ELPAÍS/Madrid* : El desdoblamiento de la carretera de los pantanos, el nombre con el que se conoce a la M-501, no deja de llevarse reveses judiciales. El último, conocido hoy, se lo da el Tribunal de Justicia Europeo. Una sentencia declara que España ha incumplido la normativa europea al haber desdoblado la carretera. Son dos las directivas que contravinieron las obras que llevó a cabo la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre: una relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y otra sobre evaluación de impacto ambiental. Este fallo es consecuencia de un recurso interpuesto por la Comisión Europea en 2008, provocado, a su vez, por las quejas de Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, tal y como han informado hoy ambas organizaciones.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo llega después de que el Supremo español declarara ilegal la nueva M-501 en febrero de este año. Era el último organismo judicial que se pronunciaba sobre el trazado de la carretera, abierta en mitad de una zona protegida y sin las garantías previas necesarias. La M-501 une la periferia de la capital con la provincia de Ávila (70 kilómetros) y gran parte es ya autovía. El fallo, contra el que no cabe recurso, estableció la “nulidad” de la obra porque no incluyó una declaración de impacto ambiental previo ni la consulta preceptiva a la Comisión Europea. Mientras Ecologistas en Acción pidió que se eliminara la carretera, la Comunidad de Madrid tildó la sentencia de “irrelevante”.
Algo parecido ha sucedido hoy. Aguirre ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la sentencia del tribunal europeo es “meramente declarativa”. “La Comunidad de Madrid tomó muchas medidas de protección medioambiental en esta carretera e incluso se hizo un estudio de impacto ambiental”, ha añadido. El Gobierno regional considera que la carretera ha cumplido su objetivo, que era salvar vidas. “Se han salvado unas cinco o seis al año desde que está en funcionamiento el ensanchamiento”, ha afirmado la presidenta.
Antes de que el Supremo se pronunciara también lo había hecho en el mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2008. Para entonces, las obras ya estaban muy avanzadas; habían empezado en 2006. Ecologistas en Acción denunció la obra que recorre el parque regional del río Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche por saltarse la normativa medioambiental. Aguirre apeló al “interés general” y a la siniestralidad de la vía para defender un plan que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, había desestimado tras un informe medioambiental negativo y la oposición del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Ecologistas en Acción ha asegurado hoy que “el Tribunal Europeo va desmontando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid”. La organización añade que “aunque la sentencia llega tarde, aparece en un momento crucial, cuando se está resolviendo la ejecución forzosa de la sentencia inicial del TSJM”. Ecologistas recuerda que la principal razón que argumenta el Gobierno de Aguirre para no restituir los terrenos a su estado original es un acuerdo al que llegó con la Comisión Europea. “Este argumento se ha derrumbado como un castillo de naipes con esta sentencia”, añade.
Para Ecologistas, la presidenta y los consejeros de Transporte en 2005 y 2008 (María Dolores de Cospedal y Manuel Lamela, respectivamente) son “responsables directos” de esta “obra ilegal” y deberían “costear con su patrimonio personal el gasto de la restauración de los terrenos”.
La Consejería de Medio Ambiente está a la espera de recibir noticias de la Comisión Europea. "El tribunal se ha pronunciado. Ahora devolverá la sentencia a la Comisión y será esta la que determinará de qué forma hay que cumplirla", explica una portavoz. "No sabemos plazos", añade. Prácticamente todo el recorrido de la carretera desdoblada está ya construido.
El tramo Quijorna - Navas del Rey, uno de los que se consideraban más peligrosos, se abrió en 2008. En cuestión de días el Tribunal Superior de Justicia declaró "la nulidad de pleno derecho" de la resolución por la que el Gobierno regional adjudicó en 2005 la duplicación de la M-501 entre los dos municipios. También anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró el proyecto de "interés general" y que aducía razones de seguridad vial para obviar una declaración de impacto ambiental negativa. Actualmente únicamente falta por construir la carretera entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 15 DIC 2011
Foto: Vista aérea de las obras de la M-501 en 2008 - elpais
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad se sumó ayer a la ya casi histórica demanda de la judicatura de Alicante: la construcción de la Ciudad de la Justicia, en sustitución de las obsoletas actuales instalaciones. El proyecto lo anunció la Generalitat Valenciana hace 12 años sin que hasta ahora se haya adjudicado ni tan siquiera que el contrato, cuyo presupuesto es 42 millones.
El TSJ hizo este llamamiento a la Consejería de Justicia durante la reunión de la Sala de Gobierno del alto tribunal, celebrada en la mañana de ayer en la Audiencia de Alicante. Jesús Olarte, secretario de la Sala de Gobierno del TSJ, calificó de "prioritaria" la construcción de esta dotación para dignificar el trabajo de jueces y magistrados.
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, también miembro de Sala de Gobierno, aprovechó el apoyo de este órgano del alto tribunal a la reivindicación de los jueces alicantinos, para expresar su confianza en que, finalmente, el proyecto de la Ciudad de la Justicia "será una realidad". "El consejero de Justicia, Jorge Cabre, ha expresado su sensibilidad a nuestra demanda, y ahora sólo falta que la Consejería de Hacienda del visto bueno", explicó. A juicio del magistrado, el proyecto puede comenzar a ejecutarse, "dado que no es preciso que se incluya el total de su presupuesto en una sola anualidad", puntualizó.
El presidente de la Audiencia de Alicante señaló que el proyecto de hace 12 años "puede ser válido ahora, con pequeños retoques". Magro indicó que "el aspecto y estado de las actuales instalaciones" no es bueno para la imagen de la Audiencia, "la única de España que acoge un tribunal europeo, en este caso de marcas", precisó.
Por otro lado, la Sala de Gobierno del TSJ también acordó solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la prórroga de los distintos jueces de apoyo en las instancias judiciales de la provincia más saturadas, entre ellas, los tres juzgados de lo contencioso-administrativo, el penal número 1 y 3 de Orihuela, la sección 9ª de la Audiencia, con sede en Elche. También se acordó pedir un magistrado especializado en los asuntos de salud mental.
* El País - S. NAVARRO - Alicante - 15/12/2011
Foto: edificio Justicia - europapress
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ELALMERÍA* : El alcalde del Ayuntamiento de Arboleas, Cristóbal García, ha expresado su preocupación por el "desorden urbanístico" que, en estos momentos, predomina en el término municipal. En este sentido, el primer edil ha aseverado que "el 72% de la población reside en suelo urbano no consolidado. Es una situación que comienza cuando finaliza el proceso de la adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA, a mediados del año 2009". Con estas palabras, el primer edil ha añadido que "por esta razón y, por otros desmanes del anterior Gobierno, en la actualidad, este Consistorio se tiene que enfrentar a uno de los problemas económicos más grave de la historia reciente en la Democracia, pero todo ello se agrava por la sin razón de un urbanismo gestionado hacia atrás. Se puede calificar este problema como muy grave".
Por ello, Cristóbal García está manteniendo en los últimos meses numerosos encuentros y reuniones de trabajo con los responsables del área de Obras Públicas de las diferentes Administraciones Públicas. "Nuestro objetivo prioritario es poner un punto y final a este conflicto urbanístico, puesto que este caos está arruinando la economía del pueblo, puesto que el desempleo se agudiza al no poder dar ni una licencia para pintar una casa, frenando el desarrollo, desde todos los puntos de vista, de Arboleas", ha argumentado el alcalde.
"El primer paso que hemos realizado se ha centrado en diagnosticar la realidad urbanística de Arboleas, después de estar ocho años haciendo no se sabe qué, con el fin de marcar el punto de partida. El segundo paso ha sido el de contratar a un nuevo equipo redactor, con el fin de regularizar de forma urgente el Planeamiento Urbanístico de Arboleas", ha explicado Cristóbal García, quien ha aclarado que el objetivo prioritario del Ayuntamiento "es desbloquear esta situación" y "dar normalidad a la vida del pueblo".
Asimismo, ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas que se sensibilice con este conflicto aportando el esfuerzo constructivo y necesario para alcanzar la solución deseada lo antes posible.
