»

Mal, muy mal inicia la andadura el nuevo gobierno, si comienza mintiendo y ocultando información de este monumental calibre a los hastiados ciudadanos de España, peor si eso se hace en nombre de la verdad, mucho peor si es para intentar sostener con recursos públicos una situación inmobiliaria que lleva tiempo siendo y es a todas luces insostenible; y tremendamente nefasta, si esa ocultación se hace tirando por tierra las palabras del presidente Mariano Rajoy, cuando en la campaña electoral ha negado hasta la saciedad que fuese a subir impuestos y a otorgar ayudas a las entidades financieras.

Las desgravaciones, un canto de sirena que comprometerá las políticas públicas de vivienda, tan necesarias en estos momentos

Por otra parte, esta asociación ha venido reiterando en consonancia con instituciones como el BCE, el Banco de España, la OCDE, Funcas, el FMI, el Consejo Económico y Social, CCOO, la Comisión Europea y un larguísimo etcétera de organismos nacionales e internacionales de todo tipo de signo y condición, que las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda han estado en el origen del cáncer inmobiliario que ha degenerado en la brutal crisis económica que padecemos en España y por tanto, nos vemos obligados a alzar la voz una vez más criticando ferozmente el reforzamiento de estas “ayudas” y reiterando nuestra petición de que se retiren de manera paulatina y no retroactiva.

En estos momentos de excepcionalidad, además nos parece tremendamente grave que el grueso del dinero de las políticas públicas de vivienda e incentivos como el IVA al 4%, se vuelvan a focalizar en la compra de vivienda -lo que no deja realmente de ser otra ayuda a bancos y promotores en base a un supuesto fin social- cuando estos fondos debieran servir para propiciar políticas de alojamiento que paliaran la extrema urgencia en la que se encuentra ya una buena parte de la sociedad española que está soportando un paro, unos desahucios y una exclusión social fuera de todo orden. Por si fuera poco, con las tremendas cifras de desempleo y la enorme incertidumbre que está padeciendo el país, pensar que estas desgravaciones van a cumplir el objetivo de liquidar el stock de vivienda existente –el verdadero fin que persigue su “recuperación”- es una pura entelequia.

El suelo, en una eterna valoración falsa

También denunciamos que en este real decreto-ley se prorroga de nuevo la aplicación de la Ley del Suelo en cuanto a la valoración de terrenos recalificados. Otro muy mal síntoma que persevera en una política económica basada en la ocultación y falseamiento de la realidad. Los problemas jamás se resuelven ocultándolos y el que tienen las entidades financieras con un suelo pagado muy caro y que no vale nada sin viviendas construidas encima, no va a ser algo distinto. Por otra parte, valoramos como muy negativa la intención de que sea el Estado a través del “banco malo”, el que cargue directamente con las consecuencias de decisiones de financiación que en su día se basaron en la más pura codicia y especulación, sin que las personas y entidades que tomaron estas decisiones, tan dañinas para la economía española, asuman ninguna consecuencia ni la más mínima responsabilidad.

Hace años, en un comunicado en el que advertíamos de la crisis económica, social y política que iban a traer las políticas que favorecían la burbuja inmobiliaria, esta asociación a la desesperada, instó a nuestros gobernantes a pensar en el país que iban a dejar sus hijos. Redoblamos esa apuesta y ahora, cuando estamos padeciendo como nunca los resultados de tantos años de sinrazón, invitamos a nuestros gobernantes a pensar en el papel con el que se van a ver reflejados en los libros de historia, puesto que con la reiteración de unas políticas económicas tan nefastas como funestas que son un enorme y grave error, que han esquilmado y endeudado hasta límites insoportables a la población española agrandando más y más el agujero negro inmobiliario, están conduciendo a este país inexorablemente a la autodestrucción económica. Parafraseando al científico Einstein como última reflexión: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”.

Plataforma por una Vivienda Digna


* Tercera - Opinión - 2.1.12
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida

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Costas tarda más de 5 años en denunciar una construcción

INFORMACIÓN/Alicante* : Cinco años y medio después de que Costas amenazara con un contencioso al Ayuntamiento si no anulaba una licencia para construir 5 viviendas en terrenos de dominio público junto a la playa de la Albufereta, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado al Ayuntamiento la apertura de un expediente sancionador por la invasión de dicho dominio público.
La advertencia de Costas es toda una sorpresa, no sólo porque haya dejado en hibernación durante más de un lustro este asunto sino porque las viviendas que se preveían levantar siguen sin construirse.
La zona afectada en cuestión es la situada en el extremo norte de la playa de la Albufereta, en la que desde mediados del pasado siglo existe una construcción, en primera línea, que fue destinada a restaurante y más tarde a supermercado, aunque actualmente permanece cerrada, y que se integra dentro de la propiedad de los apartamento Alfin.

En los terrenos ocupados por esta construcción la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió licencia el 30 de enero de 2006 para la construcción de cinco viviendas. En julio de ese año Costas comunica al Ayuntamiento que el vigilante que supervisa el dominio público marítimo terrestre había comprobado la ejecución de una obra en estos terrenos de la Albufereta situados dentro de la zona de servidumbre y protección. El escrito advertía de que cualquier vivienda en esta zona está prohibida, al igual que toda obra que no cuente con la autorización de Costas. El escrito amenazaba con acudir a los tribunales si el Ayuntamiento no anulaba la licencia.

La entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa, Sonia Castedo, señaló al respecto que "lo que hemos hecho ha sido permitir un cambio de uso, ya que hay construida una zona comercial y se ha autorizado que sea acondicionada para cinco viviendas".

Las obras finalmente no se efectuaron y transcurridos más de cinco años permanecen actualmente como entonces, con el edificio del antiguo supermercado cerrado.

La nueva denuncia de Costas, por tanto, reclama que se elimine la parte de esta construcción del siglo pasado que invade el dominio público.


* Información - M. DOPAZO - 4.1.12
Foto: Construcción junto a la playa de la Albufereta que invade el dominio público, según Costas. RAFA ARJONES

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«El gran problema que tenemos es que somos cautivos de la movilidad»

LARAZÓN/Entrevista* : Cada vez que los políticos se sientan para presentar un plan urbanístico las propuestas y las desilusiones van cogidas de la mano. La ciudad del siglo XXI necesita de un nuevo modelo integral que deje de lado las soluciones parciales. José Luis Cañavate, prestigioso urbanista internacional y redactor de planes sobre la bicicleta en Sevilla, reflexiona sobre la ciudad que tendremos que construir y los errores cometidos en los últimos años.
–¿Qué ha pasado para que nuestras ciudades ya no nos sirvan?
–Ha habido una disfunción seria en las políticas urbanistas de los últimos veinte años que han generado unos procesos que necesitan de una solución muy compleja. Hemos pasado de una ciudad que se movía en distancias razonables a unas que tienen unas distancias que son incapaces de pagar. Hemos conseguido que todo esté lejos y eso tiene unos costos generales (tiempo, cultura o desorganización) que son inasumibles. Por eso, creo que las políticas de movilidad, asociadas a la peatonalización, hoy día son un recurso artificioso. Queremos recrear una ciudad que teníamos, pero que no es real. Todos queremos recuperar cosas pero no hay diálogo.

–Entonces, quitar los coches del centro no es la solución.
–Desde luego no es ni la única solución ni es como se está expresando. En las ciudades sobran coches pero no es el enfoque del problema. La ciudades deben contraerse, de forma que las necesidades de desplazamiento deben solucionarse con transporte público. No se puede poner una superficie comercial que atraiga a 25.000 personas un fin de semana sin una red de transporte público coherente. Todas estas demandas de viaje obligado deben tener un sistema de transporte sostenible. Al igual que no se puede expulsar al comercio de las ciudades. Hemos transformado la palabra libertad de la movilidad en cautividad de la movilidad. El gran problema que tenemos es que somos cautivos de la movilidad.

–¿Por dónde irá el nuevo modelo de las ciudades?
–Hay que volver a las ciudades de escala humana y hay que reciclar los recursos que tenemos. Hoy en día si una carretera no nos sirve lo que hacemos es construir otra. Dentro de la ciudad, la mitad de la gente va andando a los sitios, por lo que los recursos de viarios deberían enfocarse hacia los peatones al menos en un 50%. A ello lo debe acompañar una optimización del sistema de transporte colectivo.

–¿No cree que esto de lo que hablamos, el urbanismo y la movilidad, se ha convertido en una herramienta para lograr votos, como en su día fueron los palacios de congresos, los auditorios o los estadios de fútbol?
–Creo que hemos sido todos culpables. Políticos, profesionales y ciudadanos tenemos responsabilidad. Está claro que se han utilizado en el sentido que dice, pero en todos los ámbitos. Me gustaría que todos diéramos un paso atrás para reconocer lo que hemos hecho. Sobre todo, por lo que nos viene ahora.