* El Almería - 15.12.11
Foto: Arboleas (Almería) - ideal.es
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ELPAÍS/Lugo* : Para el Ayuntamiento de Barreiros, en suelo rústico se pueden construir viviendas privadas sin servicios urbanos que luego pagará la Administración, pero no una obra de interés público. Eso es lo que se desprende de sus alegaciones ambientales a la Autovía Barreiros-San Cibrao. El gobierno local del PP, que consintió que se continuaran construyendo edificios en terrenos que la Xunta advirtió que podrían ser rústicos, y por tanto ilegales, puso pegas a que el Ministerio de Fomento ocupe espacios similares para construir su infraestructura, que por su interés general estaría permitida.
El Ministerio de Medio Ambiente hizo pública esta semana la Declaración de Impacto Ambiental de la vía que Fomento construirá para conectar la Autovía del Cantábrico con el puerto de San Cibrao, donde enlazará con el corredor que la Xunta está ejecutando entre ese punto y Ferrol. La nueva autovía, de 30 kilómetros de los que un par discurren por Barreiros, recibió numerosas alegaciones, pero el Gobierno entiende que es ambientalmente viable si se toman precauciones al paso por los ríos Masma y Ouro, la ría de Foz y los montes de Buio y Cabaleiro, espacios con diversas figuras de protección ambiental.
En sus alegaciones, Barreiros reclamaba modificar el cruce de la ría de Foz que ahora valida Medio Ambiente argumentando que implicaría rellenos en suelo rústico, en este caso de especial protección de costas. Fomento responde que la obra se hará con pilares y argumenta que variar el trazado afectaría a dos núcleos de población.
Esquivar la depuradora
Frente a esta preocupación, el Ayuntamiento dejó en su momento construir viviendas en terrenos que la Xunta también consideraba rústicos. La legalidad de muchos de esos casos quedará sin aclararse al decidir el actual Gobierno gallego renunciar a la vía judicial iniciada por el bipartito y regularizar esas construcciones con un convenio por el que Xunta, Diputación y Ayuntamiento pagan 14 millones de euros para dotar de servicios a esos terrenos que carecían de ellos.
Ayuntamiento y Xunta coincidieron en otra alegación que sí fue aceptada. Reclamaron un trazado concreto para no ocupar terrenos de una de las depuradoras que contribuirá a subsanar con fondos públicos las carencias que presentaban las viviendas levantadas en zonas que no contaban con saneamiento.
* El País - 16.12.11
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1ª línea - lavozdegalicia.es
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ELPAÍS* : El Valencia ha llegado a un acuerdo con Bankia, su principal acreedor, por el cual salda su deuda de 250 millones con la entidad bancaria a cambio de patrimonio del club: el viejo campo de Mestalla, es decir, 73.000 metros de suelo residencial; la actual ciudad deportiva de Paterna, pendiente de recalificación; y el edificio destinado a oficinas y uso hotelero en el futuro estadio. Así lo ha anunciado el Valencia, que obtendrá, además, un nuevo préstamo de Bankia, de unos 110 millones, con los que reprenderá las obras del nuevo estadio, paradas desde febrero de 2009 a causa de los problemas económicos. "Empezaremos próximamente las obras y el estadio estará terminado en dos años", señaló una fuente del club. A medio construir, el nuevo Mestalla, ubicado en la avenida de las Cortes valencianas, en otra de las salidas de la ciudad, fue otra víctima más del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ha estado parado más de 1.000 días después de haber invertido 150 millones en su edificación. La deuda actual del Valencia asciende a 360 millones en total.
El presidente del club, Manuel Llorente, calificó el acuerdo de "hito histórico" por lo que supone de resolver de una tacada dos callejones sin salida en los que había entrado en los últimos años: la imposibilidad de vender el viejo Mestalla, y, como consecuencia, la incapacidad de concluir el nuevo recinto. Desatascado el primer tapón, se ha podido resolver el segundo. "El club se asegura una financiación a medio plazo en condiciones de mercado y ajustadas a sus actuales niveles de ingresos", dice el club en un comunicado. "Es un día que queda para la historia y que hace muy felices a decenas de miles de valencianistas que pronto verán jugar a su equipo en uno de los mejores estadios de Europa. La nueva casa del Valencia permitirá al club dar un salto de calidad en todos los ámbitos", añade el escrito.
La venta del viejo Mestalla y la construcción de un nuevo campo fue el paradigma de la cultura del pelotazo, protagonizado en el Valencia por el que fuera su presidente entre 2004 y 2008, Juan Soler, un promotor impulsado al palco valencianista por el anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La deuda del club subió como la espuma, sobrepasando los 500 millones, y Soler dejó la herencia envenenada del campo viejo sin vender y el nuevo a medio construir.
En octubre de 2006, el Ayuntamiento de Valencia, liderado por la alcaldesa, Rita Barberá (PP), aprobó la recalificación de los terrenos de Mestalla de uso deportivo privado a residencial y terciario, con la oposición de algunos grupos del consistorio. Uno de ellos, el PSPV-PSOE, retiró el contencioso administrativo contra la recalificación en noviembre de 2010. Entonces, el Valencia todavía aspiraba a vender Mestalla por 400 millones. Hoy, sin embargo, se ha dado con un canto en los dientes al haber conseguido que Bankia se lo quede junto con Parterna y el hotel del futuro estadio a cambio de 250.
* El País - CAYETANO ROS - Valencia - 12/12/2011
Foto: Valencia, estadio Mestalla - elpais
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ATLÁNTICO* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirtió al alcalde sobre la sanción coercitiva de 300 euros al día si incumple la sentencia firme de derribar todo o en parte el edificio condenado.
El próximo 31 de diciembre todavía seguirá en pie la totalidad del edificio de la calles Churruca 3-5 pese a que hay una sentencia firme de demolición de las dos últimas plantas y otras partes de la estructura y que el Tribunal de Galicia (TSXG) insta periódicamente al Concello a proceder a la demolición. ¿Comprensible? Para el denunciante, el abogado Manuel Dopico, no es fácil de explicar tras diez años tratando de conseguir que caigan los das últimas plantas en Churruca, lindantes con su vivienda, que dejó sin vistas de forma ilegal, y recuerda que acaba de recibir -hace menos de dos semanas- dos nuevas resoluciones judiciales en la misma línea: un auto y una providencia del TSXG.
La primera iba dirigida a la empresa Churruca Promociones, que levantó el edificio, rechazando su propuesta de que se derribe todo a la vez y no por fases, como propuso el Concello y aceptó Dopico. Se trataba de una intento de paralizar la ejecución, ya que la operación sería técnicamente muy complicada y conllevaría la práctica demolición de todo el inmueble, con las consiguientes indemnizaciones millonarias y desalojos. No obstante, el tribunal descartó la exigencia de la empresa promotora y mantiene el plan en fases, que tendría que haberse iniciado antes de final de año con la liquidación de las dos últimas plantas. De realizarse, probablemente no habría más actuaciones de la piqueta, al desistir el denunciante.
El segundo escrito del juez era para el alcalde, a quien exigió información precisa sobre el proceso de desarrollo de una sentencia firme, avisando que no hacer caso supondría una multa coercitiva de 300 euros al día.
Manuel Dopico recibió información indirecta de que el Concello contestó al Tribunal de Galicia anunciado ahora la adjudicación de los trabajos de derribo, que se iniciaría en enero, una nueva fecha, la enésima. 'Ahora me entero que la demolición todavía no está adjudicada, pero voy a seguir insistiendo hasta que se ponga en marcha, y ya son diez años. El tribunal también insiste y ahí avisa de la multa', explicó Dopico.
Mientras, los vecinos del inmueble Churruca viven en continuo sobresalto a la espera de novedades y ante el temor de quedarse todos en la calle.
* Atlántico - 14.12.11
Foto: El famoso edificio de Churruca de los números 3 y 5, con sus dos últimas plantas, que tendrían que ser derribadas antes de final de año.- atlantico
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ELPAÍS/A Coruña* : Es un paradigma de la era del ladrillo, cuando se proyectaban descomunales hileras de residencias frente al mar en pequeñas localidades de la costa. Una década después de fraguarse, la macrourbanización Costa Miño Golf, antes llamada Anácara, sigue inacabada, con aspecto fantasmal y presa de malas hierbas que invaden los rincones y entradas de centenares de chalés adosados y edificios de apartamentos deshabitados.