–Poner cámaras o medidas coercitivas tampoco nos ha funcionado. ¿Se ha acabado el tiempo de imponer sanciones?
–No, yo creo que han sido iniciativas muy buenas. De hecho, la experiencia que teníamos de otras ciudades europeas así lo han corroborado. Teníamos un «handicap» de concienciación ciudadana que, en condiciones normales, es asumido por una generación, pero que nosotros teníamos que hacer en menos años.

–¿Por qué lo que funciona en Munich no sirve en Sevilla?
–Yo creo que sí funciona y se ha logrado en menos tiempo que allí. Lo que pasa es que vemos que eso marcha muy bien y lo que queremos es que vaya todo más rápido. Pero tenemos un problema más grave que son las ciudades metropolitanas, que no están controladas por nadie.

–Ahora se está protegiendo mucho el casco histórico. ¿Eso es una limitación?
–El cuidado de los cascos históricos tiene que ampliarse al centro de la ciudad, que es donde todos los ciudadanos desarrollan realmente su vida.


EL PERSONAJE
Amabilidad a la holandesa
Formado en Amsterdam, José Luis Cañavate se ha convertido en una de las personalidades clave para entender el moderno urbanismo sostenible tanto en Andalucía como en España. Autor de un gran número de proyectos de carácter nacional e internacional, mantiene que el modelo actual de las ciudades está obsoleto y que hay que volver a repensar dónde y de qué manera queremos vivir. Como experto en movilidad, no cree que quitar los coches sea la única solución, por lo que defiende una ciudad más amable con su vecinos que vuelva a su forma tradicional tras una expansión desorbitada.

* la Razón - 2.1.12

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El 15-M fortalece su estructura para seguir en la calle en 2012

PÚBLICO* : Lo querían todo y lo querían ya. Tomaron las calles y las plazas sin pedirlas, con el único objetivo de reclamar lo que creían suyo. Los llamaron románticos, revolucionarios, perroflautas e incluso vagos, pero recuerdan que sólo estaban y siguen estando indignados con un sistema político y económico que creen que insiste en darles la espalda. Mucho ha llovido desde el pasado mes de mayo: acampadas, grandes concentraciones, asambleas, encontronazos con policías y políticos y dos procesos electorales en los que arrasaron los conservadores.
Con el descontento en plena ebullición, el Movimiento 15-M marcó la agenda de la campaña de las autonómicas del 22-M, pero el resultado siguió siendo más derecha. Por la del 20-N pasó de puntillas y sin hacer ruido. Sus integrantes aseguran que andaban metidos en "otras luchas". Sus detractores, sin embargo, aprovecharon para empezar a hablar de "dispersión" o de "falta de respaldo".

Llega el final del año del "despertar colectivo" y toca hacer balance. Integrantes de Democracia Real Ya (DRY), Juventud Sin Futuro (JSF) y algunas de las comisiones que surgieron de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid relatan a Público los aciertos, los errores y los futuros desafíos de un movimiento que, con poco más de siete meses de vida, se resiste a desaparecer y que, entre otros asuntos, prepara una nueva gran movilización internacional para marzo de 2012.

"Las causas que nos sacaron a la calle siguen estando vigentes. Las políticas que vienen van a ser continuistas. Seguiremos pagando la estafa del mundo financiero", reflexiona Pablo Gómez, participante del grupo de trabajo de Coordinación de Comunicación del 15-M de Madrid.

Los indignados no quieren que las medidas que pueda tomar el nuevo Gobierno les pillen "descolocados". Por eso se afanan en engrasar sus engranajes de cara al nuevo tiempo. "Nuestra función es movilizar a la ciudadanía, pero las acciones las marcarán los políticos desde arriba si toman decisiones de espalda a la ciudadanía", apunta Pedro Herreros, portavoz de DRY. Juventud Sin Futuro, el colectivo que logró reunir a miles de jóvenes el pasado 7 de abril bajo el lema "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo", hará de la lucha contra la precariedad laboral el eje de sus reivindicaciones en el año 2012. Así lo asegura Rita Maestre, participante de este grupo. "Seguiremos manifestando nuestro rechazo al chantaje injusto que se hace a los jóvenes cuando nos dan a elegir entre paro y precariedad", denuncia.

En este sentido, Maestre asegura que los integrantes de JSF esperan los términos en los que se desarrollará la reforma laboral que previsiblemente emprenderá el nuevo Ejecutivo en los próximos meses. Por lo pronto, vaticinan que seguirá "sin ser eficaz". "La creación de empleo está ligada al consumo y a la demanda, no al abaratamiento del despido", admiten desde este colectivo, integrado principalmente por estudiantes universitarios.

"Desesperanza"
Al margen del nuevo escenario que surja con Rajoy ya instalado en la Moncloa, los indignados aseguran que seguirán enarbolando muchas de las banderas que han sacado a la calle durante los últimos meses. Así, continuarán reclamando un cambio de modelo electoral, la separación real de poderes, el control del poder financiero, el derecho a la vivienda digna o la defensa del Estado del Bienestar, entre otros asuntos.

Roberto García, participante de la comisión de política a corto plazo que nació en la acampada de la Puerta del Sol, rescata el componente emocional del 15-M. "En 2012 tendremos que lidiar con la desesperanza de la gente que se va a dar cuenta que Rajoy no va a solucionar todos los problemas", afirma.

Con las propuestas del 15-M encima de la mesa, los indignados también aprovechan para sacar pecho. Y se apuntan dos tantos. El de la Ley de transparencia y acceso a la información que Rajoy se ha comprometido a aprobar en el primer trimestre de 2012 y la subcomisión que también ha prometido impulsar el líder del Ejecutivo para el estudio de la dación en pago. Ambas son demandas que ha perseguido este movimiento desde su eclosión.

Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en que el aporte más relevante del 15-M ha sido "la recuperación de la conciencia crítica". "Se ha conseguido poner en contacto a grupos distanciados, a gente con problemas que tienen una raíz común. Conceptos antes vistos como radicales o antisistema como dictadura de los mercados' se han popularizado", señala Gómez. "Es un movimiento social de toda la vida que ha dado un paso más", abunda.

Los sectores más críticos con el 15-M han reprochado a los indignados su incapacidad para articular un entramado que vaya más allá del movimiento protesta y que sea capaz de provocar cambios reales. Sus integrantes no tardan en reaccionar. "No se le puede exigir a un movimiento que no nace de una estructura previa que empiece a sentirse y pensarse como sujeto político desde el mismo momento de su creación", afirma Maestre. Herreros, de DRY, apunta en otra dirección: "Un movimiento social no tiene la obligación de aportar soluciones, sino de mostrar el descontento".

Los más de siete meses de indignación dejan también lugar para la autocrítica. "Hacer muchas manifestaciones con motivos diversos lastra más que suma", admite Maestre. García, por su parte, cree que el 15-M fue "inconsciente" al llevar el movimiento a los barrios tan rápido. "Tendríamos que haber dejado madurar más la idea", señala. En general, los participantes del 15-M consultados apuntan a la necesidad de "utilizar los recursos de forma eficiciente", de "seguir fortaleciendo las estructuras del movimiento", así como por "mejorar la comunicación" y "delimitar los objetivos" de cara al futuro.

Los momentos clave del movimiento
Las primeras marchas

El 15 de mayo de 2011, la plataforma Democracia Real Ya convoca manifestaciones en 60 ciudades españolas bajo el lema: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Las marchas son multitudinarias. En Madrid, una treintena de personas acampan en la Puerta del Sol y son desalojadas por la policía algo más de 24 horas después.

Nuevas acampadas

El 17-M, 10.000 personas acuden a Sol para apoyar a los desalojados y comienzan a surgir acampadas en otras ciudades del país. Dos días después, la Junta Electoral prohibe concentraciones durante la jornada de reflexión previa a las elecciones del 22-M y las protestas se revitalizan. En Madrid se reúnen 28.000 personas. El movimiento llega a otras ciudades extranjeras.

Otros desafíos

A mediados de junio, los acampados comienzan a retirarse de la mayoría de las plazas. El movimiento se centra desde entonces en parar desahucios –lo han conseguido en 112 ocasiones– y organizar grandes concentraciones. El 19 de junio, miles de indignados salen a las calles de numerosas ciudades españolas y extranjeras para protestar contra el Pacto del Euro.

Acoso al Parlament

El 15 de junio, el Parlament de Catalunya vive virtualmente una jornada en estado de sitio por la acción de miles de indignados que intentan en vano impedir el debate de totalidad del Presupuesto de la Generalitat. Varios diputados son atacados y hay 45 detenidos. Tras los acontecimientos, el 15-M se desvincula de lo sucedido y reitera su carácter “pacífico”.