Es una de las mayores promociones urbanísticas de Galicia y está lastrada por el cúmulo de despropósitos que marcaron este proyecto de Martinsa-Fadesa con el Ayuntamiento de Miño (A Coruña), gobernado por el PP. Tras 10 años de reclamaciones judiciales, también siguen pendientes de cobro los 400 propietarios de terrenos expropiados a la fuerza por el Ayuntamiento para construir 1.217 chalés, apartamentos y parcelas, con campo de golf de 18 hoyos incluido.
Aunque puede que empiece a verse al fin una salida al atolladero en el que varó este proyecto tras suspender pagos la inmobiliaria en julio de 2008.
Tras aceptar, pese a sus reticencias, firmar con el alcalde de Miño, Juan Maceiras Barros, un nuevo contrato de adjudicación para dar cumplimiento a la sentencia firme que anuló, por ilegal, la urbanización, Martinsa-Fadesa aseguró, en declaraciones a este diario, que el 31 de diciembre habrá "un primer pago, pequeño" de esa deuda millonaria que arrastra con los exdueños de los solares.
Estos no solo consiguieron con su larga batalla judicial en solitario que se anulara la adjudicación de esta promoción urbanística, sino también que se multiplicara como mínimo por cuatro el precio de los terrenos que les fueron arrebatados hace una década. De los 6,3 euros por metro cuadrado que se les abonó por sus bienes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevó el justiprecio mínimo a 25,9 euros (la cantidad se incrementa hasta 72,11 euros, en función de la calificación de cada suelo). La deuda, que crece cada día por incluir intereses de demora, se calcula en unos 34 millones de euros.
La inmobiliaria asegura que se abonará paulatinamente con cargo al crédito ordinario que suscribió para resolver su concurso de acreedores, el mayor de España, y saldar la totalidad de sus deudas. De ahí, insiste, ese "primer pago" antes de que finalice este año, "tal y como se estipula en el convenio de acreedores".
Y Martinsa-Fadesa asegura que también es "inminente" la reanudación de las obras para acabar la macrourbanización. Da por entregadas 700 viviendas, y casi finalizadas y con licencia municipal de ocupación otras 210. La edificación de las últimas 178 también "está al 85%-95%", agrega la compañía. En la web de la inmobiliaria, siguen a la venta, con una considerable rebaja de precios, chalés adosados o pareados, apartamentos y parcelas individuales para construir "con vistas al mar o al campo de golf". Pulverizado el plazo inicial de ejecución, de 30 meses, la promotora dice ahora que no hay fecha para terminar las edificaciones.
Mientras, el equipo del alcalde ni siquiera ha accedido a hacer público el nuevo contrato de adjudicación firmado con la compañía el pasado día 1 y remite a la empresa para cualquier dato al respecto. Nunca ha tenido una reunión formal con los expropiados ni atendido las reiteradas peticiones de la oposición -que ahora conforman en solitario los socialistas- para que se siente a negociar con los afectados por esta promoción pactada el 17 enero de 2001 entre el entonces responsable del Ayuntamiento, el exalcalde Deogracias Romeu, también del PP, y el fundador de Fadesa, el coruñés Manuel Jove.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 14/12/2011
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
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SUR/Marbella* : El juicio por el caso Malaya alberga dos caras radicalmente opuestas de una misma persona: su principal imputado. Mientras la investigación policial y ahora las acusaciones mantienen que Juan Antonio Roca hacía y deshacía a su antojo en el Urbanismo y en el Ayuntamiento de Marbella en general, el exasesor sorprendió ayer desmintiendo ese «poder absoluto» que se le atribuye hasta el punto de mantener que su influencia era practicamente nula y que en asuntos urbanísticos la responsable era la alcaldesa, Marisol Yagüe. «Sobre urbanismo no tenía ni idea de cúal era el orden del día de la conimisón de gobierno, por lo tanto difícilmente podía influir. Desde ya digo que mi única intervención en esto era seguir las instrucciones de la alcaldesa», espetó el acusado.
El presunto cerebro de la trama se sacudía por momentos responsabilidades durante el interrogatorio de su abogada, Rocío Amigo. La letrada centró su estrategia de defensa en reducir los tentáculos de poder de su cliente en todas las concejalías de gobierno. «No he tenido ningún tipo de participación, conocimiento, propuesta, orden o sugerencia sobre ninguna concejalía», matizó. Fuera de Urbanismo, Hacienda o Personal incluso sostuvo que no tenía «ni poder, ni decisión ni interés, ni idea de lo que iban».
El acusado también negó que representara al Ayuntamiento ante terceros, que decidiera la convocatoria de los plenos, que su voto de calidad decidiera los empates o que influyera en la regidora en relación a las obras municipales por acometer. En este punto descargó directamente responsabilidades al concejal del ramo encargado y también procesado en la causa, Vicente Manciles. «Tenía suficiente autonomía como para proponer a la alcaldesa las obras que entendíaque había que realizar. Las obras las lleva, controla y administra el concejal en este caso desde la empresa municipal Gerencia de Obras», afirmó el exasesor recordando que esta área tenía competencias separadas de Urbanismo o de Planeamiento.
Aprobación de licencias
La salida de uno de los asuntos más polémicos, la concesión de licencias urbanísticas, la encontró amparándose en los informes técnicos y jurídicos que condicionaban su aprobación posterior. Se otorgaban por parte de los concejales «si cumplían los requisitos», matizó. Sin embargo el exasesor reconoció que en ocasiones sí se dió luz verde sin el visto bueno técnico. Ocurría antes de 2003 cuando Jesús Gil llamaba pidiendo que se otorgara «con informe en contra y con el compromiso, que era el de 'palabra del niño Jesús', de que se iba a arreglar».
Comisiones de gobierno
En este apartado reiteró lo que ya había asegurado por activa y por pasiva en otras sesiones: «yo nunca asistía a ninguna comisión de gobierno, ni redactaba el orden del día de los plenos». Tampoco influía en el sentido del voto de los ediles. Y no se cansó de repetir su versión: Las gratificaciones que entregó a los miembros de la corporación buscaban mantener la unidad de gobierno «no resoluciones favorables a determiandos acuerdos».
Para acabar de desvincularse de la gestión de Gil Roca calificó de «tremendo disparate» el reparto de los aprovechamientos urbanísticos ordenado por el exalcalde: 50% para el consistorio y 50% para los privados, cinco veces por encima de lo que marca la ley. Se mostró contrario a este sistema que dijo se modificó con el equipo de gobierno resultante tras la moción de censura.
Desviada toda la culpa de la gestión urbanística en la localidad (en la época previa al tripartito Roca siempre ha señalado al fallecido Jesús Gil como responsable) también se encargó de acotar su labor en el Ayuntamiento marbellí. Según recalcó su abogada (y él ratificó) su cometido se limitaba a la dirección del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Una revisión en la que primaba, «por orden de Jesús Gil», la participación de propietarios particulares de suelo a través de convenios urbanísticos.
El principal acusado en esta presunta trama de corrupción municipal seguirá testificando el lunes de la semana próxima. Tras él se sentarán en el banquillo el resto de exediles y empresarios imputados en este cuarto y último bloque dedicado a los presuntos sobornos.
* Sur - ROSSEL APARICIO - 15.12.11
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
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ELPAÍS/Huelva* : Una docena de activistas españoles e italianos de Greenpeace han colocado hoy durante unas horas una gran señal de peligro en las instalaciones del vertedero de residuos de Nerva (Huelva), gestionado por Befesa, para denunciar la llegada desde Italia de basura que han calificado de "ilegal".
La señal de peligro era un triángulo con una calavera de más de 400 metros cuadrados. En un rectángulo inferior se puede puede leer en español y en italiano: "Residuos ilegales, made in Italy".
Greenpeace asegura que miles de toneladas de residuos tóxicos procedentes de Italia han sido trasladadas al vertedero de la localidad onubense y en contra de la normativa europea.
"Existen sospechas de soborno a un representante del Ministerio de Medio Ambiente de aquel país [Italia] por un posible cambio de los códigos de los residuos para facilitar las gestiones", afirma Greenpeace en un comunicado.
Según la organización ecologista, hasta Nerva han llegado 25.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de la descontaminación de una zona industrial cercana a Milán y sin la aplicación de tratamiento previo.
Befesa, la empresa que gestiona el vertedero de Nerva (Huelva), ha negado las acusaciones realizadas por Greenpeace y ha asegurado que la gestión de residuos tóxicos y peligrosos que se realiza en estas instalaciones cumple con la regulación existente. Las investigaciones abiertas en torno a este centro, en las que Befesa "siempre ha colaborado", nunca han terminado en sanción, añadió Befesa a Efe.
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha asegurado que "en estos momentos" no hay entrada de residuos peligrosos procedentes de Italia en Nerva y que el control emprendido por el Ejecutivo regional es "exhaustivo".
* El País - 13.12.11
Foto: Nerva (Huelva), vertedero - greenpeace
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MÁSSALAMANCA* : La Asociación solicita al Ayuntamiento el cumplimiento de la legislación vigente, que emprenda medidas preventivas y que suspenda la orden de derribo del edificio catalogado.
La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” se ha dirigido al Alcalde de Salamanca para solicitarle que suspenda la orden 000124/2011-ORDE de fecha 15 de noviembre de 2011, firmada por el Quinto Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
Dicha orden, en base a un expediente relativo al estado de conservación de la antigua fábrica de alcoholes de Salamanca, sita en la Ctra. de la Fregeneda (barrio de Tejares), elaborado por el Jefe del Servicio Jurídico de la Gerencia de Urbanismo y Vivienda, requiere a la propiedad de la nave industrial en cuestión para que “en el plazo máximo de quince días, proceda, a la vista del deficiente estado de conservación en que se encuentra la nave y del peligro que existe de que se produzcan nuevos incendios, a solicitar ante este Ayuntamiento la licencia urbanística para efectuar el derribo de la edificación”.
LA FÁBRICA DE ALCOHOLES DE SALAMANCA
La antigua fábrica de alcoholes de Salamanca goza de protección integral para su “chimenea y elementos inmediatos”, según la ficha EE-6 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (aprobado en enero del año 2007). Según la ficha, esta construcción del siglo XX, de propiedad privada, presenta un grado de conservación mediano. Su interés histórico reside en el hecho de haber tenido un uso industrial; su valor cultural lo aportan las tecnologías “escasas o desaparecidas” de este tipo de construcciones en nuestra ciudad; y se valora especialmente el “hito visual” que supone esta construcción para la ciudad de Salamanca. La protección integral permite únicamente la ejecución de obras de consolidación, conservación y restauración de la construcción.
De igual forma, el vigente PGOU de Salamanca, establece para el sector “suelo urbano no consolidado nº24 (Comandante Jerez / Industrial Quilama)” que el elemento etnológico catalogado “se integrará en la parcela de equipamiento o de otro uso no residencial”. También el citado inmueble aparece en el Inventario del Patrimonio Industrial de Castilla y León elaborado por la Junta de Castilla y León.
Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León es deber de la propiedad del inmueble mantenerlo “en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad”. Y es el Ayuntamiento de Salamanca quien debe requerir a los propietarios establecer las correspondientes medidas de seguridad y mantenimiento necesarias. Además de promover la conservación del patrimonio e integrarlo en el desarrollo y necesidades del municipio.
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Por todo ello la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” ha solicitado el cumplimiento de la legislación vigente, en éste y en todos los bienes catalogados, o parte de los mismos, antes de promover su derribo. Y que, en sucesivas ocasiones, el Ayuntamiento de Salamanca, antes de tomar medidas tan drásticas, utilice de forma preventiva las leyes y ordenanzas a su alcance con la intención de conservar el patrimonio. Para ello se propone que los técnicos municipales realicen una revisión general de todos los edificios de la ciudad de Salamanca que cuenten con algún grado de protección, elaborando los correspondientes informes y abriendo expediente, si la situación lo requiriese, para instar a los propietarios de los mismos a la realización de cuantas labores de mantenimiento sean necesarias a fin de garantizar unas condiciones de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad óptimas.
Fuente: Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
* Más Salamanca - 12.12.11
Foto: Salamanca, fábrica alcohol Tejares - massalamanca
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ELPAÍS/Alicante : La titular del Juzgado nº2 de Orihuela ha reactivado la investigación por la masiva construcción de casas ilegales en plena huerta del municipio de Catral (La Vega Baja), donde a principios de la década llegaron a levantarse 1.200 casas en suelo no urbanizable. La magistrada interrogará esta mañana, en calidad de testigos, a siete personas, entre ellos promotores y compradores de viviendas.
En el sumario hay 18 imputados, entre ellos José Manuel Rodríguez Leal, exalcalde socialista del municipio, y tres promotores. A estos hay que añadir cuatro concejales de la junta de gobierno del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal. La investigación judicial comenzó en agosto de 2005 a raíz de una denuncia de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU).
La proliferación de casas ilegales en la huerta de Catral motivó que el Consell interviniera el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio en octubre de 2006. El Ayuntamiento, según la investigación, otorgaba a diferentes promotores, entre ellos un familiar del exregidor socialista, licencia para vallado o casas de labor, pero en realidad levantan viviendas unifamiliares.
* El País - 13.12.11
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
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PÚBLICO* : Alrededor de mil indignados se han dado cita esta tarde en las calles de Barcelona en señal de apoyo a los encausados por el intento de bloqueo del Parlament que el 15-M catalán llevó a cabo para evitar que se debatieran los presupuestos el pasado 15 de junio.
La movilización, que ha comenzado a las 19.30 horas en la Plaza de Catalunya, sirve a los indignados para arrancar motores hasta la concentración convocada para mañana en el mismo lugar donde ha culminado la manifestación de hoy, en la Audiencia de Barcelona, donde declararán los diez imputados catalanes desde las 10 horas.
Una pancarta con el lema 'De la indignación a la acción' y una furgoneta desde la que se han relatado los hechos ocurridos fuera de la cámara han encabezado la marcha. A su paso por Via Laietana, y al grito de la consigna "Yo también estaba en el Parlament", han encendido bengalas y han tirado petardos, mientras algunos de los manifestantes han pintado en las paredes de algunos edificios, en las que también han pegado carteles de la próxima concentración.
Los indignados han repartido folletos a los periodistas reclamando que no hagan fotos ni vídeos para proteger a los manifestantes y les han culpabilizado de las detenciones a través de pancartas donde se leía 'Gracias a la prensa vamos a la Audiencia'. Ocho furgones de los Mossos d'Esquadra han controlado la manifestación y la Guardia Urbana ha derivado la circulación por las calles colindantes donde no se ha cortado el tráfico.
* Público - 13.12.11
Foto: La cabecera de la manifestación ha arrancado con el lema 'De la indignación a la acción'.-Albert Olivé/EFE
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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) Pedramala 2 de Benissa porque "no recabó el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar" sobre garantía del suministro de agua. La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo considera que "se ha incumplido un requisito esencial del trámite, por lo que necesariamente procede, por esta causa, la anulación del plan parcial, de la aprobación y la adjudicación" del PAI, según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Desde la Asociación ¡Abusos Urbanísticos No!, con varios socios afectados por el proyecto, consideran la sentencia "muy importante y aplicable, no sólo a otros PAI de Benissa, sino a otras poblaciones en la misma situación".
El PAI Pedramala 2 prevé urbanizar 180.000 m2 en uno de los parajes más bellos de Benissa, que linda con suelo no urbanizable de especial protección de Calp, aunque en el PGOU de Benissa esta zona de montaña consta como urbanizable. La previsión es construir 72 viviendas en parcelas de 2.500 m2.
El equipo de gobierno de Benissa, del PP, logró adjudicar en 2008 el PAI de Pedramala 2 a la empresa Construcciones Benimarco SL gracias al voto de calidad del alcalde, Juan Bautista Roselló. La oposición de entonces, -un edil del PSD que apoyaba al PP, tres ediles del CIBE-Bloc y cuatro concejales socialistas- pidieron que el PAI se dejara sobre la mesa para consensuar su construcción entre las dos alternativas técnicas que se barajaban.
El portavoz del PSPV-PSOE, Vicent Cabrera, tuvo que ausentarse de la votación ya que asesoraba como letrado a la promotora que finalmente logró la adjudicación. Gracias a la ausencia de Cabrera, el alcalde popular, Juan Bautista Roselló, hizó valer su voto de calidad para desempatar las votaciones: primero desestimando que el punto quedara sobre la mesa y después adjudicando el programa a Construcciones Benimarco SL, una decisión que ahora ha sido anulada por el TSJ.