Todo un premio Nobel

El Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, acude el 25 de julio por sorpresa a la asamblea de economía que los “indignados” del Movimiento 15-M estaban celebrando en el Parque del Retiro de Madrid. “Como alguien de fuera, me entusiasma ver esta energía, me llega al corazón”, asevera Stiglitz ante numerosos indignados sentados en el césped.

Objetivo. La banca

Los indignados se concentran el 28 de julio frente a la sede del Banco de España con el objetivo de protestar por la «complicidad» del organismo con las prácticas especulativas que generaron la crisis. Denuncian el «chantaje» de los organismos internacionales para «obligar» a los estados a asumir ajustes del gasto público en materia social para pagar la deuda que han generado.


* Público - ELENA HERRERA MADRID 02/01/2012
Foto: Indignados Madrid, grito mudo 19N - elpais

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La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

ABC* : El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.
En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.

El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».

«Es por lo que el presente Decreto —añade— tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.

Diferencias

Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.

En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta —en colaboración con los ayuntamientos— ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.

Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.

El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.

Consejo Consultivo

El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».

«Ciertamente —indica el Consultivo— es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal
La legalización de viviendas irregulares en Andalucía a través de un Decreto específico levantó en principio serias reticencias en las organizaciones conservacionistas. Pero en estos momentos la postura es de frontal oposición. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, considera sin dudarlo en declaraciones a ABC que la Junta va a dar una «amnistía» al urbanismo supuestamente ilegal. Tras recordar que son numerosos los alcaldes imputados y condenados por «permitir y avalar las miles de viviendas que ahora se quieren legalizar», señaló que la propuesta «es de suma gravedad por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio. El Decreto —subrayó— es un aval para el urbanismo salvaje». Según Clavero, la regularización de miles de viviendas ilegales «desgajadas de los núcleos de población provocará un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión».


* ABC - JOSÉ CEJUDO - 30.12.11
Foto: Una pala mecánica procede a la demolición de una vivienda ilegal - ideal

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La nueva estructura orgánica del Ministerio de Fomento

INMODIARIO/Madrid* : El Ministerio de Fomento ha suprimido dos de sus tres Secretarías de Estado y se eliminan dos de las cuatro Secretarías Generales, manteniendo las de Infraestructuras y de Transporte.
Esta estructura, con una única Secretaría de Estado, permite una mayor coordinación, mientras que las dos Secretarías Generales facilitan una planificación eficaz y un mejor desarrollo de la gestión en las áreas de infraestructuras y transporte.
Así, el Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:
1.- La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
2.- La Subsecretaría de Fomento.

1. La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de la que dependen los siguientes órganos directivos:

- La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de subsecretaría, de la que dependen entidades fundamentales para el sistema general del transporte español como ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), CEDEX (Centro de Experimentación de Obras Públicas) o la consultora pública INECO.

Incluye también una Dirección General de Carreteras y una dirección general de Ferrocarriles destinadas a la planificación, proyecto y construcción de las vías de comunicación terrestre propias de cada ámbito.

- La Secretaría General de Transporte, con rango de subsecretaría, de la que dependen el ente público Puertos del Estado, AENA, RENFE o la sociedad de salvamento marítimo SASEMAR, dispone de tres direcciones generales destinadas a la ordenación del sector del transporte en cada uno de los modos existentes. Así, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección General de Transporte Terrestre se ocuparán de establecer y aplicar el marco normativo en el que debe desarrollarse el transporte de pasajeros y mercancías en sus respectivos ámbitos

- La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Es responsable, entre otras funciones, de la ordenación general del sector de la edificación, la concesión de ayudas para la promoción y el acceso a la vivienda o la armonización de la actividad urbanística en España.

2. La Subsecretaría de Fomento: Como centro directivo que presta servicios comunes al conjunto del Ministerio se desglosa en:

La Secretaría General Técnica.
La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
La Inspección General de Fomento.
La Dirección general del Instituto Geográfico Nacional.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Coordinación.
La Secretaría General de Vivienda.
La Dirección General de Relaciones Institucionales.
La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.

Nombramiento de altos cargos del Ministerio de Fomento

Rafael Catalá Polo: secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, entre ellos los de director de Relaciones Laborales de AENA, director de Administración y Servicios de Navegación Aérea, director general de la Función Pública, subsecretario de Hacienda y secretario de Estado de Justicia.