El PAI aspiraban a a ejecutarlo dos empresas. La que resultó adjudicataria es Construcciones Benimarco SL, apoyada por propietarios de terrenos en la zona. La otra mercantil, Pedramala 2 SL, que aglutinaba a propietarios de viviendas en la zona, presentó su propio diseño de PAI que era menos agresivo con el paisaje, ya que contemplaba 14 casas menos y evitaba un vial de conexión entre Benissa y Calp con un fuerte impacto visual. Fueron los propietarios agrupados en la entidad Pedramala 2 SL los que recurrieron la aprobación del PAI ante el TSJ y y los que ahora han conseguido que les den la razón y se anule su aprobación y adjudicación.
"La sentencia de Tavernes es el ejemplo de la política del PP"
El portavoz del PSPV-PSOE en las Corts, Francesc Signes, consideró ayer que el caso Vergeret de Tavernes de Valldigna "es el resultado de la política de la CHJ practicada hasta 2004 durante los gobiernos del PP". Como ayer informó en exclusiva Levante-EMV, el TSJ ha anulado la urbanización del Vergeret en Tavernes de la Valldigna (ya construida) porque afecta a zona inundable. El drama del caso es que ya se han construido 500 casas en la zona del Vergeret. Signes asegura que esta forma de actuar es "la forma de actuar que tiene el PP y la Generalitat de Camps: no informar este tipo de planeamientos y aprobarlos sin el informe preceptivo y vinculante del organismo de cuenca". Según datos recabados por el diputado socialista, la Conselleria de Urbanismo aprobó en el año 2000 el plan parcial Vergeret "sin informe de la confederación, supeditándolo a respetar la ley de aguas respecto a su servidumbre legal, es decir: 100 metros desde los límites del río Vaca donde solamente se permitiría un itinerario peatonal". El 20 de octubre de 2006, con el PSOE en el gobierno central, cuando la CHJ informó sobre la modificación del plan parcial y recordaba que se tenía que respetar la zona de dominio público-hidráulico de la zona de servidumbre, "cosa que no se hizo ni por el ayuntamiento ni por la conselleria, ambas gobernadas por el PP. De ahí esta sentencia del TSJ, que pone en riesgo a miles de personas, sin que tengan ninguna culpa de ello", denuncia Signes. Al margen de si el ayuntamiento, ahora gobernado por PSOE-Bloc-EU, recurre al Supremo o no, "lo importante es que se ejecute el plan contra inundaciones del río Vaca, que Acuamed, dependiente del gobierno de España, licitó la redacción del proyecto en agosto de este año. El Gobierno del PSOE está cumpliendo, por tanto, en la solución a a un problema que él no ha creado", asegura el diputado. "Ahora tendrán que ser el gobierno del PP y Rajoy quienes cumplan y concluyan este plan", reta el socialista. Además, también cabe recordar que la zona del Vergeret está incluida en el Patricova de 2003, como de alto riesgo de inundación, por lo que "también cabe reprochar a la Generalitat, la aprobación del plan parcial, cosa que por otra parte, ha hecho también en más de 100 actuaciones en zonas inundables, con una superfície de 2.240 hectáreas desde 2003", denuncia Signes.
* Levante - 12.12.11
Foto: El TSJ anula un PAI de Benissa porque no pidió el informe sobre agua a la CHJ Levante-EMV
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ELMUNDO/Pontevedra* : El Jugado de Instrucción 3 de Vigo ha citado al ex alcalde de Gondomar, Martín Urgal, y al ex concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, para prestar declaración en relación con un presunto delito de prevaricación administrativa, tras haber cesado de sus cargos a dos funcionarias municipales. En su lugar, contrataron una asesoría externa para realizar las tareas que ellas llevaban a cabo.
La medida judicial se encuentra dentro de las diligencias previas que instruye la juez a raíz de la denuncia presentada por las dos empleadas del Ayuntamiento y por uno de los partidos de la oposición, el BNG. La secretaria municipal y la técnica de Administración ya prestaron declaración en su día, así como la anterior interventora, ahora en otro destino. El ex regidor del PP y el ex edil tendrán que acudir este jueves a testificar ante la Fiscalía de Vigo.
El asunto salió a luz pública el pasado mes de febrero, cuando el regidor decidió retirar las facultades a las dos funcionarias por entender que estaban bloqueando la concesión de licencias de obras en el municipio. Mediante una resolución de la Alcaldía, ambas perdieron sus facultades para emitir dictámenes sobre asuntos urbanísticos y fue contratado un asesor con un coste total de 17.500 euros.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo y la Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, abrieron posteriormente sendas investigaciones para determinar si existía algún tipo de irregularidad en las nuevas licencias concedidas. Desde el relevo de las funcionarias, el Ayuntamiento ha autorizado medio centenar de permisos que ahora están en el punto de mira.
Sin documento urbanístico
"Estamos ante una denuncia totalmente falsa, estoy muy tranquilo e iré a declarar lo que haga falta", señala Martín Urgal tras recibir la citación judicial. El ex alcalde, hombre que logró el consenso de PP e independientes para que saliese adelante la moción de censura en 2009, asegura que actuaron en todo momento con el respaldo de administraciones locales y autonómica.
"Hicimos todo conforme a la ley, teníamos informes de la Fegamp (Federación Gallega de Municipos y Provincias) y de la Xunta favorables", añade Urgal.
El fondo del problema consiste en la negativa de las funcionarias a conceder licencias sin la existencia de un documento urbanístico que sigue pendiente de aprobarse. Gondomar ha estado en la última década en el ojo del huracán, con continuos procesos judiciales, detenciones, sentencias y políticos inhabilitados para desempeñar sus caros, por lo que cualquier dictamen supone un riesgo para los técnicos municipales.
Esa situación llevó a la secretaria y a la técnica a poner especial cuidado, sobre todo después de que la concejalía que dirigía Alfonso de Lis recuperase las normas subsidiarias de 1991. La anulación judicial del plan urbanístico de 1997, que diez años más tarde supuso la condena del 90 por ciento de los concejales del gobierno local, provocó una inseguridad jurídica que aún tiene bloqueado actualmente al sector de la construcción en la villa del Val Miñor.
Expedientes paralizados
"Nosotros nos encontramos con el petate que ya venía de la etapa anterior, con peleas entre ellas y el arquitecto, y con una falta de diligencia total por parte de las funcionarias, que tenían sin despachar expedientes de los los últimos cinco años", explica Urgal. Los roces entre De Lis y el comité de personal del Ayuntamiento fue en aumento y, a principios de año, el concejal llegó a leer públicamente durante un pleno un escrito acusando a las empleadas municipales de tener bloqueada la concesión de licencias.
"Se me imputa un delito que no he cometido y lo voy a demostrar, la Fiscalía ha recibido documentación con información sesgada, le hurtan información", indica el ex edil de Urbanismo. Alfonso de Lis menciona una sentencia de este mismo año de un juzgado contencioso-administrativo en el que les concedía la potestad de dar licencias. "Todas las licencias que hemos dado tienen los informes técnicos y jurídicos, están concedidas basándose en la normativa urbanística", argumenta.
El ex regidor recuerda por su parte que las funcionarias fueron encomendadas en aquel momento a la gestión del pago de facturas. "Ante las quejas de la gente y al estar sin interventor, necesitábamos pagar a los proveedores porque había muchos atrasos", recuerda. "Yo no me siento responsable de ningún delito, ni de haber prevaricado nada, cómo voy a hacer esas tonterías", sentencia De Lis.
* El Mundo - 11.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
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LAPROVINCIA/Tenerife* : Un grupo de empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ingresaban dinero en la cuenta de una sociedad propiedad del periodista Jorge Bethencourt, al que la policía considera un presunto testaferro del ex alcalde Miguel Zerolo y que fue asesor municipal en materia de Urbanismo. En varios informes policiales del sumario del caso Las Teresitas, desclasificado la pasada semana y en el que se investiga la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, los investigadores detectaron ingresos de al menos seis sociedades diferentes en la cuenta de una mercantil propiedad de Bethencourt, Agencia de Prensa BG. La empresas son Vemate, S.A.; Urbaser, S.A.; Ecocivil Electromur, S.L.; Emocional Base, S.L., Juandro (propiedad de Julio Bonis) y Coalición Canaria. Todas menos las dos últimas tenían contratos públicos con el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Todo ello se produjo en una época en la que Agencia de Prensa BG adquirió un ático y dos plazas de garaje en el Edificio Beleyma de la capital tinerfeña, propiedades que, según afirmaron algunos confidentes a los investigadores del caso Las Teresitas, pudieran pertenecer realmente al ex alcalde Miguel Zerolo. La policía deja abierta la posibilidad de que estos ingresos obedecieran al presunto pago de comisiones ilegales, toda vez que Bethencourt, además, fue asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto los pagos podrían ir destinados a sufragar los gastos de la hipoteca de la vivienda comprada en el Edificio Beleyma a cambio de contratos públicos en Santa Cruz.
"Del análisis y estudio de la cuenta bancaria de Agencia de Prensa B.G. se puede extraer la conclusión de que mediante los ingresos efectuados en esta cuenta se pueden cubrir los gastos generados por el pago de la letra en concepto de pago del préstamo que nos ocupa", explican los investigadores.
Siempre según el informe, "los clientes mayoritarios de Agencia de Prensa B.G. son empresas que a su vez han tenido relaciones contractuales con el Ayuntamiento, y que según las informaciones recibidas manifiestan que Jorge Bethencourt podría estar recibiendo y encubriendo pagos que empresarios podrían haber realizado al alcalde Miguel Zerolo por concesiones u obras municipales adjudicadas a éstos".
* La Provincia - 12.12.11
Foto: Miguel Zerolo, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a la salida del TSJC durante una de sus declaraciones.- laprovincia
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PÚBLICO/Valencia* : El principal objetivo de Francisco Camps al frente de la Generalitat fue, según repitió su partido una y otra vez, "poner a Valencia en el mapa" a través de los grandes eventos deportivos. Sin embargo, la realidad es que hoy, cinco meses después de su dimisión, el País Valencià es famoso por sus casos de presunta corrupción cometidos en el seno del PP o por administraciones gobernadas por este partido.
En este momento hay cinco instrucciones judiciales en marcha cuyos sumarios narran un presunto robo masivo de dinero público por parte de políticos conservadores o empresarios vinculados a ellos, realizado bajo el mandato de Francisco Camps. El más llamativo es el caso Gürtel, por el que cinco dirigentes conservadores de la confianza del expresident están imputados. Se les acusa de amañar contratos a favor de empresas de la trama corrupta, al tiempo que, presuntamente, esta misma red les ayudaba a financiar de manera ilegal el partido.
En el sur de la comunidad, el caso Brugal analiza si otra de las dirigentes más cercanas a Camps, la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, recibió regalos y favores de un constructor a cambio de darle información privilegiada sobre los planes urbanísticos del Ayuntamiento. Pese a que el caso ya estaba siendo investigado, Camps premió la lealtad de Castedo con un escaño en el Parlamento autonómico. En el norte, Camps apoyó y elogió la gestión de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, pese a estar imputado por siete delitos contra la Administración pública.
La lista sigue en la provincia de Valencia. La depuradora de Pinedo se ha hecho famosa en los últimos meses por haber albergado un monumental desfalco que podría alcanzar los 40 millones de euros, según el PSOE, efectuado por miembros del PP de Valencia. La lista se completa con los contratos firmados por la Administración autonómica con la entidad presidida por Iñaki Urdangarin, que se embolsó 3,5 millones gracias a varios convenios. Fuera del ámbito judicial, son conocidos también los pagos al arquitecto Santiago Calatrava, que recibió más de 17 millones de euros por proyectos de obras que nunca se llevaron a cabo.
En el origen de todos estos escándalos está la falta de transparencia que Camps impuso como rutina en la gestión de la Administración. Durante años, los partidos de la oposición solicitaron los contratos con Calatrava y las empresas de la trama Gürtel y los convenios con Urdangarin, entre otra documentación. También la prensa preguntó sobre estos temas con insistencia.
La respuesta de la Administración fue, sin embargo, la ocultación de los datos. Los portavoces de la Generalitat explicaron en repetidas comparecencias públicas que los acuerdos con el yerno del rey y con el arquitecto eran confidenciales, a pesar de que la ley obliga a la publicidad de los contratos y convenios públicos. En cuanto a las adjudicaciones a las empresas de la trama Gürtel, la oposición los solicitó formalmente en Les Corts Valencianes, pero el Ejecutivo de Camps los negó porque ya estaban siendo auditados por el Tribunal de Cuentas autonómico, entre otras razones. Cuando el caso Gürtel estalló, volvió a negarlos, esta vez con el argumento de que estaban bajo secreto de sumario.
Condena por opacidad
Este oscurantismo le valió a la Administración autonómica una sentencia en contra. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) condenó en junio a la Generalitat a mostrar los contratos menores con la trama Gürtel a la oposición. El Gobierno regional, sin embargo, optó por recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y todavía no los ha mostrado.
El sucesor de Camps, Alberto Fabra, prometió al principio de su mandato aumentar la transparencia. En los meses siguientes, hizo algunos gestos en este sentido, como mostrar algunos de los contratos firmados con Orange Market y con el arquitecto Santiago Calatrava. Sin embargo, Fabra sigue defendiendo la confidencialidad para negar convenios firmados con Urdangarin, y mantiene en sus escaños a seis imputados y dos implicados en casos de presunta corrupción.
* Público - 11.12.11
Foto: Protesta ciudadana contra la corrupción (archivo)- público
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PÚBLICO* : Todo comenzó como la última y a veces la única respuesta posible a un drama que ha dejado en la calle en los últimos meses a miles de familias desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente al alquiler o a una hipoteca firmada en los años de bonanza. O como la "reivindicación legítima" de un lugar desde el que promover un ocio alternativo o unos servicios que no siempre proporciona el Estado.
Las movilizaciones del pasado 15-O dejaron algo más que el rastro de miles de personas en todo el mundo clamando por un "cambio global". La noche de aquel 15 de octubre, indignados de Barcelona ocuparon un edificio en Nou Barris, un barrio obrero del nordeste de la capital catalana, en el que viven desde entonces diez familias sin recursos. A principios de noviembre el juez Miguel Ángel Tabarés decidió archivar la denuncia contra los nuevos ocupantes interpuesta por la propietaria, Cajamar, por un presunto delito de usurpación.
En Madrid, un grupo de personas afines al 15-M ocuparon también esa noche un hotel en el centro de la capital. Hasta su desalojo el pasado 5 de diciembre, el edificio fue utilizado como un espacio de trabajo para las comisiones del movimiento, pero también como un techo bajo el que se cobijaron desahuciados, personas sin hogar e integrantes del movimiento okupa.
Entendidas como "un rescate de la exclusión" o la respuesta a la inaccesibilidad al derecho a una vivienda digna, estas "ocupaciones sin k", reconocen en el movimiento, no levantaron muchas discrepancias en el 15-M. A las tomas del Hotel Madrid y del edificio de Nou Barris siguieron otras en estas dos ciudades, pero también en otras urbes españolas como Sevilla, Santiago, Granada o León.
Las divergencias llegaron cuando grupos de personas, identificadas en algunos casos como afines al 15-M, sin serlo, comenzaron a ocupar edificios "sin control alguno y sin organización", admiten fuentes del movimiento en Madrid. Es el caso de algunas improvisadas ocupaciones de edificios en el centro de Madrid algunos propiedad de particulares durante la última semana, tras una manifestación de protesta por el desalojo del Hotel Madrid y de un antiguo mercado reconvertido en espacio vecinal también en la capital.
A partir de ahí, este asunto empezó a convertirse en sujeto de debate para los indignados, que temen que "una minoría de la minoría" haga que se termine poniendo en duda "el valor de la ocupación organizada con un fin social y político", explica un joven que participa de forma muy activa en varias comisiones y grupos de trabajo del movimiento en Madrid. "Esto es política, no se puede abrir una casa así como así", prosigue.
"Hay que matizar qué ocupamos y qué no. No es un tema sin importancia, estamos cuestionando la propiedad privada, que es la base del sistema capitalista", acota otra joven, que forma parte del grupo de trabajo de Política de la Puerta del Sol.