Ha sido director gerente del Hospital Ramón y Cajal. Desde 2005 dirige el Máster de Administración Pública de ESADE. Igualmente, desde 2005 es secretario general y del Consejo de Administración de CODERE S.A. Además, es consejero del Consejo Social de la UNED.

Subsecretario: Mario Garcés Sanagustín

Licenciado en derecho y diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, es inspector de Finanzas de Hacienda del Estado e interventor y auditor del Estado. Actualmente era consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Además, ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda) de 2004 a 2011, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal asesor del Presidente del Gobierno de España (2000-2004).

También ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría.

Secretario General Técnico: Eugenio López Álvarez

Licenciado en Derecho y Abogado del Estado. En la actualidad ejercía como abogado del Estado en la Audiencia Nacional y anteriormente lo fue en las Abogacías del Estado de Ceuta, de la Delegación de Gobierno en Castilla y León y en la del Ministerio de Administraciones Públicas. Con amplia experiencia en la Administración, ha sido secretario general técnico de los Ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas de 2001 a 2003, y posteriormente, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo: Pilar Martínez López

Licenciada en derecho, actualmente desempeñaba el cargo de delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, además de ser presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid. Fue consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde 1999 hasta 2003, así como concejala del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid desde 2003 hasta 2004 y concejala del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid desde 2004 hasta el 2007.

Ha dirigido grandes proyectos de infraestructuras y transformación urbana de la ciudad de Madrid bajo el mandato del Alcalde Ruiz-Gallardón, además de dirigir la política de vivienda de la ciudad.

Directora de Gabinete: Alicia Portas Martínez

Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales, es funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Pontevedra. Desde 2004 era la directora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Anteriormente, ha desempeñado numerosos puestos en la Administración Pública Estatal, autonómica y municipal. Así, ha sido directora del Gabinete de la ministra de Sanidad y Consumo, secretaria de la Delegación Territorial de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, de la Xunta de Galicia y jefe de Servicio de Promoción Económica y Patrimonio del Ayuntamiento de Pontevedra, entre otros.

Organigrama completo en la Web de Fomento.


* Inmodiario - 2.1.12
Foto: Madrid, Ministerio Fomento - computing

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Baleares.- Las citas judiciales por corrupción para 2012

ElMUNDO* : El nuevo año llega cargado de importantes avances en los casos de corrupción en las Islas. El ex presidente del Govern y ex Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el yerno del rey, Iñaki Urdangarín o la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar tendrán que rendir cuentas ante la Justicia balear por presuntos desvíos de dinero público, entre otros delitos.
El primer juicio de Matas por el caso Palma Arena
La primera gran cita del año será el próximo lunes 9 de enero. El ex presidente Jaume Matas será juzgado por una de las piezas del llamado caso Palma Arena por la que los fiscales piden para él 8 años de cárcel. Matas está acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

Además del ex ministro de Aznar, en esta causa están imputados el periodista Antonio Alemany y el ex jefe de prensa de Matas y su ex jefa de gabinete, Joan Martorell y María Umbert, respectivamente, la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares y al director de Nimbus, Miquel Romero

Esta causa es la relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany. Según los fiscales, los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista Antoni Alemany y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.

La subasta del 'palacete'

Unas semanas después, el 25 de enero, se subastarán en el juzgado –a instancias del Banco de Valencia– las tres fincas inmobiliarias que Matas aportó para garantizar un préstamo hipotecario de tres millones con los que consiguió librarse de la cárcel, entre ellos el famoso palacete de la calle San Feliu de Palma.

El crédito le obligaba apagar 84.000 euros al año, es decir, 7.000 euros al mes sólo de intereses que Matas no ha podido pagar.

Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.

Declaraciones por el 'caso Urdangarin'

También en el marco del caso 'Palma Arena', el juez José Castro, tomará declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el 25 de febrero, a las 09.00 horas, sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.

Castro ha citado también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres, y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Nóos -Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apunta a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.

Vicens vuelve al banquillo de los acusados

Sin embargo, antes de la cita Urdangarin, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará los días 7 y 9 de febrero de 2012 al ex conseller de Territori del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, acusado de los delitos de malversación y prevaricación por beneficiar, supuestamente, con dinero público a la productora audiovisual Studio Media, una de las piezas separadas del llamado caso Maquillaje.