Chema Ruiz participa en la Oficina de la Vivienda que surgió en el ocupado Hotel Madrid para buscar alternativas habitacionales a desahuciados, pero también para crear conciencia de la importancia de reivindicar el derecho a la vivienda digna. Ruiz asegura que a los integrantes de este grupo les preocupa que los últimos acontecimientos les puedan "salpicar" y "enturbiar" su trabajo. "El objetivo de la oficina es hacer política, difundir nuestro mensaje. Cuando recuperemos edificios abandonados avisaremos a los medios. No nos identificamos con los que ocupan y se tapan la cara cuando les toman fotos", declara. "Nuestra tarea es a la inversa, primero trabajamos con los afectados para que se involucren en el proyecto y luego buscamos los espacios", amplía Ruiz.
De hecho, este grupo trabaja en la elaboración de un censo de edificios abandonados en propiedad de grandes corporaciones financieras o compañías que han especulado con la vivienda al calor de la burbuja inmobiliaria con el objetivo de recuperarlos para familias sin recursos.
"Explicar"
En cualquier caso, entre las personas que participan de forma asidua en el 15-M existe la certeza de que adueñarse de edificios de propiedad privada es algo que "no todo el mundo entiende". Asumen, asimismo, que asociar la imagen del 15-M a la del movimiento okupa, tradicionalmente muy estigmatizado, puede deteriorar su imagen y hacerles perder respaldo social. ¿La fórmula para evitar esto? "Explicarlo muy bien", coinciden todas las fuentes consultadas.
Pedro Herreros, portavoz de Democracia Real Ya (DRY), una de las plataformas que integra el 15-M, admite también que el tema de la ocupación genera "división de opiniones". "En DRY estamos de acuerdo en que debería primar el derecho a la vivienda y entendemos que se ocupen viviendas para personas desahuciadas. Lo controvertido es saber dónde se ponen los límites", señala.
Integrantes de varios grupos de trabajo, así como portavoces de la Oficina de Vivienda o DRY aseguran que el 15-M mantiene "el mismo trasfondo político" y no está avanzando hacia posturas más radicales. "Si radical es ir a la raíz de los problemas, sí, entonces nos estamos radicalizando", ironiza Herreros. "El movimiento se está haciendo más lógico. Antes del 15-M era impensable que una persona con corbata participara en una asamblea en un edificio ocupado", concluye otro joven indignado.
* Público - ELENA HERRERA MADRID 11/12/2011
Foto: Un grupo de vecinos protesta por el desalojo del centro Montamarta, en San Blas (Madrid).- elpais
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LAVERDAD* : En 2011 se han cumplido 10 años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU), concebido como la 'Carta Magna' del urbanismo del municipio, el documento maestro donde figuran las claves del presente y del futuro de Murcia con dos compromisos claros: el desarrollo ordenado de barrios y pedanías y el respeto a los espacios naturales. Objetivos más que posibles sobre el papel, pero imposibles en la realidad, a tenor de las conclusiones provisionales del proyecto europeo Naturba, que estudia la integración de la huerta en la ciudad, y que coordina la Consejería de Ordenación del Territorio con la participación de los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera, así como la Junta de Hacendados, colegios profesionales y asociaciones. La imparable destrucción de huerta productiva y el cerco a las zonas de protección son dos de los aspectos en los que reparan los equipos de trabajo de Naturba, que recomiendan una revisión del Plan General a fin de plantear un urbanismo menos agresivo que anteponga los criterios ambientales en las decisiones sobre infraestructuras y planeamiento.
Muchos especuladores creyeron haber encontrado un maná en Murcia con la aprobación de las nuevas normas urbanísticas y su posterior adaptación en 2006 a la Ley del Suelo regional, que permitió lo que diversos especialistas califican como el «teletransporte de edificabilidad», esto es, la adscripción de suelos no urbanizables protegidos por ser zonas de protección de la naturaleza y usos forestales a planes parciales a cambio de compensaciones para los promotores en otras actuaciones. Así, se explica, por ejemplo, la aparición de resorts con miles de viviendas colindantes a parques naturales como El Valle-Carrascoy o la sierra de Escalona y Altaona, zonas de especial protección para las aves. Pero no son casos aislados. Muchos de los suelos protegidos o inadecuados para el desarrollo urbano según el Plan General han acabado sucumbiendo a la fiebre del ladrillo en esta década, como demuestra el elevado consumo de huerta tradicional. El Observatorio de la Sostenibilidad en la Región -adscrito a la Universidad de Murcia (UMU)- calcula que 3.400 hectáreas de regadíos fértiles han sido destruidas en los años de apogeo inmobiliario. Hoy, según la Confederación Hidrográfica del Segura, 7.000 son las hectáreas de huerta que se conservan. En 1995 había 13.026.
El PGOU, gestado en la primera legislatura de Miguel Ángel Cámara como alcalde, entró en vigor en 2001 con una vigencia «indefinida». No obstante, los redactores pusieron una fecha en el horizonte: 2025. Consideraron entonces que para ese año se habría duplicado la superficie edificada respecto a la de 2001 y que se habrían desarrollado 120.000 viviendas nuevas, de ellas 30.000 en pedanías del Campo de Murcia, donde se ubicarán 14 campos de golf. En general, según sus defensores, el PGOU garantiza una «altísima» calidad de vida a los ciudadanos por el cuidado diseño de las ordenaciones, el incremento de equipamientos y espacios comunitarios, la apertura de nuevos viales y la baja densidad de las promociones. Un mundo idílico que, de nuevo, solo parece existir en planos y maquetas después de las incontables heridas que ha dejado en el paisaje local el boom de la construcción.
Desequilibrios territoriales
La realidad que hoy encuentran los partidos de la oposición -PSOE, IU-V y UPyD- no es nada animosa. El portavoz socialista, Pedro López, cree que el actual PGOU debería revisarse urgentemente para frenar los desequilibrios territoriales en el municipio. Un ejemplo, según López, es el «desarrollo insostenible» proyectado en la zona norte de Murcia, «fruto del abuso en la firma de convenios urbanísticos, una figura que debería ser excepcional y que durante una época fue lo habitual porque alegraba la caja de ingresos municipales».
Esther Herguedas, portavoz de IU-V, cree que se puede crecer de otra manera y sin agotar recursos naturales. «El PGOU lo ha convertido casi todo en urbanizable y eso es insostenible. Y se siguen aprobando planes, como el último de El Esparragal para 30.000 personas, que es una barbaridad, o el de La Fuensanta». Herguedas también está a favor de la revisión, y cree que si el Gobierno municipal no accede acabará entrando en vereda obligado por sentencias judiciales. Por su parte, Rubén Serna, portavoz de UPyD, cree que el PGOU es un instrumento orientado a la especulación en lugar de favorecer una ordenación del territorio para satisfacer las necesidades de vivienda, de transporte y de servicios. Serna considera que la edificabilidad actual es excesiva y las dotaciones escasas y que no se ha actuado con suficiente contundencia para salvar la huerta.
120 modificaciones puntuales
En el último Pleno, el Ayuntamiento dio el visto bueno a la modificación número 120 del Plan General, relacionada con el 'by-pass' de El Palmar. Según el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Bernabé, una gran mayoría han sido correcciones de «errores materiales». «El Plan General no es perfecto y habrá que hacer modificaciones para adaptarlo a la realidad. Los propietarios tienen sus derechos asegurados y el desarrollo de muchos planes ha quedado paralizado por la crisis, pero hay que prepararnos para el futuro, no podemos detener el desarrollo de Murcia. Es cuestión de lograr el equilibrio», razona. El edil expone que el PP está abierto a revisar «casos concretos».
* La Verdad - 11.12.11
Foto: Dos trabajadores recolectando cítricos en un huerto de Beniaján - laverdad
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LEVANTE* : El futuro político de Francisco Camps ya no depende de tres millones y medio de electores. Su horizonte lo pintarán 9 ciudadanos anónimos, que juzgarán si el expresidente y el exnúmero dos del PP, Ricardo Costa, que se sentarán con sus abogados, cometieron cohecho por recibir regalos de la red Gürtel. Trajes o zapatos, objetos tan pedestres como elevadas son las cifras del proceso que empieza mañana.