También se sentarán en el banquillo los administradores de Studio Media Alfredo Conde y Elizabeth Diéguez y el exdirector insular de Patrimoni Josep Joan Mas.

El fiscal acusa a los cuatro de haber conseguido fondos económicos del Consell Insular para pagar una serie de programas de televisión y reportajes que nunca llegaron a realizarse.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Vicens y para Conde y Diéguez, los fiscales piden 2 años y 3 meses de prisión para cada uno.

Juicio Bitel

Otra de las causas más sonadas de la era Matas, el llamado caso Bitel, pasará por la Audiencia de Palma del 20 de febrero al 7 de marzo de 2012. La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta 14 años para cinco personas por desviar dinero público durante el mandato 2003-2007 de Jaume Matas (PP).

La fiscalía acusa al ex gerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes. También están encausadas cuatro personas más, que presuntamente colaboraron y se beneficiaron de los desvíos de fondos públicos de este organismo, dependiente en la legislatura 2003-2007 de la conselleria de Economía.

Damià está acusado de cuatro delitos continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la Administración, continuado de prevaricación y continuado de cohecho.

Los Hore, al banquillo

El 12 de marzo de 2012 se sentarán en el banquillo el matrimonio Hore, una pareja de multimillonarios relacionados con el caso Relámpago que entre 2002 y 2006 compró fincas en Son Bunyola (Banyalbufar) y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos que ascendería a unos 32 millones de euros.

La Fiscalía pide 42 años y medio de prisión contra John Hore y 37 años y medio para su esposa, Martha Monica Hore. Asimismo, reclama otros 42 años y medio de cárcel para el abogado Alejandro Feliu por su participación en esta presunta trama de fraude fiscal por la que se les atribuye quince delitos.

El primer juicio contra Munar

La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar, que fue también líder de Unió Mallorquina (UM), se sentará por primera vez en el banquillo el 14 de mayo de 2012 en el primer juicio que se celebrará contra ella por los casos de corrupción en los que está imputada, el caso Maquillaje. Munar se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales.

En este juicio también se sentará en el banquillo el que fuera compañero de partido y ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y otras ocho personas, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En concreto, la pieza se refiere a dos subvenciones de 120.000 euros cada una otorgadas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal, mediante dos testaferros o 'socios aparentes', Miguel Sard y Víctor García, que se enfrentan a 2 años y 3 meses de prisión.

Juicios pendientes de fecha

Durante 2011 se ha abierto juicio oral a algunos de los casos de corrupción más sonados de las Islas para los que de momento no hay fecha fijada para la vista pero que previsiblemente llegarán a resolverse durante el próximo año. Por ejemplo, La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha asumido la primera pieza del caso Voltor que será juzgada y por la que se sentará en el banquillo el ex conseller de Turismo Miquel Nadal, para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por gratificar, presuntamente, con 12.000 euros al ex concejal del ramo en Sóller Bartolomé Plomer (UM) como contraprestación política por la labor que llevó a cabo como edil.

Sin embargo, Nadal y Plomer no son los únicos acusados en el marco de esta pieza -la número 1 del caso-, ya que también está previsto el enjuiciamiento del ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar.

Pero no es la única causa que la cúpula de la desaparecida UM tiene pendiente de fecha de juicio. El pasado 21 de septiembre la jueza instructora del caso Can Domenge de supuesta corrupción en la venta de un solar público abrió juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y cinco personas más, a quienes ha impuesto una fianza civil solidaria de 37 millones de euros.

El Consell de Mallorca, presidido entonces por Munar, vendió el terreno palmesano de Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

Munar se tendrá que sentar en el banquillo y hacer frente a la petición fiscal de 6 años de prisión por este caso acusada de prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información privilegiada.

En su escrito, la Fiscalía pide las mismas penas de prisión (6 años) y por los mismos delitos para el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal; el ex conseller insular de Economía Miquel Àngel Flaquer y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, todos ellos de UM. Para Román Sanahuja, de Sacresa, otro de los imputados, reclama en cambio 1 año y medio de cárcel, así como 2 años para el abogado Santiago Fiol Amengual.

También se encuentra pendiente de fecha de juicio el caso Turisme Jove, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública durante la segunda legislatura de Jaume Matas.

Entre los imputados destacan el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Juventud en el anterior Govern balear del PP, Juan Francisco Gálvez, presuntos responsables del desvío de fondos que dejó a la empresa en quiebra técnica. Maíz era el administrador de una productora que trabajó para Turisme Jove.