El 9 de octubre de 1238, el 25 de abril de 1707, el 1 de julio de 1982 —aprobación del Estatut— o el 28 de mayo de 1995, cuando Zaplana destronó a Lerma. Son fechas señaladas en la historia del pueblo valenciano. Como el lunes 12 de diciembre de 2011. Día en el que Francisco Camps Ortiz se convertirá en el primer político procesado por una causa de corrupción derivada de su actuación como presidente.
Quien durante dos años y medio tuvo que responder en las Corts del presunto saqueo de la red Gürtel a la Generalitat —de la que pescó 8 millones en diez «conselleries» y Canal 9—, quien lleva tres años en un permanente intento de escapar de un fantasma que lo persigue pegado a la epidermis, se encomendará desde mañana, a las diez, a un tribunal del jurado. A 9 ciudadanos que dilucidarán si las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez «El Bigotes» le llenaron el ropero por ser quien era, para abonar el negocio.
El jurado deberá dilucidar si Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, también procesado, tropezaron con el artículo 426 del Código Penal, que regula el cohecho impropio pasivo; si uno y otro, en tanto que autoridad, aceptaron regalos que les hicieron «en consideración a su función», entendida como poder de influencia, según decidieron los 5 magistrados del Supremo que, en 2010, levantaron el archivo de la causa de los trajes.
En los próximos once días, Camps y Costa deberán acudir al Palacio de Justicia. La puesta en escena de la vista les ha sido propicia. Los dos se sentarán junto a sus letrados, en el banco de las defensas y acusaciones, y no en el banquillo, según fuentes del caso. En tanto que letrado, aunque no ejerciente, Camps goza de este privilegio, que ha sido ampliado a Costa. Son los protagonistas de una gigantesca causa en la que 90 testigos, 13 peritos, 19.000 páginas, 56 tomos de sumario, dos acusaciones (Fiscalía y PSPV) y dos defensas intentarán casar fechas, albaranes, facturas, encargos y recibos de doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y 4 cinturones, valorados en 14.021 euros, supuestamente regalados al ex presidente. Y cuatro trajes y seis pantalones, por 7.325 euros, presuntamente pagados por Orange Market y sus filiales a Costa. Fiscalía pide sendas multas de 41.250 euros. El actual Código Penal prevé penas de entre seis meses y un año de cárcel para el cohecho impropio, pero el magistrado Juan Climent, que presidirá el jurado, dictaminará en función del Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos y en aplicación del principio de favorecer al reo.
Al contrario que su valedor Eduardo Zaplana, en la hoja de servicios con la que Camps llegó al Palau no constaba petición de «comisiocinta» como la que quedó grabada un 10 de febrero de 1990, a las 13,22 horas, en una de las cintas del caso Naseiro, invalidadas por el Supremo. En el juicio que arranca mañana Camps se juega mantener limpio un expediente judicial que, políticamente, ha sido emborronado por haber colaborado o permitido, por acción u omisión, que la trama Gürtel acampara en la cocina de la Generalitat.
Campos y Betoret, un problema
El exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, serán, el martes, los primeros en testificar. Los dos firmaron, el pasado 20 de julio, la sentencia de conformidad por la que se autoinculpaban para evitar el espectáculo político y mediático que mañana levanta el telón y se representará, según los planes de Climent, hasta la víspera de Nochebuena. Varias fuentes coinciden en que para cumplir el calendario, no habrá más remedio que ampliar las representaciones de esta tragicomedia a sesiones vespertinas. 90 testigos, 13 peritos, dos defensas y dos acusaciones dan para muchas más preguntas y respuestas de las que caben en seis mañanas.
Aquel 20 de julio expiró el crédito de Génova a Camps. El entonces jefe del Consell elucubró durante varias horas, a bordo del coche oficial por las inmediaciones del Palacio de Justicia, en torno al dilema de si prefería culpa—aceptación de la condena— o muerte política. Finalmente optó por no autoinculparse y, esa misma tarde, a las 17,15 horas, anunció su dimisión.
El TSJ condenó a Campos y a Betoret a pagar 9.600 euros y a devolver la ropa o abonar su valor. En un homenaje al teatro del absurdo, Betoret entregó las prendas, valoradas en 13.499 euros. Estas condenas complican la situación de Camps y Costa. Porque consolidan como verdad judicial que la trama tiró de sobornos para «ganarse el favor» de cargos públicos y porque tienen, como testigos, la obligación de decir la verdad para no incurrir en perjurio. Con todo, fuentes próximas a los condenados indicaron que estos subrayarán que firmar la conformidad fue una decisión formal y pragmática para evitar el banquillo, pero que no asumen los hechos.
Si en contra de los procesados actúa esa condena, a su favor juega la necesidad de una mayoría de 7 de los 9 jurados para conformar un veredicto de culpabilidad, según la Ley 5/1995 del Tribunal del Jurado.
* Levante - 11.12.11
Foto: Valencia, expresident comunidad F.Camps - EFE
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LAVOZDIGITAL* : Será el próximo martes 13 cuando el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, tenga que declarar finalmente como imputado por el caso de las presuntas facturas falsas de Jerecom, la constructora que quebró en septiembre del año 2007 y dejó a decenas de proveedores sin cobrar. Como se recordará, el exalcalde estaba citado el pasado día 21 de octubre , aunque no lo hizo al no constarle ninguna notificación al respecto, según fuentes del caso.
No obstante, este medio ha podido saber que la próxima cita en el Juzgado de Instrucción número 4 está prevista para el martes, concretamente a las 10.45 horas de la mañana. El líder de Foro Ciudadano ha sido citado en relación a las supuestas irregularidades relacionadas con la constructora que quebró en el año 2007 atribuidas a su gestión al frente de Urbanismo, a raíz de la investigación que inició la Fiscalía por iniciativa del Ayuntamiento jerezano en 2009, cuando estaba al frente la exalcaldesa Pilar Sánchez.
De hecho, el caso tiene su origen en el extenso informe que en su día Pilar Sánchez hizo llegar a la Fiscalía. La información consistía en un paquete de facturas que apuntaban a supuestas irregularidades: pagos de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo por duplicado y por una misma obra, desvío de fondos públicos para costear unos trabajos que nunca se habían ejecutado u operaciones extrañas en la forma de adjudicar esos contratos.
Las obras superan el medio centenar y son de una cuantía inferior a 30.000 euros cada una. Este matiz es importante porque se trata de trabajos que al tener ese importe como contraprestación, se libraban de ser adjudicadas mediante un concurso público.
Los supuestos beneficiarios serían varias constructoras jerezanas que se declararon en quiebra: Jerecom y varias firmas de las que se sospecha que fueron sucedáneas camufladas de la primera, es decir, sociedades satélite.
Esas sospechas ya las tenían mucho de los trabajadores afectados por el cierre de Jerecom en su día. En el año 2008 centenares de ellos se echaron a la calle para denunciar las extrañas maniobras de una constructora que había cerrado y proseguía su actividad bajo otras denominaciones sociales.
Por este caso ya han declarado varios imputados en los juzgados, entre ellos el expropietario de Jerecom, José Grimaldi, quien acusó ante la jueza a más un responsable político por las supuestas irregularidades que se investigan.
Como es sabido, Pedro Pacheco y Pilar Sánchez han mantenido otra guerra judicial que llegó a consumir buena parte de la pasada legislatura: la de los asesores contratados por uno y otro en el Ayuntamiento jerezano.
Tanto el caso Jerecom como el de los asesores, precisamente, tienen su origen en el citado informe que la exalcaldesa envió en su día a la Fiscalía. A raíz de la denuncia, el exalcalde decidió acometer un contraataque que se ha traducido en un importante desfile de asesores y altos cargos de Pilar Sánchez durante la pasada legislatura.
Sin embargo, la respuesta del fiscal ha sido desigual: mientras que para Pacheco ha solicitado más de 17 años de prisión, para Sánchez ha recomendado el archivo de las actuaciones contra los imputados en el caso. No obstante la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, ha señalado que también es importante responder por el «daño económico» al Ayuntamiento.
* La Voz Digital - 09.12.11 - ENRIQUE ESTEBAN
Foto: Pacheco ha sido llamado a declarar por el caso de las supuestas facturas falsas de la constructora que quebró en 2007.- lavoz
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