* El Mundo - Carla Arrieta | María J. García - 1.1.12
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com

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Jaén elimina las reservas de suelo para construir VPO

ELPAÍS* : El último pleno del año del Ayuntamiento de Jaén sirvió ayer para que el gobierno local del PP consumara la eliminación de las dos áreas de reserva de suelo donde había previsto construir 11.000 casas protegidas. La medida fue duramente criticada por la oposición municipal de PSOE e IU, que la calificaron como la "sentencia de muerte" para la vivienda pública. En contraste a esta decisión, el PP ultima el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que hace un guiño a la iniciativa privada para impulsar el parque inmobiliario.
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, justificó la renuncia a la VPO sobre la base de una sentencia del TSJA estimando una denuncia de propietarios de terrenos en Cerro Almagro. Sin embargo, tampoco ocultó que la medida sintoniza con la filosofía del PP sobre política urbanística.

"¿De dónde sacamos financiación para construir 11.000 viviendas si el Ayuntamiento está en la ruina?", se preguntó tras calificar de "inviable" la operación proyectada en el anterior mandato por PSOE e IU.

Por su parte, el concejal socialista Manuel López advirtió de que, mientras el PP renuncia a la vivienda protegida, ha proyectado en el nuevo PGOU la construcción de unas 12.000 viviendas. "¿Es que esas viviendas van a ser privadas?", le inquirió López al alcalde. Y es que el PP ya ha confirmado que en el nuevo plan, cuya aprobación inicial se producirá en febrero, que redacta el arquitecto José Seguí solo se construirán las viviendas que vengan avaladas por el sector financiero. No obstante, los populares sostienen que la eliminación de las áreas de reserva de suelo no supone que no se construyan viviendas protegidas en otras zonas de la capital. El alcalde recordó que durante el anterior mandato del PP se construyeron 61 viviendas por año, frente a las cuatro en la etapa de PSOE e IU.

El punto de mayor tensión en el pleno volvió a ser el futuro del tranvía, paralizado desde el pasado mes de mayo. El PP llevó para su aprobación el Reglamento de Circulación del Sistema Tranviario, lo que no significa que este medio de transporte se vaya a reactivar de inmediato. "No empezará a funcionar hasta que tenga un sistema de financiación viable", avisó Fernández de Moya, que recriminó las sugerencias de la oposición de que la paralización del tranvía se debía a motivos electorales y que el gobierno municipal mantendría esta postura hasta pasados los próximos comicios andaluces. "Si el tranvía es tan bueno, por qué no lo gestiona la Junta", espetó el alcalde, que recurrió al discurso del agravio al indicar que la Junta pagó 44 millones para los vagones del metro de Granada. Fernández de Moya no hizo referencia a los 100 millones de euros que el Gobierno andaluz puso para el tranvía de Jaén.

El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer los presupuestos que contemplan la disolución de sus cinco organismos autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Empleo, Gerencia de Urbanismo, Centro Cultural Manuel de Falla y Huerta de San Vicente. El Ayuntamiento se ha dado de plazo para analizar qué hacer con el alrededor de un centenar de trabajadores afectados hasta el próximo mes de junio.

La oposición, integrada por PSOE, IU y UPyD, criticaron con dureza la filosofía de los presupuestos, que prevé 262,2 millones de euros de ingresos y 254,1 de gasto, al considerar que se acometen recortes sociales mientras se mantienen gastos que no deberían ser considerados como prioritarios para la sociedad, como es el caso de las dietas, las partidas protocolarias o la televisión municipal.

Por su parte, el concejal de Economía, Francisco Ledesma, dijo sobre los presupuestos que recogen "un aumento de las políticas sociales", que cifró en 21 millones de euros. "Estamos en un momento en el que hay que ser austeros, prudentes, pero también valientes", lo que, en su opinión, consigue el documento, ya que "no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos", al igualar la subida de las tasas e impuestos con la previsión del IPC (3,6%).

Francisco Puentedura, concejal de Izquierda Unida, fue el más crítico con el documento, que a su modo de ver no reconoce uno de los principales problemas de las arcas municipales, la deuda municipal que ascendería a 335 millones de euros, de los cuales 173 corresponden a entidades financieras y 162 a diferentes empresas que padecen una situación en muchos casos "insostenible" por los pagos pendientes.


* El País - G. DONAIRE / F. VALVERDE - Jaén / Granada - 31/12/2011
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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